Habría que partir de la idea de que aquello a lo que hoy llamamos España se puede redefinir políticamente de cuatro modos diferentes que serían: un Estado centralista que por razones obvias tendría un recorrido muy corto. Un Estado federal asimétrico como habían pensado personajes como Ernest Lluch o Pasqual Maragall, pero que en un país como el nuestro generaría más conflictos que ventajas, puesto que relaciones de tú a tú entre cada una de las CCAA y el Gobierno central de forma constante no hay Estado que lo resista. Otra posibilidad sería un Estado federal simétrico que, de hecho, tiene su núcleo duro en el Estado autonómico actual. O bien, varios Estados independientes, con varios sistema jurídicos, en lo que hoy es un solo Estado.
A poco que hagamos el análisis con un mínimo de rigor, veremos que las opciones primera y segunda no se sostienen y la cuarta, por razones tan elementales como la no permanencia en la UE, cuestiones relacionales, soportes de otros países, etcétera es inviable, por tanto, queda como opción más razonable la tercera es decir Estado federal
Es verdad que desde el siglo XIX la asignatura pendiente de España es la estructura territorial de Estado. La fórmula utilizada en la Transición creando el Estado de las Autonomías ha dado a lo largo de más de treinta años buenos resultados. Además, otorgó protagonismo a los Gobiernos central, autónomos y partidos políticos; permitió diversos ritmos y niveles de autogobierno, en función de las aspiraciones y capacidades de cada cual. No obstante, esta inicial virtud ha generado, también, importantes problemas y las mismas razones de su éxito original se han convertido en fuente de conflictos casi inagotable.
Ciertamente, a lo largo de estos años en el funcionamiento del Estado autonómico han surgido anomalías que podríamos sintetizar en tres ámbitos. En primer lugar, la confusión que supone el federalismo como sistema de política democrática. España es, de hecho, el único país del mundo en el que para una buena parte de la ciudadanía, la federación no implica la construcción de una unión federal, sino el enfrentamiento y la fractura del Estado. Sin embargo, alguna virtualidad política tendrá el federalismo cuando más del 55% de la población mundial (65% del PIB global), vive bajo normas de corte federal.
En segundo lugar, algo se habrá hecho mal ya que los españoles no nos sentimos ciudadanos integrantes de un sistema que ha llegado a ser de hecho —con virtudes y defectos— un sistema político federal. La federalización del Estado de las Autonomías es innegable, y así lo entienden los investigadores más conspicuos de la materia, ya que posee el núcleo esencial de toda federación: niveles importantes de autogobierno y gobierno compartido garantizados constitucionalmente.
En tercer lugar, la ambigüedad, tan burdamente utilizada por algunos ha impedido al ciudadano de a pie acabar de entender el funcionamiento del sistema. Además, la cicatería de determinados dirigentes políticos nos ha hecho enredarnos en un marasmo de debates estériles, y carecer de un proyecto de futuro que, basándose en un análisis riguroso de los principales problemas, señale un horizonte de reformas preciso y contrastado en otros países federales.
El concepto federal de democracia sustituye la idea piramidal del poder político —“mandar y controlar”— por otra bien diferente: horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas (federadas). Asimismo, el federalismo postula la construcción de un Estado de Estados, o lo que es igual: la articulación de autogobierno y gobierno compartido. Esto es: un equilibrio negociado y respetado que armoniza la autonomía política de las partes con la inclusión participativa en una voluntad común. De hecho, implica unidad en la diversidad, ya sea cultural o nacional. Además, defiende abiertamente la convivencia de varias naciones en el seno del mismo sistema. Es un proyecto basado en la tolerancia, la lealtad, la confianza y respeto mutuo. Se trata de superar las esencias nacionales. De igual modo, el federalismo postula, como eje central de su modelo, la igualdad y la solidaridad interterritorial.
Estudios solventes ponen de manifiesto que en España la igualdad no se ha visto dañada por la diversidad cultural y política, y que las distancias entre los diferentes niveles de bienestar entre CCAA ha disminuido. Pero como sostiene el catedrático en Ciencia política de la Universidad de Santiago de Compostela Ramón Máiz: “es verdad que con un coste y esfuerzo fiscal muy mal repartidos. Así pues, se propone una igualdad compleja, ajena a la uniformidad, en razón del autogobierno y experimentación que defiende, pero que sitúa en la base del proyecto común la cohesión territorial a partir de algunos postulados básicos: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia y proporcionalidad (ordinalidad)”.
Que nadie se equivoque, el federalismo no es la panacea, sino un programa que defiende una cultura política, principios y valores propios. Es también, un eficacísimo diseño institucional muy adaptable a contextos cambiantes. Puede ser la opción más útil para encontrar un horizonte válido para una gran mayoría de ciudadanos de este país. Ciertamente, se debería modificar la Constitución y para ello se necesita una mayoría política que de momento no existe. Pero de hecho, es la única vía que nos queda, ya que la vía a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.
Podrá argumentarse que, dado el contexto de crisis económica que estamos padeciendo, existen otras prioridades. Todo lo contrario: es el momento idóneo para afrontar las reformas necesarias que nos garanticen un marco de convivencia, estable y duradero. De no hacerlo, llegará el día en que lamentaremos no haberlo hecho cuando estuvimos a tiempo.
Bernardo Fernández
Publicado en La Voz de Barcelona 13/03/13
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