CADA COSA EN SU LUGAR

INTRODUCCIÓN

La Constitución de 1978 generó un cambio drástico en el sistema político de España. Ésta, en contraposición al régimen franquista reconoce amplios derechos y libertades a los ciudadanos, establece un sistema democrático basado en instituciones representativas y de participación; a la vez que deja la orientación de las instituciones de gobierno en manos de la voluntad de la mayoría expresada en las urnas. La Constitución configura un Estado democrático y social mediante mecanismos de una cierta complejidad. Se mantiene la monarquía, si bien de carácter parlamentario, trasladando toda su capacidad de decisión a las Cortes y al Gobierno. De esta forma, el rey pasa a ser una figura simbólica y de forma simultánea otorga un gran poder al presidente del gobierno y establece un Tribunal Constitucional que es el responsable de controlar las leyes y que, a su vez, proporciona la máxima garantía a los derechos fundamentales.

De hecho, muchos pensábamos que esta Constitución había logrado resolver los grandes problemas de España o cuando menos se estaba en proceso para ello. En efecto, el llamado “problema catalán” fue uno de los grandes escollos políticos a lo largo del pasado siglo XX. En la época de la Transición se dedicaron no pocos esfuerzos a solucionar éste y otros asuntos que hundían sus raíces en las heridas abiertas por la Guerra Civil primero y la Dictadura después. Se llegó a un acuerdo político no escrito mediante el cual y a pesar de muy diversos factores se iba avanzando con ritmos sincopados hacia una descentralización cada vez más evidente, y en muchos casos no sólo equiparable, sino incluso superior, a la de otros países con una tradición democrática infinitamente superior a la nuestra.

Reconocer esta realidad, no obsta para que un pueblo tenga legítimas aspiraciones de más autogobierno. Pues bien, eso es lo que ha sucedido en Cataluña. El Estatuto de 1979 sirvió el tiempo que sirvió y la sociedad evolucionó, pero la norma se quedó intacta, por eso se hacía preciso reformarla, actualizarla y ponerla al día. Poner el Estatuto de Autonomía al día y actualizarlo, no en contra de nadie, no como un privilegio para ahondar en las desigualdades, no. No era esa la intención ni la finalidad. Cataluña necesitaba un nuevo Estatuto para poder expresar con claridad su propia identidad. Por otra parte, una identidad que nadie ha podido negar con argumentos racionales.

Cuando se hicieron la Constitución, y el Estatuto la sociedad española, especialmente aquellos que luchaban por la libertad y la democracia, respetaban a Cataluña y ese germen es el que hizo posible el pacto no escrito y como consecuencia se hizo posible el advenimiento de la libertad y todo lo que ésta trae aparejado. Ahora, después de más de 30 años que se podrían resumir como 30 años de éxitos indiscutibles, todo eso podría echarse por la borda. La situación ha cambiado de forma radical. Y a ese cambio, a peor, han contribuido la práctica totalidad de los políticos –de hecho estamos ante la historia de un desencuentro- pero quien tiene más responsabilidad en estos momentos, son aquellos que, tras perder la votación sobre el Estatuto tanto en las Cámaras como en el referendo, decidieron recurrirlo al Constitucional. Y no contentos con eso, utilizaron cuantas artimañas estuvieron a su alcance para bloquear su renovación y después ejercieron presiones para obtener una sentencia conforme a sus intereses. Tampoco deja de ser paradójica la posición de aquellos que, habiéndose autoexcluido del consenso estatutario, se erigieron después como los máximos defensores de la norma. Pero para hablar de ellos y analizar su actitud ocasiones habrá.

A día de hoy la asignatura pendiente de este país es la estructura territorial de Estado. No cabe duda que la fórmula utilizada en la transición creando el Estado de las Autonomías ha dado a lo largo de treinta años unos magníficos resultados, pero es un proceso que, por su propia dinámica, debería culminar en una estructura política federal. No obstante, una mayoría de españoles no ha asumido que el Estado de las Autonomías es el núcleo de un Estado Federal. Hay quien entiende un gobierno autonómico como una gran diputación, y eso no es así. Por su parte, los nacionalistas catalanes utilizan una cierta cicatería para ocultar sus aspiraciones independentistas. Y en el fondo lo que sucede es que los federalistas escasean aquí y allí. Y muchos cuando hablan de federalismo están pensando en una relación bilateral Cataluña/España.

