En el
Partido Popular no ganan para sustos. Aún no habían acabado de encajar la
patada en salva sea la parte que les supuso el caso Cristina Cifuentes, con su
no máster y sus cremas, y saltaba la noticia que el, en tiempos pasados,
todopoderoso Eduardo Zaplana había sido detenido por la Guardia Civil por
blanqueo de capitales y delito fiscal. La justicia llevaba tiempo investigando
al que fuera ministro con José María Aznar, por repatriar más de 10 millones de
euros que supuestamente cobró mediante sobornos en su etapa de presidente de la
Generalitat valenciana (1995-2002), y que había ocultado en Panamá.
Los
dirigentes del partido no tardaron en salir diciendo que Zaplana hacía años que
no tenía responsabilidades en el partido y que las supuestas irregularidades
eran lejanas en el tiempo. A las pocas horas, los populares sacaban pecho
porque con la inestimable ayuda del PNV, además de Ciudadanos y los dos
partidos canarios, se aprobaban los presupuestos generales para 2018 y eso les
daba un balón de oxígeno que, en circunstancias normales, les debería servir
para agotar la legislatura.
Sin
embargo, en una sociedad como la nuestra los acontecimientos se suceden a
velocidad de vértigo y la política no es una excepción. Al día siguiente de
aprobarse las cuestas del Estado y cuando algunos aún lo estaban celebrando,
saltó la noticia: La Audiencia Nacional hizo pública la sentencia del juicio
central del caso Gürtel. En la misma, se condena a Francisco Correa a 51 años
de cárcel como cabecilla de la trama y al extesorero del PP, Luís Bárcenas, a
33 años de prisión y a pagar una multa de más de 44 millones de euros. También
a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, le han caído 15 años de cárcel y pagar
5,6 millones de euros. En resumen, de los 37 encausados, 29 han sido
condenados.
Además,
la exministra Ana Mato debe pagar una multa de más de 27.000 euros y al Partido
Popular se le considera beneficiario de la trama y se le condena a pagar casi
300.000 euros.
Sin
duda, una sentencia dura. Pero como dijo el exjuez Baltasar Garzón, los
españoles podemos sentirnos orgullosos de nuestra justicia.
De
todos modos, en la vertiente política que, evidentemente tiene el caso, lo que
merece especial atención es que el tribunal considera que se creó una
estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989.
Asimismo,
los magistrados de la Sala de lo Penal afirman que comparten la visión de la
Fiscalía, que cuestiona la veracidad de las declaraciones de Mariano Rajoy,
Álvarez Cascos, Javier Arenas y Pío García Escudero. En lenguaje de la calle
diríamos que esos señores mintieron como bellacos en sus declaraciones.
Así
las cosas, el PSOE registró, el pasado viernes, una moción de censura de Pedro
Sánchez contra Mariano Rajoy. Según el líder de los socialistas es una
respuesta serena, firme, de Estado y constitucional para recuperar la dignidad.
Para
que la iniciativa prospere son necesarios 176 votos, mayoría absoluta en el
Congreso. Desde luego, esa moción de censura es oportuna y necesaria. No
obstante, Pedro Sánchez, el candidato (no importa que no sea diputado, no lo
exige la Constitución) lo tiene complicado. Si bien, sobre el papel existen dos
opciones.
La
primera, y a mi entender, la más razonable sería la suma del PSOE, Podemos y
Ciudadanos, que supondrían 183 diputados. De hecho, esa fórmula ya se intentó
en 2016, sin éxito, por el veto de Podemos al partido naranja.
Ahora,
Ciudadanos ya ha anunciado que no dará soporte a la iniciativa de Sánchez porque
la consideran “irresponsable” y proponen impulsar una conjunta con el único
objetivo de convocar elecciones de forma inmediata. Se ve que las encuestas les
son favorables. Además, puestos a dar lecciones a diestro y siniestro, el
portavoz de Ciudadanos quiere sacar a Rajoy de su “inmovilismo” y a Sánchez de
la “irresponsabilidad”. Sin comentarios.
La otra
opción que permite la aritmética parlamentaria es la suma de los socialistas
con Podemos y los nacionalistas. Ahora bien, si ya es muy difícil aglutinar las
diversas sensibilidades e intereses de esos grupos, cohesionar esa sopa de
letras en torno a un proyecto común, aunque sea por un tiempo determinado, se
em antoja misión casi imposible.
Ahora
es el momento de hacer política. Política con mayúsculas. No es admisible que
un partido que está carcomido por la corrupción nos gobierne. Es necesario
dialogar, negociar y pactar para echarlos ya. Así las cosas, veremos quien está
a la altura de las circunstancias y a quien lo único que le importa es su
chiringuito o el campanario de su pueblo que, para el caso, viene a ser lo
mismo.
Bernardo
Fernández
Publicado
en e.notícies 28/05/18
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