POR UNA LEY ELECTORAL CATALANA

 

Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral propia. Es posible que haya quien sostenga que, tal y como está el panorama político, no es el momento oportuno para tratar la cuestión. Lo siento, pero discrepo. Llevamos 40 años largos aparcando el tema y si no tenemos legislación propia sobre el particular es, en mi opinión, porque así ya les va bien a los que con este sistema logran mayorías parlamentarias cómodas. 

Durante el tiempo que Convergencia i Unió (CiU) estuvo en el Govern de Generalitat, los nacionalistas no tuvieron ningún interés en desarrollar una nueva ley electoral, ¿por qué? La respuesta es sencilla: Además de las ventajas evidentes que les daba el sistema, CiU debía contestar de forma simultánea a dos demandas contradictorias. Por una parte, los intereses del propio partido que se repartió el territorio como un auténtico reino de taifas y, por otra, que un sistema electoral ha de ser consensuado con otras fuerzas políticas y eso significaba ir a un concepto más proporcional y, por lo tanto, a un modelo menos favorable para sus intereses. Luego, cuando pasaron a la oposición, tampoco mostraron ninguna disponibilidad para revertir la situación. 

En septiembre de 2021 el Consejo Ejecutivo aprobó el Plan de Govern para la actual legislatura. Entre otras muchas medidas, el Plan proponía “la aprobación de un proyecto de ley electoral de Cataluña”. Pues bien, estamos en octubre de 2022 y lo único que sabemos de ese proyecto es que el president, Pere Aragonés, lo volvió a plantear, un año después, en el Debate sobre la orientación política general, celebrado semanas atrás, pero el órdago lanzado por Junts y los hechos posteriores lo sepultaron todo.

El hecho cierto es que, a día de hoy, las elecciones al Parlament siguen reguladas por la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de 1979 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General española. Esa disposición transitoria repartió los 135 diputados a elegir entre las cuatro provincias catalanas de una manera deliberadamente no proporcional a su población. A la provincia de Barcelona le correspondieron 85 diputados en lugar de los 105 que le habrían tocado en función de su número de habitantes. Hay quien sostiene que 85 fue una especie de decisión salomónica entre los 65 que proponían los que querían castigar todavía más a Barcelona y los 105 de los partidarios de atender al criterio de la población.

La cuestión es que el punto de partida de cualquier sistema electoral ha de ser la igualdad del voto entre todos los ciudadanos. El voto de todos los electores ha de tener el mismo valor en el momento de distribuir escaños y debe tener una influencia equiparable en el parlamento que se constituya. Es muy difícil explicar que hagan falta muchos más votos para ser diputado por Barcelona que por Lleida. Es cierto, no obstante, que eso ocurre en otros lugares como, por ejemplo, Bélgica, Francia y también en España, pero sucede de manera mucho menos pronunciada y el porcentaje de escaños de cada partido se acerca mucho al porcentaje de votos que obtienen.

Sin tomamos como referencia las elecciones de febrero de 2021, resulta que la holgada mayoría absoluta independentista en el Parlament de que gozan ERC, JxCat y la CUP (55% de los escaños, aunque ya vemos para que les ha servido) reposa solo en el 48% de los votos. (Mucho se ha hablado del 52% de voto independentista; sin entrar en el generoso redondeo del porcentaje exacto, hay que recordar que en los parlamentos serios los votos de candidaturas extraparlamentarias simplemente no cuentan). En cualquier caso, esa amplia mayoría en escaños 74 de 135 no se corresponde con el recuento voto a voto. O sea, mientras que el bloque independentista sumó 1.360.000 votos, los votos no independentistas aglutinaron 1.332.000 de ciudadanos que apostaron por ellos, en resumen, una diferencia de menos de 30.000 votos disparó, de forma excepcional, la consecución de escaños. Me parece, sencillamente, una anomalía, no sé si democrática o no, pero anomalía al fin.

Comprendo que abrir ese melón no sea plato de gusto para aquellos que sacan provecho de la situación. Los partidos independentistas, aunque ahora mimo estén a la greña, no tienen ningún incentivo para poner en riesgo sus mayorías holgadas en pro de una mayor proporcionalidad. Es evidente que ni a ERC ni a JxCat les interesa que la provincia de Lérida (un feudo independentista por naturaleza) pase de los 15 escaños que le corresponden actualmente a los 6 que le tocarían por población.

En consecuencia, no espero buenismo político ni altura de miras. Ahora bien, sería deseable empezar por el principio: Por eso, tan solo exijo democracia: un hombre, un voto, que a todos los ciudadanos se nos trate por igual, incluso cuando se trata de nuestros votos. El problema es que a lo mejor algunos opinan que no todos valen lo mismo. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 17/10/2022