LA SOLUCIÓN DE LOS DOS ESTADOS

El pasado martes, 7 de octubre, se cumplieron dos años de la brutal agresión terrorista de Hamas en tierras israelís; asesinaron a 1.200 personas y capturaron como rehenes a más de 250, sembrando el horror y la destrucción por dónde pasaron. Fue, sin duda, el mayor ataque padecido por Israel en la historia. La respuesta israelí no se hizo esperar y lo que debió ser un acto en legítima defensa ha sido un atroz genocidio contra el pueblo palestino.

Setenta mil muertos después, la mayoría mujeres y niños y con la población gazatí sometida a toda clase de calamidades, dos años más tarde se ha logrado un alto el fuego con las negociaciones de Hamas y Netanyahu en Egipto, bajo el paraguas de Donald Trump, aunque con muchas más sombras que luces en el horizonte.

No voy a insistir en lo sucedido porque voces muy autorizadas y plumas expertas han explicado con detalle la delicada situación de Oriente Próximo y no creo que yo pueda aportar algo sustancial. Quiero, sin embargo, hacer algunos apuntes históricos que quizás nos sirvan para entender algo mejor lo que está ocurriendo. 

En 1947 la Naciones Unidas aprobaron la Resolución 181 en la que se esbozaba un plan de partición que dividiría Palestina (entonces bajo control británico) en Estados judío y árabes segregados. Pero fue el 14 de mayo de 1948 cuando David Ben-Gurión declaraba la independencia del Estado de Israel.

Poco tiempo después de declarada la existencia del nuevo Estado, Siria, Jordania y Egipto lo invadieron, desencadenando la primera guerra árabe-israelí. La consecuencia inmediata fue que más de 700.000 palestinos salieron del nuevo Israel, huyendo a Cisjordania, Gaza y los Estados árabes más próximos.

No fue un camino fácil, hasta que Israel no ingresó en la ONU, y eso sucedió en 1949, el nuevo Estado no alcanzó una soberanía equiparable a la de otros países. En la actualidad más de 160 miembros de la ONU reconocen al Estado israelí; entre los que no lo hacen se encuentran Siria, Irán, Arabia Saudí, Indonesia o Malasia.

A lo largo de los casi 80 años de existencia del nuevo Estado, se han barajado diversas opciones para dotar a los palestinos de un status quo propio, pero ninguna ha prosperado. Para muchos expertos en política internacional, la “línea verde de 1949” era la frontera más realista para los respectivos Estados. Esta línea se trazó durante los acuerdos de armisticio entre Israel y sus vecinos tras la guerra de 1948 y es la frontera actual entre Israel, Cisjordania y Gaza. Sin embargo, tras la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel ocupó parte de Cisjordania y Gaza, junto con Jerusalén Este y los Altos del Golán.

La mayoría de los debates actuales se refieren a la creación de dos Estados a partir de las fronteras existentes en 1967. En ese caso, el nuevo Estado palestino estaría formado por Cisjordania, antes de los asentamientos israelíes, y Gaza. Aquí surge un tema muy espinoso: como quedaría la ciudad de Jerusalén; con muy buena voluntad por todas las partes, la capitalidad compartida podría ser la solución.  

Desde el final de la Guerra de los Seis Días en 1967, más de 5 millones de palestinos se convirtieron en apátridas. Cisjordania y la Franja de Gaza permanecen en un limbo institucional, como enclaves semiautónomos bajo control de Israel. La cruda realidad es que los órganos de gobierno de Cisjordania y Gaza, es decir, tanto la Autoridad Palestina como Hamás, no tienen capacidad de acción sobre su propia seguridad ni sus fronteras. Por eso, la autodeterminación de los palestinos mediante la creación de un Estado ha sido la piedra angular de la acción política palestina durante décadas.

A principios de la década de 1990, parecía que se avanzaba de forma decidida hacia la solución de los dos Estados. De hecho, las negociaciones comenzaron, en parte, como consecuencia de los levantamientos palestinos en Cisjordania y Gaza en 1987, movimientos que se conocieron como la Primera Intifada.

Ya en 1993, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el jefe de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, se reunieron en Oslo y firmaron el primero de dos pactos llamados los Acuerdos de Oslo.  Tras importantes concesiones por ambas partes, se sentaron las bases para la creación de un Estado palestino independiente, y aunque en aquellos pactos no se mencionaban las fronteras de 1967, sí se hacía referencia a “un acuerdo basado en la Resolución de 242 del Consejo de Seguridad de la ONU” de 1967, que exigía la retirada de las fuerzas armadas israelíes “de los territorios ocupados en el reciente conflicto”.

