LAS CUENTAS DE LA FIESTA

Decimos, y es verdad, que las elecciones son la fiesta de la democracia. Pues bien, las fiestas ocasionan gastos y los gastos, tarde o temprano, hay que pagarlos.

Después del último y larguísimo ciclo electoral: elecciones al Parlamento europeo, municipales, autonómicas y generales, los tesoreros de los partidos políticos  han de poner manos a la obra para recomponer las generalmente maltrechas finanzas de sus  formaciones. Excepto, claro está, aquellos que disponen de una caja B para financiarse, pero a eso me referiré otro día.

Si las cosas han ido bien y se ha conseguido una buena representación institucional, las deudas se enjugarán con relativa facilidad. Es el caso de ERC o Ciudadanos que, además de los recientes éxitos electorales, tienen una economía muy saneada.

Si por el contrario, las cosas han ido sólo regular, tirando a mal, como le ha sucedido al PSC, se tendrán que hacer juegos  malabares y negociar, con mucha habilidad y tacto para obtener unas condiciones que permitan amortizar deuda sin sucumbir en el empeño.

Ahora bien, como hayan pintado bastos en las urnas, como es el caso de Unió: con cero diputados –tanto en el Parlament catalán como en las Cortes españolas-  y una escasa representación de concejales, pagar sus deudas será misión poco menos que imposible.

Según un informe del Tribunal de Cuentas fechado en 2013, los demócrata-cristianos deben 17,2 millones de euros. A eso se debe sumar la deuda compartida con CDC cuando eran socios. Y éstos, aunque gobiernan la Generalitat, tienen 13 sedes embargadas, con unos resultados electorales nada brillantes, andan bastante apurados.

Históricamente en Cataluña habían sido La Caixa y el Banco de Sabadell los mayores donantes de crédito a los partidos políticos. Todo quedaba en casa. Sin embargo, desde hace un tiempo el Banco Popular se ha convertido en el máximo financiador de campañas electorales. De hecho, esa entidad dispone de un departamento especializado en esas cuestiones y un sistema específico de análisis de riesgo. Eso les permite evaluar con bastante exactitud el éxito que un partido puede lograr en unos comicios determinados. En consecuencia, el Banco otorgará un volumen de subvención acorde con las expectativas creadas.

Ahora, con unas nuevas elecciones generales en el horizonte,  algunos políticos cruzan los dedos, la fiesta puede  acabar siendo un auténtico drama. Si de ellos dependiera, preferirían que no hubieran fiestas, al menos no tantas.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 23/02/16

HACIENDA SOMOS TODOS

Esta historia arranca en un ya lejano 2007, cuando el juez  José Castro empieza a instruir la causa conocida  como caso Palma Arena, contra Jaume Matas, antiguo presidente del gobierno autonómico de las Islas Baleares. De ahí, se desprendieron más de 25 piezas separadas, una de ellas el caso Noós, en la que presuntamente existe apropiación indebida de fonos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. La determinación del juez instructor hizo que no le temblara el pulso e imputara a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina de Borbón y Grecia. Algo insólito hasta entonces por estos lares.

Pese a que se intentaron diversas argucias legales para evitar que la infanta se sentara en el banquillo, como por ejemplo el razonamiento de la abogada del Estado que sostenía que eso de qué Hacienda somos todos era tan solo un eslogan publicitario. Al final, Cristina de Borbón ha tenido que pasar por las horcas caudinas y ubicar sus reales posaderas en el banco de los presuntos culpables como cualquier mortal. Y es que, mal les sepa a algunos, Hacienda sí somos todos.

La cuestión es que  la semana pasada se puso en marcha la última fase del caso Nóos, más conocido entre la ciudadanía por el juicio de la Infanta.  La hermana del rey Felipe VI esta acusada de un delito de supuesta cooperación en dos delitos tributarios que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarín, mediante la compañía Aizoon, S.L.

