La reforma del Sistema Público de Pensiones será uno de los grandes asuntos de debate este próximo otoño. Admitiendo como punto de partida que la reforma es necesaria, cabe esperar que ésta se haga desde la responsabilidad, con el consenso más amplio posible y preservando la paz social que bastante vapuleada anda ya la clase trabajadora como para poner las cosas más difíciles de lo que ya lo están.
El sentido común nos dice que las reformas, para ser legítimas, deben estar basadas en la justicia. Eso significa que, en el tema que nos ocupa, hay que repartir las cargas de forma equitativa entre jóvenes y gente mayor. Hasta aquí no hay serias discrepancias. La cosa se complica cuando se constata que los ricos viven más tiempo que los pobres; ahí, se originan grandes desigualdades entre jubilados de una misma generación. La esperanza de vida es más corta en la medida en que la renta es menor. Son los trabajadores con las vidas más cortas los que financian las pensiones de rentas mayores, es decir, de los que viven más años.
Sería una temeridad no considerar estudios de epidemiología social que nos advierten sobre las diferencias en la esperanza de vida en base a la cualificación profesional. Por ejemplo, sabemos que un trabajador manual tiene una esperanza de vida inferior en 10 años a un trabajador cualificado no manual.
Con estos datos sobre la mesa, lo primero que habría que hacer es incrementar la edad media de jubilación (situada en los 63 años y 10 meses) reduciendo las prejubilaciones, práctica habitual en muchas grandes empresas que después declaran beneficios y que son, en sí mismas, una pérdida de capital humano. También sería interesante ofrecer incentivos -que fueran atractivos- para aquellos que quieran permanecer en el mercado de trabajo, más allá de la llegada de su edad de jubilación.
Es muy posible que trabajadores cualificados con cotizaciones elevadas quieran seguir en activo después de los 65 años, si se les ofrecen condiciones interesantes para ello. Por el contrario, cuesta creer que lo harán obreros poco o nada cualificados como paletas, fontaneros, personal de limpieza, etc.
Otra posibilidad, a tener en cuenta, sería ofrecer la jubilación parcial cuando se está llegando al final de la vida laboral. De este modo, se posibilita una transición a la jubilación poco o nada traumática. Estas son algunas de las medidas que se deberían articular como implementación del plan de reformas propuesto para incrementar la edad de jubilación. En cualquier caso, conviene no llamarse a engaño. El quid de la cuestión no es sólo el gasto previsible en concepto de pensiones -que siendo importantísimo no lo es todo- también hay que tener en cuenta el gasto social asociado, de no hacerlo así, el fracaso está asegurado.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC 25/08/2010
El sentido común nos dice que las reformas, para ser legítimas, deben estar basadas en la justicia. Eso significa que, en el tema que nos ocupa, hay que repartir las cargas de forma equitativa entre jóvenes y gente mayor. Hasta aquí no hay serias discrepancias. La cosa se complica cuando se constata que los ricos viven más tiempo que los pobres; ahí, se originan grandes desigualdades entre jubilados de una misma generación. La esperanza de vida es más corta en la medida en que la renta es menor. Son los trabajadores con las vidas más cortas los que financian las pensiones de rentas mayores, es decir, de los que viven más años.
Sería una temeridad no considerar estudios de epidemiología social que nos advierten sobre las diferencias en la esperanza de vida en base a la cualificación profesional. Por ejemplo, sabemos que un trabajador manual tiene una esperanza de vida inferior en 10 años a un trabajador cualificado no manual.
Con estos datos sobre la mesa, lo primero que habría que hacer es incrementar la edad media de jubilación (situada en los 63 años y 10 meses) reduciendo las prejubilaciones, práctica habitual en muchas grandes empresas que después declaran beneficios y que son, en sí mismas, una pérdida de capital humano. También sería interesante ofrecer incentivos -que fueran atractivos- para aquellos que quieran permanecer en el mercado de trabajo, más allá de la llegada de su edad de jubilación.
Es muy posible que trabajadores cualificados con cotizaciones elevadas quieran seguir en activo después de los 65 años, si se les ofrecen condiciones interesantes para ello. Por el contrario, cuesta creer que lo harán obreros poco o nada cualificados como paletas, fontaneros, personal de limpieza, etc.
Otra posibilidad, a tener en cuenta, sería ofrecer la jubilación parcial cuando se está llegando al final de la vida laboral. De este modo, se posibilita una transición a la jubilación poco o nada traumática. Estas son algunas de las medidas que se deberían articular como implementación del plan de reformas propuesto para incrementar la edad de jubilación. En cualquier caso, conviene no llamarse a engaño. El quid de la cuestión no es sólo el gasto previsible en concepto de pensiones -que siendo importantísimo no lo es todo- también hay que tener en cuenta el gasto social asociado, de no hacerlo así, el fracaso está asegurado.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC 25/08/2010
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