18 de febrer 2016

HACIENDA SOMOS TODOS

Esta historia arranca en un ya lejano 2007, cuando el juez  José Castro empieza a instruir la causa conocida  como caso Palma Arena, contra Jaume Matas, antiguo presidente del gobierno autonómico de las Islas Baleares. De ahí, se desprendieron más de 25 piezas separadas, una de ellas el caso Noós, en la que presuntamente existe apropiación indebida de fonos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. La determinación del juez instructor hizo que no le temblara el pulso e imputara a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina de Borbón y Grecia. Algo insólito hasta entonces por estos lares.
Pese a que se intentaron diversas argucias legales para evitar que la infanta se sentara en el banquillo, como por ejemplo el razonamiento de la abogada del Estado que sostenía que eso de qué Hacienda somos todos era tan solo un eslogan publicitario. Al final, Cristina de Borbón ha tenido que pasar por las horcas caudinas y ubicar sus reales posaderas en el banco de los presuntos culpables como cualquier mortal. Y es que, mal les sepa a algunos, Hacienda sí somos todos.
La cuestión es que  la semana pasada se puso en marcha la última fase del caso Nóos, más conocido entre la ciudadanía por el juicio de la Infanta.  La hermana del rey Felipe VI esta acusada de un delito de supuesta cooperación en dos delitos tributarios que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarín, mediante la compañía Aizoon, S.L.
El asunto no es ninguna tontería, hay una petición de 19 años y medio de cárcel para el cuñado del rey y de ocho años para su mujer, la infanta Cristina. Hasta el momento, algunos de los efectos colaterales de esa situación, presuntamente delictiva, han sido la desaparición de la web de la Casa del Rey de Urdangarín o la caída del callejero mallorquín de la infanta y su marido. Pero este affaire puede tener consecuencias de mucho más calado, como por ejemplo que la Casa Real salga salpicada en alguna declaración de los muchos investigados o testigos que han de pasar por la Audiencia de Mallorca. Y esto puede ser así porque deberán dar explicaciones a la justicia diversos ex altos cargos de la Zarzuela que, a su vez, gozaron de gran confianza por parte de la familia real.
Todo indica que, a lo largo de la vista oral, se va a desmenuzar una manera de hacer  bastante generalizada durante mucho tiempo en la vida pública española. La lista de autoridades de Baleares, Madrid y Valencia que han de pasar por el juicio es impresionante: Francisco Camps, Rodrigo Rato o Rita Barbará entre otros. También “gente guapa” como presidentes y ex presidentes de equipos de fútbol, ex atletas olímpicos, banqueros  o lo más granado de los constructores habituados a trabajar para las administraciones. O sea, lo mejor de cada casa.
Con este paisaje de fondo, resulta difícil pensar que no existieran ciertas concomitancias entre estos personajes y las más altas esferas del Estado.  En consecuencia, no sería de extrañar que cualquier día salte alguna sorpresa.
Sin solución de continuidad, Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola y al día siguiente el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola,  comparecían en la Audiencia Nacional para explicar al magistrado de la Mata la procedencia de los dineros que tienen depositados en Andorra. Mientras que padre e hijo estuvieron declarando más de 3 horas respectivamente, la matriarca, Marta Ferrusola, se acogió a su derecho de no declarar. Es decir, colaboración cero.
Hasta el momento el caso Pujol pivotaba sobre dos teorías. Una la defendida por el ex president de la Generalitat, que ha sostenido desde  su confesión en 2014 que el dinero de Andorra provenía de una donación hecha por su padre, “l’avi Florenci” por si en política pintaban bastos, y otra, la sostenida por los investigadores,  que ese dinero tiene que ver con comisiones, mordidas, 3% y otras bagatelas. No obstante, tras la declaración ante el juez de la Mata, ha empezado a cobrar fuerza la posibilidad de que esos dineros tengan su origen en la descapitalización de Banca Catalana.
Sea como sea, las declaraciones de los Pujol en la Audiencia Nacional debieron resultar poco creíbles porque el magistrado de la Mata dictó un auto en el que acusaba a Pujol Ferrusola de mentir y capitalizar capitales de presunto origen criminal. En consecuencia, le retiró el pasaporte, le prohíbe salir de España sin permiso y le obliga a presentarse a los juzgados cada semana.
Ciertamente, resulta difícil decidir cual de los tres posibles orígenes del dinero puede resultar más deleznable. Máxime cuando se trata de un hombre que lo ha sido todo en Cataluña, y durante casi un cuarto de siglo ha estado dando lecciones de moralidad a diestro y siniestro. En su currículum tan solo le ha faltado decirnos a los ciudadanos como, cuando y con quien teníamos que hacer el amor. Seguro que ganas no le faltaron.
Y a todo esto, el Partido Popular, para que quede meridianamente clara su lucha sin cuartel contra la corrupción, no sólo mantiene a Rita Barberá como aforada, sino que la designa para la Diputación Permanente del Senado, de esa forma, seguiría siendo aforada en el supuesto de que se disuelvan y haya que ir a nuevas elecciones.
Y es que los hay que piensan en todo.   

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 17/02/16