A veces tengo la sensación de qué,
con tanta monserga independentista, estamos perdiendo el mundo de vista y las
cosas que realmente son importantes y nos afectan de verdad, van quedando en un
segundo plano. Y no digo que lo que está sucediendo en Cataluña no merezca
nuestra atención, pero existen otros asuntos, como por ejemplo las pensiones,
de las que depende el pan de cada día de muchos millones de personas y no les
damos la importancia que ciertamente tienen.
Quizás ese es el motivo por el
que no hayamos reparado tanto como debiéramos en las movilizaciones que los
jubilados de nuestro país empezaron a realizar meses atrás para afrontar el grave
problema que significa su pérdida de poder adquisitivo, con la pírrica subida
anual del 0,25% de sus pensiones, impuesta por el gobierno del Partido Popular.
Por eso, el pasado 14 de
marzo, se celebró un pleno en el Congreso para tratar el tema y, en teoría,
buscar soluciones. La verdad es que la sesión fue de poco nivel y pasó con más
pena que gloria.
Mariano
Rajoy estuvo en su línea. De hecho, su objetivo era ganar tiempo y aprovechar
las pensiones para sacar los presupuestos de 2018 adelante y salvar la
legislatura. Como señuelo, ofreció subir las pensiones mínimas con el IPC,
elevar las de viudedad y conceder alguna ayuda fiscal en determinados supuestos
a los pensionistas. Menos da una piedra, pero el presidente hizo una oferta muy
limitada que no resuelve, ni de lejos, el problema de fondo.
Así
las cosas, ante la presión de la calle, los sindicatos y la oposición, el
Gobierno ha querido poner negro sobre blanco y ha presentado algunas mejoras.
Es verdad, pero a poco que se analicen se ve que no son más que un “mantente
mientras cobro”.
Según
el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los Presupuestos para 2018,
presentados recientemente, están “pensados para pensionistas, servidores
públicos y para financiar los servicios públicos fundamentales”.
Pues
bien, dado que la magnífica ventana que me brinda El Catalán para expresar mis
opiniones es, como no puede ser de otro modo, limitada en el espacio, me voy a
centrar en analizar el asunto de las pensiones. Un asunto que sería cómico,
sino fuera porque detrás de muchas pensiones hay auténticos dramas de
supervivencia. Veamos.
Lo que
en esencia se ofrece desde el Ejecutivo es qué, si finalmente estos
presupuestos acaban aprobándose, las pensiones mínimas y de viudedad tendrán un
aumento medio anual de entre 250 y 450 euros respectivamente. Es decir, si esa
subida se divide en 14 pagas (12 mensualidades y dos extraordinarias)
percibirán un aumento, por paga, de entre 17,80 euros las mínimas y 32,10 las
de viudedad. Las que superen los 12.040 euros anuales y, por tanto, deban hacer
Declaración de la Renta se quedarán con la modesta subida del 0,25%. Como
vemos, todo un capital para los perceptores.
Para
avanzar en un asunto tan importante como el que nos ocupa, deberíamos desterrar
la idea de que las pensiones hay que sufragarlas exclusivamente con las
cotizaciones sociales.
No
perdamos de vista que son uno de los pilares de Estado del bienestar; en
consecuencia, si sanidad, educación y servicios sociales se financian mediante
impuestos, las pensiones no deberían sufrir un trato discriminatorio.
Por
otra parte, el Gobierno prevé para 2018 una inflación del 1,6%. En buena lógica
las pensiones deberían subir el mismo porcentaje. Además, ese incremento
significaría menos de 2.000 millones de euros a añadir a la partida que ya se
ha presupuestado para hacer frente a ese gasto, y así se podría subir igual que
el IPC. Es decir, más o menos lo mismo que el coste inicial que supone rescatar
las autopistas radiales de Madrid.
Por
otra parte, en España estamos a la cola de gasto social. Nos superan países
como Grecia o Portugal. Mientras en el conjunto de la UE el gasto social medio
está sobre el 24,7%, aquí apenas superamos el 20%.
Además,
los ingresos públicos en 2016 en nuestro país se situaron en el 37,7% del PIB,
mientras que en el conjunto de la zona euro se recaudó un 46,1%, lo que
demuestra la ineficacia de nuestra administración y el elevado volumen de
fraude que atenaza nuestro sistema financiero.
Todos
estos datos, tan solo son una pequeña muestra de que, con una administración
más eficiente y un sistema fiscal más eficaz y, sobre todo, con más voluntad
política, es posible, no multiplicar los panes y los peces, pero sí hacer que
las pensiones se actualicen tanto como suba el IPC.
Al fin
y al cabo, es una cuestión de justicia social. Claro que también hay
entelequias que son cosa de algunos iluminados.
De
nosotros depende diferenciar lo accesorio de lo fundamental.
Bernardo
Fernández
Publicado
en El Catalán 10/04/18
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