EL DIFÍCIL PUZLE DE LA FINANCIAICIÓN AUTONÓMICA

Dentro de pocos meses, la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que dejar su sitio en el Ejecutivo para irse a Andalucía a encabezar la candidatura del partido socialista en las elecciones autonómicas en esa comunidad que, muy probablemente, se celebrarán el próximo mes de junio. Y parece que, para antes de su marcha, Montero quiere dejar la reforma de la financiación autonómica, si no resuelta, sí, por lo menos, encarrilada.

En un áspero Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 17 de noviembre, en Madrid, en el último punto del orden del día y con el título “Estado de la situación de la reforma del sistema de financiación autonómica”, María Jesús Montero puso sobre la mesa la necesidad de abordar la reforma del modelo que lleva estancado desde 2014, así como las grandes líneas generales del futuro sistema de financiación, pero sin entrar ni en detalles, ni en cifras. La ministra se comprometió a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica, como muy tarde, el próximo mes de febrero. Según explicó Montero, en el esquema sobre el cual están trabajando los técnicos del ministerio de Hacienda, se contemplan tanto las singularidades de Catalunya como las de otros territorios. La idea es que el nuevo patrón incorpore, entre otros factores, la financiación de las competencias homogéneas en todos los territorios de régimen común, a la vez que la bilateralidad para aquellas autonomías que disponen de competencias propias.

Montero apuntó que, además de los principios de suficiencia y corresponsabilidad fiscal que ya existen, con el nuevo sistema se incorporarán otros factores para que ninguna comunidad salga perjudicada y todas cuenten con recursos adicionales y suficientes para poder sufragar los servicios en los que tienen competencias, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia. El nuevo modelo será aplicable en las 15 comunidades de régimen común sin excepción, lo que “no impedirá tener en cuenta singularidades o particularidades territoriales”, dijo la ministra en clara alusión a Cataluña. Por eso se abordarán determinadas materias de manera bilateral “sin que compita con los recursos del resto de comunidades”, añadió sin entrar en detalles.

Hacienda tiene prevista una ampliación del porcentaje de cesión de algunos impuestos, como, por ejemplo, el IRPF o el IVA, cuya transferencia a las comunidades se modularía al alza. La propuesta incluirá, también, el fin de las entregas a cuenta para crear un nuevo modelo en el que los recursos de los impuestos citados lleguen a las autonomías en un periodo mucho más reducido, y no en dos años o más como sucede en la actualidad.

La vicepresidenta anunció, con cierta cautela, que el nuevo modelo podría abordar la puesta en marcha de mecanismos que combatan las bajadas fiscales de determinadas comunidades que practican dumping fiscal. “Soy partidaria de que se contemplen determinado desincentivos, pero es algo que tenemos que discutir con las comunidades autónomas”, dijo Montero. La titular de Hacienda criticó que algunos gobiernos regionales bajen impuestos y pierdan recaudación, a la vez que piden más recursos a la Administración Central. “La relación del Gobierno de España con las comunidades autónomas no puede estar basada en que es gratis pedir y reprochable no dar”, puntualizó.

La fuerte polarización política que estamos viviendo ha sido uno de los motivos, aunque no el único, para que, en mucho tiempo, no hayan habido contactos entre el ministerio y representantes de las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña. No obstante, los técnicos de Hacienda, en colaboración con los equipos del Govern de la Generalitat y ERC, han hecho los deberes y, todo indica que tienen un borrador, sobre el nuevo modelo de la financiación autonómica, bastante completo y avanzado.

Guste o no, Catalunya vuelve a liderar las negociaciones y es la referencia para el resto de autonomías. En este contexto, hay que reconocer el baño de realidad que se están dando los republicanos catalanes, más allá de las declaraciones para el consumo de sus parroquianos, al participar en la elaboración de un modelo que ha de ser válido para todas las comunidades. En esos trabajos, el escollo más considerable está siendo respetar el principio de ordinalidad, esto es: que una comunidad autónoma mantenga su posición en el ranking autonómico después de que se hayan aplicado los mecanismos de solidaridad; de ahí que, para evitar esa posibilidad se estén buscando fórmulas que puedan compensar ese posible decalaje. Asimismo, se ha dejado para el próximo año el compromiso de que sea la Generalitat la que recaude íntegramente el IRPF porque es una cuestión que requiere de una modificación legal y, por consiguiente, deberá ser validada en el Congreso.

Con el difícil puzle de la financiación autonómica sobre la mesa, lo más lógico sería que el ministerio llevase a cabo una serie de encuentros con los responsables de Economía de las diferentes comunidades para ir perfilando la implementación del sistema. Pero con la crispación a que estamos sometidos y los puentes del dialogo entre el Gobierno y la oposición volados cualquier cosa es posible.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/11/2025