En 1963 se publicaba por
primera vez “El cuento de nunca acabar”, un relato (cuento, si se prefiere) que
desde su primera página nos permite conocer y disfrutar el rico pensamiento y
particular mundo calidoscópico, lleno de suaves matices y policromáticas tonalidades,
de la inigualable Carmen Martín Gaite. Martín Gaite, nacida en Salamanca en
1925 y fallecida en Madrid en 2000, ha sido una de las plumas más brillantes de
las letras hispánicas de la segunda mitad del siglo XX.
Me ha parecido oportuno
parafrasear el título del relato de la excelente escritora castellana para dar
nombre a esta columna. Pero aquí se acaba todo paralelismo y/o similitud entre
Martín Gaite y su obra con esos sátrapas nacionalistas reconvertidos al
independentismo más irredento; no tanto por ideología, sino para mantenerse aferrados
al pesebre que tantas satisfacciones les da cuando cobran la sustanciosa nómina
por los servicios, de adhesión inquebrantable, prestados.
Lo que ocurre es que, en un
sistema democrático como el nuestro, aunque esos indocumentados digan que es de
baja calidad y no se respetan los derechos fundamentales, más tarde o más
pronto, la verdad acaba saliendo a la luz.
Eso es lo que sucedió con el
caso 3%: la historia de nunca acabar. Fue en un pleno del Parlament en febrero
de 2005, siendo president Pasqual Maragall quien dijo que CiU tenía un problema
que se llamaba 3%. El rifirrafe que se montó fue tremendo, pero no se pudo
probar nada y el asunto quedó en el baúl de los recuerdos.
En julio de 2014, de manera
totalmente inesperada, Jordi Pujol hizo un comunicado en el que admitía haber
ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años “un dinero ubicado en el
extranjero”, procedente de la herencia de su padre Florenci Pujol. De todas
formas, la sospecha generalizada fue que ese dinero y seguramente mucho más,
procedía de las mordidas de su época de presidente.
Después, en 2015 y a raíz de
diversos casos de presunta corrupción municipal, el asunto fue reabierto en un
juzgado de primera instancia de El Vendrell, como consecuencia de una demanda presentada
por una regidora de ERC de Torredembarra (Tarragona).
A partir de ahí, el asunto cogió
vuelo jurídico, pasó a la Audiencia Nacional y, desde entonces, el goteo de
procesados ha sido constante. Hace un par de semanas se hacía público un auto
del titular del juzgado número 5 de la mencionada Audiencia Nacional según el
cual “se acuerda abrir una pieza separada para investigar a Jordi Jané, Felip
Puig, Irene Rigau y Pere Macías, todo ellos ex altos cargos de la Generalitat,
por la supuesta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña
(CDC)”. Junto a los exconsejeros citados aparecen también encartados otros ocho
cargos de segundo nivel.
Sostiene el juez en su auto
que “las donaciones que los investigados hicieron al partido, eran actos de
afloramiento de dinero de delitos realizaos por personas próximas a CDC,
siguiendo un plan superior trazado por jerarcas del partido”.
A menudo, llueve sobre mojado.
Hace unos días, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena que acreditó la
financiación irregular de CDC, entre, al menos, los años 1999 y 2009. Es la sentencia definitiva del Caso Palau y
se entiende probado que Convergencia cobró 6,6 millones de euros en comisiones
ilegales de la constructora Ferrovial, a cambio de adjudicación de obra
pública. La sala considera totalmente verosímil el relato estructurado por la
fiscalía sobre el cobro de mordidas.
Se da la circunstancia que
Artur Mas fue secretario general de CDC desde el año 2000 hasta 2012. Por lo
tanto, resulta tan urgente como imprescindible que salga a dar explicaciones.
De igual manera, sería deseable que los herederos políticos del pujolismo que
hasta el momento han recogido buena parte de su cosecha electoral, es decir, el
PDeCAT, diera también alguna explicación sobre al affaire. Sin embargo, hasta la
fecha todos sus dirigentes guardan un tan encubridor como sospechoso silencio.
Ciertamente, en teoría, nada o
casi nada tiene que ver CDC con el PDeCAT, pero si hurgamos en el historial político
de los afiliados al nuevo partido, encontraremos que más del 90% provienen de
la antigua Convergencia y en sus órganos de dirección y representación pública
han encontrado acomodo; tanto los que ya tuvieron responsabilidades con Jordi
Pujol, primero, pero, sobre todo, los que las tuvieron con Artur Mas, después.
Y es que todo eso fue posible
porque de forma paralela a CDC se montó un entramado de empresas y/o
fundaciones que hicieron viable el tránsito del dinero por las cloacas de la
Administración. Al frente de esas redes de corrupción institucionalizada había
personas con nombre y apellidos.
En consecuencia, nosotros,
como miembros de una sociedad avanzada madura y compleja y que mantenemos las
instituciones con nuestros impuestos queremos saber quiénes lo hicieron y
quiénes les dieron soporte desde la sombra, para poder hacer, durante tanto
tiempo, tanto daño.
En definitiva, menos mandangas
identitarias, menos patrioterismo demodé y menos moralina politiquera, pero
mucha más responsabilidad política, y compromiso ético y sensatez social. De
verdad, no solo de boquilla.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies
05/05/20
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