PROPUESTA ESTRELLA...ESTRELLADA

 

Como no podía ser de otra manera, la crisis del Govern está ocupando todos los medios de comunicación. Estos días se pueden oír, ver y leer comentarios y opiniones de todo tipo sobre el tema, muy sensatos y rigurosos la mayoría y algunos descabellados. Por eso, y como creo que no puedo aportar nada sustancial, voy a orillar la cuestión y haré una breve reflexión sobre la propuesta estrella que hizo Pere Aragonés en el Debate de Orientación Política celebrado la semana pasada en el Parlament: un acuerdo de claridad con el Estado, al estilo del que se consiguió en Canadá en el año 2000. 

Para empezar, quiero poner de manifiesto que, en mi opinión, esa propuesta es de lo más juicioso que ha planteado el independentismo dese que dio comienzo ese carrusel de despropósitos que hemos convenido en llamar “el proceso”. Otra cosa es si el presidente Aragonés y su equipo han evaluado correctamente o no las posibilidades reales que esa iniciativa tiene para salir adelante, porque ni siquiera en el Parlament de Cataluña obtuvo el soporte del independentismo, puesto que JxCat, se abstuvo en la votación y la COPA votó no.

En principio, el presidente lo quiere plantear en la Mesa de Diálogo con el Gobierno central. Sin embargo, como todos sabemos, la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, se desmarcó ipso facto de la propuesta. Pero es que, además, la iniciativa superó, en mucho, la capacidad de decisión que pueda haber en la mencionada Mesa de Negociación.   Lo lógico es que la iniciativa se planteé, mediante una proposición de ley y, por lo tanto, se sustancie en el Congreso de los diputados, que es donde reside la soberanía popular. Ese es el quid de la cuestión.  

Si de verdad el presidente piensa que ese es el camino, y no hay motivo para creer otra cosa, debería armarse convenientemente su propuesta y pedir a su grupo parlamentario en el Congreso de los diputados que la presente y la defensa. Ahora bien, en ERC han de ser conscientes de que esa iniciativa lleva implícito que la soberanía del Estado se puede fragmentar y la Constitución española, igual que sucede con las constituciones de Francia, Italia, Alemania o EE UU, esa posibilidad no la contempla. Por eso, tanto la sentencia del Juicio a los líderes del proceso como algunas del Constitucional dejan claro que el derecho de autodeterminación en nuestro sistema jurídico vigente no tiene cabida.

No obstante, y como ejercicio de reflexión analicemos el proceso canadiense:
Lo primero que hay que aclarar es que la Constitución canadiense, que no reconoce el derecho a la secesión unilateral, sí permite la celebración de referendos de independencia. Ello hace de Canadá una excepción en el universo de las democracias, que se fundan en el principio de indivisibilidad del territorio. Sin embargo, para evitar la inestabilidad política que conlleva esa facultad, el federalismo canadiense ideó un mecanismo restrictivo. Fue el ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion, quien solicitó de la Corte Suprema de Canadá un dictamen sobre las condiciones en que tal ejercicio del derecho de autodeterminación se podía practicar. En su respuesta el Tribunal concluyó: que Quebec no tiene un derecho a la secesión unilateral, pero sí a entablar negociaciones con la federación al efecto de separarse; y que solo habría lugar a esas negociaciones tras un referendo con una pregunta clara y que, en todo caso, la negociación no tenía por qué abocar no obstante a la separación, si Ottawa y Quebec no alcanzaran un acuerdo. Esa doctrina fue luego transformada en ley mediante la Clarity Act del año 2000. Es decir, y esto es lo crucial: la Ley de Claridad no nació para facilitar referendos, sino para dificultarlos, al explicitar el largo y complicado proceso de la ruptura pactada.

En ningún artículo de la Constitución canadiense de 1982 se habla de Canadá como un Estado plurinacional. En realidad, lo que se ha desplegado, en Canadá, en los últimos 50 años no ha sido una política de plurinacionalidad sino de multiculturalidad y, sobre todo, de bilingüismo. Porque Ottawa entendió que si los quebequeses veían representados su lengua, su desafección disminuiría

En opinión de los expertos, si el ardor secesionista se ha apagado en Quebec, no es porque haya obtenido rango legal de nación, ni porque se haya reconocido su derecho de autodeterminación. La razón del éxito en la gestión territorial ha sido la correcta localización del problema, a partir de los años sesenta del siglo pasado, en la cuestión de la lengua. La élite política en Ottawa entendió, no sin resistencias, que si los quebeques vieron adecuadamente representados su lengua en las instancias federales de gobierno, su desafección disminuiría y el nacionalismo se vería privado de su principal argumento de beligerancia. Fue así como en 1972, la Official Languages ​​Act dio igual rango federal a inglés y francés. Gracias a esa medida, gradualmente implementada, hoy indiscutida, el soberanismo quebequés llegó a sus referendos con la pólvora mojada.

No sé hasta qué punto la situación de Canadá es equiparable a la nuestra, pero si los republicanos piensan que la ley de claridad canadiense es la vía para conseguir su objetivo de independencia para Cataluña, tienen todo el derecho de trabajar en ello. Desde mi modesta condición de ciudadano anónimo, animo a Pere Aragonés y a los suyos para que empiecen a buscar las complicidades indispensables que les permitan sacar su proyecto adelante. Eso sí, por coherencia, primero entre sus acólitos y luego entre los demás. Y mientras, que los árboles no les impidan ver el bosque, y gestionen con eficacia y eficiencia el Govern de la Generalitat de Cataluña que no es poca cosa porque, pensemos como pensemos, nos concierne a todos. 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 03/10/2022