En 1995 se firmó el Acuerdo de Oslo II, allí se detallaba la subdivisión de las zonas administrativas de los territorios ocupados. Cisjordania se dividió en parcelas controladas por Israel, junto a la Autoridad Palestina. Aquello tenía que ser el primer paso hacia la entrega de los territorios ocupados a los palestinos.

Pero, en realidad, fue un espejismo. Tan solo seis semanas después, un nacionalista judío, ofendido por las concesiones hechas por Israel, asesinaba a tiros a Rabín. Como consecuencia, las negociaciones entre ambas partes se ralentizaron y la voluntad política empezó a debilitarse.  Durante las siguientes décadas, la solución de los dos Estados se ha ido volatilizando. El ascenso de gobiernos conservadores en Israel y la desidia de EE UU, han dado como resultado la cada vez menor influencia política de la Autoridad Palestina, y el ascenso de Hamás en Gaza, lo que ha provocado una división política entre los dos territorios palestinos que ha acabado debilitando la imagen de Palestina a nivel internacional. Tampoco han ayudado las amenazas de Hamás de aniquilar a Israel y su negativa permanente a reconocer al Estado israelí como legítimo.

Por otra parte, el continuo crecimiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania, han convertido el territorio en pequeños enclaves rodeados por controles militares, donde los palestinos son hostigados de manera constante.

Y para cerrar el círculo está Benjamín Netanyahu, un tipo sin escrúpulos y sin límites, que ha hecho suya —en parte por convicción y en parte para mantener los apoyos necesarios para seguir en el poder— la agenda en Gaza de sus aliados de la extrema derecha nacionalista israelí. Los socios ultras de Netanyahu dan voz al movimiento radical de colonos israelíes y para ellos, la religión es uno de sus ejes vertebradores. Por eso es irrenunciable apoderarse de Cisjordania, la Judea y Samaria bíblicas, que consideran el corazón de la tierra de Israel que creen prometida por Dios a los judíos. El objetivo último es el establecimiento de asentamientos y la limpieza étnica de la población de la Franja.

Esta trayectoria histórica explica, que no justifica, la situación tan explosiva que se está viviendo en esa parte del planeta y que si no se solventa puede ser el detonante de algo mucho más terrorífico de lo que ya lo es.

Ante tan delicada situación y por difícil que parezca la solución de los dos Estados es la única que, a mi modo de ver, se plantea como plausible por difícil que sea; pero para eso es indispensable la predisposición de la comunidad internacional. Comunidad internacional que debería estar liderada por Estados Unidos, aunque no parece que Donald Trump y sus conmilitones estén por la labor.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 13/10/2025

 

EL TEMA ESTRELLA

Estoy convencido de que en los próximos tiempos la inmigración será el tema estrella de editoriales, artículos, columnas y tertulias, además de acaparar las portadas de todos los medios de comunicación.

El tema en cuestión adquirirá más protagonismo cuanto más próximas estén unas elecciones, y dado que tenemos comicios cada dos por tres (si no son generales, son autonómica y sino locales, sin olvidar las europeas), hablaremos de inmigración de manera sistemática.

Hace unas pocas semanas, La Vanguardia publicaba una encuesta que alertaba del crecimiento exponencial en Cataluña de Vox y Alianza Catalana (organizaciones racistas por definición) y, en la sede de algunos partidos, saltaron las alarmas.  

Vox empezó a tener carta de naturaleza en Cataluña como consecuencia del procés y crece a un ritmo equivalente al que lo hace la formación en toda España. En cambio, Alianza Catalana es un partido surgido a rebufo de los atentados del 17 A de 2017, ocurridos en Barcelona y Cambrils y está en plena expansión. Liderado por Silvia Orriols, actual alcaldesa de Ripoll, cada fin de semana montan un buen puñado de carpas repartidas por el territorio para la distribuir propaganda, mientras sus dirigentes hablan de tú a tú con los ciudadanos que se les acercan, algo que los partidos clásicos, prácticamente, han olvidado.

