04 de novembre 2012

Y DESPUÉS, ¿QUÉ?

Sin que sirva de precedente, vamos a trabajar con la hipótesis de que el parlamento catalán que salga de las urnas el próximo 25-N sea nítidamente soberanista. En consecuencia, vamos a suponer que Artur Mas encuentra las complicidades necesarias y el marco legal adecuado para convocar un referendo o consulta dentro de la legalidad. Llegados a esta situación, habría que empezar a poner los puntos sobre las íes.


El primer asunto a clarificar sería el tipo de pregunta. No es lo mismo preguntar si se quiere ser independiente, o no, que hacer referencias a un hipotético estado que, de entrada, no sería miembro de la UE. Por eso, parece recomendable tomar el modelo escocés y realizar una sola pregunta, clara e inequívoca.

Parece lógico exigir con anterioridad a la consulta una normativa concreta y concisa para la misma. Ahí se deberían definir cuestiones como cual debería ser el porcentaje mínimo de participación para que la misma se pudiera considerar válida. Asimismo, habría que manifestar qué porcentajes de síes sería necesario para ganar al referendo, habida cuenta que un 51% no sería suficiente como acertadamente señaló el propio Mas.

De igual manera, se debería definir que tiempo debería pasar para convocar otra consulta en el caso de que no se obtuviera la mayoría necesaria. De no hacerlo, podría ocurrir que algún descerebrado le cogiera el gusto a eso de consultar cada vez que surgiera un quítame estas pajas y nos embarcaran en un referendo cada dos por tres.

Por otra parte y como ya manifestó el presidente Mas, semanas atrás, Cataluña debería construir estructuras de estado. Es decir, entre otros estamentos se debería crear una Agencia Tributaria, una Seguridad Social, un cuerpo diplomático, tal vez un Ejército y un sinfín de organismos propios de una nación independiente. Pues bien, como contribuyentes que somos, tenemos derecho a saber por cuanto nos puede resultar la aventura.

Asimismo, deberíamos asumir la parte alícuota de la deuda española que se debería sumar a la que ya tenemos como catalanes. También, justo es decirlo, nos correspondería una parte del patrimonio español. De igual forma, sería bueno saber en que parámetros se situaría la prima de riesgo catalana que en 2010 estaba sobre los 200 puntos y ahora, según los expertos, de salir al mercado rondaría los 1.300 puntos.

Siguiendo con la hipótesis con la que empezaba este escrito, y en el supuesto de que el si obtuviera la mayoría suficiente para declararnos independientes, los ciudadanos, con anterioridad, deberíamos saber que estrategia se seguiría para entrar en la UE. Habida cuenta que como estado nuevo estaríamos fuera. Ya que se necesita, no lo olvidemos, la unanimidad de los socios del club europeo para formar parte del grupo. La ciudadanía también debería saber que se haría para salvar los aranceles fronterizos que con toda probabilidad impondrían otros países a los productos fabricados aquí. O que haríamos con los productos que hoy vendemos en España, que es el principal mercado para nuestras empresas, si decidieran, cosa harto probable, no comprar productos catalanes.

Otro de los grandes inconvenientes que habría que prever sería la fuga, más que previsible, de grandes empresas y multinacionales. Además, sería prácticamente imposible encontrar recursos en el exterior para sufragar nuestra deuda. Todos sabemos que el capital huye en cuanto percibe inestabilidad. De hecho, en los últimos tiempos, del flujo de inversiones que llega a España, en Cataluña sólo se queda un raquítico 14,3%, cuando en buena lógica debería andar sobre el 27%.

Ciertamente, se podrían seguir enumerando inconvenientes que genera una hipotética independencia de Cataluña, casi hasta el infinito. Pero entiendo que es preferible dejar cuestiones en el tintero y no hacer una relación exhaustiva de todos aquellos temas que nos afectarían el día de después. Además, he querido dejar fuera del foco, los análisis de intangibles como, por ejemplo, el sentimiento independentista. Ese tipo de percepciones no son cuantificables y pertenecen a otro ámbito. De igual modo, también, excluyo de estas líneas promesas electorales por increíbles, como que el castellano en una Cataluña independiente sería lengua cooficial. Sencillamente no puedo creer que aquellos que ahora sancionan a un establecimiento por rotular en castellano, en un hipotético Estado catalán dieran el mismo rango a esta lengua que a la propia.

Es evidente que los ciudadanos tenemos derecho a decidir, y la falta de un marco legal adecuado, no debería ser obstáculo para que la ciudadanía se pueda expresar en libertad. Ahora bien, aquellos que nos quieren llevar por caminos desconocidos, deberían hacer un ejercicio de honestidad política y social y explicar con todo lujo de detalles ventajas e inconvenientes de ese nuevo escenario. No vaya a suceder que nos encontramos con paisajes no deseados por imprevistos.

Después, con pleno conocimiento de causa, cada cual será muy libre de escoger la opción que más le convenga. Al fin y al cabo, en eso consiste la democracia.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 31/10/12