Hemos pasado unas semanas horribles. Tanto por la escalada de los precios de la energía, el gas y los carburantes, con el consiguiente para del transporte por carretera que estranguló el suministro de alimentos y puso en jaque a buen número de empresas por la falta de materias, como por los oscuros nubarrones que se vislumbran en el futuro económico, a corto y medio plazo. Sin embargo, una tenue luz se coló en nuestro estado de ánimo colectivo, cuando se anunció el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones mayoritarias del transporte para desconvocar la huelga, aunque desgraciadamente no todas y algunas se descolgaron del pacto.
Según acordaron los líderes europeos, los gobiernos de España y Portugal pueden enviar a la Comisión Europea un plan con medidas a corto plazo –como limitar el precio del gas en el mercado mayorista– para que Bruselas le pueda dar el visto bueno. El acuerdo “cubre las expectativas”, argumentó Pedro Sánchez en una rueda de prensa conjunta con su homólogo portugués, Antonio Costa, como muestra de la buena sintonía del bloque ibérico.
Sánchez se arriesgó y ganó. Corría el riesgo de sufrir una severa derrota política en el Consejo Europeo, después de una semana muy aciaga como consecuencia de una muy poco afortunada gestión del principio de acuerdo con Marruecos sobre el futuro del Sáhara Occidental. Además, el paro de los transportistas y de gran parte de la flota pesquera podría haber generado una ola generalizada de protestas en nuestro país.
El acuerdo en Bruselas permite al Gobierno tomar aire y recuperar la iniciativa política. Ese pacto con el Consejo Europeo, era imprescindible pero no suficiente. Ahora hay que desarrollar un plan económico eficiente para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. H ay que poner negro sobre blanco en el ámbito energético, en el social y también en el laboral, y llegó a cabo. No valen medias tintas. Los indicadores señalan una situación de precariedad que no solo afecta y afectará a los más desfavorecidos sino a las clases medias muy pronto.
De la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma salió la idea de las bajadas de impuestos para pactar con el PP. Sin embargo, pronto se percataron de que esa no era la mejor solución y tanto Nadia Calviño como María Jesús Montero fueron afinando sus argumentos para demostrar al PP que no todo pueden ser rebajas fiscales porque eso no resuelve el problema. Según sostienen los expertos, la enorme bajada de impuestos a la electricidad, hace perder al Estado hasta 12.000 millones al año que serán muy útiles para políticas sociales. Ese es el motivo principal por el que al final se ha optado por una fórmula similar a la utilizada en Francia; esto es : ayudas directas a partir del 1 de abril en determinados sectores, como es el caso del transporte o la pesca entre otros, asi como ayudas directas a toda la poblacion, como sucede con los carburantes.
Por todo ello, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una veintena de medidas, divididas en diversas líneas de actuación. El Ejecutivo dedicará 16.000 millones de euros hasta el 30 de junio para paliar los efectos de la guerra. De ellos, 6.000 millones en ayudas directas y 10.000 millones en créditos ICO. La idea de Sánchez es “impedir que la guerra trunque la recuperación económica”.
Se impone un tope a los alquileres del 2% durante tres meses. Así se quiere proteger a la parte más vulnerable, para quien la subida de los alquileres al 7,2% que marca la inflación es inasumible. La medida forma parte del primero de los ejes del plan: apoyar a las familias, trabajadores y autónomos. En él se incluye otra de las medidas estrella del plan: extender la bonificación de 20 céntimos en cada litro de combustible y esa iniciativa va dirigida a todos los ciudadanos, sea cual sea su nivel de renta. El primer eje también incluye la novedad de complementario con un incremento del 15% del ingreso mínimo vital, así como la ampliación del bono social eléctrico a 600.000 familias adicionales a las que ya lo perciben en la actualidad.
En esta ocasión el Gobierno de coalición sí se ha mostrado unido en su valoración del acuerdo. Los socios han buscado la manera de hacer propuestas lo más progresistas posibles, pero sin acometer ni más subidas ni bajadas de impuestos que pueden espantar a otros posibles socios del arco parlamentario. Los aliados habituales, es decir, PNV, ERC, EH Bildu y Más País, socios desde la investidura, parecen probablemente a colaborar, pero si se les ofrece más detalles, más diálogo y más mejoras sociales. En cambio el PP echa a faltar bajadas de impuestos. Es normal, cada cual desempeña su papel.
Ahora, el Ejecutivo tiene un mes para limar asperezas y trenzar un pacto para que, cuando el decreto llegue al Congreso salga adelante sin demasiados sobresaltos. Ya veremos si hay alguien que se conforme sin salir en la foto.
Bernardo Fernandez
Publicado en e notícies 04/04/2022
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