A su vez, mayoritariamente en España se rechaza que Cataluña sea una nación con una historia propia y voluntad de proyectarla, de la misma manera que aquí no se admite a España como nación, por eso, el uso y abuso del término Estado español. La consecuencia es el conflicto histórico en el que estamos enrocados desde hace demasiado tiempo. Así las cosas unos y otros deberíamos tener el coraje necesario para desarrollar el estado autonómico por la vía federal y también desde Cataluña deberíamos ser capaces de concretar y clarificar nuestra propuesta.


REFERENCIA HISTÓRICA

Desde principios del siglo XX hasta nuestros días las reivindicaciones catalanes, por lograr más y mejores cotas de autogobierno y reconocimiento, han sido una constante en la historia política de España. Ahora, tras el fallo del Tribunal Constitucional hecho público el pasado mes de julio es especialmente apropiado hacer un breve recorrido por la historia para recordar y ver con una cierta perspectiva un largo proceso de desencuentros y anhelos frustrados.

El primer proyecto de Estatuto para Cataluña presentado a las Cortes Españolas fue impulsado por la Liga Regionalista auspiciada por Francesc Cambó y era, básicamente, una propuesta regeneracionista que no pretendía otra cosa que una reforma del Estado que permitiera la modernización del mismo y la actualización del concepto de nación española. La propuesta naufragó en la Cámara de la carrera de San Gerónimo en el año 1919. Más tarde, con el advenimiento de la República el 14 de abril de 1931 Francesc Maciá, de forma unilateral, proclama la República Catalana. Sin duda, eran días de efervescencia política. No obstante y a pesar de la posición de fuerza que le otorgaban los hechos consumados y la época convulsa en que se vivía Macià aceptó tornar al pacto hispánico, a cambio de que el nuevo orden político español adquiriera un aire ferderalizante. Con este paisaje de fondo, en el mes de agosto de 1931 el pueblo de Cataluña aprobaba en referendo un estatuto que poco tiempo después era sustancialmente rebajado en las Cortes, quedando así como “un estatuto de un régimen autonómico regional dentro de un Estado integral”: Nada que ver, por tanto, con el Estado federal que había facilitado el entente previo al trámite de elaboración y posterior aprobación. Sin embargo, la clase dirigente catalana, de aquel entonces, demostró sensatez y cordura al anteponer cualquier aspiración autonomista la necesidad de estabilizar y consolidar el sistema republicano.

Después, hubieron de pasar casi 40 años de negra noche de dictadura para iniciar un nuevo proceso de cambio, que en esta ocasión fue fruto de un pacto y no de una ruptura y habría de dar origen a una Constitución que sería el germen que había de hacer posible un Estado fuertemente descentralizado generando un régimen autonómico que en Cataluña se materializó con el Estatuto de 1979.

Esa Constitución, fue interpretada por muchos como un punto de partida que dejaba atrás la dictadura y era el embrión para futuras reformas que podrían desembocar en un Estado federal. Para otros, sin embargo, esa misma Constitución era principio y fin de un determinado viaje, es decir, las reformas y la descentralización empezaban y acababan en el mismo lugar, en consecuencia los gobiernos autonómicos no podían ser otra cosa que grandes diputaciones con escaso o nulo contenido político. Y ahí, en esas dos maneras distintas de interpretar un mismo texto es donde nos hemos embarrancado.

Por eso se explica que con la aparición en escena del candidato del PSOE Rodríguez Zapatero, portador de un talante, hasta entonces casi inédito en la política española, unido a la victoria de las izquierdas en las autonómicas catalanas se decidiera hacer un nuevo estatuto que diera cobijo a las legítimas aspiraciones de los progresistas de Cataluña.

Ese nuevo Estatuto vio la luz el 30 de septiembre de 2005 en el Parlament de Cataluña, después de un largo proceso de elaboración, no exento de desencuentros tropiezos, amenazas, disputas y un largo etcétera de “incidentes políticos”. No obstante, y eso es lo que cuenta, salió adelante un texto con la aprobación de más del 90% de la cámara. El mismo fue presentado en el Congreso de los Diputados y allí, fue notablemente recortado para que fuera “plenamente constitucional”, a pesar de lo cual siguió contando con el voto en contra del PP, como había sucedido en el Parc de la Ciutadella, pero, en esa ocasión, al voto en contra se añadió la abstención de ERC. Sin embargo, el 18 de junio el pueblo de Cataluña consultado en referendo daba un soporte masivo al mencionado Estatuto, si bien es cierto que con una participación que no alcanzó el 50%.

