MEDIOCRIDAD GUBERNAMENTAL

Desde hace unos cuantos años en Cataluña vivimos gobernados por gente mediocre. Los individuos que nos gobiernan, por su falta de capacidad, están haciendo buenos a otros personajes, ineficaces y de poca talla política que nos gobernaron tiempo atrás. Aquellos tenían como denominador común la corrupción, pero al menos se esforzaban por aparentar que hacían algo y lo que hacían, con frecuencia, estaba razonablemente bien hecho.

Cataluña nunca ha sido El Dorado, pero aquí el ascensor social ha funcionado de manera más o menos aceptable. Sin embargo, todo empezó a cambiar en el verano de 2012. Entonces, Artur Mas tuvo una entrevista con Mariano Rajoy en la que le pidió un sistema de financiación similar al de Euskadi o Navarra para Cataluña, a lo que Rajoy se opuso. Como consecuencia Mas puso el Govern -que es de todos- al servicio del independentismo, que por muy legítimo que sea es de una parte.

Y en esas estamos. Llevamos siete años desde que empezó la matraca del procés y, desde entonces, salvo para unos cuantos que han hecho del secesionismo su modus vivendi, todo ha ido de mal en peor para la gran mayoría de ciudadanos. Desde la economía a la cohesión social. Desde la imagen de Cataluña en el exterior hasta la fuga de empresas a territorios social y políticamente más estables, con garantías jurídicas y fiscales.

Pero es que no son sólo las grandes cuestiones o los enunciados grandielocuentes. Es que la deriva política está afectando el día a día, en asuntos tan básicos como la sanidad o los servicios sociales.

Es el caso de la sanidad. El tiempo de espera para una operación quirúrgica viene a ser de 73 días, 74 para hacer una prueba diagnóstica y casi 100 para que visita un especialista. Pero podemos estar tranquilos, este verano han cerrado 1.900 camas. Como todo el mundo sabe las enfermedades también hacen vacaciones.

Si echamos un vistazo a los servicios sociales, la cosa no está mucho mejor. Uno de cada tres dependientes catalanes (73.000 personas) con grado asignado espera recibir la prestación que le corresponde. Desde 2006 que se aprobó la Ley de Dependencia han muerto en Cataluña más de 36.000 personas sin que les llegase la ayuda que les correspondía, habiéndose agotado los plazos que la normativa estipula.

Por otra parte, la tasa de pobreza de la población se sitúa en el 21,3%.  Por lo que respecta a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se aprobó a bombo y platillo en el Parlament, desde 2017 sólo se han concedido 13.100, un pírrico 21% del total de personas que lo solicitaron. Y 375.000 personas viven en Cataluña en pobreza severa.

“Todo es culpa de Madrid que nos maltrata”, pensarán algunos. Pues no. El Govern de la Generalitat funciona con los presupuestos prorrogado de 2017 y los de 2019 ni siquiera los ha presentado al Parlament y la Cámara catalana en quince meses sólo ha aprobado una ley.

Si con estos datos aún no tenemos claro cual es el nivel de nuestros gobernantes autonómicos será suficiente con prestar un poco de atención a las actividades, declaraciones y contra declaraciones que día sí, día también llevan a cabo nuestros mandatarios.

Así, por ejemplo, la consejera de Agricultura aún no ha tenido tiempo para recibir a los afectados por los incendios del pasado mes de julio. El que fuera jefe de Gabinete del president fugado sostiene que la bomba de la Guerra Civil encontrada en el mar, frente a la Barceloneta, es una conspiración de la Guardia Civil.

El vicepresident del Govern y consejero de Economía, Pere Aragonés ha impulsado al Govern para que lleve al Estado ante los tribunales por bloquear los anticipos, que cifra en unos 1.317 millones de euros, a cuenta del sistema de financiación. El consejero ignora o ha querido ignorar, malévolamente, que el Abogado del Estado ha enviado un informe al ministerio de Hacienda, según el cual un Gobierno en funciones no está facultado para desbloquear esos fondos. Por lo que sería una ilegalidad dar dinero a las autonomías en la situación actual.

De igual manera, parece que Pere Aragonés desconoce que si estamos como estamos es porque el grupo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados, al igual que el de sus socios en el Govern JxCat, impidieron con sus votos la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Con los PGE aprobados, otro gallo nos cantaría.

No obstante, la cereza del pastel de los disparates la ha puesto, una vez más, el president supremacista Quim Torra, al decir que el papel de España en la II Guerra Mundial fue enviar a miles de soldaos de la División Azul a luchar al lado de Hitler. Este individuo, además de un mediocre es un impresentable.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 30/08/19