Es una vergüenza que aquellos qué recibieron el
mandato de los ciudadanos para representarlos y defender sus legítimos
intereses, utilicen su situación de privilegio para lucrarse por vías ajenas a
lo establecido o permitan que, por acción o por omisión, lo hagan los que están
en su entorno.
Estoy pensando en esa estirpe de políticos que se
auto otorgan una serie de prebendas que no les fueron concedidas al recibir el
reconocimiento democrático de la ciudadanía, pero que ellos convierten en uno
de los bastiones de su actuación.
En estos momentos, en España no hay formación
política con un cierto recorrido y que haya ejercido el poder que esté libre de
pecado y pueda tirar la primera piedra. Ahora bien, hay casos que, por
vergonzantes, claman al cielo. Me estoy refiriendo al affaire del Parido
Popular y su caja B, aireado por el extesorero Luís Bárcenas, y al no menos hiriente caso de fraude fiscal confesado
por Jordi Pujol el pasado 25 de julio y todas las presuntas connotaciones que
se han conocido con posterioridad.
Según la Fiscalía anticorrupción, el PP ocultó al fisco y al Tribunal de Cuentas
una caja B que funcionó durante más de 15 años.
“Esa contabilidad paralela gestionada por Bárcenas se nutría de donativos que incumplían la normativa de
financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas
relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”.
Sostiene el fiscal que lleva el caso. Esa opacidad contable es la que permitió
a Bárcenas detraer sumas considerables que ingresó en cuentas en Suiza.
De hecho, ha sido posible llegar hasta aquí porque
la justicia ha ido tirando del hilo a
partir de la conocida trama Gürtel. Una trama de sobornos en la que están
implicados importantes cargos públicos del PP, tales como el exconsejero de
Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo o los exalcaldes de
Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega.
También están encausados los tres extesoreros de los populares, además del
mencionado Bárcenas, sus antecesores Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís,
responsables de las finanzas del partido durante más de 20 años. Sin duda, un ramillete de personajes
difícil de igualar, por cargos y por catadura.
Por otra parte, el comunicado hecho público por el
gabinete de abogados de Jordi Pujol i Soley la tarde del 25 de julio de 2014,
cuando muchos estaban haciendo las maletas para marchar de vacaciones, admitiendo su fraude fiscal
continuado durante treinta y cuatro años y el mantenimiento de cuentas en el
extranjero de aquel que había sido presidente de Cataluña durante veintitrés
años, fundador y presidente de Convergencia durante cuarenta y la personalidad
política más importante de la Cataluña contemporánea, así como una de las
personalidades más destacadas de la Transición española, nos dejó a propios y
extraños sumidos en la perplejidad y descolocados.
Llegados a este punto, me parece tan innecesario
como inútil hacer aquí un relato pormenorizado
de todo lo que se ha ido diciendo y sabiendo después. Lo que es evidente
y, en consecuencia, poco discutible, es la indolencia y laxitud con que
actuaron destacadísimos miembros de CDC, como por ejemplo Artur Mas, desde su
cargos de máxima responsabilidad en distintos gobiernos de la Generalitat, para
que determinadas felonías se pudieran llevar a cabo en la más absoluta
impunidad.
Es un insulto a la inteligencia el cinismo y la
hipocresía política que utilizan los populares cuando dicen que su formación es
“absolutamente ajena” a las tramas de corrupción. Tramas que como la Gürtel les
persiguen, al menos desde 2009.
Otro insulto a la inteligencia, es la actitud de Convergencia
Democrática de Cataluña. Un partido que no puede explicarse sin la personalidad
de Jordi Pujol. Una formación política que tiene su sede central, situada en Barcelona,
embargada como fianza del caso Palau, diversos dirigentes y exdirigentes
imputados en diversas causas, además de varios procesos judiciales abiertos
contra el expresidente Pujol y seis de sus siete hijos imputados por fraude
fiscal o evasión de capitales. Pues bien, con este bagaje, tienen la desfachatez
de anunciar un consejo nacional para febrero, en el que -han dicho-, se
refundarán sin corrupción.
Si al menos tuvieran la decencia de pedir perdón y
hacer una limpieza en profundidad, la ciudadanía podría albergar cierta
esperanza. Pero no, se limitan a decir un montón de palabras huecas y
desgastadas, y así no hay manera. Lamentablemente, de esa estofa son algunos
políticos que pretenden regir nuestros destinos.
Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global 31/01/15
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