El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunció,
el viernes pasado, que se mantenía el calendario electoral y anulaba, de forma
definitiva, el decreto del Govern que pretendía trasladar las elecciones al
Parlament del 14 de febrero al 30 de mayo. Tras esa nueva muestra de
incompetencia gubernamental (con 137 licenciados en derecho en nómina fueron
incapaces de redactar un decreto como Dios manda), nadie ha dimitido, ni,
tampoco, nadie se ha dignado a pedir disculpas por el fiasco. Al contrario, la
culpa es del “Estado que lo manipula todo”, según la opinión de los dirigentes
secesionistas… Hay que jorobarse.
Horas antes de conocerse la decisión del TSJC había empezado
la campaña electoral. La campaña más atípica desde que se recuperó la
democracia. Una campaña rara en un
Estado perverso y opresor como el español, que permite que unos individuos que
fueron juzgados y condenados a prisión por unos delitos tipificados en el
código penal, salgan de la cárcel con un tercer grado, sin que hayan cumplido
la parte correspondiente de la pena y participen en actos políticos, saltándose
además el confinamiento municipal al que estamos obligados todos los
ciudadanos. Más o menos lo mismo que
aquellos que lucharon por la República española y fueron encarcelados en los
penales franquistas. Para que luego salgan iluminados haciendo comparaciones
odiosas. Como diría un viejo amigo “es para mear y no echar gota”, disculpen
ustedes la obscenidad.
Pero volvamos al quid de la cuestión: el 14 F. Puede parecer un tópico, pero estamos ante
las elecciones al Parlament más importantes de nuestra historia reciente.
Quizás las más decisivas en los últimos 40 años. El futuro de Cataluña, esto
es, el porvenir de nuestros hijos y nietos, está en juego. O sea, la Cataluña
de las personas.
Hemos llegado hasta aquí después de casi diez años de caos
político, y los últimos tres han sido una auténtica anomalía democrática. En
esta última legislatura tan solo se han aprobado trece proyectos de ley y se
han convalidado 75 decretos, un balance que no llega a discreto. Sin embargo, para
los secesionistas todos los problemas que estamos padeciendo tienen su origen
en “la represión del Estado” por la aplicación del artículo 155 de la
Constitución en 2017 y la inhabilitación de Quim Torra en 2020.
De todas maneras, el hecho cierto es que la gestión que se ha
hecho por parte del Govern es francamente mejorable; y eso, no es solo la
opinión de los partidos de la oposición, es, también, un criterio compartido
tanto por los sindicatos como por la patronal, así como por distintas entidades
y asociaciones de diversos sectores que si en ocasiones callan es por miedo a
que les cierren el grifo de las subvenciones, cada vez más menguado, por cierto.
“Ningún Gobierno puede funcionar sin unidad, sin una estrategia
común compartida entre los socios”, dijo el 29 de enero de 2020 el entonces
president Quim Torra, una de las pocas cosas sensatas que se le oyeron decir a
lo largo de su mandato. Por eso, estas elecciones son más necesarias que nunca.
En el plano ideológico porque es imprescindible pasar página y dejarse ya de
martingalas imposibles como un referéndum por la autodeterminación, la
proclamación de una república de ocho segundos o hacer una DUI. Pero también en
el ámbito de la gestión, baste aquí un apunte: necesitamos, como agua de mayo, para
2022, unos presupuestos con los que poder atajar la brecha social que no para
de crecer y evitar que las empresas sigan marchando de Cataluña. Dos
condiciones sine qua non para empezar
a remontar
Ante esta situación y con un panorama tan complejo está por
ver como evoluciona el efecto Illa. No obstante, está claro que es el candidato
a batir para el resto de formaciones. Los secesionistas, ya sea ERC o JxCat,
porque ven peligrar su hegemonía y temen que el PSC pueda romper su estrategia
y hacer imposible que el 14 F sumen. Y los autoproclamados constitucionalistas
porque otean que su electorado puede ver al exministro como la persona idónea
para poner a raya al independentismo.
De todas maneras, es más que posible que la llave de la
gobernabilidad esté en manos de los indecisos. En las elecciones de 2017 votó
el 79,5% del censo, ahora los sondeos demoscópicos auguran un 62 %. Me gustaría
equivocarme, pero los independentistas, aunque están desmotivados,
desencantados y no sé cuántas cosas más, no se quedaran en casa y con una baja participación
volverán a llevarse el gato al agua.
Estas elecciones serán una auténtica partida de ajedrez y es
posible que no haya un ganador claro. Por eso, será fundamental administrar los
tiempos y saber lanzar los mensajes adecuados en los momentos oportunos. Es
posible que la aritmética parlamentaria obligue a negociar con el adversario más
iracundo. Hay quien apunta que lo importante no será ganar, sino con quién se
podrá pactar. Tal vez, pero, por si acaso, yo preferiría ganar. La experiencia me dice que es la mejor manera
de sentarse a negociar.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 01/02/2021
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