Las reacciones a esa cercanía y lo que supone no se han hecho esperar. Los partidos independentistas ya notan el aliento del nacional populismo en el cogote. Por eso, los alcaldes de Junts andan bastante nerviosos y han pedido a Carles Puigdemont que levante el cordón sanitario a los de Orriols porque se les están comiendo el terreno y que el partido sea más proclive a pactar con el PSC pues entienden que se están quedando aislados.

A nivel nacional el PP anda desnortado, en la calle Génova saben que tienen un vía de agua por donde se le escapan votos a borbotones que van a Vox. Y ahí surgen las dos almas de los populares, mientras unos piden moderación y prudencia, los que comulgan con el trumpismo castizo de Ayuso aprietan para situarse más a la derecha que Abascal. Lo vimos hace unos días en un pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde los populares tienen mayoría absoluta. Sin embargo, el PP dio soporte a una propuesta de Vox para que sea obligatorio informar a las mujeres que quieren abortar de las supuestas consecuencias del síndrome posaborto (algo que no tiene la más mínima base científica). Así, los trabajadores de los espacios de Igualdad, los de los centros de Madrid Salud y los de Samur Social, tal y como acordaron PP y Vox, deberán transmitir esta información de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible en sus instalaciones. Faltaría al rigor informativo si no dijese que el alcalde, Martínez Almeida, ha rectificado y ha dicho que “el síndrome posaborto no es una categoría científica”, entonces la pregunta es más que obvia: ¿Por qué su grupo municipal apoyó semejante barbaridad?  Pero no perdamos el hilo, retomo el tema estrella: la inmigración.

Ante las evidentes tensiones internas que cargan el ambiente de los populares, hace unas semanas, los barones territoriales se reunieron en Murcia para calmar las aguas y presentar las líneas maestras de su programa sobre inmigración, basado en 20 apartados. Entre otras cosas, Feijóo propuso la puesta en marcha de un visado por puntos para inmigrantes condicionado a trabajos de sectores donde falta “mano de obra” y con una “cultura” próxima, como la hispanoamericana. Es decir, una especie de carné por puntos donde la mejor nota se obtiene por estar dotado de determinadas características, premiando más a quienes pretendan trabajar en empleos carentes de personal en España y también a aquellos con culturas cercanas. A mejor puntuación, más posibilidades de residir en el país. Propuesta que, como mínimo es discriminatoria por razones de origen; además de xenófoba ya que se ha elaborado sin la imprescindible información previa, porque parece que Feijóo ignora que, si hay problema no viene por ahí, ya que en la actualidad de cada 10 personas que llegan nuestro país 7 vienen de Europa y Latinoamérica y solo 3 de otros lugares.

Es realmente lamentable que en el primer partido de la oposición y que quizás gobierne algún día España, no sea consciente de que la inmigración es indispensable tanto para nuestro país como para el resto de Europa, en un contexto en que las tasas de natalidad están muy por debajo del nivel de reproducción de la población (2,1 hijos por mujer); en España, en torno a 1,2. Sin inmigrantes, estaríamos en una España menguante, que podría disminuir a 38 millones de habitantes en el 2050. La contribución de los inmigrantes al crecimiento del PIB está próxima al 25%. Hace pocos meses que la OCDE alertaba sobre las graves consecuencias que podría tener para España la reducción de la inmigración. Sectores como el turismo, la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y la ayuda a los mayores no funcionarían.

La inmigración es el tema estrella de la ultraderecha en sus programas porque genera bajas pasiones y es determinante en la difusión de la ideología racista y xenófoba, que es el embrión del fascismo rampante. Vivimos en un mundo incierto, donde guerras y catástrofes se multiplican. Los movimientos migratorios que esas catástrofes suscitan rompen la supuesta estabilidad étnica y cultural preestablecida. Valga aquí Barcelona como ejemplo: la población extranjera anda sobre el 20%. Sin embargo, no ha traído paro, porque hay cada vez más empleo, por eso vienen los inmigrantes buscando un futuro para sus hijos. Y no hay nada más absurdo que rechazar lo que necesitamos.

