27 de març 2013

EL NEGOCIO DE LA SANIDAD




La consecución del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, la sanidad es junto a la educación y las pensiones uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. El precursor de esta prestación fue el National Health Service británico que en 1948 implantó una asistencia preventiva y curativa para “todos los ciudadanos sin excepción”.


Después del Reino Unido, otros países europeos siguieron la misma senda, instaurando sistemas sanitarios con principios similares: financiación pública, asistencia universal y una amplia oferta de servicios sanitarios, sin considerar ingresos, lugar de residencia o extracción social.

En España ese proceso se llevó a cabo bastante más tarde. Fue la Constitución de 1978 la que estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana. Años después, con la Ley General Sanitaria de 1986, del malogrado Ernest Lluch, la prestación no tan solo se consolidó sino que devino universal.

En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de hacer negocio con el sistema sanitario público de España. El mencionado Informe proponía mejorar la eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos utilizados entonces son los mismos que los de ahora: “el sector público es insostenible”, “está excesivamente burocratizado”, “la sanidad privada es más eficiente que la pública”, “la salud pertenece al ámbito personal”, etc.

De todos modos, ningún estudio científico ni la OMS (Organización Mundial de la Salud) avalan esos argumentos. Al contrario: la sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene la financiación suficiente), más eficiente (si se tiene una asistencia primaria adecuada) y, lo más importante: tiene más calidad que la privada. Carece, es cierto, del confort de la segunda y los tiempos de espera suelen ser más prolongados.

En este contexto, algunas comunidades autónomas lo tienen claro: no les gusta la provisión pública de servicios sanitarios y prefieren contratar esos servicios al sector privado. Opinan que la sanidad privada es más barata. El radicalismo con que Gobiernos autónomos como el de Valencia o Madrid llevan a cabo sus políticas de salud ha roto el consenso que los grandes partidos mantuvieron sobre la cuestión hasta 2008 para sostener un Sistema Nacional de Salud de estructura y financiación pública eficiente.

En Cataluña, hasta el regreso de los nacionalistas al poder, en 2010, gozábamos de uno de los cinco mejores servicios de salud del mundo. Una prestación que en ese año 2010 supuso para las arcas de la Generalitat un gasto de 1371 euros por persona. Menos del 6% del PIB, mucho menos que la media de la Europa de los 15 y muchísimo menos que el 17% del PIB que gastan en USA. Y dicho sea de paso, en EEUU con mucha menos calidad y sin ser un servicio universal.

Pues bien, en poco más de 2 años Boi Ruiz, Conseller de Sanidad, ha puesto en jaque nuestro modelo. Empezó paralizando siete nuevos hospitales, impuso recortes del 10%, cierres de servicios de urgencias, y, de manera simultanea, los catalanes perdíamos la garantía de estar como máximo 180 días en una lista de espera para ser operados de las 14 dolencias más comunes en los hospitales de la red pública (XHUP). Ruiz no tuvo ningún empacho en presentar la medida como un nuevo modelo de gestión “basado en criterios clínicos”.

De todos modos, en Cataluña ya se ha abierto la espita para que en instalaciones públicas se practique la medicina privada, En el Hospital de Sant Pau, por el módico precio de 60.000 euros, se realizan operaciones de varices y así el paciente, que puede y quiere hacer ese dispendio, se ahorra los ocho meses largos de espera de la atención pública. Algo similar se está haciendo en el Hospital Clínic. Que estas prácticas sean habituales en otros centros de la XHUP es cuestión de tiempo.

No obstante, la gota que ha colmado el vaso y ha dejado al descubierto las miserias de la sanidad catalana ha ocurrido hace unos días, cuando se hizo pública la deuda de la Generalitat con las farmacias y el sector sanitario concertado que asciende a más de 900 millones de euros. Todo indica que la situación va a empeorar debido a la prórroga presupuestaria y a los nuevos recortes que se avecinan si se quiere cumplir con el nuevo límite de déficit, fijado, de momento, en el 0,7% del PIB.

Con este paisaje de fondo, no son pocos los expertos “bienintencionados” que proponen que la red hospitalaria pública se base en modelos externalizados. Pues bien, pensar que los sanatorios y clínicas privadas puedan ser la alternativa a la enorme complejidad de la medicina moderna en red, sencillamente, es una aberración, Pero es que introducir el lucro en el corazón de los servicios sanitarios públicos llevaría a una quiebra irreparable.

Profesionales y técnicos en la materia coinciden en afirmar que la excelencia de la medicina actual se conseguirá desarrollando una red efectiva entre los distintos niveles (alta especialización, hospital, primaria, urgencias y socio-sanitario), de esa forma se podría trabajar coordinadamente estableciendo procesos por enfermedades y casos. En cambio, la lógica privatizadora va en sentido opuesto.

Es una evidencia que los sistemas de sanidad públicos ofrecen resultados mejores que otros modelos. Nadie cuestiona que el sistema sanitario público debe mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico) y es encomiable el esfuerzo que están llevando a cabo los profesionales y trabajadores del sector para mantener los niveles de calidad logrados, pero así no se puede seguir indefinidamente. El Sistema Nacional de Salud necesita una regeneración en la gestión pública de los centros sanitarios y unidades clínicas. Pero eso no ha de ser óbice para que la atención sanitaria siga siendo un derecho universal, más allá de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo puedan utilizar aquellos “clientes” que la puedan pagar.

Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 26/03/13