UNA DÉCADA PERDIDA

Estos días se cumplen diez años desde que se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Cataluña.

La elaboración de aquel texto fue, desde el minuto uno, un camino tortuoso y lleno de dificultades que estuvo a punto de fracasar en más de una ocasión. Tras un largo proceso de negociaciones repleto de dudas, desconfianzas y zozobras el nuevo Estatut se aprobó en un larguísimo y tenso pleno en el Parlament en septiembre de 2005. Más tarde, pasó por el Congreso y el Senado, dónde fue “convenientemente cepillado”, como dijo Alfonso Guerra, para ser, finalmente validado, por una amplísima mayoría, en referéndum en junio de 2006. No obstante, la participación no alcanzó el 50% del censo.

En aquella ocasión, y como después se ha ido repitiendo distintas veces, la derecha representada por el PP y los independentistas por ERC pese a ser antagónicos, coincidieron en el sentido de su voto, ambas formaciones pidieron a sus seguidores que votaran no al nuevo texto.

En 2010, un TC muy cuestionado por su falta de renovación, emitía la sentencia sobre el Estatut que anulaba 14 artículos y reinterpretaba otros treinta. De esa forma se suprimían, entre otras atribuciones, el uso preferente del catalán en la Administración, que las decisiones del Consejo de Garantías fueran vinculantes o que el Síndic Greuges tuviera competencias exclusivas. Además de eliminar el valor jurídico del preámbulo en el que Cataluña se proclamaba nación.

Sea como sea, el caso es que aquella sentencia marcó un antes y un después en la política catalana y, por el efecto dominó, también en la española. La publicación del fallo judicial fue la espoleta que hizo detonar la escalada independentista que ha llegado hasta nuestros días. Hay quien sostiene que, sin la crisis económica, que entonces ya estaba desbocada, el secesionismo no hubiera tenido chance. Es posible, pero, en cualquier caso, aquellos polvos trajeron estos lodos.

Con una mayoría de la sociedad muy defraudada con “la política de Madrid” y un Govern de izquierdas con importantes vías de agua a CiU no le fue difícil ganar cómodamente las elecciones al Parlament (46%, 62 diputados) que se celebraron a finales de noviembre. En su discurso de investidura, Artur Mas reivindicó un nuevo modelo de financiación para Cataluña y la “transición nacional” basada en el derecho a decidir. Fue escogido president de la Generalitat el 23 de diciembre y anunció que constituiría el “Govern dels millors”. No sé si fue el “Govern dels millors”, en mi opinión, no, pero desde luego, aquel Ejecutivo puso en práctica las políticas más austericidas de Europa y el que más recortes hizo en menos tiempo de todo el continente.

En verano de 2011 el presidente del Gobierno de España, entonces, Mariano Rajoy, y Artur Mas mantuvieron una entrevista en la Moncloa, en la misma el primero se negó en redondo a negociar cualquier régimen de financiación especial para Cataluña. Eso hizo que Mas, a los pocos días de su regreso de Madrid, se echara en brazos de los movimientos independentistas, aun bastante incipientes. Eso y, quizás, que los casos de corrupción de su partido empezaban a aflorar con fuerza le hicieron tomar la deriva que nos ha traído hasta aquí.

En cualquier caso, el hecho cierto es que ya han pasado diez años, y si echamos la vista atrás podemos ver con cierta perspectiva que esta última década ha sido una década perdida para los catalanes y las catalanas.

El fracaso del proyecto independentista es total: ni viaje a Ítaca, ni unilateralidad, ni República. Pero es que tampoco hemos mejorado como comunidad autónoma. El enfrentamiento permanente del Govern de la Generalitat con el Estado y su intención de ruptura ni nos ha dado más autogobierno, ni mejor financiación, ni tan siquiera nuevas transferencias competenciales. Por otra parte, la Comisión bilateral Estado-Generalitat, solo se ha reunido una vez y fue a instancias de la ministra de Política Territorial, la socialista Meritxell Batet.

En cambio, más de cinco mil empresas trasladaron sus sedes a otras comunidades autónomas, ante la inseguridad jurídica ocasionada por la inestabilidad política. Asimismo, las inversiones extranjeras han mermado de forma considerable, con lo cual hemos perdido capacidad económica como país y, por si no teníamos bastante, se ha divido la sociedad y se ha roto la cohesión social. En mi opinión el bien más preciado que teníamos como sociedad.

Frente a esta nefasta situación, podemos contraponer la evolución de Gobierno Vasco que tras el fracaso del Plan Ibarretxe supo reaccionar, modificar su estrategia y hacer del diálogo, la negociación y el pacto su seña de identidad para entenderse con el Gobierno central.

Las consecuencias están a la vista: una treintena de competencias han sido o serán traspasadas en breve al Gobierno Vasco. En ese contexto hay que destacar como transferencia estrella el régimen económico de la Seguridad Social que muy pronto será gestionando directamente por el Gobierno de Vitoria

Mientras eso sucede en Euskadi, aquí la cuestión es que, como sociedad hemos perdido una década y no se atisba solución, mientras los líderes secesionistas no cambien de actitud. Mal vamos si no son capaces de mostrar arrepentimiento y se empeñan en el “ho tornarem a fer.” Así es prácticamente imposible salir del círculo vicioso al que nos ha llevado el procés.

Por eso no ayudan declaraciones como las que hizo muy recientemente el vicepresident del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès al decir que: “amnistía para los presos y expatriados, fin de la represión, autodeterminación e independencia, es lo que propondremos en la mesa de diálogo con el Gobierno central”.

¡Hombre! Si esas declaraciones son para consumo interno, pase. Pero si van a ir con ese cartapacio bajo el brazo a negociar, se pueden ahorra el viaje.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/07/20