La cuestión de fondo es que los partidos de ultra derecha están experimentando un crecimiento sideral en toda Europa y esa fiebre ya ha llegado a España. El problema surge cuando algunos, obsesionados por ganar votos, dan pábulo a sus proclamas racistas y xenófobas en vez de combatirlas con argumentos y sentido común.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 06/10/2025

 

UNA FLOR EN EL CULO

La política tiene giros inesperados. Nos fuimos de vacaciones con Pedro Sánchez contra las cuerdas, mientras que el PP cerraba su XXI Congreso, celebrado en Madrid, en un ambiente de euforia mal contenida. En pleno mes de agosto y con los incendios forestales arrasando media España, a Núñez Feijóo le faltó tiempo para acusar al Ejecutivo de falta de previsión e ineficacia. Sin embargo, muy pronto se vio que las autonomías gobernadas por el PP flaqueaban en la gestión de aquella tragedia. Poco después llegó el inicio del curso político y Sánchez anunció una serie de medidas contra el genocidio en Gaza, entre las que destacaban el embargo de armas al ejército de Israel; convirtiendo a nuestro país en referencia para otros Estados frente a la barbarie que se está cometiendo con el pueblo palestino. Esa iniciativa cogió a Feijóo con el pie cambiado. Solo le ha faltado al líder de los populares a Díaz Ayuso jugando a la contra, al otorgar, al equipo ciclista israelí que participó en la vuelta a España, la medalla de oro de la comunidad y prohibiendo la colocación de la bandera palestina en los colegios de Madrid, y a José María Aznar enredando, poniéndose incondicionalmente al lado de Netanyahu. “Éramos pocos y parió la abuela” debió pensar Núñez Feijóo, mientras hacía contorsionismo político para no desbarrar.

Feijóo había condenó “la masacre de civiles” en el Congreso, pero no habían pasado ni 48 horas cuando Aznar al clausurar unas jornadas de la FAES decía que: “si el Gobierno de Benjamín Netanyahu perdía lo que está haciendo Occidente se situará al borde de la derrota total”. Es evidente que a este señor le va la marcha y no quedó satisfecho con la guerra de Irak.

La tensión intramuros en el PP es evidente, Aznar y Ayuso marcan el ritmo. En ese contexto, Feijóo volvió a modular sus críticas a Israel. El líder hace oídos sordos a determinados sectores dentro del partido popular que piden endurecer su rechazo a la matanza que está cometiendo el ejército israelí. Fuera de cámara, no pocos veteranos creen que desde la calle Génova se ha de marcar posición y dejar la equidistancia para otras ocasiones.

Solo les ha faltado el discurso de Felipe VI en el pleno de Naciones Unidas para hacer más visibles las dos almas del PP, por un lado los templados y por otro los trumpistas encabezados por Díaz Ayuso. De hecho, algunos barones territoriales como el presidente gallego, Alfonso Rueda, el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonillo o el presidente de Aragón, Jorge Ascón ya han admitido sin tapujos que lo de Gaza es un genocidio y no valen las medias tintas. Y hay tenemos a Alberto Núñez Feijóo entre dos aguas, intentando nadar y guardar la ropa. Algo que en política casi nunca da resultado y menos cuando se trata de un líder que se supone ha de tener capacidad de discernimiento y marcar la pauta a los que lo siguen.

La falta de criterio y cuajo político de Núñez Feijóo son de una pasmosidad aplastante. Desde que Pedro Sánchez, el pasado mes de mayo, reconoció en público que la creación del Estado palestino era la solución al endémico problema de Oriente Próximo el líder de la oposición ha ido cambiando de opinión, pero sin acabar de posicionarse de una forma clara. Lo único claro para él, es que Pedro Sánchez tiene la culpa de todo: “¿Piiove? Porco Governo”, parece ser la idea fuerza que inspira su proyecto político.

En su obsesión por denunciar todo lo que hace Sánchez el líder de los populares se ha desmarcado de la línea que sigue el Partido Popular Europeo (PPE) que no es otra que condenar lo que está ocurriendo con los palestinos, es decir, en línea con el Ejecutivo de nuestro país.

La impericia de Feijóo y su equipo de asesores es descomunal. Según varias encuestas recientes, sobre el 85% de la población está en contra de lo que ocurre en Gaza y en eso coinciden tanto los votantes del PP como del PSOE. Por lo tanto, sin llegar hacer seguidismo y sin que las encuestas marquen, parece lógico pensar que hay que estar atento a lo que dice la calle. 

Algo similar le ocurre con Vox, pero al revés: el PP está haciendo un seguidismo descarado de la ultraderecha, en especial de la inmigración y la xenofobia que Feijóo los ha abrazado sin sonrojarse, pero no son las únicas cuestiones.

