CATALUÑA, CAPITAL MADRID

Desde que el pasado 12 de febrero comenzó el juicio a los líderes independentistas por el intento de ruptura con España, el centro de gravedad de la política catalana se ha trasladado a Madrid.

Como no podía ser de otro modo, los medios de comunicación han puesto el foco en la sala de plenos del Tribunal Supremo (TS) en la que se celebra la vista oral. Eso hace que lo que suceda en Cataluña, aunque sea de mucha importancia y nos afecte de manera directa, como ocurre, por ejemplo, con la falta de presupuestos, quede relegado a un segundo término.

Curioso país el nuestro. El pasado mes de diciembre, cuando se reunió en Barcelona el Consejo de Ministros, los CDR y compañía montaron la marimorena. Cortes de carreteras, de líneas ferroviarias, manifestaciones, enfrentamientos con la policía y toda una retahíla de despropósitos. En cualquier otro lugar civilizado del mundo sería de lo más normal que el Gobierno se reuniera en otra ciudad del Estado que no fuese la capital, incluso se vería con agrado. En cambio, aquí algunos lo consideraron una provocación. Cosas veredes Mio Cid que dice un viejo amigo mío.

En cambio, ni tan siquiera se han debatido las cuentas de la Generalitat en el Parlament, por lo que se han de prorrogar los presupuestos ya prorrogados de 2017, lo que significa que, habrá que buscar financiación con líneas de crédito extraordinarias, que el dinero escaseará para la sanidad, para la educación y los servicios sociales, pero no se convocan elecciones porque “a Cataluña no le convienen”, según el president. Pero tampoco se somete   a una moción de confianza, que es lo menos que se debe exigir en un sistema democrático, y aquí nadie dice ni pío. Como si el asunto no fuera con nosotros.

Todo está centrado en el proceso judicial: titulares de los medios de comunicación, tertulias, comentaristas, todo el mundo opina. Según parece todo el mundo sabe de leyes. Hasta cierto punto es lógico. Están en juego muchas cosas. Las sentencias y, en consecuencia, el futuro de los acusados es una. Otra, es el prestigio de la justicia española y por extensión la calidad de nuestra democracia. Y otra, no menos importante, el futuro a corto y medio plazo de Cataluña.

Por todo ello, no es casualidad que el tribunal haya permitido la retransmisión en directo de todas las sesiones y que se cuide hasta el último detalle. Quien más y quien menos sabe que la última carta que jugarán las defensas, si sus clientes no son absueltos, es llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo. El TS no ignora esa posibilidad y de ahí la escrupulosidad con que se están haciendo las cosas.

No es la intención de este modesto articulista hacer un análisis pormenorizado de todas y cada una de las declaraciones y, mucho menos, entrar en cuestiones técnico-jurídicas. No obstante, si considero oportuno, realizar una valoración política de algunas de las intervenciones que se han producido en la sala de vistas del TS. Por ejemplo, las respuestas de Rajoy, Sáenz de Santamaría y, sobre todo, la del exministro del Interior, Juna Ignacio Zoido, fueron vergonzosas. Los máximos responsables del Gobierno de España el 1 de octubre de 2017 no sabían…, desconocían…, no dieron órdenes. Entonces, ¿para qué les pagamos los ciudadanos? Demostraron ser o unos embusteros o unos irresponsables. No sé qué es peor.

De todas maneras, el juicio está resultando muy clarificador en términos políticos. La declaración que hizo, días atrás, Iñigo Urkullu fue como una bocanada de aire fresco: ya era hora que alguien dijera las cosas tal como ocurrieron. Ni Puigdemont quería hacer lo que hizo, ni Rajoy quería llegar donde llegó y, sin embargo, uno proclamó la independencia y el otro aplicó el 155. Dos políticos tibios que se dejaron amedrentar. A los dos les temblaron las piernas e hicieron lo contrario de lo que querían y debían hacer. Así van las cosas.

Por si alguien albergaba alguna duda, empieza a ser bastante evidente que, para salir del atolladero al que nos han llevado, se necesita gente con más fuste que la nos ha puesto a los pies de los caballos. El problema es que, al menos en principio, no se ve a nadie, ni aquí ni en las inmediaciones, capaz de reorientar la situación, aunque tenga que pagar el precio de que le digan cobarde y traidor.

En cualquier caso, no deberíamos desesperar, que tengamos presupuestos o no, es pecata minuta: el juicio promete, esto no ha hecho más que empezar y va para largo.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/03/19