Fue entonces cuando el Partido Popular, incapaz de conseguir por las vías parlamentarías sus objetivos, descubrió el filón que para ellos suponía el enfrentamiento de España con Cataluña. Y para redondear la faena llevó casi 130 artículos del texto al Tribunal Constitucional, sobre los que se ha pronunciado el Tribunal y cuyo pronunciamiento, es en buena medida, el origen del marasmo en que estamos inmersos.


SITUACIÓN ACTUAL

Todo lo escrito más arriba, con ser rigurosamente cierto, no nos debería hacer perder de vista la realidad en que vivimos. Y la realidad es que en las últimas décadas la tendencia hacia la descentralización en España ha sido una constante, y hoy vivimos en uno de los países más descentralizados de la OCDE. Por delante sólo tenemos Canadá y Dinamarca. Y este último que es un país pequeño, si bien es verdad que con unos niveles de vida envidiables, en el que las administraciones locales gestionan la mayor parte del gasto público. Hemos de ser conscientes, y, por honestidad y decencia política, todo el mundo debería admitir que la constitución del 1978 ha hecho posible el periodo más largo de democracia, paz y prosperidad que en España ha existido jamás. Pero es que además, en ese espacio de tiempo se ha llevado a cabo un rápido proceso descentralizador del estado que nos ha colocado, cierto que con carencias, entre los países más descentralizados del mundo. Así por ejemplo, es bueno saber que los landers alemanes no tienen la capacidad legislativa que tienen los parlamentos autonómicos en nuestro país, y justo es reconocer, también, que nunca en la historia Cataluña había gozado de tanta autogobierno como ahora.

Y es en este contexto, y no en otro, donde hay que inscribir el Estatuto antes de su paso por el Constitucional; en una ambición legítima por ampliar unas cotas de autogobierno ya amplias de por si. Hacer otra lectura, es falsear la verdad, defraudar las intenciones de aquellos que lo votaron y lo defendieron en las diferentes cámaras y después en el referendo y puede ser, también, una manera de defender intereses espurios de aquellos que se saben incapaces de lograr sus objetivos por las autopistas de la democracia que desembocan en las urnas y optan por intentarlo a través de las trochas torticeras de la confrontación, la triquiñuela y el juego sucio.

A día de hoy, hemos logrado, por más de treinta años ya, vivir en paz y libertad sin renunciar a nuestras señas de identidad y, además, afianzándolas cada día más. Es importante que sepamos que el tiempo vivido hasta ahora, no es un paréntesis en la historia de nuestro país. Al contrario, ha de ser, puede ser, el inicio de un tiempo nuevo y la Constitución de 1978 ha de ser el punto de llegada y, a su vez, el punto de partida. España es una realidad diversa en términos políticos y culturales, compuesta por identidades de origen distinto a la que a algunos nos gusta llamar nación. Y todo eso se escapa, necesariamente, a los preceptos legales y jurídicos, porque aquí entran en juego intangibles como los sentimientos, ya sean identitarios o de pertenencia y, también, las emociones. Y, no cabe duda que para conjugar toda esa amalgama de productos se precisa perseverancia, constancia, determinación e inmensas dosis de paciencia unidas a voluntad de entendimiento.



LA SENTENCIA

Han sido necesarios 881 folios para argumentar jurídicamente aquello que es inargumentable en términos políticos, la sentencia. Una sentencia, no cabe duda, de una gran complejidad jurídica y que viene a plasmar cuatro años de debate, en ocasiones muy vivos de los integrantes del Constitucional.

De hecho, el Estatuto está compuesto por 223 artículos de los que el PP recurrió 128 y el Tribunal ha considerado 14 tachas de inconstitucionalidad y 27 preceptos que deben ser reinterpretados, en consecuencia el pronunciamiento no deja de ser un revés para los populares. Por tanto, no les falta sus dosis de razón a aquellos que sostienen que el 95% del Estatuto es constitucional. Ahora bien, la lectura restrictiva y poco acorde con el espíritu aperturista de la Constitución de 1978 unido al carácter de interinidad del tribunal, por caduco y diezmado, no han hecho sino que echar leña al fuego de la ya de por si hoguera, que es la política catalana.

