EL EMBROLLO DE LAS BALANZAS FISCALES

Los independentistas catalanes tienen siempre preparados un puñado de temas talismán que cuidan con esmero. Uno de ellos es el peligro de extinción de la lengua, otro, el déficit fiscal. Éstos dos son de los más utilizados, aunque no los únicos. Cuando consideran que la moral de la tropa flaquea, echan mano de cualquiera de esas cuestiones y así estimulan el fervor de sus parroquianos.

Eso es lo que, una vez más, ha vuelto a suceder. El Govern de Quim Torra ha vuelto a poner en el candelero el déficit fiscal que según los secesionistas padece Cataluña, frente al pérfido Estado español, y es el origen, según su criterio, de todos los males.

Desde luego, el tema es complicado y la cuestión viene de lejos. El “España nos roba”, ha generado, a lo largo del tiempo, pingües beneficios electorales y es una bicoca que no se puede desperdiciar.

Conocer las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con el Estado tiene sentido si sirve para aclarar el equilibrio/desequilibrio entre los impuestos pagados desde las comunidades autónomas y las transferencias y servicios recibidos desde Estado. He escrito de forma deliberada “impuestos pagados desde las comunidades autónomas” porque ha de quedar claro que quien paga los impuestos son los ciudadanos y las personas jurídicas (empresas e instituciones), no los territorios. Sin embargo, las comunidades cobran impuestos y prestan servicios a la ciudadanía.

Según un informe elaborado por la Vicepresidencia de Economía y Hacienda del Govern de la Generalitat, el déficit fiscal de Cataluña con el Estado se situó, tanto en 2015 como en 2016 por encima de los 16.000 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB. Dicho en román paladino, una barbaridad si fuera cierto.

La editorial Catarata publicó a finales de 2015, un breve pero brillante libro de Josep Borrell i Joan Llorach, titulado, “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. En el mismo, se hacen interesantes análisis que desmontan la farsa secesionista; en un momento dado dice:” No es cierto que los famosos 16.000 millones de euros del saldo de la balanza fiscal estuvieran contantes y sonantes sobre la mesa del conseller de Hacienda”. Los autores consideran que el criterio del flujo monetario utilizado para esa estimación no es el más adecuado y se trata de un ejercicio teórico. La cifra máxima de diferencia entre la aportación que se hace desde Cataluña a las arcas del Estado y lo que regresa en forma de inversiones y mejores estaría ligeramente por encima del 5% del PIB.

El que fuera conseller de Economía, con Artur Mas de president, Andreu Mas-Colell reconoció, a final de su mandato, que la cifra que más se acercaba a la realidad en esta materia superaba ligeramente los 3.000 millones de euros (Nota sobre las diferencias entre las balanzas fiscales y los presupuestos consolidados de las Administraciones públicas de Cataluña, 14/09/2015). Además, Mas-Colell admitía que una vez consolidadas las cuentas de todas las administraciones catalanas en 2015 se generaría un superávit a favor de Cataluña de 2.400 millones de euros, el 1,2% del PIB.

Ahora, los motivos de poner esta reivindicación sobre la mesa, además de insuflar moral a la tropa, a mi modo de ver son otros. Y es que el nuevo Gobierno de España que se acaba de constituir, ha de poner en marcha un nuevo modelo de financiación para las CCAA, y para desarrollarlo se deberán tener en cuenta factores como la población, la distancia territorial, el envejecimiento y la población inmigrante, entre otros muchos. Hasta ahora, los representantes de Cataluña se habían negado a participar en las negociaciones alegando que querían un régimen fiscal similar al Concierto Vasco o bien argumentando que como Cataluña iba a ser independiente de manera inmediata la financiación autonómica ya no les interesaba. Sin embargo, cuando han empezado a comprender la realidad como es, supongo que habrán pensado que mejor ir a la mesa de la financiación de las comunidades, no vaya a ser que eso de la independencia no sea tan inmediato. Y lo que están intentando es caldear el ambiente.

De todas maneras, no quisiera acabar este escrito, sin hacer una comparación llevando el argumento hasta el límite, que me parece bastante útil para comprender un poco mejor este embrollo de las balanzas fiscales.

Imaginemos una gran ciudad como Barcelona.  En esa gran urbe, se supone que quién paga más impuestos son los habitantes de los barrios ricos como Sarriá. En cambio, los ciudadanos que viven en los barrios más pobres o populares como el Raval ingresas menos a las arcas de las administraciones públicas. Pues bien, ¿significa que el Ayuntamiento invertirá más dinero en iluminar las calles, en hacer más cloacas o en asfalta mejor las calles donde han pagado más impuestos o invertirá en servicios públicos donde realmente más se necesite? Que cada cual responda según su criterio.

Pues exactamente lo mismo sucede con las CCAA, sean ricas o pobres. Según el artículo 138 de la Constitución, el sistema fiscal español sigue unas pautas de solidaridad y, en consecuencia, todos los ciudadanos deben tener acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Así pues, es razonable que en aquellos territorios donde haya ciudadanos con rentas altas y/o empresa con mayores beneficios contribuyan con sus impuestos a asegurar unas prestaciones similares para toda la sociedad, independientemente de cuál sea el lugar de residencia y la condición social de todos los que la conforman.

En consecuencia, pretender establecer un sistema de financiación autonómico que de como resultado unas balanzas fiscales de resultado cero, no es solo inconstitucional, es, sobre todo, insolidario.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 14/01/20