El asunto no es ninguna tontería, hay una petición de 19 años y medio de cárcel para el cuñado del rey y de ocho años para su mujer, la infanta Cristina. Hasta el momento, algunos de los efectos colaterales de esa situación, presuntamente delictiva, han sido la desaparición de la web de la Casa del Rey de Urdangarín o la caída del callejero mallorquín de la infanta y su marido. Pero este affaire puede tener consecuencias de mucho más calado, como por ejemplo que la Casa Real salga salpicada en alguna declaración de los muchos investigados o testigos que han de pasar por la Audiencia de Mallorca. Y esto puede ser así porque deberán dar explicaciones a la justicia diversos ex altos cargos de la Zarzuela que, a su vez, gozaron de gran confianza por parte de la familia real.

Todo indica que, a lo largo de la vista oral, se va a desmenuzar una manera de hacer  bastante generalizada durante mucho tiempo en la vida pública española. La lista de autoridades de Baleares, Madrid y Valencia que han de pasar por el juicio es impresionante: Francisco Camps, Rodrigo Rato o Rita Barbará entre otros. También “gente guapa” como presidentes y ex presidentes de equipos de fútbol, ex atletas olímpicos, banqueros  o lo más granado de los constructores habituados a trabajar para las administraciones. O sea, lo mejor de cada casa.

Con este paisaje de fondo, resulta difícil pensar que no existieran ciertas concomitancias entre estos personajes y las más altas esferas del Estado.  En consecuencia, no sería de extrañar que cualquier día salte alguna sorpresa.

Sin solución de continuidad, Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola y al día siguiente el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola,  comparecían en la Audiencia Nacional para explicar al magistrado de la Mata la procedencia de los dineros que tienen depositados en Andorra. Mientras que padre e hijo estuvieron declarando más de 3 horas respectivamente, la matriarca, Marta Ferrusola, se acogió a su derecho de no declarar. Es decir, colaboración cero.

Hasta el momento el caso Pujol pivotaba sobre dos teorías. Una la defendida por el ex president de la Generalitat, que ha sostenido desde  su confesión en 2014 que el dinero de Andorra provenía de una donación hecha por su padre, “l’avi Florenci” por si en política pintaban bastos, y otra, la sostenida por los investigadores,  que ese dinero tiene que ver con comisiones, mordidas, 3% y otras bagatelas. No obstante, tras la declaración ante el juez de la Mata, ha empezado a cobrar fuerza la posibilidad de que esos dineros tengan su origen en la descapitalización de Banca Catalana.

Sea como sea, las declaraciones de los Pujol en la Audiencia Nacional debieron resultar poco creíbles porque el magistrado de la Mata dictó un auto en el que acusaba a Pujol Ferrusola de mentir y capitalizar capitales de presunto origen criminal. En consecuencia, le retiró el pasaporte, le prohíbe salir de España sin permiso y le obliga a presentarse a los juzgados cada semana.

Ciertamente, resulta difícil decidir cual de los tres posibles orígenes del dinero puede resultar más deleznable. Máxime cuando se trata de un hombre que lo ha sido todo en Cataluña, y durante casi un cuarto de siglo ha estado dando lecciones de moralidad a diestro y siniestro. En su currículum tan solo le ha faltado decirnos a los ciudadanos como, cuando y con quien teníamos que hacer el amor. Seguro que ganas no le faltaron.

Y a todo esto, el Partido Popular, para que quede meridianamente clara su lucha sin cuartel contra la corrupción, no sólo mantiene a Rita Barberá como aforada, sino que la designa para la Diputación Permanente del Senado, de esa forma, seguiría siendo aforada en el supuesto de que se disuelvan y haya que ir a nuevas elecciones.

Y es que los hay que piensan en todo.   

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 17/02/16

PACTOS IMPOSIBLES

Los comicios del pasado 20 de diciembre dejaron unos resultados muy difíciles de gestionar. Quizás el bipartidismo imperfecto, que teníamos hasta ahora, no era el mejor de los sistemas, pero el multipartidismo recién instaurado nos ha dejado, de momento, en una situación de ingobernabilidad. Repetir las elecciones no parece la solución más conveniente; sin embargo, y, a juzgar, cómo están evolucionando las cosas, esa probabilidad se va abriendo paso.

