De
todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia
que se están perpetrando en las últimas semanas a la convivencia en Cataluña,
me duelen de forma especial dos cuestiones. En primer lugar, los cortes de
carreteras, autopistas y vías de tren, que se han llevado a cabo de forma
indiscriminada, porque afectan de manera directa, un derecho tan elemental como
es la libertad de movimientos de las personas y mercancías. Con esas acciones
se está coaccionando la libertad de la gente, por un lado, que no se pueden
desplazar libremente y, por otro, están castigando de manera muy peligrosa la
economía de toda la sociedad, sin distinción de ningún tipo. Por otra parte, me
molesta y duele, la actitud de cientos de jóvenes universitarios que han creído
que las universidades públicas catalanas son de su exclusiva propiedad. Además,
esta creencia se ha visto reforzada por el soporte que han recibido de determinados rectorados y claustros.
Llegados
a este punto, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta magnífica
ventana digital que es El Catalán para reflexionar sobre la actitud de esos
jóvenes estudiantes y, sobre todo, explicar cuál es, a mi modo de ver el rol
que deben asumir las universidades públicas en momentos como los que estamos
viviendo en Cataluña. Veamos.
Las
universidades públicas se financian principalmente mediante los presupuestos
generales y las matrículas de los estudiantes, en segundo lugar. Por
consiguiente, son instituciones del Estado y lo lógico es que sean autónomas
sin entrar nunca en el juego de las políticas partidistas, porque son de todos y
para todos.
Sus
dirigentes son escogidos por su programa y bagaje académico, pero nunca se han
presentado con un programa político ni han sido elegidos por su sesgo
ideológico. En consecuencia, son representantes institucionales de toda la
comunidad universitaria, no de una parte.
Si
admitimos, aunque sólo sea por una vez, que la Universidad traspase los límites
de sus competencias y actúe donde no le corresponde. ¿cómo decidiremos cuando
es correcto y cuando no qué la Universidad incida en unas problemáticas y en
otras no? ¿Quién y cómo decidirá que cuestiones políticas son pertinentes y cuáles
no lo son? Esto nos lleva de forma directa a admitir que los dirigentes
universitarios no están ni legitimados ni autorizados para hablar de cuestiones
políticas en nombre de otros académicos.
Por
otra parte, soy de la opinión, de que las universidades públicas no deben
invadir el terreno de los representantes de la soberanía popular, son estos últimos
los que han obtenido la confianza de los ciudadanos para que los representen y
lleven a cabo las iniciativas oportunas en los lugares adecuados para mejorar
la vida de la ciudadanía. Porque al final, ese es quid de la cuestión.
Esta
breve reflexión me ha parecido oportuna para centrar el tema que es el objetivo
de este artículo: la actitud de centenares de jóvenes universitarios tras la
sentencia a los líderes del procés.
Tras
conocerse el dictamen del Tribunal Supremo (TS) sobre los líderes del procés, grupos
de estudiantes, quizás no muy numerosos, pero sí muy activos, decretaron
huelgas continuadas y encierros en las facultades, impidiendo, de esa forma, el
acceso a otros estudiantes que no estaban de acuerdo con los huelguistas y
querían ejercer sus derechos de aprender y formarse.
Aunque
no comparto ni los motivos ni los métodos de la movilización puedo llegar a
entenderlos y disculparlos, porque si no son los jóvenes los que se revelan y
protestan ¿quién lo va a hacer y cuando se va a hacer?
Lo que
no disculpo es que se quiera sacar tajada de la situación. O, dicho de otro
modo: que se quieran flexibilizar las evaluaciones para hacer compatibles las
clases y las protestas. Hasta ahí podríamos llegar. El que no quiera polvo que no
vaya a la era.
Además,
me ha parecido una frivolidad imperdonable el pronunciamiento de determinados
claustros y algún que otro rectorado en contra de la sentencia y dando soporte
a los alumnos partidarios de los encierros.
En
este contexto, ha sido un grandísimo acierto la carta que más de 800 docentes
de toda España han firmado, en contra de los manifiestos de distintos claustros
y rectorados.
Los
redactores de la misiva discrepan de la supuesta libertad de expresión en la que
muchos han querido enmarcar las declaraciones institucionales de las
universidades. Los firmantes sostienen que “es un derecho fundamental que
corresponde exclusivamente a las personas, como apuntan varias sentencias del
tribunal Constitucional”.
También
defienden que el hecho de que una administración se exprese en nombre de todos
sus miembros, como se ha hecho en esta ocasión, “implica una clara agresión a un
derecho fundamental como es libertad ideológica” de los discrepantes. Derecho
recogido en el artículo 16 de la Constitución.
Asimismo,
ponen de manifiesto que la difusión de “un pensamiento único sobre cualquier
tema” es radicalmente incompatible con la esencia de la Universidad. “sobre
todo, cuando se trata de asuntos que generan una fuerte controversia social”,
como es el caso que nos ocupa. En consecuencia, instan a los rectorados y
claustros que se han posicionado en contra de la sentencia del TS a rectificar.
De manera simultánea, muestran su predisposición “para contribuir a un debate
sereno y riguroso sobre todas las dimensiones del grave conflicto que se vive
en Cataluña”.
Bernardo
Fernández
Publicado
en El Catalán 16/11/19
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