CONDENADOS A ENTENDERSE

 

Llevamos siete meses sin president y, de momento, ni está ni se le espera. No obstante, que no cunda el pánico porque antes de que llegue el 26 de mayo, día en que se agota el plazo legal, tenderemos president de la Generalitat y nuevo ejecutivo que, a pesar del órdago lanzado por ERC, con toda probabilidad, será de coalición. 

ERC odia a Junts y Junts desprecia a ERC. Pero se necesitan y, sobre todo, tanto a los unos como a los otros, les aterra aparecer delante de la parroquia independentista como los verdugos de la unidad secesionista.  Eso sería tanto como ganarse el título de “botiflers” a perpetuidad. Ese es el verdadero motivo por el cual los republicanos, aunque han amenazado varias veces con explorar otras vías alternativas al gobierno de coalición, a la hora de la verdad, no lo han hecho. Y no lo han hecho porque saben que intentarlo fuera del ámbito independentista sería un suicidio y, la otra posibilidad, un gobierno en minoría no es una fórmula válida. Esa eventualidad tendría muy escaso recorrido: justo hasta presentar los próximos presupuestos.

En principio, no debería ser muy complicado llegar a un acuerdo para formar un nuevo ejecutivo porque las dos formaciones tienen el mismo objetivo: la independencia. Si bien es cierto que difieren en la forma de lograrlo. Mientras que en Junts son partidarios de la confrontación con el Estado y la unilateralidad, en ERC prefieren abrir el espacio independentista a otras sensibilidades. Además, llevan cinco años compartiendo responsabilidades de gobierno y, quizás, es el conocimiento mutuo lo que genera la desconfianza.

Sea como sea, la cuestión es que Pere Aragonés ha puesto toda su capacidad de persuasión política a funcionar para convencer a los neoconvergentes de la necesidad y conveniencia que tiene el país de un Govern netamente independentista. Sin embargo, los correligionarios de Puigdemont no tienen prisa y, aunque todo es posible, parece muy poco probable que antes del congreso que Junts, ha de celebrar los próximos 6 y 7 de mayo, den el sí a los republicanos.

Todo puede ocurrir, pero hasta que el mencionado cónclave no proclame un vencedor que saldrá de uno de los dos sectores que aspiran a controlar el partido -uno que encabeza Laura Borrás y el otro Jordi Sánchez-, no se tomaran decisiones de calado, como formar parte, o no, de un gobierno de coalición.

En cualquier caso, gane quien gane ese congreso se va a encontrar con unas cuestiones que, a día de hoy, tienen muy difícil encaje en las negociaciones con ERC. Por ejemplo, el papel que le reservarán a Carles Puigdemont para que no quede definitivamente marginado en su exilio dorado de Waterloo, el rol del Consejo de la República, si los republicanos permiten o no que tutele los grandes ejes de la política del Govern o si los dos partidos coordinarán su estrategia de confrontación con el Gobierno de España y torpedean la Mesa de Diálogo pactada con el PSOE como proponen los duros de Junts.

Además, los acólitos de Puigdemont han de valorar si deciden pasar a la oposición, lo que les supone quedar fuera del Govern a nivel de cargos. Eso supondría que unos 200 responsables políticos de confianza que, hasta ahora están cómodamente instalados en el sottogoverno, deberían dejar despachos y prebendas con todo lo que eso lleva aparejado.

Pero los problemas no se acaban aquí. Suponiendo que lleguen a un principio de acuerdo para hacer el gobierno de coalición, después vendrá la negociación de lo concreto. Es decir, entre otras cosas, poner sobre el tapete nombres y apellidos para ocupar consejerías y ahí ERC recela, con razón, de determinados personajes tóxicos como, por ejemplo, Josep Costa, Joan Canadell o Ramón Tremosa, que están ideológicamente muy próximos a Vox en versión blanqueada del nacional-independentismo, y que pueden ser elementos desestabilizadores en el futuro Govern.

Sea cual sea el resultado final del congreso postconvergente, es todo un síntoma de cómo está el país en términos políticos que dirigentes de los dos partidos que aspiran a formar gobierno se hayan reunido, en un par de ocasiones, en la cárcel de LLedoners a negociar. A esas reuniones han asistido, por lo menos, dos internos, uno Jordi Sánchez y el otro Oriol Junqueras. Espero que, al menos, la consejería de Justicia haya tenido la delicadeza de ofrecerles pastas, canapés y algún refresco para hacer más llevadera las reuniones que duraron varias horas. Vergüenza debería darles a los que tuvieron tan brillante idea. ¿Será igual de permisiva la dirección de instituciones penitenciarias si los que piden permiso para reunirse son delincuentes encarcelados por otro tipo de delitos? O, por el contrario, ¿es qué hay distintos niveles de presos y no todos reciben el mismo trato? No quiero ni pensar que haya trato de favor para con algunos reclusos.  Sería tan vergonzoso como aberrante para nuestro Govern.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 03/05/2021