DEL CORONAVIRUS A LA MISERIA

Da miedo pensar cómo será el día de después, una vez que se haya controlado la propagación del coronavirus. Como siempre ocurre en este tipo de situaciones, la crisis económica está golpeando con especial virulencia en los sectores más débiles. De hecho, ya estamos viendo como en lo que eufemísticamente llaman economía “informal” -economía sumergida habíamos dicho siempre-, la dureza de la situación se está ensañando con extrema crueldad. No me refiero a los que la controlan y obtienen pingües beneficios, claro está, sino a los que no tienen más remedio que bordear la legalidad para subsistir. Me gustaría equivocarme, pero mucho me temo que, cuando entremos en la nueva normalidad, van a ser muchos los que lo van a pasar muy mal y se van a quedar atrás.

Según el plan estratégico de la Agencia Tributaria publicado el pasado 28 de enero, la economía sumergida supone en nuestro país un 11,2% del PIB (unos 145.000 millones de euros anuales). Si a esta cifra se le suman aquellas actividades que nunca se podrán regularizar, como, por ejemplo, el contrabando, el movimiento ilegal de dinero sube al 17%. En opinión del catedrático de Economía José Ignacio Castillo de la Universidad de Sevilla la economía sumergida en España ronda el 22% del PIB.

Sea cual sea el porcentaje real, el hecho cierto es que más de 2 millones de personas trabajan en nuestro país lejos de lo que establece la legalidad. Es decir, gente que trabaja en negro y que ahora, con el descalabro que ha generado la pandemia, ni pueden acogerse a un ERTE, ni pueden acceder a las ayudas que el Gobierno ha puesto a disposición de pymes y autónomos. En el mejor de los casos, podrán solicitar la renta mínima garantizada que el Ejecutivo se ha comprometido a hacer efectiva a finales de este mes de mayo. No obstante, esa ayuda no llegará a todos, los inmigrantes en situación irregular ni siquiera tendrán esa opción.

La economía sumergida es un mal endémico de nuestro sistema de producción y está extendida en todo el engranaje, desde la agricultura o la industria hasta la construcción. Tampoco se libran de esa lacra otras actividades que podemos denominar complementarias como, por ejemplo, los montajes, las mudanzas o la recogida de chatarra. Pero el nivel más bajo de las personas que trabajan en negro está en las empleadas de hogar, cuidadores de personas mayores y/o dependientes, venta ambulante (top manta incluido) o las limpiadoras de apartamentos turísticos y hoteles conocidas coloquialmente como “kellys” y el último eslabón de esta lamentable cadena, la prostitución.

La frontera entre la economía formal y la sumergida es muy difusa. Por eso, es muy corriente encontrar trabajadores que transitan de un lado a otro de la frontera en función de las circunstancias. Las consecuencias son evidentes: no tienen una relación laboral estable y, por consiguiente, no han cotizado lo suficiente para tener una prestación por desempleo.

Hay quien opina que toda crisis es una oportunidad. Lo siento, pero yo soy bastante escéptico en este terreno. Considero que aquellos que sostienen que cuanto menos Estado mejor; ahora, con la experiencia de la pandemia, deben entender que hemos de ir en dirección contraria. Necesitamos más Estado que nunca y, a su vez, el Estado necesita medios. Por lo tanto, todos hemos de contribuir y, como es lógico, más los que más tienen. En ese contexto, hay que fortalecer, más que nunca, los medios de lucha contra la corrupción en sus múltiples manifestaciones.

Estamos viendo como se ha desarbolado la sanidad pública. Concretamente, en Cataluña, con la excusa de los recortes en la época de Govern de Artur Mas se eliminaron 1.100 camas hospitalarias y se suprimieron 2.100 puestos de trabajo de personal sanitario, pero esa situación aún no se ha revertido, con lo bien que nos hubieran ido ahora esas camas y esos profesionales.

De todas formas, lo prioritario en esta nueva normalidad debería ser, primero, que nadie se quede atrás ni por condición social, ni por coyuntura laboral y, segundo, que aprendamos todos la lección para que, hechos como los que estamos viviendo, no vuelvan a suceder jamás. Sería imperdonable.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 12/05/20