Y eso es así porque la gran coalición, al estilo alemán (PP-PSOE con la colaboración o no de Ciudadanos), por la que apuestan algunos poderes fácticos como el económico, es inviable. Ni el PP es la CDU ni el PSOE el SPD y, desde luego, el talante político de los electores españoles nada tiene que ver con el de los germanos. En la hipótesis de que ese gran acuerdo llegara a materializarse, el suicidio de los socialistas sería un hecho y, en consecuencia, dejarían huérfano el espacio de la izquierda que inmediatamente ocuparía Podemos.

Asimismo, hay que descartar un pacto de derechas (PP-Ciudadanos)  con la condición de que los socialistas se abstuvieran en la investidura.  Los de la calle Ferraz han dicho que ni por activa ni por pasiva ellos facilitaran ni a Rajoy ni a nadie del PP el acceso a La Moncloa.

Otra posibilidad sería una coalición de izquierdas (PSOE- Podemos), pero más allá de cualquier consideración, la suma de esos dos partidos no da los 176 escaños que son la mayoría absoluta. Se necesitaría poner en práctica una geometría variable sumamente complicada con la participación de CiU, ERC, y PNV que, a buen seguro, acabaría siendo un auténtico guirigay.

Visto lo visto, la solución más plausible sería incorporar a Ciudadanos al pacto PSOE-Podemos y hacer una coalición de centro izquierda. Esa es la propuesta que hizo Pedro Sánchez en el último Comité Federal y que los suyos recogieron con no pocas reticencias. Tan solo el compromiso, del secretario general, de que cualquier pacto se consultaría a las bases y sería evaluado por el Comité, hizo que la reunión no acabará como el rosario de la Aurora. 

Sánchez ha decidido jugar a todo o nada.  Si el órdago le sale bien será investido presidente, si la coalición no cuaja serán los suyos los que le indiquen la puerta de salida.

Y en mi opinión, lo segundo es más probable que lo primero.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 03/02/16

CARTA ABIERTA A TONI COMIN, CONSEJERO DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA GENERALITAT

Hola Toni:

No te engañaré, guardo un gratísimo recuerdo y una cierta nostalgia, también,  de aquella etapa de mi vida en la que siendo yo diputado al Parlament, por el PSC, llegaste tú, ya terciada la legislatura, a ocupar un escaño en representación de Ciutadans pel Canvi (CpC), la plataforma ideada   por Pasqual Maragall para llegar a sectores de la sociedad que no llegaba el partido. Conservo de ti una imagen de parlamentario un tanto vehemente, pero capaz, apasionado, pero eficiente.

Tengo en mi memoria pinceladas de algunos de tus debates con parlamentarios entonces nacionalistas, y ahora independentistas, de Convergencia, les  decías de todo menos guapos. Eras un auténtico martillo de herejes. Para ti, en aquel tiempo, el nacionalismo, o eso me parecía a mí, era peor que las siete plagas de Egipto. Sin embargo, supongo que, cosas de la vida, en cuanto comenzó el declive  de CpC  te afiliaste al PSC. Ya me disculparás, pero a mí esos giros súbitos en la militancia nunca me han acabado de convencer. Por sistema desconfío de los que llegados a una cierta edad, ven de pronto la luz. Bien, sea como sea, te convertiste en afiliado al partido de los socialistas de Cataluña y cuando las cosas empezaron a ir mal y te quedaste sin escaño te acercaste al sector de la organización más cercano a las tesis soberanistas. En principio nada que objetar, cada cual es muy libre de evolucionar como más le plazca, pero no me negarás que tu proceso evolutivo, en cuestiones ideológicas, fue, cuando menos, acelerado. Después, cuando  el PSC inició su caída libre, te diste de baja y a los pocos meses ingresaste en ERC. A punto estuviste de ir en las listas de los republicanos al Parlamento europeo, pero ahí, otro converso, Ernest Maragall te piso el sitio.