Hay quién dice que Pedro Sánchez tiene una flor en el culo. No lo sé y, desde luego, no tengo el más mínimo interés en comprobarlo. Lo que sí es evidente es que Sánchez es un tipo con arrojo y determinación que toma decisiones, a veces arriesgadas, y lucha por ellas. O dicho de otro modo: es la antítesis de Núñez Feijóo, un hombre dubitativo y apocado, incapaz de tomar una decisión y luchar por ella. Quizás en esa actitud tenga mucho que ver que su llegada al liderazgo del PP que fue posible porque Díaz Ayuso le abrió la puesta de la calle Génova y él se siente en deuda con la presidenta madrileña y sabe que su liderazgo tiene fecha de caducidad, será en las próximas elecciones generales, llegado ese momento, o se instala en la Moncloa o se va a su casa, no hay más.

Esa actitud personal, más allá del credo ideológico de cada cual, es, a mi modo de ver, la diferencia más sustancial entre el actual presidente del Gobierno y el líder de la oposición: la determinación de uno para mantenerse dónde está y defenderse contra viento y marea, frente al otro, apocado y con muy poco fuelle que parece conformarse con ver la vida pasar y ser candidato a la presidencia.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 29/09/2025

LAS TRIBULACIONES DE UN GACETILLERO

 

En opinión de Leandro Padura, “el arte de la novela goza del privilegio de poder mentir impunemente. Desde su misma definición, la Academia identifica la novela con la ficción y la ficción con invención o cosa fingida. Pero, con relación a lo ficticio, este género narrativo ha establecido un juego limpio: el novelista cuenta una mentira como si fuera verdad y el lector, sabiendo que es mentira, la lee como si fuera verdad, y así se completa el ejercicio estético”. Me parece un razonamiento muy pertinente para lo que quiero explicar.

Tengo entre mis manos “LAS TRIBULACIONES DE UN GACETILLERO. Entre la vanidad y el adanismo”, novela que acaba de publicar, tras un prolongado silencio, el veterano exdiputado, escritor y articulista, Joan Ferran.

De la misma manera que Don Antonio Machado creó y nos recreó con Juan de Mairena y lo presenta como profesor ficticio de gimnasia y retórica, poeta y filósofo nacido en Sevilla, alumno de otro personaje hipotético el profesor apócrifo Abel Martín. Joan Ferran nos presenta a Manuel Berri, un individuo que nacido en los barrios menos favorecidos de la ciudad Condal, ya en el otoño de la vida se refugia en un bello pueblo costero, seducido por la sencillez y la tranquilidad del lugar. Sin embargo, la forma de ser de Manuel no le permite gozar de la paz que, en su larga trayectoria como reportero freelance, se había ganado. Por eso, el encuentro fortuito de una noticia de primeros del siglo XX en las hemerotecas que consulta habitualmente desde su ordenador, hacen reverdecer en él deseos de conocer la verdad y que se lance a estudiar un episodio oscuro de la historia social de finales del siglo XIX y principios del XX, con la convicción de que aquello puede ser un gran reportaje que lo devuelva, aunque sea por un tiempo limitado, a la cresta de la ola informativa.

Manuel se nos presenta como un hombre de curiosidad innata que ha decidido hacer la travesía del desierto literario en busca de la verdad sin dromedarios y sin agua, pero con una voluntad inquebrantable de saber para explicar.

Así pues, sin demasiados preámbulos, Berri, que es un noctámbulo nato, aprovecha las noches para sumergirse por la vía de internet en las hemerotecas, de finales del XIX y principios del XX de periódicos como El Diluvio, La Publicidad o el Heraldo de Madrid, sin despreciar otros como, por ejemplo, La Vanguardia, El Socialista o La Época. Manuel es por naturaleza exigente y metódico, por lo que dedica buena parte de su tiempo a contrastar la información y construir un argumentario sólido y robusto.

Joan Ferran utiliza con gran habilidad las subtramas y la contextualización, herramientas con tan buen rendimiento le dieron al inmortal Mario Vargas Llosa. Con una técnica narrativa depurada, mientras la trama habitual evoluciona de un modo coherente y bien trabado, Joan Ferran, que no suele dar puntada sin hilo, aprovecha para repasar a nacionalistas, tanto catalanes como españoles; auténticos farsantes especialistas en fabricar la historia a la medida de sus ensoñaciones y delirios. Ferran hace una mención especial a los plumíferos del INH (Institut de Nova Història), manipuladores por excelencia.

