Supongo que, si alguien tenía
alguna duda sobre la incapacidad de Quim Torra para ser president de la
Generalitat, después de lo que está ocurriendo con los rebrotes del
coronavirus, habrá disipado su incertidumbre. Claro y concreto: Torra ha
demostrado que no tiene la capacidad intelectual necesaria para ser presidente
de una Comunidad Autónoma como Cataluña. Esas carencias las hemos ido viendo
los ciudadanos desde que fue investido president en mayo de 2018. En un
principio, no parecía prudente opinar sobre la cuestión porque cuando llegó a
la más alta jerarquía catalana era un perfecto desconocido y había que darle un
margen para que se afianzara en el cargo.
Sin embargo, a lo largo de
estos dos años de presidencia, hemos constatado su nula capacidad y menos
disposición para desempeñar la alta responsabilidad que le correspondía. De
hecho, el mismo Torra ha dicho en más de una ocasión que lo único que le
interesa es la independencia de Cataluña, cuando su cometido es presidir una
Comunidad Autónoma, no otro.
El mayor fiasco ha llegado con
los rebrotes del coronavirus porque hay vidas humanas en juego. Desde luego,
saber en qué momento y que medidas hay que adoptar para que unos cuantos casos no
se conviertan en una gran oleada de contagios no es fácil. Justo, por eso,
están los especialistas que asesoran a los políticos, y han de ser estos los
que acaben tomando las decisiones, y para eso hace falta sensibilidad,
templanza e inteligencia. Tomar medidas inadecuadas y a destiempo puede
provocar confusión entre la ciudadanía y, por consiguiente, un problema de
magnitudes incontrolables, exactamente lo que ha sucedido en Lleida.
Observemos dos maneras
distintas de gestionar una misma crisis: el gran rebrote de Lleida se originó
en cuatro comarcas vecinas a Aragón. La primera reaparición del virus en el
Segrià se produjo el 22 de mayo, pero el programa de detección de contagios del
Govern no se activó hasta el 16 de junio, y entonces ya era tarde. Los casos
del lado catalán empezaron a evolucionar a un ritmo de más de 100 diarios y la
solución que propuso el Ejecutivo de Torra fue la de confinar a la población el
día 4 de julio. Iniciativa rechazada por la jueza de guardia porque la
consideró fuera de lugar.
En cambio, en el lado aragonés
se decretó, casi de inmediato, la fase 2 en las comarcas afectadas y el número
de afectados lleva dos semanas bajando. Se han limitado las reuniones a 15
personas, pero no se ha limitado la movilidad.
Como que la Covid 19 no
entiende ni de fronteras, ni de ideologías, ni de nada que se le parezca, que
llegarse a Barcelona y su área de influencia era cuestión de tiempo, y eso es
lo que ha ocurrido en los últimos días: el 70% de los nuevos casos se
concentran ya en el área metropolitana de la capital. Y esto no ha hecho más
que empezar.
En una cuestión tan delicada
como la que estoy comentando no me gustaría que nadie piense que hago leña del
árbol caído. Por eso, quiero basar mi argumentación en personajes de reconocido
prestigio como, por ejemplo, Oriol Mitjà, epidemiólogo de referencia de la
Generalitat, para quien “las administraciones no se han preparado lo suficiente
para hacer el seguimiento de los contagios”.
Una opinión muy similar
sostiene el también epidemiólogo Antoni Trilla, jefe de Medicina preventiva del
Hospital Clínic de Barcelona, asesor del Gobierno y del Govern, para quién, “el
sistema de contención de rebrotes no está suficientemente preparado en
Cataluña”.
Para Magda Campins,
epidemióloga jefa del Vall d’Hebron, “la situación de Lleida se ha ido de las
manos clarísimamente” (…) “los recursos en vigilancia epidemiológica son
insuficientes” o “Cataluña no está preparada para una segunda oleada de
coronavirus”.
Pero quizás la opinión más
contundente ha sido la de Benito Almirante, jefe del servicio de enfermedades
infecciosas de Vall d’Hebron, según él: “Tres o cuatro semanas de gestión
propia y estamos peor que le resto de España”. Sobran los comentarios.
En cuatro meses el Govern ha
sido incapaz de desplegar un sistema de rastreo eficaz. Su falta de capacidad
de acción y de cintura política es muy preocupante. Se puso de manifiesto días
atrás, cuando la jueza de guardia anuló el confinamiento del Segrià y el
president, en plan tabernario, anunció que “ni estaba de acuerdo ni aceptaba la
decisión judicial”. Como es lógico esa declaración originó un embrollo legal; de
ahí que el Govern se tuviera que reunir de urgencia para aprobar un decreto ley
que validara la iniciativa.
Lamento decirlo, pero la
gestión que está haciendo el Govern de la crisis es caótica. Se recomienda a la gente que no salga de
casa, pero se mantienen abiertas playas y piscinas y, en cambio, se prohíben
eventos culturales.
Ante tanto desbarajuste, los
alcaldes de los municipios afectados por los nuevos rebrotes se han mostrado
muy críticos con la gestión que la Generalitat ha llevado a cabo. La alcaldesa
Ada Colau ha censurado el fracaso en la tarea de rastrear los contagios y ha
ofrecido toda la colaboración institucional, aunque reconoce que ya es tarde.
Mal están las cosas en
Cataluña; al escenario de catástrofe bíblica y hecatombe económica que nos deja
la pandemia, hemos de añadir la situación de desgobierno que llevamos
padeciendo desde hace años. Primero porque los que debían gobernar estaban entretenidos
en otras bagatelas como vías unilaterales, referéndums y otras mandangas
diversas. Después porque entre proclamar la república, pelearse por las 155
monedas de plata y poner tierra de por medio con la justicia olvidaron sus
responsabilidades, y ahora con un president que tiene más de activista que de
gobernante las cosas van como van.
La cuestión es: ¿cuánto más estamos
dispuestos a soportar?
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies
21/07/20
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