Tras las elecciones generales de
julio de 2023, con el objetivo de seguir desarrollado su programa de progreso y
transformaciones sociales en nuestro país, el PSOE tuvo que poner en marcha
toda su capacidad negociadora y de convicción para lograr que diversos grupos parlamentarios
del Congreso dieran su voto para investir a Pedro Sánchez como presidente del
Gobierno
En noviembre de 2023, tras unas
largas y escabrosas negociaciones se firmó el “Acuerdo de Bruselas” entre el
PSOE y Junts. Según ese pacto, los siete diputados del grupo catalán votarían
la candidatura de Pedro Sánchez, a cambio de la aprobación de una Ley de
Amnistía, la oficialidad del catalán en la UE y el traspaso de las competencias
en inmigración a la Generalitat de Catalunya, entre otras cuestiones de menor
calado.
Poco después, se constituyó una mesa
de negociación en Ginebra, presidida por un mediador internacional, para hacer
un seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos.
Los socialistas lograron su
propósito. La legislatura echó a andar, pero muy pronto se vio que aquello no
iba a ser un camino de rosas. La debilidad parlamentaria del Gobierno ha
facilitado que, en estos dos años de legislatura, el Ejecutivo haya tenido que
hacer concesiones a los grupos de la investidura que, en circunstancias
normales, no se hubieran producido. No hay nada que objetar. Eso es algo que forma
parte del juego parlamentario. Pero todo tiene sus límites y desde el minuto
uno quedó claro que a Junts la gobernabilidad de España le importa un pimiento,
lo único que les interesa es hacer valer sus votos y poner al Gobierno contra
las cuerdas, cuantas más veces mejor.
La realidad es que los dos años que
llevamos de legislatura han sido un auténtico vía crucis para el Gobierno que
ha tenido que sudar la camiseta en cada votación y los de Junts han dejado en
la estacada al Ejecutivo para unir sus votos a los del PP y Vox, en más de una
ocasión, sin ruborizarse.
No voy a entrar a valorar si el
Gobierno ha sido todo lo diligente que debía para cumplir los pactos acordados
o no. El hecho cierto es que, contra la voluntad de muchos militantes
socialistas, se llevó al Congreso el proyecto de Ley de Amnistía y se aprobó,
si después el Tribunal Constitucional está valorando si la malversación es
amnistiable o no es por qué en nuestro país, afortunadamente, existe separación
de poderes, como mandan los cánones más elementales de la democracia
parlamentaria. De la misma manera, el Ejecutivo puso en la agenda europea la
oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. Para saber porque el tema se
ha encallado los “juntaires” harían bien preguntándole al PP por sus maniobras
en la oscuridad para frenar la propuesta. Y, por último, los de Puigdemont
deberían recordar que la no aprobación del traspaso de las competencias en
materia de inmigración fue una decisión de Podemos, por temor —dijeron— a que
esas competencias cayeran en manos fascistas si algún día Junts gobierna en
Catalunya.
Según consta en el Diario de Sesiones
del Congreso, Junts ha participado casi en el 70% de las derrotas
parlamentarias (incluyendo en el cómputo todo tipo de tramitaciones
legislativas, de mayor o menor rango) del Gobierno. Desde la constitución del
Parlamento hasta el pasado mes de septiembre, los “socios” de Junts han
ejercido un papel relevante como oposición al PSOE, impulsando o contribuyendo en
varios descalabros del Ejecutivo. Según
los recuentos de votaciones consultados hasta mediados del mes de mayo, Junts
ha estado detrás de 52 derrotas del Gobierno de coalición. Han votado
directamente en contra en cerca de 40 ocasiones y se han abstenido en otras 13.
Mientras que solo han respaldado al Ejecutivo en 18 de esas derrotas. Un
recuento al que hay que agregar el 'no' al decreto antiapagones del Pleno de
julio; aunque, sin duda alguna, el rechazo a la reducción de la jornada laboral
haya sido el más sonado.
Con el anuncio de que Junts rompía
sus acuerdos con los socialistas se ha hecho visible algo que ya se daba de
facto: que los de Puigdemont hacían más de oposición que de mayoría. El Diario
de Sesiones no miente y los datos ahí están.
Ni Carles Puigdemont ni nadie de su
equipo se han molestado en explicar cono nos va a beneficiar esa ruptura a los
catalanes. En Junts han antepuesto sus temores a un sorpasso de Aliança
Catalana al progreso y los avances sociales tanto en Catalunya como en España.
Con su decisión los post postconvergentes ponen una alfombra roja para que en
nuestro país se instale un gobierno de ultraderecha. Quizás porque todavía
acarician aquella idea estrambótica de cuanto peor mejor.
El órdago de los de Puigdemont pone
al Ejecutivo de Sánchez a los pies de los caballos, sin mayoría parlamentaria,
sin poder presentar una moción de confianza porque los números no dan y sin
presupuestos la continuidad de la legislatura se complica.
Está por ver el rol que juegan los
diputados de Junts. Lo más probable es que sigan nadando entre dos aguas. Sea
como sea, esta ruptura va a suponer un auténtico quebradero de cabeza para el
Gobierno. Porque va a resultar, prácticamente, imposible sacar adelante asuntos
fundamentales, si no se compensa de forma espléndida a los de Puigdemont.
Veremos cuál es el alcance real de
todo este asunto, pero hay ocasiones en la vida en las que hay que decir:
“hasta aquí hemos llegado” y tomar decisiones drásticas, quizás una de esas
ocasiones está a punto de llegar. Por eso el PSOE haría bien en tener la
maquinaria electoral a punto. En situaciones convulsas, como la actual, todo es
posible.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press
03/11/2025
