A CADA CUAL LO SUYO

 Como es lógico, la brutal agresión militar de Rusia a Ucrania está acaparando toda la atención informativa. De todas formas, la vida sigue y siguen ocurriendo cosas. En estas circunstancias, me ha parecido oportuno poner sobre la mesa un asunto que arrastramos desde hace años y que, en mi opinión, no podemos dejar caer en el olvido porque es un insulto a la inteligencia y un escarnio a la ciudadanía, me estoy refiriendo a las inmatriculaciones de la Iglesia.

Se entiende por inmatriculación la primera inscripción de una propiedad que no consta previamente inscrita de manera individual. Es decir, registrar un bien a nombre de alguien. El proceso de las inmatriculaciones de la Iglesia comenzó en 1946 con la reforma hipotecaria de Franco. Según varios expertos consultados, esa ley se hizo para “intentar reparar lo sucedido en 1822 con la desamortización de Mendizábal, cuando se nacionalizaron los bienes de la Iglesia”.

La dictadura permitió que la Iglesia inmatriculara todos sus bienes destinados al culto. Sin embargo, al Gobierno de José María Aznar le pareció que aquella iniciativa se dejó corta y, aprovechando la  modificación del Reglamento Hipotecario , se concedió un plazo a la Iglesia para que pudiera  inmatricular a su nombre los bienes que no había inmatriculado hasta entonces porque no se lo permitía la ley, O sea, el Ejecutivo del PP le hizo a la Iglesia, un traje más a la medida, que el que le había hecho el franquismo, para que pudiese inmatricular los bienes no destinados al culto.

La jerarquía eclesiástica no se anduvo por las ramas y empezó a matricular sin contemplaciones, no solo los templos que habían quedado pendientes, también toda clase de terrenos, locales y fincas. La mayoría con la inverosímil justificación de que eran de la casa del sacristán o muy próximos al cementerio anejo a la Iglesia o cualquier otro argumento, por peregrino que fuera de manera objetiva, era válido para adueñarse de la propiedad.

El proceso era sorprendente, el obispo de turno actuaba en un doble papel: como interesado y como fedatario. Asombrense: Su firma equivale a la de un notario . Por lo tanto, era suficiente con que un monseñor atestiguara que aquel bien era de la Iglesia. 

Por si con todo este proceso no fuera suficiente, resulta que el trámite era totalmente gratuito. Así, por ejemplo, la matriculación de la mezquita de Córdoba les costó la friolera de 30 euros , que fue el coste del papel y el sello en el registro. Impresionante pero cierto.  

Después, la Iglesia no ha tenido ningún reparo en hacer negocio con esas propiedades. Desde parkings a colegios, pasando por fincas alquiladas, incluso algunos lugares de culto, como sucede en la catedral de Barcelona donde se cobra entrada por visitarla. Todo lo que es susceptible de ser rentable se pone en el mercado, pero eso sí, sin pagar el IBI correspondiente, como hacen todos los mortales que tienen alguna propiedad.

Semejante desmán no podía seguir impune. Por eso, d espués de un trabajo de años y decenas de reuniones de la comisión creada para este asunto, el Gobierno ha logrado que la Iglesia española admita que al menos un millar  de los 14.000 bienes (sin contar los templos) que inmatriculó de forma extraordinario  a partir de 1998, no son suyos. En principio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, llegaron a un acuerdo el pasado mes de enero, para que se iniciaron los trámites para la devolución de ese millar de bienes a sus propietarios. Ese acuerdo se hizo público en un comunicado conjunto entre el Ejecutivo y la Iglesia en el que esta última admitió que este millar de bienes“pertenecen a un tercero o no les consta la titularidad sobre el mismo”.

Esas propiedades están repartidas por toda España, pero más de la mitad se ubican en Castilla y León, allí hay 485 del total de 965 reconocidos por la Iglesia, seguida de Cataluña, con 101. De los 965, 208 son inmuebles que, aunque están inmatriculados a nombre de la Iglesia, no le pertenecen en realidad, y 757 son bienes que la Iglesia ha comprobado que pertenecen a otro titular aunque figuren a su nombre en los registros. En el listado de bienes, hay 38 cementerios, 502 fincas rústicas, 151 fincas urbanas y 98 viviendas.

Este listado de inmuebles se producirá ahora a la Federación Española de Municipios y Provincias, que según el Gobierno “ será quien lo distribuya  a las e ntidades locales para proceder a la identificación del titular”. Este acuerdo implica que, por primera vez desde 1998, algunos de esos bienes iniciarán el camino para volver a sus dueños originales oa sus herederos. Lo más probable es que sean los propios ayuntamientos los que se queden la mayoría de estos bienes.

De todas formas, no será fácil. La Generalitat publicó en 2020  un informe identificando 3.722 inmuebles ingresados ​​en el registro de la propiedad por primera vez (inmatriculados) solo con una certificación eclesiástica como prueba de la titularidad. La idea del Ejecutivo catalán era ayudar a que los ayuntamientos o particulares accedieran a una información inédita y, si lo necesitaran, recurrieran al servicio de mediación del Departamento de Justicia para acompañarles en posibles reclamaciones patrimoniales. Hasta octubre del año pasado, cinco procesos de reclamación han aterrizado en obispados catalanes y dos ya han sido desestimados.

En ambos casos, la negativa ha llegado del obispado de Girona, explican desde Justicia y corroboran desde la diócesis. En virtud de la protección de datos, la Generalitat no puede informar de quién se ha acercado al servicio de mediación ni cuál es el inmueble en litigio. Al equipo de patrimonio del obispado, sin embargo, le consta solo dos denegaciones relacionadas: una por un “solar” en Garriguella (Alt Empordà) y otra un terreno en Els Hostalets d'en Bas (Garrotxa). Girona tiene el 13% de todas las inmatriculaciones registradas por Justicia.

No se trata de expoliar a nadie. A cada cual lo suyo, pero ya se ha abierto la caja de Pandora. El Gobierno no podía seguir mirando hacia otro lado y es que estamos ante una cuestión de justicia social, ética y dignidad. Por eso, “ a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.

 

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 07/03/2022