Sin embargo, las recompensas siempre llegan a quien sabe esperar  y no incomoda a la dirección, y ERC  te recompensó incluyéndote en lista de Junts pel Sí, primero y como consejero de sanidad después. Casi nada, deberás gestionar el 40%  del total del presupuesto de la Generalitat.    

En mi opinión, una de los mayores errores cometidos por Artur Mas, en el lustro que estuvo al frente de la Generalitat de Cataluña, fue nombrar a Boi Ruiz, expresidente de la patronal Unió Catalana d’Hospitals, como consejero de Salud. Algo así como poner la zorra a guardar las gallinas. Con ese nombramiento, como no podía ser de otra manera, los problemas empezaron a menudear. Sin el menor disimulo, Ruiz intentó reducir el Institut Català de Salut (ICS) a la mínima expresión, para dar entrada  a la iniciativa privada en el sector público de la sanidad. No le tembló el pulso para fusionar  el Institut d’Assistència Sanitària (concertado) y el Hospital Josep Trueta (público), en Girona, con esa fórmula resultaba más fácil derivar pacientes a las clínicas privadas de la región.

De igual manera, se desviaban pacientes, sin el menor pudor, del Hospital de Bellvitge a la Clínica Platón o al Hospital de Sagrado Corazón, ambos, por supuesto, privados. Pero es que lo mismo sucede en la práctica totalidad de los centros de titularidad pública e incluso concertados. El recorte en la sanidad pública  genera negocio en la privada y eso, no lo olvidemos, es promovido desde la Administración.

En esa época estalló  el caso Innova. Una trama colosal de corrupción sanitaria al más puro estilo de la mafia siciliana y en la que están encausados importantes barones convergentes como Josep Poblet alcalde de Vila-seca. Y mientras todo eso sucedía el bueno del consejero de salud siguió en su cargo, sin dar la más mínima explicación y sin que los colores se le subieran a la cara.

Después de toda esta mascarada y otras bagatelas, se hace imprescindible revertir la situación. Para empezar, se deberían reintegrar los 1500 millones de euros que se le recortaron al departamento de Salud entre 2010 y 2014. Asimismo, es urgente resolver el problema originado con el pretendido Consorcio sanitario de Lleida. De hecho, una privatización encubierta. Deberás tomar una decisión sobre el proyecto de venta de datos sanitarios, en teoría, anónimos.  Hay que reducir de forma drástica las listas de espera, ya sea en visitas a especialistas, pruebas diagnósticas o  intervenciones. Y, evidentemente, expulsar de la red de hospitales públicos (SISCAT) a las empresas con ánimo de lucro.

Ciertamente, no lo tienes fácil para llevar a buen término estas reformas. Se necesita, entre otras cosas, dinero, algo de lo que me parece que la Generalitat no anda precisamente sobrada, voluntad, tener las ideas claras, capacidad de dialogo acuerdo y pacto.

Espero que tengas éxito en la gestión, no por ti, sino por los cientos de miles de ciudadanos que necesitan de unos servicios   sanitarios públicos de calidad para poder desarrollar una vida, sencillamente, decorosa.

Atentamente.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 28/01/16

LA LLAVE DE LA GOBERNABILIDAD

La legislatura que acaba de concluir con un gobierno del PP y Mariano Rajoy al frente del mismo ha sido un auténtico desastre, ahí están los números para atestiguarlo. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria  provocó la destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo, nada más y nada menos que dos de cada tres de los empleos destruidos entre 2008 y 2011. Eso hizo que la ciudadanía depositara su confianza en la derecha, pensando que ellos nos sacarían del atolladero. Sin embargo, la gestión económica de Rajoy y su gobierno ha sido penosa y eso explica, en buena medida, los resultados del 20-D.