La narración avanza, pero Manuel Berri empieza a dudar de la conveniencia de relatar toda la verdad y solo la verdad sobre su personaje, o se puede permitir alguna licencia e introducir ficción y hacer del protagonista un héroe de la lucha obrera y lograr así un libro más comercial, es decir, vendible y hacer más plausible que, de ese modo, alcance un mayor éxito de público, aunque sea escamoteando la verdad histórica. Algo que desde siempre ha sido contrario a los principios de Manuel.

Manuel duda. No sabe qué hacer. ¿Antepone su honestidad por encima de todo? ¿Hace de su capa un sayo y busca la rentabilidad de su trabajo sabiendo que está escamoteando la verdad?

La vida es caprichosa, y en muchas ocasiones, las casualidades —o las aparentes casualidades— nos brindan la solución cuando estamos en encrucijadas de las que nos vemos incapaces de salir. Algo de eso le sucede a Manuel Berri, cuando más confuso está, sumido es sus disquisiciones, cae en la cuenta de que en un libro que había comprado para complementar el argumentario de su relato, tiene la respuesta a aquello que tanto le ha hecho dudar y tantas noches de sueño le ha hurtado.

En definitiva, “Las tribulaciones de un gacetillero” es un exquisita novela, tan breve como interesante, que nos pone ante la disyuntiva de la ética y el triunfo fácil, sobre lo arduo que es resistirse al halago y a la palmadita en el hombro y, a la vez, lo práctico que suele ser trasgiversar y manipular la historia para usufructo propio.

Si pueden, no dejen de leerla. Vale la pena.

Bernardo Fernández.

Publicado en CÒRTUM 24/09/2025

EL COMPLEJO ASUNTO DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

 

Nunca he sido partidario de echarle agua al vino. Quizás, por eso, cuando se anunció el pacto PSC ERC, con el beneplácito del Gobierno central para dotar a Cataluña de una financiación singular, en mi fuero interno, decidí darle un voto a la esperanza, esperando alcanzar el objetivo. Poco después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que todas las autonomías que lo quisieran se podrían acoger al mismo sistema; eso hizo que me sintiera reconfortado porque mis ideas sobre la equidad y la redistribución de la riqueza quedaban a salvo.

La financiación autonómica es un asunto sumamente complejo; así se refleja en un estudio publicado por el centro de estudios Fedea, elaborado a partir de los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, Madrid recibió del sistema de financiación autonómica 3.363 euros per cápita en 2023, 22 euros por debajo de la media nacional (3.390 euros). Cataluña, sin embargo, percibió en el mismo año 66 euros más por habitante que la media. Sea como sea, en ningún caso, ni para Madrid ni para Cataluña han sido diferencias sustanciales con la media nacional.

No se puede decir lo mismo de autonomías como Valencia o Murcia que en 2023 tuvieron una financiación muy por debajo del promedio, pero es que llevan ancladas en la parte baja del ranking desde la última reforma del sistema, es decir, desde 2009.  En este contexto, las diferencias entre algunas comunidades son notables. Así, por ejemplo, mientras que por un ciudadano de Murcia el sistema otorgaba 3.120 euros en 2023, por uno de Cantabria el gobierno de la comunidad recibía 4.077 euros.

Por lo que respecta a los residentes en la Comunidad Valenciana no les fue mucho mejor que a los murcianos: 3.141 euros por habitante, una cifra que supone 249 euros menos que la media y 936 euros por debajo de lo que recibieron los cántabros.  Por eso es lógico que desde esas dos autonomías se exija solucionar el problema de la infrafinanciación. Según sus dirigentes, una parte considerable de su deuda tiene como principal causante el desigual reparto del sistema, pues para prestar los servicios públicos en condiciones similares a los otros territorios tienen que endeudarse.

Andalucía y Castilla-La Mancha son las otras comunidades que suelen situarse a la cola del reparto, aunque su situación no es tan grave. Los recursos per cápita de la primera fueron inferiores a la media en 182 euros, la brecha fue de 178 euros en el caso de Castilla-La Mancha.  En el otro plato de la balanza se encuentra Cantabria (como ya se ha comentado) que recibió 687 euros más que la media por habitante en 2023, seguida de La Rioja (3.848 euros por cabeza), Baleares (3.825) y Extremadura (3.808).

