LA REVOLUCION HOY

Una buena parte de la gente que nos consideramos de izquierdas en algún momento de nuestro trayecto político hemos considerado que la revolución podía ser el medio más adecuado para alcanzar nuestros objetivos.

Es evidente que este vocablo en su acepción más clásica lleva adherida una cierta dosis de violencia y, en consecuencia, no cabe plantearse su utilización en el siglo XXI en el mundo occidental. Ahora bien, existe otro modelo de revolución menos llamativo, menos vistoso tal vez, pero en ocasiones tan eficaz, o más, que aquellos que otrora se hicieron con cañones, pistolas y bayonetas caladas. Me estoy refiriendo al tipo de acción que se puede hacer con papel y lápiz desde los despachos y/o desde los lugares de representación popular, fundamentalmente los parlamentos.

Algo de esto es lo que está haciendo el gobierno de Rodriguez Zapatero desde hace dos años. Diversas leyes de carácter social han puesto de manifiesto con claridad la tendencia de este ejecutivo pero, si tuviéramos que escoger una iniciativa legislativa, sin ningún género de dudas esa sería: “La promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” Con este proyecto de ley el gobierno ha puesto sobre la mesa con toda claridad cual es el camino que quiere recorrer en cuestiones sociales. Esta propuesta, que pronto se convertirá en una realidad legal, tendrá la misma trascendencia que en su día tuvieron el derecho a la enseñanza gratuita o el derecho universal a las prestaciones sanitarias.

Estamos, pues, ante un cambio de trascendencia histórica. Y es que no puede ser de otra manera. La magnitud del asunto requería desde tiempo atrás tomar decisiones que por razones diversas, que ahora no vienen al caso, nadie quiso asumir.

A estas alturas del siglo XXI la atención a las necesidades de las personas en situación de dependencia es, sin duda, uno de los grandes retos en los países desarrollados a la hora de llevar a cabo políticas sociales. Hay que poner especial énfasis para que aquellas personas que dependen de otras para ejercer sus derechos de ciudadanía, y que necesitan un apoyo para desarrollar las actividades más básicas de la vida diaria, lo puedan hacer de la mejor manera posible, conforme a la sociedad del bienestar en la que estamos inscritos.

El envejecimiento de la población y la mayor tasa de supervivencia de las personas afectadas por diversas enfermedades, junto con el incremento de la accidentalidad grave, nos hacen evolucionar hacia una situación de personas con dependencia cada vez mayor.

Por otra parte, nuestra Constitución consagra el modelo de Estado social en el cual los poderes públicos deben desarrollar las políticas adecuadas para hacer frente a ese tipo de situaciones. En 1978 estas políticas se basaban en la protección sanitaria y en la seguridad social. Después de casi tres décadas, la necesidad de dar atención a las personas con dependencia es equiparable a la que entonces se tenia en el campo de la sanidad.

A día de hoy estas necesidades son cubiertas por las administraciones autonómicas y locales, y algo por la Seguridad Social. Pero esta situación resulta insuficiente. Ha llegado el momento de articular la prestación de este tipo de servicios de forma acorde a la demanda y sostenible con la implicación directa del Estado.

Se trata, en síntesis, de regular las condiciones básicas de la promoción de la autonomía personal y de la atención a las personas en situación de dependencia, desde la colaboración y participación de las diversas Administraciones Públicas, a partir de un sistema de atención integral, mediante el cual se puedan garantizar unos derechos básicos fundamentados en los principios de universalidad, equidad e igualdad.

O, dicho de otra forma, mejorar hasta donde sea posible la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso, es ni más ni menos, lo que se persigue con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que se aprobó el pasado día 5 en le Congreso de los Diputados.

Publicado en ABC 8/10/2006