El pasado 23 de julio Los Mossos d’Esquadra registraron el Palau de la Música Catalana durante más de nueve horas, incautaron 13 cajas con documentación y soportes informáticos. Esta acción vino determinada por la querella interpuesta por la fiscalía, según la cual hubo una distracción de fondos de la asociación y fundación Orfeó Catalá que se nutren con subvenciones públicas. La citada querella sostiene que el supuesto desvío de dinero se produjo entre 2003 y principios de 2004. En total fueron más de 2 millones de euros los que llegaron a un destino distinto del previsto en origen. En esa época se estaban realizando las obras de ampliación del Palau que, por cierto, costaron casi el triple de lo presupuestado en un principio.
Con este panorama como telón de fondo y la algarabía mediática originada por el registro de Los Mossos fue muy oportuna la nota que en su día difundió la fiscalía en la que se hacía hincapié en “la relevancia y entidad cultural del Orfeó Català y el ingente volumen de recursos económicos que moviliza, procedentes de aportaciones tanto privadas (particulares y grandes empresas) como públicas (importantísimas subvenciones) Por ese motivo” -continua la afirmación jurídica- “aunque los hechos se producen en el seno de entidades que son privadas. Indirectamente repercuten en toda la sociedad catalana”
Ahí está el quid de la cuestión de esta affaire: el origen de los dineros y, por lo tanto, el destino que se les da. Si siempre hay que ser escrupuloso con el dinero que no es de uno, hay que serlo infinitamente más cuando proviene de orígenes ajenos y tiene finalidades sociales o altruistas como es el caso. En ésta ocasión nos viene como anillo al dedo aquel viejo adagio que nos recuerda que: “la mujer del Cesar no sólo debe ser honrada sino que, además debe aparentarlo”
No cabe duda que, el señor Félix Millet, presidente de la asociación y la fundación ahora investigadas, es un prohombre de la sociedad catalana con un brillantísimo currículo. Miembro destacado de más de una treintena de sociedades. Pero, también, con un lado oscuro, una condena de 2 meses de arresto y 30.000 pesetas de multa en el año 1984 por el fraude inmobiliario de Renta Catalana. Este patricio de la burguesía barcelonesa cobraba por su labor al frente de la fundación 24.000 euros mensuales. Me disculparan los amables lectores el improperio, pero esa cantidad, teniendo en cuenta el origen y el destino de los fondos administrados, me parece una indecencia.
Respetando, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia de todos los imputados, y la del señor Millet no puede ser una excepción, esperaremos, con impaciencia, que se esclarezca la verdad y que la justicia ponga a cada cual en su lugar.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC 12/08/09
Con este panorama como telón de fondo y la algarabía mediática originada por el registro de Los Mossos fue muy oportuna la nota que en su día difundió la fiscalía en la que se hacía hincapié en “la relevancia y entidad cultural del Orfeó Català y el ingente volumen de recursos económicos que moviliza, procedentes de aportaciones tanto privadas (particulares y grandes empresas) como públicas (importantísimas subvenciones) Por ese motivo” -continua la afirmación jurídica- “aunque los hechos se producen en el seno de entidades que son privadas. Indirectamente repercuten en toda la sociedad catalana”
Ahí está el quid de la cuestión de esta affaire: el origen de los dineros y, por lo tanto, el destino que se les da. Si siempre hay que ser escrupuloso con el dinero que no es de uno, hay que serlo infinitamente más cuando proviene de orígenes ajenos y tiene finalidades sociales o altruistas como es el caso. En ésta ocasión nos viene como anillo al dedo aquel viejo adagio que nos recuerda que: “la mujer del Cesar no sólo debe ser honrada sino que, además debe aparentarlo”
No cabe duda que, el señor Félix Millet, presidente de la asociación y la fundación ahora investigadas, es un prohombre de la sociedad catalana con un brillantísimo currículo. Miembro destacado de más de una treintena de sociedades. Pero, también, con un lado oscuro, una condena de 2 meses de arresto y 30.000 pesetas de multa en el año 1984 por el fraude inmobiliario de Renta Catalana. Este patricio de la burguesía barcelonesa cobraba por su labor al frente de la fundación 24.000 euros mensuales. Me disculparan los amables lectores el improperio, pero esa cantidad, teniendo en cuenta el origen y el destino de los fondos administrados, me parece una indecencia.
Respetando, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia de todos los imputados, y la del señor Millet no puede ser una excepción, esperaremos, con impaciencia, que se esclarezca la verdad y que la justicia ponga a cada cual en su lugar.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC 12/08/09
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