Reconozco que empiezo a estar
harto de escribir casi siempre de lo mismo: la independencia de Cataluña, el
procés y su mundo pequeño, estrecho y asfixiante. También, sospecho que ustedes, apreciados
lectores, están empezando a sentir hastío de tanto artículo, tanta columna y
tanta tertulia sobre el monotema catalán. Por eso hoy me referiré a la visita
que a principios de año hizo a nuestro país Philip Alston.
Es más que probable que el
nombre de Philip Alston a ustedes no les diga nada. Sin embargo, si les digo que es relator especial de la ONU sobre
la extrema pobreza y los derechos humanos, es muy posible que haya logrado
atraer su atención.
Pues bien, el informe que este
señor hizo llegar al máximo organismo internacional sobre nuestro país, y que
se hizo público el pasado mes de julio, debería sacar los colores a nuestros
responsables políticos. Lo resume en tres principios básicos: en España hay
una falta grave de vivienda asequible,
los impuestos son insuficientes para financiar la protección social y la
burocracia impide, en muchas ocasiones, acceder a las prestaciones.
Alston sostiene que “el
sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia
adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que lo
necesitan.” Se puede decir más alto, pero no más claro.
El documento contiene una
serie de recomendaciones. La primera es la implantación de un ingreso mínimo
vital; algo que ya se hizo en los inicios del verano, por lo que Alston se
felicita y ha quedado recogido en el informe. Además subraya que “mientras unas
comunidades tienen un sistema muy humano de ayuda para los más desfavorecidos,
en otras lo han saboteado.”
Por lo que respecta al Ingreso
Mínimo Vital (IMV) que está previsto que llegue a unas 800.000 personas,
considera que deberá extenderse a más población teniendo en cuenta la
devastación social que ha ocasionado la pandemia.
En opinión del relator los
ricos han sido los grandes beneficiados de la crisis y los poderes públicos han
fallado a los pobres. “Hay situaciones de gran pobreza muy extendidas (el 26,1%
de la población es vulnerable, uno de los indicadores más altos de la UE), una
alta tasa de desempleo y situación de desempleo juvenil crónico, con una crisis
de vivienda de considerables proporciones, junto con programas de protección
social a todas luces insuficientes, un sistema de educación segregado y cada
vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a
las clases acomodadas que a los pobres y una mentalidad burocrática que permite
a las autoridades eludir su responsabilidad y valorar más el formalismo que el
bienestar de las personas,” expone en su escrito.
Philip Alston viajó por seis
comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Galicia y País
Vasco), las experiencias más duras estuvieron ligadas a la vivienda. Chabolas
de plástico en Huelva para los temporeros, sin luz ni agua. Algo muy parecido a
lo que vio en la Cañada Real de Madrid, “donde la polución está matando a los
niños y los responsables políticos dicen que ya les han aconsejado que se
marchen…”, desde luego, el ya ex relator ni se muerde la lengua, ni suaviza la
pluma en su escrito y describe la realidad tal y como él la percibió.
Mención especial le merece la
comunidad de Madrid, donde según sus datos, la pobreza severa se ha doblado en
diez años (hasta el 7,8% en 2017), pese a ser la segunda comunidad con el PIB
más alto. Por el contrario, su renta mínima de inserción es la más baja de todo
el país y solo llega al 1,5% de la población.
En una entrevista concedida
por Alston después de la publicación del informe se muestra muy contrariado
“por la agenda neoliberal que llevan a la práctica las autoridades de Madrid,
en la que las rebajas de impuestos son la clave para todo, sin estar
interesados en abordar la situación de ese 20 o 30% de la población más
desfavorecida.” Asimismo, quedó impactado porque el Gobierno de la comunidad
quitó la subvención a Servicio Doméstico Activo, una asociación que se dedicaba
a luchar contra los abusos a los empleados, “algo que también haría Donald
Trump.”
A grandes rasgos, tan
descarnada como se quiera pero tan real
como la vida misma, esta es la
situación en la que se encuentra nuestro país en lo que se refiere a servicios
sociales y atención a los más desfavorecidos. Ante este estado de cosas podemos
marear la perdiz tanto como los gobernantes quieran; ahora bien, más pronto o
más tarde habrá que afrontar una reforma fiscal en profundidad para que paguen
más los que más ganan y más tienen. Estamos lejos de la media de la zona euro
donde los impuestos se sitúan en un 41,7% del PIB, mientras que aquí en 2018
nos quedamos en el 35% y la recaudación por el impuesto de sociedades cayó a la
mitad en 10 años, hasta llegar a un 11% real. Además, según dicen los expertos
la economía sumergida supera el 20%.
Es verdad que con la pandemia
estamos en una situación muy delicada y la sociedad no está para fuertes
sacudidas. Pero, en España, tenemos un Gobierno de coalición formado por dos
partidos de izquierda, y si no aprovechan este momento histórico para dar un
vuelco a la situación y nos ponernos a la altura de los países de la UE, fiscal
y socialmente más avanzados, cuando lo vamos a hacer, ¿cuándo gobierne la
derecha? No seamos ingenuos.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies
23/09/20
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