La crisis ha hecho visibles importantes disfunciones en nuestro sistema hipotecario que evidencian desequilibrios que hay que corregir. Es necesario hacer que el mercado de las hipotecas sea equilibrado y respetuoso con los derechos del consumidor. Para ello, entre otras medidas, se deberían desvincular las tasadoras de las entidades crediticias. También habría que prohibir emitir cédulas hipotecarias respaldadas por hipotecas sobre viviendas sobre tasadas. De igual manera, se debería aplicar la Ley de Usura a determinados intereses de demora. Asimismo, resulta sorprendente que se realice una valoración del inmueble para determinar el importe a prestar, y otra diferente en el momento de realizar la tasación para la subasta.
La imagen del ciudadano que entrega sus llaves para liquidar la hipoteca es habitual en Estados Unidos. Allí el comprador tan solo responde con el bien hipotecado. En cambio, en España, lo más habitual es que con eso no baste. La diferencia estriba en que en EE UU las entidades financieras asumen el riesgo, aunque después lo externalicen, mientras que en estas latitudes lo asume el comprador que responde con todos sus bienes presentes y futuros.
Aquí, la cosa está clara: la banca siempre gana. Todas las consecuencias de la burbuja inmobiliaria las paga el cliente. El banco sale inmaculado. Según nuestra legislación sólo el cliente comete errores y ha de pagar por ello. Las entidades financieras no tienen ninguna responsabilidad. Ahora bien, se supone que el oficio de banquero se caracteriza por la prudencia, el conocimiento del mercado y la valoración de los riesgos. Visto lo visto, la negligencia, la falta de profesionalidad y la codicia desmedida explicarían, en parte, la situación en que nos encontramos.
A cada cual lo suyo. Y no cabe duda de que el ciudadano mayor de edad y responsable de sus actos debe saber lo que firma. No obstante, es obvio que muchas cosas han fallado en nuestro sistema: se hacían préstamos sobre el 100% de la tasación, las viviendas subieron otro tanto en muy poco tiempo, el suelo se revalorizó entre 1997 y 2007 un 500% y en cambio los salarios en el mismo período se incrementaron menos de un 25%.
No debemos olvidar que los solicitantes de créditos no tasaban los pisos ni eran responsables de que se les concediera el 120% del valor tasado, tampoco se les puede echar en cara que sus hipotecas superaran con creces el 35% de sus ingresos, era el banquero el que tenía capacidad para otorgar la hipoteca y no el cliente.
Días atrás y en el contexto de crisis que estamos viviendo, una comisión de magistrados presentó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una serie de “Propuestas para la Agilización y Reforma de los Procesos Civiles”. Entre las cuales ha llamado poderosamente la atención la que hace referencia a la capacidad que deberían tener los jueces para aplazar o suspender un desahucio de aquellos que no puedan seguir pagando su hipoteca por estar sin trabajo. Ésta es, también, una de las sugerencias plantadas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y diversos colectivos sociales y sindicales.
Pero, sin duda alguna, lo que ha causado más impresión en la ciudadanía y, por extensión en la clase política, han sido los suicidios de un hombre en Granada y una mujer en Baracaldo, momentos antes de ser desahuciados. Y por si todo esto no fuera suficiente, la guinda del pastel ha sido un auto no vinculante del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), que ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
Como decíamos más arriba, la banca siempre gana y la moratoria que ha decretado la patronal de las entidades financieras para las situaciones más extremas responde más a criterios cosméticos que a una voluntad real de dar solución al drama de perder la casa por no poder hacer frente a la hipoteca.
Pues bien, ni con todo este panorama de fondo, PP y PSOE han sido capaces de ponerse de acuerdo para parar este drama social. En estas circunstancias, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real decreto, según el cual los desahucios se paralizarán durante un plazo de dos años para grupos como familias numerosas, con discapacitados a su cargo o compuestas por parados sin prestación, si tienen una renta familiar de 19.200 euros al año como máximo, entre otros requisitos. La plataforma de Afectados por la Hipoteca entiende, como no puede ser de otra forma, que la medida del Gobierno se pliega a los deseos de la banca ya que deja a muchas personas sin protección.
Ante esta situación de desequilibrio y falta de protección de los usuarios ha llegado la hora de la política. No se puede seguir haciendo oídos sordos a lo que demanda la calle y los paños calientes ya no sirven. Es el momento de introducir en nuestro ordenamiento jurídico más equidad y más justicia social. Además, hay que hacerlo rápido y bien ya que el tiempo se agota y la paciencia de los ciudadanos también.
Bernardo Fernández
Publicado en La voz de Barcelona 20/11/12
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