EL VIACRUCIS JUDICIAL DEL PP

 

La corrupción no da tregua al Partido Popular. No hace todavía un mes que se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al PP, como responsable civil subsidiario por pagar en negro parte de las reformas de su sede central en la madrileña calle Génova, y ahora empieza el tercer juicio de la trama Gürtel.

 En efecto. El pasado martes, 16 de noviembre, dio comienzo la vista oral de ese tercer gran juicio centrado en los negocios que la trama afín a los populares desarrolló en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). Esta causa viene marcada por una serie de confesiones que buena parte de los encausados han ido haciendo durante la instrucción, para poderse beneficiar de posibles reducciones de penas, en el caso de que sean condenados, algo bastante probable.  

 Es muy desagradable escribir sobre temas tan poco edificantes como la corrupción. Y resulta bastante penoso cuando se trata de una forma sistémica de proceder, como sucede con el PP. Por eso, no voy a especular sobre lo que puede ocurrir o no en ese juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Tiempo tendremos para comentar la sentencia, los hechos que la generan y sus consecuencias, cuando sea pública. Me voy a limitar a reflejar aquí el saldo que, hasta el momento, en términos de responsabilidades jurídicas arroja hasta la fecha la trama Gürtel: 69 condenados y casi 600 años de cárcel.

La cuestión es que en la actualidad hay ocho líneas de investigación de Gürtel y se han dictado ya varias sentencias condenatorias. Eso puede dar una idea de la dimensión de esta causa y todos sus entresijos. Comenzando por el caso de los trajes, que el expresidente valenciano, Francisco Camps pudo esquivar hasta resultar absuelto por un jurado popular en 2012, pero que acabó con la condena a multa de su vicepresidente José Víctor Campos y de Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la consejería de Turismo —sentenciado después por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel en otra pieza suelta de la trama.

De momento, la condena más reciente es la del fallo hecho público el pasado 28 de octubre sobre la caja b del PP, que no solo da por probada la contabilidad paralela sino que confirma que el partido la usó para pagar en negro parte de la obra de su sede de la madrileña calle Génova, como ya se ha comentado más arriba

Pero es que, además, existen otras ramificaciones de Gürtel ya probadas: los contratos otorgados de forma ilegal en Aena; las adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Jerez; la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana durante las campañas electorales de 2007 y 2008; el desvío de fondos públicos durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006; las adjudicaciones ilícitas del Gobierno valenciano para el montaje de su pabellón en Fitur entre 2005 y 2009; y, finalmente, el affaire Época I, cuyo juicio se saldó con 29 condenados a más de 323 años de cárcel.

Con el juicio sobre Boadilla en marcha quedarán pendientes varias   vistas orales en el horizonte, a las que se añade una línea de investigación que aún permanece en instrucción.

Muy probablemente el próximo juicio que veamos sea el denominado “Valencia”. En esa comunidad autónoma, a principios de este siglo, Gürtel anidó en las instituciones valencianas de la mano de un arrollador PP que arrasaba en las elecciones. La Audiencia Nacional ha procesado a 28 personas, que se encuentran pendientes de juicio, por los contratos que la Generalitat otorgó para la feria de Turismo de 2009 a Orange Market, una de las empresas de Correa.

Actos seguido, los tribunales deberán esclarecer lo sucedido en Arganda del Rey, un municipio cercano a Madrid, donde la trama también puso el punto de mira. Según los investigadores, la red corrupta dio aquí uno de sus mayores pelotazos: se repartió 25 millones de euros en comisiones por la venta ilegal de parcelas municipales tras amañar el concurso público.

Por si, con todo lo expuesto, no hay suficiente, la Audiencia Nacional aún ha de celebrar el juicio donde analizará a fondo la estructura societaria diseñada por la trama Gürtel para eludir los pagos a Hacienda y blanquear el dinero procedente, en parte, de la actividad vinculada al PP.

Y, a todo esto, el Juzgado Central de Instrucción número 5, encabezado actualmente por el magistrado Santiago Pedraz, aún mantiene abierta una línea de investigación sobre las supuestas donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, donde la formación popular también se encuentra implicada como persona jurídica.

Hasta aquí el relato aséptico y neutro de los asuntos que tiene que ventilar el PP con la justica. No hay duda que los populares tienen que hacer un auténtico viacrucis judicial. Desde mi punto de vista, esta situación explica, en parte, un poco mejor el tono agrio, crispado y agresivo que de manera habitual utiliza Pablo Casado cuando interviene en el Congreso, hace declaraciones sobre la gestión del Gobierno o habla de España en los escasísimos foros internacionales que participa. Se comprende, porque por la derecha le están comiendo terreno, desde dentro algunos (algunas) le empiezan a mover la silla y, con tanta corrupción acumulada, la tierra se le mueve bajo sus pies. Con este panorama de fondo, no nos ha de extrañar que en los cenáculos políticos empiece a cuajar la idea que el PP necesita una refundación y un nuevo líder para la nueva época porque la actual está terminada y su presidente amortizado.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 22/11/2021