El acceso a la vivienda es uno
de los principales problemas que tienen las sociedades urbanas desde casi
siempre. Afecta de manera especial a la gente joven. Sin un empleo digno,
estable, razonablemente bien remunerado y un techo bajo el que vivir de forma
decente, resulta muy complicado plantearse un proyecto de futuro.
La conflictividad viene de
lejos. En abril de1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de
arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros
barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas de
Barcelona como Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los
alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco
frenazo de la construcción tras el final de la Exposición Universal de 1929. La
represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera
de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan
Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella
movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se
introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.
Más tarde, ya con la
dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de
naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo
codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de
Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.
Y así seguimos. El problema es
endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que
irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los
escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la
cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha
afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los
factores que inciden en él mismo.
Veamos, por ejemplo, como está
la situación en Barcelona. Aquí la oferta de vivienda es a todas luces
insuficiente. Con este panorama, limitar el precio de los alquileres sin
aumentar la demanda no hará que haya más oferta disponible. Al contrario, es
muy posible que buena parte de los propietarios retiren activos del mercado, y
eso agravaría las cosas.
Es verdad que resulta lento y
costoso recuperar una vivienda cuando los arrendadores incumplen sus
obligaciones. Lo mismo sucede cuando un domicilio es ocupado de forma ilegal.
Eso hace que no sean pocos los propietarios que se resistan a poner más
vivienda de alquiler en el mercado. Por lo tanto, sería bueno que se
articularan medidas razonables que dieran seguridad jurídica -que no quiere
decir abusiva- a los arrendadores.
Por otra parte, los fondos de
inversión están haciendo un flaco favor en el mercado de la vivienda de
alquiler y hay que evitar los desmanes porque cuando clavan sus garras en un
edificio los inquilinos pueden echarse a temblar. Pero, hasta el momento,
poseen el 4% del total. Por consiguiente, su incidencia en el precio global es poco
significativa. Eso no significa que no haya que tenerlos en cuenta y marcarlos
muy de cerca porque ya sabemos que a sus gestores lo único que les interesa es
la rentabilidad.
Con este paisaje de fondo, los
poderes públicos no deberían retardar por más tiempo su entrada en escena de
forma decidida para empezar a poner el problema en vías de solución. Para ello,
es ineludible la participación leal y franca de todas las administraciones
implicadas.
Se hace indispensable una mesa
de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para
sincronizar sinergias. Tan necesarias como las decisiones políticas son las
decisiones técnicas, máxime cuando es una evidencia que el dinero público es
más bien escaso.
El objetivo a medio plazo
debería ser lograr un parque de vivienda de alquiler con precios por debajo de
mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no
le permite el acceso al libre mercado.
La cuestión ha de plantarse no
sólo a nivel de ciudad, que también, sino y, sobre todo, a nivel metropolitano;
es decir, teniendo en cuenta la Barcelona real. Pero eso, significa, a su vez,
repensar la red de transporte público, a todas luces insuficiente tal y como
está hoy planificada. De igual manera, se deberían reforzar los centros de
atención primaria (CAPs), así como ofertar una enseñanza pública de calidad y
asequible. En este contexto, las
administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades policéntricas que
tan en boga estuvo en los años noventa.
No es mi intención señalar a
nadie porque no es ese el objetivo de este escrito. Sin embargo, la cuestión de
la vivienda es de tal envergadura que los egos personales y la lucha partidista
deberían quedar al margen para poder remar todos en la misma dirección
Estamos ante un asunto que no
tiene una solución ni sencilla ni rápida. No obstante, los políticos que nos
gobiernan tienen la obligación de encarar el asunto con inteligencia y determinación.
Al fin y al cabo, para eso los escogimos: para que resuelvan problemas, no para
que eternicen los que ya tenemos ni para que nos creen otros nuevos.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies
09/03/20
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