DILEMA ÉTICO

José Ricardo de Prada, es juez miembro de la Audiencia Nacional (AN) designado como magistrado-presidente del tribunal, que ha de juzgar a la familia Pujol. El día de la apertura de la vista oral decidió que el expresident, a pesar de su deterioro cognitivo, afronte el juicio desde su domicilio, aunque puede ser apartado de la causa si empeora su estado de salud. Y eso, me planeta un serio dilema ético.

Por una parte, lamento profundamente que un nonagenario que, según diversos informes médicos, tiene mermada su capacidad intelectual, deba someterse al escrutinio de un tribunal de la AN.

Por otra, sin embargo, como ciudadano comprometido con la sociedad en que vivo, quiero y necesito saber cuan honesta fue o dejo de ser la acción de los diversos gobiernos constituidos bajo el mando, casi omnímodo, del gran patriarca de la Cataluña del último cuarto del siglo XX y, para alcanzar esa verdad, es imprescindible la participación del protagonista de esa larga y complejísima historia: Jordi Pujol i Soley.   

De hecho, la maquinaría judicial la puso en marcha la AN al practicar diligencias para investigar las posibles trapacerías de los Pujol a raíz de unas declaraciones realizadas en diciembre de 2012, por Victoria Álvarez, que fue amante del primogénito del clan: Jordi Pujol Ferrusola.  Álvarez explicó que había visto como el joven Pujol movía importantes sumas de dinero en efectivo entre Cataluña y Andorra.

Un tiempo después, el 25 de julio de 2014, Jordi Pujol hizo público que, durante más de tres décadas, había mantenido en el extranjero una gran suma de dinero sin regularizar que era la herencia que le había dejado su padre, Florenci Pujol, algo que, más allá de su entorno, casi nadie creyó.

De todas maneras, quién primero puso el dedo en la llaga fue Pasqual Maragall cuando en un pleno del Parlament en el mes de febrero de 2005 le dijo a Artur Mas aquella frase que acabaría haciéndose famosa: Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%". (Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%), el desenlace de aquella escena es recordado por todos: gran enojo de los convergentes, amenazas de hacer descarrilar la legislatura y abandono de la comisión que estaba redactando el nuevo Estatut, con lo que el proyecto estrella del maragallismo hubiese embarrancado; por lo que se retiró la querella y, aunque las aguas volvieron a su cauce, la onda expansiva de la declaración hizo que el oasis catalán se convirtiese en algo muy parecido a una ciénaga que ya nunca recuperaría la calma que había gozado con el pujolismo en el poder y así se acabó quebrando el statu quo establecido, hasta llegar a la implosión del partido fundado por Jordi Pujol en 1974, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), unos años después, taladrada por la corrupción hasta el tuétano.

Resulta evidente que, utilizando las posibilidades que da el poder, CDC fue utilizada como una herramienta para trapicheos y corruptelas de todo tipo. Desde cobrar mordidas a cambio de adjudicador de obra pública, el medrar de muchos cargos intermedios cambalacheando al borde de la legalidad, hasta el enriquecimiento personal de no pocos altos dirigentes.

A estas alturas, nadie con un mínimo de objetividad puede negar que en CDC hicieron de la corrupción su divisa. Eso es algo que lo han acreditado los tribunales de justicia con sendas sentencias en casos como el del 3% el caso Palau o las ITV, pero también en otros como en el affaire BIMSA, el Consorci d'Educació de Barcelona, ​​las mordidas del túnel de las Glorias o los chanchullos teledirigidos desde la presidencia del puerto de la ciudad; además de otros asuntos que siguen esperando turno en alguna carpeta, casi olvidada, en los estantes de cualquier juzgado.

Una idea de esa realidad tan compleja como poco virtuosa, nos la puede dar el volumen de gente implicada en la causa: una vez que los empresarios se sentarán con los Pujol en el banquillo y está previsto que declaren más de 250 testigos. Por todo lo explicado no resulta creíble que el gran patrón que fue Jordi Pujol no estuviese al corriente de los tejemanejes que desde sus ejecutivos se organizaban y tenían como elemento transmisor y/o receptor el partido que él fundó. La cuestión está en saber si de todas esas mordidas y comisiones el clan Pujol se llevaba una parte y/o como movían los hilos.

Es cierto que el juicio llega después de una inacabable instrucción del caso que empezó después de la confesión de Pujol hace ya más de 11 años. Aunque justo es decir que esa tardanza no es solo atribuible a la lentitud de nuestra justicia; También han tenido que ver, y mucho, las maniobras dilatorias de los Pujol que han utilizado todos los instrumentos a su alcance para prolongar el tiempo dedicado a retirar posible documentación sensible ajena a la causa que constaba en el sumario.

Este litigio tiene todo el sentido si con él se clarifican responsabilidades y se nos dan a conocer los entresijos de una manera muy particular de ejercer el poder del que fue el gran patriarca de la Cataluña democrática: Jordi Pujol. Se equivocan aquellos que creen ver en este juicio de revanchismo político o una oportunidad para ajustar cuentas. Nada más lejos de la realidad.

Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, esta frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador Séneca, tiene hoy más vigencia que nunca. No seré yo quien ponga en tela de juicio el acierto de la sentencia del gran filósofo cordobés, pero la verdad siempre es reparadora y, en esta ocasión, además, una necesidad democrática. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 01/12/2025