Con la salida de JxCat del Govern se
pone fin al proceso secesionista catalán, al menos como lo hemos conocido en
estos años. Eso no significa que el independentismo vaya a desaparecer de
nuestro universo político. Son decenas de miles los ciudadanos que sueñan con
una Cataluña independiente y eso no se erradica como por ensalmo. Ante esta
nueva situación, las instituciones del Estado, empezando por el Gobierno
central y siguiendo por todas las demás, deberían poner en práctica, sin caer
en favoritismos absurdos, políticas muy afinadas, para que ese secesionismo
vaya reduciéndose paulatinamente a unos porcentajes residuales, como los que
había en los primeros años de la recuperación de la democracia.
Hubiese sido clarificador para unos,
reconfortante para otros y balsámico para todos que algún líder procesista
hubiera tenido la gallardía política suficiente para admitir que su proyecto
desde el primer día estaba abocado al fracaso. Desgraciadamente, no ha sido
así, nadie ha sido capaz de entonar el mea culpa y miles de personas aún no
tienen claro que aquello de la “revolució dels somriures” era una patraña que
no tenía ninguna posibilidad de prosperar, pero que ha servido para que un nutrido
grupo de aprovechados vivan a cuerpo de rey a costa de las arcas del Estado.
Esto es, de lo que pagamos todos.
Desde hace tiempo el independentismo
más pragmático ha asumido que su proyecto no tiene recorrido ni a corto ni a
medio plazo. Parece que el president Pere Aragonés lo tiene claro y, aunque de
vez en cuando, recuerda lo de volver a votar, acabar con la represión, la
amnistía y algunas soflamas más. Resulta evidente que son mensajes para
mantener alta la moral de la parroquia y que no cunda el desánimo entre sus
bases. No obstante, los dirigentes políticos independentistas saben que la
barra libre se ha terminado y ahora toca gobernar la autonomía.
Sería interesante que alguien nos
explicara que hemos ganado los ciudadanos catalanes, independentistas o no, con
el procés; si ha mejorado nuestra calidad de vida, si los servicios básicos como
la sanidad, la educación o las prestaciones sociales son ahora mejores que
antes de que empezara la milonga de la secesión. En mi opinión, no.
Tampoco a nivel macroeconómico hemos
ganado nada con el procés, más bien al contrario. El movimiento generó pánico
bancario y las dos entidades financieras catalana, Banc Sabadell y CaixaBank
pusieron tierra de por medio y trasladaron sus residencias fiscales. Marcharon
para evitar quedar fuera del sistema del Banco Central Europeo (BCE), y en los día
posteriores al 1-O los clientes de La Caixa retiraron unos 7.000 millones de
euros, pero es que la fuga siguió durante varios meses y de Cataluña marcharon,
la friolera, de unos 33.000 millones de euros.
Igual que los bancos, varios miles de
empresas grandes y medianas siguieron el mismo camino. Los expertos en la
materia calcularon que unas 4.500
sociedades optaron por buscar la seguridad jurídica y política que aquí no
tenían en otras ciudades españolas, sobre todo en Madrid. No obstante, la
Generalitat redujo ese número pero asumiendo que afectó a 3.700 compañías. Fuera
el número de traslados que fuese, fueron demasiados miles de empresas las que
marcharon. Ciertamente,
se podrá cuestionar el impacto real que esos movimientos han tenido en la
economía catalana, pero lo que no se puede discutir es la imagen poco
edificante que hemos transmitido al mundo. Es triste pero real, de las grandes
compañías que cambiaron su domicilio social, solo ha regresado Agbar, pero con
menos activos que con los que marchó.
Pero es que tras las empresas también
la élite de los ejecutivos ha ido mudando su domicilio fiscal y eso significa
que su IRPF y el conjunto de impuestos los pagan en otras administraciones.
No obstante, justo es escribir que la
evolución del PIB y del empleo ha ido en paralelo al conjunto de España y se ha
recuperado el turismo, tanto el vacacional como el de negocios. Si bien hay que decir que ese sector aporta
muy poco valor añadido y escasa cualificación profesional.
Sintetizando: Después de diez años de
proceso independentista la economía catalana no ha mejorado, más bien todo lo
contrario. La calidad de vida de la ciudadanía tampoco ha experimentado ninguna
mejora, los servicios que nos presta la Administración se han deteriorado. La
cohesión social se ha resquebrajado y estamos ante un riesgo de quiebra como
sociedad.
Por su parte, el Govern de la
Generalitat no ha obtenido ni una sola nueva competencia y el prestigio de
nuestras instituciones como, por ejemplo, el Parlament ha caído como no
podíamos imaginar. Ese estado de cosas hace que lamentablemente Cataluña, como
región europea, ya no sea referencia para nadie ni motor de nada.
Ante esta situación de fracaso
incuestionable de una determinada manera de hacer, pretender prolongar la
situación que nos atenaza es de una insensatez descomunal. Por si alguien tenía
alguna duda el
exsecretario general de JxCat Jordi Sánchez afirmó el pasado sábado, en
declaraciones a Catalunya Radio que "el procés, definitivamente, se ha
cerrado", tras la decisión de Junts de romper el Govern de coalición
con ERC y pasar a la oposición. Así pues, ahora, que JxCat ha
decidido poner en práctica el suicidio político se cierra definitivamente una
etapa política en Cataluña.
En estas circunstancias, el
president, Pere Aragonés, tiene la oportunidad de dar un puñetazo en la mesa y
dando un giro copernicano a la acción política del Govern, abrir un nuevo ciclo
que permita a la sociedad catalana sosegarse, recomponer la cohesión social,
trabajar por mejorar la calidad de vida y recuperar el prestigio que nunca
debimos perder. Esa sería la mejor
fórmula para iniciar una época de bienestar y progreso para todos, sin tener en
cuenta ni credos ni ideologías.
Bernardo Fernández
Publicado
en e notícies 10/10/2022.
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