Después del largo ciclo
electoral que hemos vivido estos últimos meses, ahora les toca a los políticos
cumplir el mandato de las urnas y a la ciudadanía volver a la normalidad. Para
empezar, los ciudadanos que tienen la obligación, y aún no lo han hecho,
deberán sacar la calculadora, hacer números y rendir cuentas a Hacienda. Hay
que presentar la Declaración de renta.
Dicen las estadísticas que uno
de cada tres ciudadanos marcará la casilla de la Iglesia católica cuando haga
su Declaración. De esa forma, el 0,7% de lo que el contribuyente aporte irá a
las arcas de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Unos 250 millones de euros
anuales.
De todos modos, esa cantidad
no deja de ser una pequeña parte de lo que las administraciones dedican en
España a financiar a la Iglesia católica. A esa cifra hay que añadir lo que se
suma de las diversas subvenciones que les llega de ministerios, comunidades
autónomas y ayuntamientos, además de las exenciones y bonificaciones tributarias
de las que se beneficia. La iglesia en nuestro país es propietaria de más de
2.600 colegios, 70 hospitales y unas 800 residencias para gente mayor,
discapacitados, etc. Por si fuera poco, está exenta de pagar el IBI, pero no
sólo de los lugares de culto, también de los sitios en los que hace negocio.
Según un reciente estudio de
la Fundación Europa Laica el Estado, entre unas cosas y otras, viene aportando
a la Iglesia católica unos 11.000 millones de euros anuales. Para esta
organización la Iglesia goza de un auténtico paraíso fiscal y sus cuentas son
totalmente opacas.
La asignación directa del IRPF
no va, como sería de desear, mayoritariamente a Cáritas u otras organizaciones
católicas con fines sociales. Ese dinero se dedica a mantener la estructura
eclesial. Así, un 80% se envía a las diócesis para su funcionamiento y el 20%
restante sirve para pagar parte de la Seguridad Social de sacerdotes y
religiosos, mantener a los obispos y financiar las estructuras de la CEE.
Es probable que muchos ciudadanos
cuando ponen la X en la casilla de la Iglesia piensen que su dinero irá destinado
a fines sociales. Pues bien, deben saber que a Cáritas llegan, procedentes del
IRPF, unos escasos siete millones de euros, el grueso del presupuesto de esta
obra social (más de 22 millones de euros) llegan de la casilla de otros fines
sociales.
Este sistema de financiación
lo pactaron el Gobierno y los obispos en 2006. Entonces se acordó incrementar
la asignación en un 35% (subió del 0,52% al 0,7%) también se pactó que se
presentaría una memoria pública de gastos. Sin embargo, eso hasta la fecha no
ha sucedido nunca.
El artículo 16 de la
Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Hoy la
realidad sociológica de nuestro país es muy diferente a la de 1978, cuando se
aprobó la Carta Magna. Por eso, una revisión de ese artículo sería razonable. Y
es que resulta evidente que para que haya una libertad efectiva en cuestiones
como la ideología, la religión o el culto sería necesario un reparto mucho más
equitativo de los medios disponibles.
En esas circunstancias, y
ahora que muy pronto se va a constituir el nuevo gobierno que se va a encontrar
con un considerable paquete de reformas que afrontar; no estaría de más que
incluyera otra que tuviera que ver con poner al día los acuerdos con el
Vaticano y con la Conferencia Episcopal Española.
Desde luego, es totalmente
legítimo y deseable que cada cual practique la religión que considere más
idónea. Pero también es razonable que se marque la tendencia que ese tipo de
prácticas y otras similares han de ir siendo autofinanciables. Para un Estado
laico y aconfesional ese debería ser un principio rector.
Bernardo Fernández
Publicado en el Catalán
07/06/19
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