A día de hoy todos los indicadores económicos son peores que los de 2011. Hay menos empleo, se pagan 40.000 millones menos en salarios, 700.000 parados han perdido la prestación y a todos los ciudadanos nos han subido los impuestos. Se han recortado la sanidad y la educación, las ayudas a los discapacitados, las becas y, también, se ha reducido le gasto I+D+i. Se ha generado un agujero de 300.000 millones de euros en deuda pública y han vaciado a marchas forzadas la hucha de las pensiones, todo eso, entre otras lindezas no menores.

En contrapartida, la compra de deuda por parte del BCE y la bajada del precio del petróleo han permitido que en España se vuelva a crecer y se cree algo de empleo. Si bien los salarios están estancados y los puestos de trabajo que se generan, en un porcentaje elevadísimo, son a precario.

Además, los populares, aprovechando su mayoría absoluta, han aplicado el rodillo parlamentario y han llevado a cabo reformas claramente retrogradas, como es el caso de la educación o re centralizadoras, despojando de buena parte de sus competencias a las autonomías y a los entes locales.

Tiene su lógica que con este bagaje el PSOE decidiera no dar soporte de ningún tipo para que Rajoy repita como presidente de ejecutivo. Ahora bien, no hay que olvidar que la política es el arte de lo posible, y esa decisión fue tomada más desde el estómago que tras una reflexión serena y un análisis de lo que necesita el país  y como se puede lograr.

El recado emitido por los electores el pasado 20-D fue meridianamente claro: no nos gusta lo que se ha hecho hasta ahora y no queremos que decida un solo partido; poneros de acuerdo para gobernar, resolver problemas y no seáis vosotros los que los ocasionéis.

Una vez asimilado ese mensaje hay algunas cosas que debemos dilucidar. Primero, no estamos ante una legislatura más. Hemos llegado a un punto de nuestro viaje como país en el que se requieren reformas de diferentes tipos  y a distintos niveles y eso solo es posible conseguirlo con grandes acuerdos.

En ese contexto, resulta absolutamente imprescindible llevar a cabo una regeneración democrática de las instituciones que no sea tan solo un cambio de nombres y caras. Hace falta un cambio de talante que acerque la política a los ciudadanos y que ésta sea comprensible para ellos. Asimismo, es preciso luchar decididamente contra la corrupción.

En segundo lugar, pero no por eso menos importante, es necesario recuperar el Estado del bienestar que se ha desballestado utilizando la crisis económica como pretexto. Hay que hacer frente a la pobreza y a la desigualdad que amenazan la cohesión social. La economía debe crecer de manera sostenida y sostenible. La ciudadanía espera acciones concretas que disminuyan la precarización del mercado laboral y que se creen puestos de trabajo de calidad. Asimismo, hay que poner en marcha una reforma fiscal equitativa, que acabe con la evasión y que no dé cuartel a la economía sumergida.

Es ineludible un gran acuerdo sobre educación.

Por otra parte, no se puede demorar por más tiempo la reforma del Estado de las autonomías. Ha llegado el momento de reformar la Constitución. Esa reforma, además de blindar determinados derechos sociales, debería afrontar, sin mayor dilación la cuestión territorial.

Es necesaria una mayor claridad y simplificación  competencial, se debe clarificar la solidaridad inter territorial. De igual manera, se hace imprescindible un nuevo acuerdo sobre financiación que tenga en cuenta el principio de ordinalidad y, a su vez, desarrollar un plan de inversiones con criterios claros y transparentes y ¿como ¿no? Llevar a cabo la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial.

Es verdad que los resultados obtenidos por el PSOE en estas últimas elecciones -90 diputados-, han sido los peores de la reciente historia de la democracia. No obstante, le colocan como árbitro de la situación y le otorgan la llave de la gobernabilidad. En esas circunstancias, Pedro Sánchez y su equipo pueden, por activa o por pasiva, permitir la investidura de Rajoy. También pueden explorar –ésta parece ser la preferida por Sánchez-, la posibilidad de   llegar a un acuerdo con Podemos, pero en ese caso, se necesitaría el concurso de otras fuerzas nacionalistas e, incluso, independentistas y no parece que vayan a estar por la labor.

