La noticia nos estremeció a todos. Fue la última madrugada de noviembre, en la plaza Tetuán de Barcelona. Una pareja y sus dos hijos (uno de tres y otro de un año) morían en un incendio que se produjo en una antigua oficina bancaria que estaba ocupada.
Murieron cuatro personas y hubo más de 20 heridos, varios de ellos graves. Esa desgracia hizo que se pusiera el foco en una situación humanitaria crítica, pero que ya se conocía desde hacía tiempo. La ocupación ilegal del recinto era conocida por el consistorio que había puesto una mayor vigilancia sobre el lugar en los últimos meses. Allí vivía una población que oscilaba entre las 100 y 150 personas, la mayoría de origen subsahariano.
Se encontraban en situación irregular y se dedicaban al oficio de
mantero, así como a la recolección de chatarra e incluso a la confección de
muebles con palés. La pandemia agudizó su situación de pobreza. Sin acceso a agua o electricidad, se habían conectado a la toma general de luz.
En esta ocasión ha sido en pleno centro de Barcelona, junto a la escuela concertada, el Sagrat Cor y a solo 50
metros de la Consejería de Interior de la Generalitat. Era una antigua sucursal
bancaria, donde vivían ocho personas: la familia fallecida y otras cuatro que
se refugiaron en un patio hasta que les rescataron los bomberos.
La pareja llevaba
un año viviendo en esta antigua oficina de Evobanco, que cerró en 2019, según explicaron
los vecinos. Él era de origen paquistaní y ella, procedente de Rumanía, ambos
de 40 años; sus dos hijos habían nacido en España. Vivían de recoger chatarra.
El ayuntamiento de Barcelona hizo
público un informe según el cual en la ciudad viven unas 735 personas en
locales y naves ocupadas, y sobre 340 en chabolas situadas en solares. Aquí hay
que añadir un millar largo de personas que no tienen ni eso, viven al raso. El pasado mes de octubre, la Guardia Urbana y
personal del distrito del Eixample acudió a hacer una inspección en el local
ocupado, en la que, según fuentes municipales, “no se detectó ninguna situación de peligro, ni riesgo estructural para
hacer un desalojo de urgencia o una intervención de bomberos”.
Pese a que los servicios sociales
municipales conocían el caso en el que había menores, la Dirección General de
Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), de la Generalitat, no tenía
ninguna constancia de ello. Según un portavoz del departamento de Derechos
Sociales el Ayuntamiento no había informado del caso a la DGAIA, y este
organismo no puede intervenir hasta que los servicios sociales básicos lo
pidan. Por ley, los servicios sociales municipales tienen que elevar un informe
a la DGAIA si perciben riesgo para el menor de edad.
Según el informe de 2016 sobre pobreza energética de
la Agencia de Ciencias Ambientales (ACA), en torno al 11 % de los hogares de
España (unas 5,1 millones de personas) se declaran incapaces de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Esta cifra se sitúa por encima
de la media europea, que está en un 10,2 %, y representa un incremento del 22 %
en los casi cuatro años transcurridos desde la publicación del informe anterior.
Además de ese 11 % que no puede calentar su hogar de forma adecuada, un 21 % de
los hogares españoles padece algún tipo de carencia relacionada con la pobreza
energética (retrasos en los pagos, temperaturas inadecuadas, porcentaje excesivo
de gastos asociados a facturas energéticas etcétera). En Catalunya, el 18,7 %
de la población destina más de un 10 % de su renta disponible al gasto de
energía, el 11,1 % acumula retrasos de pago y el 8,7 % no puede mantener la
vivienda a una temperatura adecuada.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 10/12/2021
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