LAS PENSIONES PÚBLICAS Y LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

 

Desde la década de los 90, las entidades financieras y sus empresas afines nos han estado advirtiendo, de forma reiterada, de la inviabilidad del sistema público de pensiones. Resulta que, uno de los mayores avances de la humanidad: el aumento de la esperanza de vida de la población, que en poco más de un siglo se ha doblado, para el neoliberalismo es una desgracia. Según nos han ido diciendo, el envejecimiento de la población comportará la quiebra de la Seguridad Social. Por eso, han sugerido la conveniencia de contratar un plan de pensiones privado, para no llegar a la jubilación y encontrarse sin cobertura económica. Esos agoreros no tenían en cuenta que, para una familia que se las ve y las desea para llegar a fin de mes, pensar en otra cosa que no sea el ir tirando es una entelequia.

Solo nos faltó que el PP llegara al poder. No se anduvieron por las ramas y aprobaron la ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, con la que se cambió el cálculo de las revalorizaciones de las pensiones. Dicho y hecho. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, liderado por Fátima Báñez aplicó la reforma, introdujo el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. A partir de entonces, las pensiones crecerían un 0,25%.

Además, de manera más o menos sibilina, se empezó a filtrar la idea de que la solución para nuestro sistema de pensiones era aplicar el modelo conocido como de “mochila austriaca”. 

Esa “mochila austriaca” es, en esencia, un fondo de capitalización individual que se nutre de las aportaciones de los empresarios de una parte del salario bruto de cada trabajador. Ese dinero, que lleva el nombre y apellidos de cada persona, se invierte y es gestionado por una entidad financiera. Si llega el despido de ese obrero, no recibe indemnización sino que se lleva consigo el dinero de esa "mochila" y puede hacerlo efectivo o reservarlo para el futuro como complemento de su pensión. Es decir, con ese método se rompen los dos grandes ejes vertebradores de nuestro sistema que son el sistema de reparto y el principio de solidaridad intergeneracional.

Estábamos entonando el réquiem por el fin de unas pensiones públicas decentes, cuando la izquierda alcanzó el poder y se puso de manifiesto que las cosas se pueden (y deben) hacer de otra manera.

Uno de los temas estrella comprometidos por el Gobierno de coalición fue la reforma del sistema público de pensione para hacerlo viable. Y a eso se puso el ministro José Luís Escrivá. No ha sido fácil. Escrivá se ha movido en un auténtico campo de minas. En el primer año de legislatura, con la ley sobre pensiones del PP todavía en vigor, “dio” una “paguilla” en el mes de febrero, para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Al año siguiente las pensiones crecieron conforme al IPC, 3,5%, y este año, con la nueva ley en funcionamiento, las pensiones se han revalorizado un 8,5% tal como señala un IPC desbocado por la inflación.

Pero Escrivá aún tenía que remachar el clavo y sacar adelante la segunda parte del plan –la más delicada y compleja— que no es otra que establecer una modalidad que, manteniendo los ejes básicos de nuestro sistema, fuese sostenible.  Y el ministro ha logrado lo que para algunos puede ser la cuadratura del círculo, pero que en realidad es aplicar aquel principio según el cual, “cuando una cosa es justa se ha de hacer, cueste lo que cueste”.

Una de las cuestiones que el Gobierno se había marcado como “irrenunciable” era el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Por eso, Escrivá ha optado por la subida de las cotizaciones sociales, en lugar de otras medidas como podía ser retrasar la edad de jubilación a los 70 años, la reducción de las pensiones futuras o el alargamiento a 30 años del cómputo para calcular el importe de la pensión en lugar de los 25 actuales. A partir de ahora, para el cómputo de la pensión coexistirán dos sistemas durante 20 años. Se mantendrá el cálculo actual de 25 años y se incorpora uno nuevo, de 29 años, de los que se podrán excluir los dos peores ejercicios. Cada pensionista percibirá su prestación calculada con la opción más ventajosa para él. Esta medida no es neutra, sino que supone un coste para el sistema, pero que los trabajadores que hayan tenido recorridos más irregulares puedan tener una mejor pensión.

Para mejorar los ingresos del sistema, el Gobierno plantea una “cuota de solidaridad” que deberán pagar los salarios superiores como complemento a la base máxima de cotización. El aumento de los ingresos facilitará, asimismo, subir la cuantía de las pensiones mínimas.

Esa reforma legislativa ha recibido el plácet de los expertos de la CE y ha supuesto el desbloqueo inmediato de 10.000 millones de euros de los fondos de inversión Next Generation. Y mientras, los órganos directivos de CC.OO y UGT se congratulaban por la dimensión histórica de la iniciativa. Sin embargo, la patronal mostraba su “frontal oposición” a la reforma del sistema de pensiones por “regresiva” y “populista”.

Tampoco le han gustado las modificaciones a Núñez Feijoo, en su opinión “son una chapuza”. Él prefiere la de Emmanuel Macron, es decir, la reforma de las pensiones impuesta sin consenso que retrasa la jubilación y ha provocado un fuerte rechazo social en Francia.

¡Qué le vamos a hacer!  A menudo los intereses de las clases pudientes y los de las clases medias y populares no son coincidentes.        Pero no hay que preocuparse, con toda seguridad, los señores de la CEOE, Feijoo y sus colegas se estarán costeando un buen plan privado de pensiones. Algo que no se puede permitir gran parte de la ciudadanía. De ahí, la gran importancia de esta resolución legislativa.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 27/03/2023