Como puntos clave de la mencionada sentencia podríamos citar los siguientes:

Símbolos nacionales. Los términos “nación” y “símbolos nacionales” pueden usarse en sentido ideológico, histórico o cultural, pero no en sentido jurídico y/o constitucional.

Derechos históricos. El autogobierno catalán no está basado en unos supuestos derechos anteriores a la Constitución. En cambio si se le reconocen derechos históricos a Euskadi y Navarra en nuestra Carta Magna.

Relaciones bilaterales. La relación entre el Estado central y la Generalitat no se puede entender en un plano de igualdad. El Estado siempre ha de estar por encima de las CCAA

Lengua y educación. Se abre la puerta a que el castellano, lengua cooficial, pueda ser también lengua vehicular en la enseñanza.

Financiación autonómica. Queda invalidado el principio de nivelación, si bien a la hora de la verdad este precepto no se traducirá en cuestiones prácticas.

Justicia. Según esta sentencia la justicia no es descentralizable, por ello el único órgano de gobierno del Poder Judicial es el CGPJ.

Competencias. Será el Estado quien decida el rango de las normas para regular las responsabilidades compartidas.

Ante la complejidad de la sentencia y la situación de indefensión creada por la misma, el Govern de la Generalitat solicitó de un grupo de juristas, expertos constitucionalistas, un informe que clarificara conceptos e interpretara el fallo. Este comité estuvo coordinado por la secretaria del Govern Laia Bonet y además de los juristas, formaron parte del mismo, miembros de los partidos que defienden el Estatuto. El grupo de expertos concluyó sus análisis según los cuales se desprende que el Tribunal Constitucional interpreta el Estatuto como un intento de una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, de imponer obligaciones al Estado.


PRESPECTIVAS

No cabe duda que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña nos sitúa en un final de etapa. A buen seguro, los historiadores, cuando les toque el turno, hablaran de un antes y un después de la sentencia. El antes ya lo conocemos y el después es cuando menos incierto y a priori poco o nada halagüeño. Ahí están a modo de ejemplo los sondeos de opinión realizados sobre el particular, los resultados son palmarios: el 70% rechaza la sentencia. La consecuencia es evidente y sólo los obstinados o negacionistas se pueden empeñar en no verla. La mayoría de la ciudadanía catalana entiende como un ataque la sentencia del Constitucional. Por eso no nos ha de extrañar que ante un hipotético referéndum sobre la independencia de Cataluña, por primera vez, un 47% votaría a favor. Recordemos que en octubre de 2007 esa cifra no llegaba al 30% de los preguntados, por tanto el aumento de las personas dispuestas a votar afirmativamente es exponencial.

Con esta sentencia sobre la mesa los estatutos -todos-, pierden su “rango constitucionalista” y quedan equiparados cunado no sometidos a las leyes orgánicas e incluso a las ordinarias del Estado. De esta forma, retrocedemos de un estado autonómico a un estilo más propio de un estado regional. En consecuencia, el encaje de Cataluña en el sistema político español utilizando el marco constitucional queda, cuando menos, en entredicho, y eso es así porque, no tan sólo con esta sentencia las aspiraciones federalistas quedan prácticamente dilapidadas, es que, además, los caminos legales, de golpe se han vuelto más estrechos.

Pero, es que llegados a este punto hay que hacerse unas cuantas preguntas sobre las perspectivas que se abren o cierran, según los casos, con este pronunciamiento: ¿Puede en el tiempo que queda de legislatura (al menos teórico) acometerse una reforma de leyes, orgánicas y ordinarias, para restaurar la integridad del Estatuto? ¿Parece razonable pensar que se va a producir un cambio de criterio en la sociedad española y, sobre todo en los partidos políticos mayoritarios que haga posible una reforma constitucional que permita en más amplio desarrollo estatutario o un proceso federalizante?

Evidentemente estás respuestas parece que tienen unas repuestas poco o nada positivas para aquellos que habían depositado en este Estatuto buena parte de sus esperanzas de lograr para los próximos veinticinco o treinta años un buen encaje entre Cataluña y España. Y otra cosa también es evidente y es que más allá de las coyunturas políticas de cada momento y en cada lugar entraremos en una etapa de inestabilidad jurídica y recelos institucionales. El carácter interpretativo de una parte consustancial de la sentencia producirá en la práctica nuevos y considerables conflictos de legitimidad constitucional


