PRECEDENTE PELIGROSO

 

El PP lleva dos años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado mes de julio parecía que el Gobierno y el primer partido de la oposición habían llegado a un principio de acuerdo y en el inicio del curso político se renovaría el CGPJ. Sin embargo, los populares rompieron unilateralmente la negociación con el banal argumento de que Podemos no podía estar en la mesa de diálogo. Inaudito, pero cierto.

Ante ese permanente bloqueo, el Gobierno ha decidido echar por el camino más corto y que fueran los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos los que presentarán una proposición de ley para tirar adelante la reforma. Conviene aclarar aquí que el reglamento del Congreso no exige a los grupos parlamentarios los informes del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, que sí son preceptivos si es el Ejecutivo quien presenta el proyecto de ley. Además, de esa manera, se acortan considerablemente los plazos y la iniciativa se puede convertir en ley en poco más de dos meses.

No obstante, las alarmas han saltado cuando la Comisión Europea ha tenido conocimiento de las intenciones del Gobierno. La CE ha hecho llegar una seria advertencia a España sobre el proyecto de ley de Reforma del Poder Judicial. Aunque desde hace tiempo en Bruselas aprietan al Gobierno español para que renueve el órgano judicial que acabó su mandato en 2018, los políticos y juristas europeos no ven con buenos ojos que el proyecto se vehicule mediante los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas-Podemos. Temen que se ponga en peligro la independencia judicial y que el CGPJ se politice más de lo estrictamente ineludible.

En esencia, la reforma que se pretende desde el Ejecutivo es rebajar el actual quorum necesario de tres quintos a mayoría absoluta simple, tanto en el Congreso como en el Senado, para nombrar a 12 de los 20 vocales del Consejo. Y ahí es donde le duele al PP, porque con esta modificación los votos de los populares serían irrelevantes, bastaría con los soportes que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

De todos modos, y ante el aviso recibido dese Bruselas, el presidente Sánchez ha tendido la mano a Pablo Casado para desbloquear la renovación “a partir del principio de preacuerdo de julio”; es decir, un reparto de 10 vocales para cada bloque y el presidente progresista. Pero el PP sigue cerrado en banda y exige como condición sine qua non, para empezar a negociar, la ya mencionada exclusión de Podemos en el acuerdo, algo lógicamente inviable.

La cuestión es que izquierda y derecha no solo se han de diferenciar por sus postulados ideológicos, que son sus respectivas razones de ser, sino que entre otras muchísimas cosas se deben marcar también distancias por sus maneras de proceder.

Por eso, y aunque la memoria es débil, conviene recordar que, en enero de 2014, cuando gobernaba el PP, con Mariano Rajoy al frente, el grupo parlamentario popular tramitó una reforma urgente de la ley orgánica del Poder Judicial para dilapidar lo que se conoce como justicia universal, y lo hizo como proposición y no como proyecto del Gobierno; de esa forma evitaron, como ahora pretenden los grupos de PSOE y UP los informes preceptivos. Por lo tanto, no estaría de más que los populares se miraran al espejo antes de poner el grito en el cielo.

Con esa iniciativa el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó de un plumazo la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España. Algo que entonces era molesto para países como Estados Unidos o China entre otros.

Ante esta situación de bloqueo, es comprensible que el Ejecutivo y en especial el presidente Sánchez estén hartos del obstruccionismo y el bloqueo sistemático del PP; pero la solución nunca puede ser cambiar las reglas de juego a mitad de partido y tampoco utilizar el tú más o él y tú también. En ningún caso un Gobierno progresista debería utilizar un precedente de esa catadura política como argumento.

Tal vez el proyecto de ley que presenta el Gobierno de coalición es discutible, y ya se sabe que la izquierda, como la mujer del César, no solo ha de ser honrada sino que ha de demostrarlo. Pero es que el PP está cometiendo fraude de ley con sus bloqueos sistemáticos y burlando la Constitución, que tanto dice defender, para sacar pingües réditos políticos.

Estoy convencido de que nuestro sistema constitucional y jurídico ofrece otras posibilidades y es muy plausible que se pueden explorar otras vías que den plenas garantías a la iniciativa gubernamental. Y eso, sería mucho mejor que recurrir a las artimañas que ya utilizó el PP en 2014 porque, aunque nada garantiza que si algún día los conservadores vuelven a gobernar vuelvan a hacer trapacerías, que un Gobierno progresista utilice las mismas argucias que la derecha ultramontana sentaría un precedente peligroso.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 20/10/20