11 de març 2013

CORRUPCIÓN SISTÉMICA

Fraude fiscal, fuga de capitales, economía sumergida o corrupción política son, entre otras, expresiones que desgraciadamente se han instalado en nuestro vocabulario como algo habitual. Debería quedar claro que la corrupción no es una exclusiva de la clase política; sucede en otros ámbitos, allí donde hay poder, allí donde hay dinero es posible que haya corrupción. Pero a lo público hay que exigirle un plus de rigor, ya que son recursos a los que todos contribuimos. Ciertamente, en todos los sistemas políticos hay corrupción, es lago intrínseco al ser humano y a la misma política. En consecuencia, el tema es: como se combate esa lacra.


De hecho, la corrupción, entrelazada a otras actividades, ha sido una constante en nuestro país, como mínimo desde los años noventa. Entonces afloraron casos como Banesto, Roldán, Gil y Gil y un largo etcétera; sin olvidar que una decena larga de consejeros de Jordi Pujol estuvieron imputados en presuntos casos de corrupción. También del entorno del expresidente de la Generalitat salieron diversos personajes que es posible que pasen a la historia, como auténticos tahúres y expertos del mercachifle, quien no recuerda a Joan Piqué Vidal, Joan Antoni Carreté, Javier de la Rosa o el inefable Félix Millet.

Según una reciente encuesta de Metroscopia, el 96% de los españoles considera que en la vida política hay mucha o bastante corrupción. Por su parte, el barómetro de 2012 de la Oficina Antifraude de Cataluña dice que para el 93% de los catalanes la mencionada corrupción es algo grave o muy grave. Pues bien, por si fuera poco, ahora, de golpe, han salido a la luz diversos episodios de corrupción. Como es lógico la ciudadanía está indignada. Además, sucede en un momento en que la crisis económica unida a otra institucional lo anegan todo: desde la Monarquía a los partidos políticos, desde el Consejo General del Poder Judicial a miembros del Gobierno o responsables de cualquier ayuntamiento.

Para evitar desmanes los partidos políticos deberían estar sometidos a estrictos controles ya que son entidades a las que se les concede el monopolio de la representación política y, a su vez, se financian con recursos públicos. Pues bien, nos encontramos con que la ley española de partidos políticos permite, en la práctica, que éstos se autorregulen, cosa nada habitual en otros países de larga tradición democrática. En Alemania, por ejemplo, los partidos están obligados por ley a celebrar congresos bienales y los delegados que asisten a los mismos han de ser escogidos por votación secreta entre los militantes. También es de obligado cumplimiento que los aspirantes a cargos públicos sean elegidos en elecciones primarias. Así como que las organizaciones se sometan periódicamente a auditorías externas. Se trata, en definitiva, de establecer los controles pertinentes para que la corrupción no se convierta en un mal endémico.

De igual modo, sería oportuno establecer una normativa legal según la cual los órganos ejecutivos de los partidos fueran responsables, a todos los efectos, de las cuentas de sus organizaciones, como lo son los consejos de Administración de las empresas. En ese supuesto, serían los integrantes de las comisiones ejecutivas los que en primera instancia exigirían claridad y transparencia en las cuentas.

También hay que elaborar una Ley de Transparencia de verdad, que sea eficaz en la lucha contra la corrupción. El texto que ha propuesto el PP para elaborar una ley tan necesaria además de insuficiente es incompleto; no estaría de más buscar equivalentes que sirvieran de referencia en la UE.

No cabe esperar que el sistema se regenere por si solo. Eso no sucederá nunca. Tal vez sea necesaria una amplia movilización ciudadana, al estilo de las realizadas por los afectados por las hipotecas que exija una nueva Ley de Partidos Políticos. Sería positivo buscar algún prototipo allende fronteras: Alemania podría ser un buen ejemplo. Allí, la transparencia y la democracia interna vienen impuestas por ley. Entre otras cuestiones en esa iniciativa legislativa deberían figurar asuntos como imponer congresos en períodos de tiempo predeterminados. O exigir las elecciones primarias con sufragio universal y secreto como un sistema habitual de elección de los candidatos a cargo público. También sería conveniente exigir auditorías externas e independientes como herramienta habitual. Estas medidas y otras muchas que se deberían adoptar, harían que nuestro sistema político fuera más cercano y, a la vez, más creíble.

La justicia también debe hacer su aportación para solventar el problema y para ello es necesario que acompase su ritmo a los ritmos de los tiempos. No es de recibo que una causa se eternice y se tarden años y años en tener una sentencia. Ahí, la referencia podría ser EEUU. De todos modos, la democracia basada en los partidos políticos no es perfecta, pero como dijo Winston Churchill es el sistema menos malo de todos los conocidos. Mejorarlo es posible, pero eso, depende de todos nosotros.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 01/03/13

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