En esta circunstancias, los socialistas deberían poner sobre la mesa una relación de medidas potente y buscar el dialogo, la negociación y el pacto sin,  a priori, excluir a nadie. De hecho, ni los acuerdos que se han trabado para escoger a Patxi López como presidente del Congreso, ni la deriva en que ha entrado la política en Cataluña, deberían predeterminar nada.

En estas circunstancias, una reedición de los pactos de la Moncloa en versión siglo XXI, con todas las diferencias que se quiera, no estaría nada mal. Al fin y al cabo, si entonces la situación del país era sumamente delicada, hoy, en otro contexto y con otros actores, no lo es menos.

Ir a nuevas elecciones, debería ser, solamente, la última de todas las soluciones posibles.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 18/01/16

TRANSFUGUISMO INDEPENDENTISTA

Raúl Romeva, portavoz oficioso de los negociadores de Junts pel Sí con la CUP para lograr un pacto de legislatura, había dicho hasta la saciedad que la investidura de Artur Mas no era negociable. El propio Mas, cuando ya se agotaban los plazos para llevar a cabo esa investidura, manifestaba que la CUP podía forzar unas elecciones, pero no cambiar el presidente de la Generalitat.

Sin embargo, cuando todo indicaba que los catalanes seríamos convocados a unas nuevas elecciones, el presidente en funciones cambió de planteamientos y dando un giro copernicano, casi en tiempo de descuento,  anunció que daba un paso atrás y proponía como candidato a la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont, alcalde de Girona y presidente de la Associaicó de Municipis Independentistes (AMI).

Con su renuncia y esa designación Artur Mas ha logrado cerrar un pacto con la CUP que ha de permitir tener un govern estable para llevar a cabo la ardua tarea de desarrollar unas estructuras de Estado  que permitan en su momento la “desconexión” de España. Poco importa que ese nuevo ejecutivo este asentado  en un  acuerdo parlamentario basado en el transfuguismo, aunque se haya disimulado con el eufemismo de que “2 diputados de la CUP se incorporan a Junts pel SÍ”. Un acuerdo vergonzante para los cuperos porque además de ceder diputados les desactiva, ya que se comprometen a no votar con la oposición. O sea que ríanse ustedes del estalinismo, cosa de niños comparado con este acuerdo. La oposición ya puede pretender la conquista del cielo que si la mayoría  dice que no la CUP dirá no sin pestañear. Y después dirán que quieren hacer la revolución y su socialismo es inmaculado.

Artur Mas ha hecho de la necesidad virtud. Sabía que de ir a unas nuevas elecciones, la reedición de Junts pel Sí sería poco menos que misión imposible. ERC  no está por la labor. En esas circunstancias presentarse ante el electorado sin el salvavidas de los republicanos podría haber significado una auténtica debacle para Convergencia.

Artur Mas es astuto, se ha retirado de la carrera por la presidencia cuando ha visto que pintaban bastos, pero no se va de la política. Ahora, se dedicará  a la refundación de su partido y muy probablemente su sucesor le premiara con alguna embajada volante para explicar por el mundo las excelencias del procès. Ver para creer.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 13/01/16

SAINETE INDEPENDENTISTA

Las chicas y chicos de la CUP dijeron hasta la saciedad, durante la campaña electoral y tras las elecciones del 27 S, que no investirían a Artur Mas  Después, han estado mareando la perdiz durante 3 meses,  hasta que se reunieron en asamblea el pasado domingo 27 de diciembre, y entonces les temblaron las piernas o les superó la responsabilidad y no dieron el visto bueno a la Investidura de  Mas, pero tampoco dijeron no, es decir, ni lo uno ni lo otro.

Ese día, tras largas horas de debates los “cupaires”  votaron de forma secreta la investidura o no del presidente en funciones y se produjo un empate a 1515 votos entre los   partidarios a la investidura y los contrarios. Un resultado técnicamente posible y, sin embargo, prácticamente muy improbable.

