Es posible que algunos lectores consideren demasiado espantoso el título de esta columna. Yo sé mal. Pero considero que el cinismo y la hipocresía de los líderes del Partido Popular no tienen límites, y eso me irrita sobremanera.
Por desgracia, el pasado 29 de octubre, día de la trágica dana que ha costado más de dos centenares de vidas, un número todavía por concretar de desaparecidos y pérdidas económicas incalculables, la incompetencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se puso de manifiesto.
La cuestión se puede analizar desde diversos puntos de vista y, si queremos, siempre podremos encontrar atenuantes para amortiguar la desastrosa inacción del Ejecutivo valenciano. No obstante, hay un hecho nuclear que determina el gran fiasco del 29 O en Valencia: la desaparición del presidente autonómico durante casi cinco horas. Si Carlos Mazón hubiera estado en su sitio, es muy probable que se hubieran tomado medidas que, por poco sensatas que hubieran sido, con toda seguridad, hubieran atenuado la tragedia.
Desde luego, es una evidencia de que Carlos Mazón es un incompetente y no está capacitado para gobernar una comunidad autónoma, pero la mezquindad de Alberto Núñez Feijóo y todo el equipo dirigente del PP es espeluznante. Han sido ellos los que desde la calle Génova han diseñado la estrategia para descargar toda la responsabilidad de la catástrofe en la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Los españoles populares no han dudado, ni un momento, en involucrar a sus compañeros europeos del PPE para cargar en el haber de Ribera lo que es responsabilidad incuestionable del presidente autonómico. Tanto énfasis puso Feijóo en el asunto que los conservadores bloquearon la votación para designar a la ministra española como vicepresidenta para uno de los cargos de mayor poder en la UE, amenazando así la formación de la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que ha de tomar posesión el próximo 1 de diciembre.
Sin embargo, un encuentro de Pedro Sánchez con la Comisaria Europea von der Layen, la semana pasada en la cumbre del G 20 sirvió para desbloquear la situación. Cuando se negocia siempre hay que ceder en algo para lograr un objetivo mayor y eso también ha ocurrido en esta ocasión: en contrapartida a la entrada de Ribera como vicepresidenta y con amplias competencias en la Comisión, los socialdemócratas deberán tragarse algún sapo y dar su apoyo. a Raffaele Fitto, designado por la ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y, también, al candidato a otra vicepresidencia comunitaria, el húngaro Olivér Vàrhelyi, aliado del primer ministro de Hungría, el nacional populista Viktor Orbán, como comisario de Salud y Bienestar Animal. Eso era algo que el PPE ha puesto como condición sine qua non para apoyar a Ribera. Para algunos socialistas (especialmente los franceses) eso es cruzar una línea roja respecto a la ultraderecha. Y para Feijóo y sus feligreses se quedarán solos y descolgados de sus socios europeos, una prueba más de que para el PP es imposible llegar a acuerdos hasta con sus correligionarios.
Llámenme mal pensado si quieren, pero no me sorprendería nada que los populares, ante el previsible fracaso de su bloqueo a Ribera, hubieran orquestado la comparecencia de Víctor Aldama en la Audiencia Nacional y sus explosivas declaraciones denunciando mordidas de Pedro Sánchez, medio Gobierno y parte. de la cúpula socialista, aunque de momento sin pruebas, así montan una bronca más, Feijóo sugiere a los socios del Ejecutivo que apoyen una moción de censura que él encabezaría y, de paso, disimulan su soledad en Europa.
El guirigay político que originó la gestión de la dana ha hecho pasar casi inadvertido que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la base de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al PP como responsable civil subsidiario por el fraude tributario en la reforma de la sede del partido en la calle Génova de Madrid, que se pagó parcialmente con dinero de la caja B que gestionaba su tesorero Luis Bárcenas. La sentencia detallada que el PP utilizó una caja B para hacer pagos en metálico para la remodelación de su sede principal en Madrid.
Por decencia democrática no deberíamos borrar de nuestra memoria que la Audiencia Nacional emitió como resultado de las investigaciones del llamado Caso Gürtel la existencia, desde la fundación del Partido Popular en 1989, de una estructura de contabilidad paralela a lo que el propio partido informaba oficialmente. La Audiencia, en la sentencia, argumenta que el PP ayudó a establecer «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».
O dicho de otro modo, el PP ha sido el único partido en Europa que ha sido condenado por corrupción. Y es que hay cosas que no se pueden olvidar; para que luego nos quieran dar lecciones.
Bernardo Fernández
Publicado en CtalunyaPrensa 24/11/2024
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