APUNTES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

El Ministerio de Hacienda ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 26 de febrero. En esa reunión, el tema inmediato a tratar será la quita de parte de la deuda autonómica, algo que las CCAA esperan como agua de mayo, por mucho que algunos finjan mirar hacia otro lado. No obstante, la cuestión que todos esperan con el cuchillo entre los dientes es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo vigente caducó en 2014, sin embargo, once años después no se ha tocado ni una coma, pero ahora, con la propuesta de financiación singular, lanzada desde y para Cataluña quién más y quine menos aguarda expectante.

El actual sistema de financiación tiene su punto de arranque en la Constitución del 78. No obstante se ha ido modificando con el paso de los años y los gobiernos centrales. Desde un principio, se acordó que el País Vasco y Navarra recaudasen los impuestos que se generaban en su demarcación; entonces eran muchas las cuestiones urgentes e importantes que había que afrontar y la financiación autonómica no era de las más relevantes. No obstante, desde la perspectiva actual, no parece muy razonable que un gobierno central, ya sea de un país federal o no, ceda la llave de la caja a otras administraciones de rango inferior, a cambio de nada, para que recauden los impuestos en el territorio. Por lo tanto, no es descabellado considerar los sistemas forales de Euskadi y Navarra como anomalías de nuestro sistema.

Tanto el País Vasco como Navarra son lugares con renta y capacidad tributaria por habitante superiores a la media. Sin embargo, las cuantías que aportan a la caja común son sensiblemente inferiores que la de las comunidades que se rigen por el régimen común y eso genera importantes agravios comparativos.

Esa especificidad, les permite disponer de muchos más recursos per cápita para financiar sus servicios públicos. Además, con el paso del tiempo hemos visto que las haciendas forales someten a una presión fiscal algo inferior a la media a sus contribuyentes; tanto las personas físicas como las empresas (he ahí las polémicas "vacaciones fiscales" y las denuncias de competencia fiscal de los territorios limítrofes). De hecho, los dos principales desajustes que reflejan las balanzas fiscales que publica el Ministerio de Hacienda son los de esos territorios. Dada su renta per cápita y necesidades de gasto relativas, deberían contribuir mucho más a la nivelación y la solidaridad interterritorial, como lo demuestran numerosas investigaciones aplicadas y publicadas en los últimos años.

Ante esta situación, lo primero que hay que poner sobre la mesa es la equidad en el sistema de financiación autonómica y el grado deseable de nivelación interterritorial. No se pueden obviar las grandes ventajas financieras que proporciona la metodología con la que se computan los flujos fiscales de las haciendas forales a la hacienda central. Una metodología que, por cierto, no se concreta en la Constitución cuya reforma no exige, pues, cambios constitucionales.

Desde luego, estamos ante un asunto de una tremenda complejidad política que no se puede afrontar desde la ingeniosidad. Pero lo que está claro es que no es de recibo que se tache a los catalanes de tacaños e insolidarios y, sin embargo, corramos un tupido velo con nuestros vecinos del norte.

El sistema de financiación autonómico vigente para las regiones de régimen común, de las que forma parte Cataluña, es complejo y casi inteligible para la mayoría de los mortales. Veamos, por ejemplo, que sucede con el principio de ordinalidad: Cataluña es la segunda comunidad que más aporta, solo por detrás de Madrid, según el estudio “La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, publicado por Fedea. Sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy lógico pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la segunda en aportar que sea la cuarta o la quinta en recibir, ¿pero la décima? Parece excesivo. Y eso no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Ante esta situación de evidente agravio comparativo, parece muy sensata la propuesta que ha puesto sobre la mesa Salvador Illa: crear un Consorcio Estado-Generalitat encargado de recaudar y gestionar los impuestos generados en Cataluña. Posibilidad contemplada en el Estatut de autonomía y que tiene el visto bueno del Tribunal Constitucional.

Con esa fórmula, tendríamos un órgano paritario entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria catalana para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos del Estado recaudados en Cataluña, al margen de los propios de la Generalitat. Además, ese organismo sería clave para resolver algunas discrepancias recurrentes entre la Generalitat y el Gobierno como, por ejemplo, la demora de las entregas a cuenta o la falta de información sobre la recaudación. Administraciones similares ya funcionan en Alemania, donde los länder gestionan todos los tributos mediante sus agencias, también las del Estado federal.

En una cosa coinciden todas las partes: hace falta más dinero para dar cobertura a los servicios que prestan la CCAA. Habrá que ver si el modelo propuesto por Cataluña es en exclusivo para esa comunidad o es exportable a otras autonomías, y si es así a cuales. El tema es de calado. Por consiguiente, ocasiones tendremos para seguir tratándolo con detalle. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 18/02/2025