CUESTIÓN DE ESTADO

Con la llegada del coronavirus a nuestro país, una vez más, se ha puesto de manifiesto que en Cataluña estamos gobernados por un puñado de descerebrados iluminados que no tienen la más remota idea de lo que es ni la conciencia política, ni la conciencia cívica, ni el bien común. Para esta gente la solidaridad es el sálvese quien pueda y/o ande yo caliente y ríase la gente.

No me voy a entretener en desmenuzar aquí las barbaridades y sin sentidos que desde el Govern de la Generalitat y sus acólitos han dicho estos últimos días contra las medidas que está tomando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a cuenta del maldito Covid-19.  Acreditados columnistas lo han hecho ya con gran sobriedad y acierto No insistiré en ello. Su falta de principios y escrúpulos ha quedado demostrada. Quiero centrar este escrito en la vertiente más política, económica y social que conlleva la situación que estamos viviendo y el estado de alarma establecido por el Gobierno central para hacer frente a la pandemia y las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado martes, 17 de marzo.

De todas formas, permitan que para empezar dé un pequeño rodeo y haga referencia a un interesante artículo publicado en El País (17/03/20) bajo el título “Estado de alarma y lealtad”, por Tomás de la Quadra Salcedo, catedrático emérito de la Universidad Carlos III y exministro de Justicia. En esa columna, él ilustre personaje nos recuerda que “la sujeción de las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y locales a las órdenes de la autoridad competente del Estado queda definida en la Ley Orgánica 4/1981 sobre estados de alarma, excepción y sitio (LOAES) que fue votada favorablemente por todos los diputados del PNV y CiU en la sesión del Pleno del Congreso del 21 de abril de 1981”. No estaría de más que algunos parlanchines de mollera débil y escasa formación política se informaran antes de lanzar sus bravatas a los cuatro vientos y así nos evitaríamos algún cabreo innecesario del personal por mala información.

Pero vayamos al meollo del asunto: Pedro Sánchez es plenamente consciente de lo que lleva implícito el estado de alarma y que la economía va directa al pozo de la recesión. Ante esta situación, el Gobierno ha echado el resto y va a mover casi el 20% de nuestro PIB en avales públicos y préstamos para empresas. Una parte considerable de ese dinero se dedicará a reforzar la sanidad y a proteger a los trabajadores más vulnerables y a las familias. Habrá también, diversos tipos de ayudas, moratorias para hipotecas y coberturas de riesgo.

Son medidas que están en la línea de lo que se está haciendo en Alemania, que ha puesto sobre la mesa un 15% de su PIB y Francia un 12%.

Solo el tiempo nos puede decir si estás iniciativas son las que se necesitan o se hubiesen tenido que tomar otras. Ya veremos, pero, tal y como estamos, cualquier cosa es preferible a la inacción.

Para algunos, con una deuda publica que ronda el 100% hay cosas que no se deben hacer y no les faltan razones. Ese es uno de los motivos que genera la preocupación por lo que pueda suceder con la prima de riesgo, que ya ha empezado a experimentar subidas en casi todos los países de nuestro entorno y, por supuesto, en el nuestro.

En un principio Christine Lagarde se mostró esquiva a que el Banco central europeo se movilizara para acudir al recate de los más afectados. Sin embargo, en un Consejo de Gobierno de urgencia se dio luz verde para que el BCE vuelva a la senda que marcó Mario Draghi inyectando 750.000 millones de euros en activos públicos y privados, dando así aire a las primas de riesgo de los países del sur que estaban subiendo de manera alarmante. Con esta iniciativa los Gobiernos se aseguran financiación para sus planes de estímulo. Además, se espera que con esta inyección los mercados entiendan que, esto no es la selva, y no se va a permitir ni una desbandada de la prima de riesgo ni el beneficio desmadrado de los especuladores y los fondos buitre, al estilo 2008.

“Lo peor está por llegar”, dijo Pedro Sánchez en la intervención que llevó a cabo en el Pleno del Congreso del pasado 18 de marzo. Una sesión plenaria totalmente atípica porque no llegaban a cincuenta las personas allí presentes contando diputados, ministros, personal de servicio y fotógrafos.

En estos momentos lo más importante es la salud de la ciudadanía. Por eso, el presidente habló de emergencia sanitaria y se comprometió a crear una comisión que con rigor analice los errores y el estado de la sanidad pública una vez haya pasado la pandemia. Sánchez también anunció que pedirá al resto de partidos unos Presupuestos de “reconstrucción social”, cuando hayamos superado la crisis.

De manera deliberada he titulado este artículo de forma quizás un poco demasiado presuntuosa:” Cuestión de Estado”, pero lo he hecho conscientemente. A ver si tengo algo de suerte y algunos de esos que van despotricando por ahí, se dan cuenta que esto no va ni de autonomías, ni de ideologías, ni de color de piel, ni de religión, ni de nada que se le parezca. Por eso, estando unidos, siendo solidarios y cumpliendo las normas que nos dicen saldremos adelante. Aprovechar la situación, para sacra pingües beneficios, del tipo que sea, es una bajeza, sencillamente, inadmisible.

Ahora, nos toca resistir para vencer.

Bernardo Fernández

Publicado en el Catalán 21/03/20