EPÍLOGO

Sin contradecir un ápice todo lo escrito hasta el presente, es de justicia admitir que la historia de la España de las autonomías, es la historia de un éxito. Nunca en nuestro país habíamos gozado durante tanto tiempo de paz, libertad y progreso económico como en esta época y nadie podrá decir, tampoco, que eso no sea fruto de la Constitución y de los Estatutos. Como ya hemos dicho con anterioridad. Cataluña es, a día de hoy, una de las naciones sin Estado con mayor autogobierno de toda la OCDE. Ahora bien, eso, de ningún modo, quiere decir que nos hayamos de conformar, al contrario, si hemos llegado hasta aquí y nos ha ido bien, queremos seguir avanzando por la misma vía y en la misma dirección

No cabe duda que la complejidad es una de las características de las sociedades postmodernas, y como tal Cataluña no es una excepción. Si pudiéramos ver nuestro país desde una hipotética vista de pájaro virtual, veríamos algo parecido a un tapiz con una trama muy densa y un colorido muy diverso, no exento de contradicciones. La sociedad catalana, más allá de coyunturas concretas generadas por la crisis, es una sociedad satisfecha de si misma, algo narcisista y no menos hedonista. Es, también entre otras muchas cosas, gente abierta y tolerante a la vez, celosa de sus cosas y sus tradiciones. Aquí los valores identitarios tienen un arraigo especial. También es verdad que el victimismo, de un tiempo para acá se ha convertido en uno de los rasgos predominantes de la sociedad catalana. Victimismo que puede ser tanto político, como lingüístico, como fiscal. No es menos cierto que durante décadas Cataluña ha ido por delante de España, prácticamente en todos los campos y en consecuencia los catalanes se sentían y eran reconocidos como más cultos y la sociedad catalana más desarrollada que la española y aquí nos podíamos equiparar con Europa, pero hete aquí que en unos años eso ha cambiado y en algunos terrenos y en algunos ámbitos hemos perdido la hegemonía con respecto a España.

Con este panorama de fondo y a pesar de la crisis y otras cuestiones no menos relevantes, -como pueden ser el caso Palau o el caso Pretoria- se puede argumentar con relativa facilidad que nunca se ha vivido en Cataluña mejor que ahora. Ahora bien, en un país con más de 7 millones de ciudadanos es lógico que existan un sinfín de matices en todos y cada uno de los ámbitos en que se desenvuelve la actividad humana. Por eso, no ha de extrañar que la sentencia del Estatuto no haya afectado por igual en todos los sectores de la sociedad. Otra cosa es que sea aquella parte de la sociedad civil la que se haya sentido más afectada o perjudicada la que en esta ocasión se ha postulado como las más bullanguera, precisamente por eso, algunos políticos deberían ser más prudentes cuando hablan en nombre de Cataluña, ésta no es unívoca, al contrario, es plural y de orígenes muy diversos y cada vez más y en consecuencia con objetivos y anhelos de muy diversa índole.

Pues bien, en este contexto es donde los líderes políticos y sociales han de tomar la decisión de cual es el camino a seguir, y aquí según mi criterio hay tres opciones, o bien nos resignamos y optamos por el inmovilismo, iniciamos el camino de la independencia o decidimos continuar perseverando por la senda de la legalidad vigente con el federalismos como meta a alcanzar.

Pienso que todavía somos mayoría los que creemos que existe un itinerario compartido, pero necesitamos que nos lleguen mensajes nítidos desde la otra orilla del río. A veces uno tiene la sensación que la izquierda federal ha desaparecido en España Este trayecto no lo podemos hacer solos y además con la soledad se pierden acompañantes. Necesitamos saber que el federalismo es posible y que, además, no caminamos solos. De lo contrario el conflicto está servido. Alguien tiene que reverdecer el coraje político que en su día demostraron personajes como Adolfo Suárez o el propio Rey Juan Carlos al restablecer la Generalitat con el retorno de Joseph Tarradellas en una España todavía preconstitucional.


Cierto que la realidad evoluciona de forma permanente y el panorama no es nada estimulante, pero si aquellos que están por el pacto cejan en su empeño y dimiten de su responsabilidad de sumar y no restar nos tocará vivir un tiempo marcado por la incerteza y el enfrentamiento, que a corto o medio plazo nos llevaría a la fractura de la sociedad civil, y eso nosotros no lo queremos y en la medida de nuestra posibilidades no lo consentiremos.

Bernardo Fernández
Publicado en ESCRITS Nº 30 Primavera/estiu 2011