REFORMAR LA REFORMA LABORAL

 Días atrás asistimos a un pulso entre las vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La pugna era por ver quién sería la voz cantante del Ejecutivo en las negociaciones con los agentes sociales para reformar la reforma laboral que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2012. Finalmente Pedro Sánchez ha optado por una solución salomónica y según se supo por un comunicado de presidencia “las reuniones de la mesa de diálogo social para la reforma laboral se celebraran los miércoles por la mañana. La delegación del Gobierno de España en esa mesa la encabezará el Secretario de Estado de Empleo y también la formarán un director general de la Vicepresidencia económica y otro director general del Ministerio de Seguridad Social. En función de los temas que se traten podrán acudir representantes de los otros Ministerios afectados ”.

 Para garantizar que el Gobierno tiene una posición única, está previsto que en breve el presidente convoque una reunión con las vicepresidentas  Nadia Calviño  y Yolanda Díaz , así como con los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y Educación para fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo social, en los términos del acuerdo de Gobierno de coalición. Además, todos  los martes  se celebrará una reunión para fijar la posición del Ejecutivo en la reunión de la mesa del día siguiente. A esa reunión asistirán el Secretario de Estado Empleo, el Secretario de Estado de Economía y el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. “En función de los temas a tratar, podrán acudir otros secretarios de estado o representantes de los otros Ministerios afectados”, advierten desde el Gobierno. Esas mismas personas se reunirán también los miércoles por la tarde para analizar el desarrollo de la mesa y coordinar el trabajo de preparación de la siguiente mesa de diálogo.

 España tiene pendiente resolver muchos problemas estructurales en el mercado laboral. El paro duplica la media de la UE. La temporalidad y precariedad son demasiado frecuentes. Los jóvenes encuentran grandes obstáculos para lograr su primer empleo y muchos más para consolidarlo; y las personas que pierden su ocupación después de los 50 años tienen muy complicado poder reincorporarse. Con ese panorama es evidente que el modelo es a todas luces insuficiente e injusto.

 La reforma de 2012 otorgó todo el poder a las empresas para bajar sueldos y recortar las condiciones laborales de los trabajadores. El convenio de empresa estaba destinado a prevalecer sobre los del sector. Con esa norma el PP incluye a las empresas modificar las condiciones de los contratos, bastaba para ello, argumentar una caída continuada de la actividad durante varios trimestres.

 Es de prever que las conversaciones en la mesa de dialogo giren sobre cuatro ejes, que serán:

     Simplificación de contratos y reducción de la temporalidad Quizás donde será más fácil ponerse de acuerdo sea en r educir la temporalidad. Ahí el Gobierno comparte objetivo junto a empresarios y sindicatos. Ahora bien, la hoja de ruta para poner coto a ese desequilibrio es muy diferente. Yolanda Díaz considera que “únicamente podrá justificar los contratos temporales en dos situaciones: cuando haya un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa o, bien, para sustituir a una persona con derecho a reserva de su puesto de trabajo ”. Sin embargo, este planteamiento ha sido rechazado por los empresarios; en su opinión con estos cambios se castiga a autónomos y pymes.No obstante, lo cierto es que en España la tasa de temporalidad está situada en el 25% frente al 14% de media en Europa.

     Reequilibrio de las partes en la negociación colectiva. Es decir, eliminar la denominada ultraactividad. Con ese mecanismo que el PP puso en naos de los empresarios los convenios se prorrogan de forma automática finalizado el plazo máximo de negociación de un año, si no se había llegado a ningún acuerdo entre las partes.

Adecuar la regulación de las subcontratas. E l Gobierno quiere mejorar las condiciones de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas. Para ello establece que el convenio de aplicación sea el correspondiente a la actividad, aunque esta sea diferente de la que desempeñe la empresa principal. La propuesta si permite, en cambio, que se aplique el convenio propio de la contrata si este garantiza los mismos derechos que el sectorial.

Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad, en línea con la experiencia positiva de los ERTE, para que no se produzcan intensas destrucciones de empleo cuando vengan tiempos difíciles como en crisis anteriores.

A nadie se le escapa que esta negociación es de suma importancia per se. De hecho es una de las piedras angulares de esta legislatura, pero es que además está estrechamente ligada al hecho de que en unos dos meses han de llegar a España 10.000 millones de euros de los fondos de Next Generation. Ahora bien, para que eso ocurra es imprescindible que el Gobierno presente en Bruselas las líneas maestras de las reformas del mercado laboral y de las pensiones y ya se sabe que en ese tipo de cuestiones los líderes europeos son poco dados a las aventuras.

 El Gobierno quiere cerrar el acuerdo en noviembre, aprobarlo mediante decreto ley en diciembre y que entre en vigor el primer día de 2022. Hasta ahora las relaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales, con algún desencuentro de por medio, han sido muy correctas. En el Ejecutivo saben que las negociaciones de la reforma de la reforma laboral serán muy difíciles, pero si consiguen culminar la tarea con la aquiescencia de los sindicatos, no se solivianta a Bruselas y el enfado de la patronal no es demasiado profundo, se habrá dado un paso de gigante para revalidar su gestión en las urnas cuando se convoque a las próximas elecciones generales.  

 De todas formas nunca llueve a gusto de todos y en opinión de algunos observadores políticos esta reforma ha abierto importantes heridas en la coalición de Gobierno que serán difíciles de cerrar. Es posible. Ya se sabe que cuando alguien señala la luna algunos se quedan mirando el dedo, y en esta ocasión considero que nos deberíamos quedar con lo fundamental que es: la justicia social y el interés general.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 02/11/2021