31 de juliol 2012

LA FRUSTRACIÓN GARANTIZADA

Desde que Artur Mas tomó posesión como Presidente de la Generalitat, en diciembre de 2010, su equipo y él se han dedicado, casi obsesivamente, a reducir gastos por la vía de recortar servicios. Hospitales con plantas y quirófanos cerrados, ambulatorios funcionando a medio gas, servicios sociales bajo mínimos, retrasos de más de un año en el pago de las facturas a las farmacias, funcionarios con los sueldos recortados y sin pagas extras, son entre otros el decorado habitual de la sociedad catalana en estos momentos.


Pues bien, es evidente que esta situación está generando un fuerte mal estar que de forma progresiva se está trasladando a la calle, de momento de forma tranquila e incluso un tanto festiva. Ahora bien, no es descabellado pensar que a medida que pasen los días y las condiciones de vida se endurezcan, las cosas evolucionen y no para bien precisamente.

Tal vez por eso, los dirigentes de Convergencia i Unió (CiU) en previsión de lo que pudiera suceder, pusieron en su programa electoral de 2010, como tema estrella, la consecución de un pacto fiscal equiparable en funcionamiento y rendimiento económico al concierto vasco o navarro. De hecho, desde entonces éste ha sido el leitmotiv de todas las acciones y las intervenciones del Gobierno de la Generalitat y de forma muy especial de su presidente.

Según encuestas realizadas por la propia Generalitat, el 82% de la población catalana quiere el pacto y más del 45% está por la Independencia. De todos modos, curiosas encuestas éstas, no se les ha ocurrido preguntar sobre lo que piensan los ciudadanos de los recortes o la corrupción, pongamos por caso. Sea como fuere, las cifras que dan estos sondeos han envalentonado a la federación nacionalista y de ahí que, después de marear la perdiz durante más de un año y medio, se convocara un pleno del Parlamento autonómico para tratar el tema el pasado 25 de julio.

Un pleno que, casualidades de la vida, se llevó a cabo el mismo día que Cataluña hacía pública su petición de rescate al Gobierno central, acudiendo a buscar financiación al fondo de liquidez autonómico (FLA) para evitar el impago a proveedores, centros concertados y empleados públicos. Sin duda una acción de una gran coherencia política, ya que mientras se pide ayuda a papá Estado, para que nos eche una mano y no nos deje en la estacada, los dirigentes políticos del país con el presidente a la cabeza, aprueban iniciar el camino hacia lo que ellos mismos denominan “estación intermedia” para alcanzar “la plena soberanía” de Cataluña. “Cosas veredes mio Cid” que diría un clásico.

En el mencionado pleno, Artur Mas hizo hincapié en que la nueva financiación era un objetivo “de país” y aseguró que sería “la solución a todas nuestras necesidades”. La propuesta salió adelante con los votos de CiU, ERC e ICV. Ni los socialistas ni el partido popular votaron a favor del nuevo sistema. Mientras el PSC se mantenía en una ambigüedad calculada, el PP votó en contra por considerar que este pacto fiscal va contra España y augura un “choque de trenes”. Pintan bastos para Artur Mas y sus aspiraciones soberanistas. La negociación que deberá mantener con el Gobierno central más que difícil será imposible; además, ni tan siquiera podrá contar con el soporte de los dos grandes partidos del Congreso.

La propuesta aprobada por el Parlamento catalán pivota en cuatro puntos básicos:

Hacienda propia: La Agencia Tributaria de Cataluña será la única Administración responsable que asumirá la gestión completa todos los tributos soportados en Cataluña.

Competencias: Esta agencia tendrá plena capacidad y atribuciones para decidir, organizar y ejecutar sus funciones.

Política fiscal: La Generalitat tendrá plena capacidad y responsabilidad para decidir sobre todos y cada uno de los impuestos, asegurando el principio de progresividad fiscal.

La aportación catalana: la Generalitat pagará al Estado las competencias o los servicios comunes que afecten a Cataluña y en concepto de cooperación interterritorial la aportación se acordará bilateralmente y se revisará cada cinco años.

Considero que después de leer este núcleo vertebrador del pacto fiscal huelgan los comentarios.

Ahora bien, no nos conviene olvidar que, entre otras cosas, la política es el arte de lo posible. Así pues, no nos debería extrañar que tras el intento de negociación venga el portazo correspondiente… y otra decepción, una más. Es lo que sucede cuando los pueblos se dejan gobernar por incompetentes, entonces la frustración está garantizada.



Bernardo Fernández

Publicado en la Voz de Barcelona 30/07/12

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