Algunos de los líderes más mediáticos de la formación, como Antonio Baños y otros, salieron a intentar explicar el insólito resultado de la votación.  Uno de los argumentos esgrimidos fue que en todo este proceso las matemáticas son diabólicas. Razonamiento profundo sin duda. Eso sí, la comparecencia ante la prensa fue al más puro estilo Rajoy o sea: sin admitir preguntas de los medios allí reunidos.

De todos modos, ha quedado claro que los antisistema independentistas aprenden rápido. Por eso, tras un largo proceso de consulta a las asambleas de base a lo largo de todo el territorio catalán, el pasado domingo, 3 de enero, se reunió el consejo político y el grupo de acción parlamentaria –un total de 68 personas-, y después de analizar y debatir las decisiones de los diferentes conclaves territoriales acordaron decir no a la investidura de Mas y forzar unas nuevas elecciones a celebrar en marzo, a menos de que Junts pel Sí proponga otro candidato. En esta ocasión, se convocó una rueda de prensa para informar de la decisión tomada y en la misma sí que se admitieron intervenciones y preguntas de los asistentes.

Algunas cosas son evidentes tras este larguísimo proceso de negociación. Una, se ha puesto de manifiesto la ineficacia del asambleísmo que se había presentado como el mejor de todos los medios y, sin embargo, se ha demostrado incapaz e inútil ya que la participación de las bases no es posible ni en la política diaria ni en la parlamentaria.

Otra, la deplorable imagen de un político liberal-conservador sometido por 10 diputados antisistema. Resulta difícil de explicar por su  incoherencia, por su oportunismo y por el estupor que genera el afán por mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque eso suponga ir acumulando desprestigio a marchas forzadas.

Sea como sea, debe quedar meridianamente claro que, el máximo responsable de todo este triste desaguisado que estamos padeciendo en Cataluña, no es otro que Artur Mas. Él es el máximo responsable porque ha sido quien ha autorizado a Juntos pe Sí (la organización con la que se presentó a las elecciones al 27 S) a que ofreciera  a la CUP un plan social de choque contra la pobreza que supera los 270 millones de euros que sabe de sobras no se podrá cumplir. Y no podrá cumplir porque, las arcas de la Generalitat están exhaustas y en muchos casos son medidas contrarias a las iniciativas políticas que han llevado a cabo los gobiernos de Mas en el nefasto quinquenio de su mandato.

Pero es que la imposibilidad de llevar a cabo ese plan de choque no era sólo política, también era técnica. La Generalitat funciona con unos presupuestos prorrogados y eso impide aumentar el gasto. Claro que, tal y como están las cosas, no se debería haber descartado un plantar cara al Estado y desbordar los topes de déficit. Si bien entonces, lo más plausible  hubiera sido que el FLA dejara de suministrar liquidez a Cataluña y ya hemos visto el drama de las farmacias, de los centros de salud y de los proveedores del gobierno catalán en su conjunto cuando el dinero no llega. Además, la deuda catalana supera el 130% de su PIB (está próxima a los 70.000 millones de euros en el primer semestre) y nos corresponde casi el 20% de la deuda de España que está sobre el billón de euros.  

En definitiva, Artur Mas lo ha intentado todo  para seguir siendo presidente, incluso prometer  a sabiendas de que no podría cumplir. Y ni Cataluña ni los catalanes nos lo merecemos ni tenemos porque soportar tanta falacia y tantos  insultos a la inteligencia. 

Por tanto, seamos serios y recuperemos autoestima, precisamente, porque no somos independentistas. Es evidente que, entre otras cosas, con el “prestigioso” currículo que como país nos han elaborado y esos números tan atractivos sobre la mesa, nadie va apostar un ochavo por el “procés”.  Éste está muerto, aunque todavía ha de dar muchos coletazos. Ha llegado el momento de levantar la mirada y pensar en cosas importantes, como por ejemplo un frente amplio de los no independentistas y no inmovilistas  para las próximas elecciones autonómicas.

Estemos atentos: el sainete independentista está pronto a concluir.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 05/01/16