Cuando el miércoles, 22 de noviembre,
los miembros del Gobierno llegaron al palacio de la Moncloa encontraron sobre
la mesa del Consejo de Ministros una carta personalizada del presidente del
Ejecutivo. En la misma, Pedro Sánchez les instaba a actuar “con unidad, solvencia y determinación en el afán compartido de
contribuir al avance social, la convivencia, la estabilidad institucional y el
diálogo entre diferentes”. Y es que nadie ignora que esta legislatura
recién inaugurada va ser difícil como pocas. En ese contexto, tan destructivos
pueden ser los ataques de los adversarios como el teórico fuego “amigo”.
Con esa realidad como telón de fondo,
Sánchez ha querido mandar un mensaje de sensatez y solvencia política y, para
eso, nada mejor que poner a trabajar a todo el Gobierno en la elaboración de
los Presupuestos Generales para 2024.
Y es precisamente, en esa iniciativa,
donde el presidente del Ejecutivo puede encontrar el impulso necesario para
pasar página, dejar atrás el complicado proceso de investidura y encarar
aquellas cuestiones que de verdad ocupan y preocupan a la ciudadanía. Porque
resulta que, entre otros impuestos, el IBI subirá sobre un 18% en la mayoría de
pueblos y ciudades de Cataluña y la factura del agua un 11,5% en Barcelona y
otros municipios del Área Metropolitana. Sin embargo, ni los salarios ni las
pensiones alcanzarán, ni de lejos, esos porcentajes de aumento. Por lo tanto,
es evidente que las clases medias y populares van a seguir perdiendo poder
adquisitivo.
Por si eso fuera poco, un informe del
Banco Central Europeo alerta de que las medidas de protección, en nuestro país,
a causa de la pandemia y la guerra de Ucrania han resultado insuficientes para
frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Han
sido precisamente esas personas las que más han sufrido el impacto de la
inflación. La pérdida de capacidad de compra de ese segmento de la población se
sitúa por encima del 5% de la renta familiar disponible, el doble que la
pérdida experimentada por las familias más adineradas, que, incluso, se han
beneficiado de buena parte de las políticas puestas en marcha, como la rebaja
del IVA o los subsidios a los combustibles.
Dicho de otro modo, las políticas de
protección para las más débiles puestas en funcionamiento en nuestro país no
tuvieron el efecto reparador deseado. Por consiguiente, es lógico pensar que la inflación haya incidido en incrementar la
desigualdad de la renta en España, uno de los países europeos que, pese a los
avances de los últimos años, sigue manteniendo importantes niveles de desigualdad
de renta y personas en riesgo de pobreza.
Las políticas de contingencia puestas
en práctica por el Gobierno, en línea con política monetaria del Banco Central
Europeo, eran necesarias pero han sido insuficientes. No podemos pasar página y olvidar los negativos
efectos distributivos de esta crisis y la
necesidad de seguir insistiendo en los apoyos para las personas más
vulnerables. Diversos estudios señalan como
en nuestra economía, cuando llegan las vacas flacas la desigualdad crece
rápidamente, pero, sin embargo, cuando vuelve la bonanza, la recuperación se
produce con mucha más lentitud. En estas dos últimas crisis superpuestas
(pandemia y guerra de Ucrania), la inflación ha castigado particularmente a los
que se encontraban en peor situación y las medidas tomadas no han sido
suficientes para mitigar ese efecto.
Con esta situación, como paisaje de
fondo, el nuevo Gobierno debería considerar la conveniencia de reexaminar la
decisión de retirar todas las medidas de apoyo. Quizá sería conveniente
mantener aquellas que más pueden hacer por reducir la desigualdad, reforzando
así el apoyo público a los hogares que más están sufriendo las consecuencias de
la inflación, donde efectivamente, viene lloviendo sobre mojado desde la crisis
de 2008. Es evidente que nuestra situación fiscal no está para muchas alegrías.
No obstante, tenemos, en el marco de esta nueva legislatura, el tiempo
suficiente para avanzar en la reforma tributaria que España necesita para dotar
al sector público de los recursos necesarios para desarrollar políticas que beneficien a todos los
ciudadanos, pero, en especial, a los más desfavorecidos.
Ese sería el mejor argumento para
poder digerir algunas cuestiones que, hasta el momento, han resultado,
políticamente, muy indigestas.
Bernardo Fernández
Publicado
en e notíces 30/11/2023
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