Desde la misma noche del 23 J, con
los resultados electorales sobre la mesa, se empezó a especular con la
posibilidad de una Ley de amnistía, para que los partidos independentistas
votasen favorablemente la investidura de Pedro Sánchez. Luego, tras el fracaso
de Alberto Núñez Feijóo para ser investido, lo que empezó como una simple
hipótesis ha ido tomando carta de naturaleza.
Como no podía ser de otro modo, los
medios de comunicación han puesto el foco en la cuestión y no dejan de publicar
artículos, columnas y editoriales a favor o en contra de esa posible medida de
gracia. Asimismo, una pléyade de expertos jurídicos, en las últimas semanas, se
está pronunciado sobre si esa iniciativa será o no constitucional y, claro, ahí
las opiniones están divididas
Ante esta situación, entiendo que Pedro
Sánchez y su equipo estén haciendo lo posible para que la legislatura no
descarrile antes de comenzar y tengamos un gobierno de progreso en los próximos
cuatro años.
No obstante, ya estamos viendo que la
actitud de los partidos secesionistas tiene muy poco de colaborativa. Gabriel
Rufián ya ha dicho que “los votos de ERC hay que sudarlos, que no están por un
pacto de legislatura y ni siquiera se comprometen a dar soporte a los próximos presupuestos”.
Por su parte, Miriam Noguera, portavoz de Junts, bastante más lacónica, anunció
que:” estamos lejos de apoyar a Sánchez si hace lo mismo que hasta ahora” (?).
Quizás es que esperan que el Gobierno central ponga un coche descapotable para
que Puigdemont entre por la Diagonal repartiendo caramelos y esté todo preparado
en la plaza de Sant Jaume para que entre bajo palio en el Palau de la
Generalitat.
Tal vez aprobar una Ley de amnistía
le dará la presidencia a Pedro Sánchez.
Ahora bien, ¿a qué precio? ¿Y por
cuánto tiempo? Vista la catadura política de algunos socios, nada garantiza que
esa iniciativa dé estabilidad a la legislatura. Lo más probable es que otros partidos
se apunten al carro y suban el precio de sus votos cada vez que tengan que dar
soporte a una propuesta legislativa del Gobierno.
Pero más allá de eso, que algunos
pueden calificar de tacticismo, en esta ocasión, conceder una amnistía a unos
personajes, sin que estos asuman sus responsabilidades, y sin que digan de
forma clara y contundente que renuncian, sin paliativos, a la unilateralidad y
la ilegalidad para defender sus ideas políticas sería una anomalía democrática
y, muy probablemente, también, jurídica. Pero, sobre todo, supondría un grave
menosprecio hacia aquellos ciudadanos que soportaron con estoicidad las
tropelías cometidas en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre de 2017 con
la aprobación de unas estrambóticas “leyes de desconexión” a la vez que se
derogaban la Constitución y el Estatut y, por consiguiente, se conculcaban
derechos.
Por no mencionar el patético
espectáculo del 20 de septiembre, del mismo año, cuando una turba que había
sido convocada por las redes sociales acosó, durante casi 18 horas, a una
comitiva judicial que fue mandatada para registrar unas dependencias de la
consejería de Economía y Finanzas, entonces en la Rambla de Cataluña. Todo ello, al más puro estilo del Far west,
con individuos subidos a los coches de la Guardia Civil como en las mejores
películas de policías y ladrones.
Pero el día culminante, de toda
aquella mascarada, fue el 1 de octubre, que es cuando habían convocado el
referéndum ilegal e ilegítimo. ¿Con qué cara se quedaron aquellos que estaban
por la legalidad? Por no hablar del día 3 que convocaron una huelga de país
(?), y luego, el 27 del mismo mes, la declaración unilateral de independencia.
Aunque tampoco deberíamos olvidar los tiempos álgidos del procés. Cuando los
ciudadanos que estaban por la legalidad no se callaron y dijeron, por activa o
por pasiva, que aquello era un atropello y esa actitud les hizo perder
relaciones, amigos e incluso, en algunos casos, sufrieron hostigamiento psíquico
y/o físico. Por si alguien lo ha olvidado la mayoría de los lugares públicos y
estamentos oficiales estaban engalanados con esteladas, lazos amarillos y/o
pancartas de “Llibertat presos polítics” o similares y, si se tenía que acudir allí,
había que tragar “normalidad”.
Pues bien, todo eso tiene responsables
con nombres y apellidos que, hasta el momento, han sido incapaces de admitir
errores o de pedir perdón. Más bien al contrario: no se resignan; y ante esa
situación ¿de verdad alguien piensa que hemos de pasar página y qué todas esas
trapacerías queden impunes?
Como dice una buena amiga y veterana
socialista: “estos que ahora piden ser amnistiados, son los que nos decían
que o eras indepe o eras facha”. Con esta situación como paisaje de fondo,
lo más lógico, en mi opinión, sería que los Tribunales hiciesen su trabajo y
más tarde el Gobierno pusiera en marcha los indultos que considerase adecuados,
como sucedió en 2021. O sea, primero justicia y luego perdón.
Y si los procesistas no están de
acuerdo, no pasa nada, iremos a nuevas elecciones. Entonces, es posible que
tengan que negociar con Feijóo y Abascal: llegado el caso, veremos en que quedarían
cuestiones tan sensibles para algunos como hablar catalán en el Congreso o
tener grupos parlamentarios propios sin haber alcanzado los mínimos exigidos en
el reglamento de la Cámara. Además de otras cuestiones de mucho más calado.
Ciertamente, sería una lástima echar
por la borda cosas que han costado tanto conseguir, pero hay situaciones que no
dan para más. Y la que estamos viviendo es una de ellas.
Bernardo Fernández
Publicado
en E notícies 19/10/2023
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