La decisión del Tribunal
Superior de Justicia de Schleswig-Holstein de dejar en libertad con medidas
cautelares a Carles Puigdemont, ha generado un sunami jurídico-político de
consecuencias impredecibles a día de hoy.
Hasta el pasado jueves, 5 de
abril, en que se anunció la puesta en libertad del expresident fugado, la
debilidad y el fraccionamiento de los partidos independentistas para gestionar
el fracaso de la unilateralidad por la que apostaron en la anterior legislatura
era una evidencia. Los secesionistas, pese a tener una mayoría suficiente para
gobernar, se habían mostrado incapaces de pactar un programa de mínimos, formar
gobierno y sacar al país del bloqueo político en el que está sumido.
Ahora esa decisión, tan
inesperada como sorprendente, ha hecho que el secesionismo, que empezaba a dar
signos de agotamiento, recupere autoestima y se venga arriba.
En la otra orilla, el Gobierno
de Mariano, que había empezado a acariciar la idea de tener la derrota
independentista a tiro de piedra, con los principales líderes o en la cárcel o
fugados y los que quedan en acción dando muestras de una incompetencia casi
total, contempla como un tribunal de justicia alemán ha desmontado su
estrategia y ha puesto de manifiesto algunas de las consecuencias que tiene no
hacer política y esconderse detrás de las togas.
El varapalo jurídico y
político es evidente. Quizás por eso, desde el entorno del magistrado Pablo
Llarena, se ha hecho saber a los medios de comunicación que están valorando la
posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE, ubicado en Luxemburgo. Pues,
aunque la decisión del Tribunal Schleswig-Holstein no es recurrible, cabe la
posibilidad de plantear si se ha aplicado de manera adecuada o no la orden
europea de detención.
De todos modos, y sin ánimos
de entrar en vericuetos judiciales, convendría tener muy en cuenta las
declaraciones de Ignacio González Vega, portavoz de jueces y juezas para la
democracia, que en un interesante artículo decía. “Una vez que el señor
Puigdemont haya sido juzgado por malversación, tanto si es condenado o
absuelto, transcurridos sesenta días, de permanecer en nuestro país podría ser
procesado por el delito que las autoridades judiciales alemanas entienden que
es inadmisible”.
Sea como sea, el hecho cierto
es que el paisaje político ha cambiado de forma radical en Cataluña. El
soberanismo está crecido y mucho me temo, que aquellas tibias esperanzas e
ilusiones que algunos abrigábamos, de que las cosas empezaran a arreglarse van
a quedar en el baúl de los recuerdos.
Roger Torrent, presidente de
la cámara catalana, ya se ha encargado de confirmar estos presagios, al
proponer, tras una rueda de consultas exprés, con los líderes de los grupos
parlamentarios, de nuevo a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la
Generalitat, en un Pleno, aún sin fecha, a celebrar en los próximos días.
Será la cuarta ocasión en que
Torrent propone un candidato para la investidura. Primero fue Carles
Puigdemont, después Jordi Sánchez y más tarde Jordi Turull que no fue investido
en la primera ronda de votaciones y no se pudo presentar a la segunda porque
ingresó en prisión.
Ahora, el president del
Parlament se ampara en una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU,
según la cual Jordi Sánchez, aunque está en prisión preventiva, tiene, como
diputado, sus derechos intactos.
En estas circunstancias, será
el magistrado Pablo Llarena quien decida si permite la salida o no de Sánchez.
La investidura debe ser
presencial para respetar la Ley de la Presidencia y el reglamento de la Cámara,
tal como hicieron saber los letrados en el mes de enero a petición de diversos
grupos parlamentarios.
De todos modos, la CUP ya ha
anunciado que sus cuatro diputados se abstendrán. Por tanto, la hipotética investidura
sería imposible. Los números no dan.
Sea como sea, una cosa es
segura: la bronca y el follón están servidos.
Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies
09/04/18
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