Esta miscelánea de números viene dada por el complejo funcionamiento del sistema de financiación de las CC AA, basado en un alambicado entramado de fondos que se reparte según distintos criterios. El más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; una cesta común que se nutre de transferencias estatales y del 75% de los ingresos tributarios cedidos a cada autonomía o, mejor dicho: de lo que obtendrían si no se aplicaran rebajas o subidas fiscales.

El dinero se reparte conforme a una fórmula de necesidades de gasto, es decir, lo que precisa cada comunidad para prestar los servicios públicos tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se trata de garantizar un nivel uniforme en todo el país. La variable es lo que se denomina la población ajustada; o sea, el número de habitantes ponderados por factores como el envejecimiento, el número de niños en edad escolar o la dispersión demográfica. Aquí es donde debería producirse una nivelación para que se adjudicase una cantidad similar a cada ciudadano más allá de su lugar de residencia, pero eso no siempre ocurre y mucho menos con la puntualidad deseable.

Hasta aquí la mayoría de los expertos coinciden en que el sistema funciona de forma razonable. Los problemas surgen después, con la intervención de los otros fondos ―en particular los de cooperación y convergencia―, que causan distorsiones en el reparto y que muchos economistas tachan de arbitrarios y poco transparentes. Además, el modelo en vigor data de 2009 y desde entonces no ha habido actualización que recogiera los cambios económicos y demográficos, pese al compromiso de reformarlo a los cinco años, lo que ha agrandado las disparidades.

De nuevo Cataluña está jugando el papel de palanca de cambio en el complejo asunto de financiación autonómica y es, a la vez, punta de lanza.  En otras ocasiones, lo defendido por la Generalitat en sus negociaciones con el Gobierno central fue duramente criticado por otros actores territoriales y políticos como supuesto trato de favor. Sin embargo, acabó siendo adoptado por el resto de las comunidades. Y ahora todo indica que se va a repetir esa parte del guion.

La negociación entre Gobierno y Generalitat brinda la oportunidad de desbloquear la reforma del sistema de financiación para todas las comunidades de régimen común, que lleva encallada 10 años. Al menos, esa parece ser la idea del Ministerio de Hacienda, que supervisa las deliberaciones entre el ministerio de Política Territorial, la Generalitat y ERC.

Se trata de que el Estado ceda más competencias y financiación a Cataluña y, a la vez, que las mismas competencias que consiga la Generalitat puedan extenderse a las comunidades que lo requieran. Ahora bien, debemos ser conscientes de la polarizada situación política que vivimos porque implantar este nuevo modelo significa importantes modificaciones legislativas y no parece que las Cortes Generales estén para muchos pactos y acuerdos. Además, para forjar un sistema fiable, duradero y que no genere recelos, debe hacerse con transparencia y la lealtad institucional. Y ya sabemos que el papel lo aguanta todo, pero la realidad suele ser mucho más prosaica. 

Todo esto, sin perder de vista las cuestiones técnicas del sistema de financiación, que no son pocas ni menores. Tampoco estaría de más que las dos comunidades que rigen su financiación por el sistema foral (País Vasco y Navarra) hicieran alguna aportación al sistema común; aunque mucho me temo que ese será un melón que nadie querrá abrir.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 22/09/2025

SE LLAMA GENOCIDIO

No hace falta tener una sensibilidad especial para estremecerse ante la tragedia humana que está ocurriendo en Gaza. Lo que está haciendo el ejército de Israel al pueblo palestino no tiene nombre o sí: se llama genocidio. Ya se han superado los 64.000 muertos y no se ve un final. La máquina de guerra israelí funciona a toda pastilla, cada vez con mayor virulencia, bombardeos constantes sobre civiles, desplazamientos de población y un estricto bloqueo de suministros y de energía están poniendo en grave peligro la supervivencia de los habitantes del campo de ruinas en que ha quedado convertida la Franja.

La matanza perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 (que el mundo condenó de forma generalizada) no justifica el genocidio que se está cometiendo con los ciudadanos gazaties. Nada justifica la manera de actuar de Israel ni en Gaza, ni en Palestina, ni en Oriente Próximo en general. Además, el respaldo que Gobierno y Ejército están dando a los abusos de los colonos en Cisjordania refuerza la idea de que el 7 de octubre es utilizado como pretexto para un proyecto previo.

Benjamín Netanyahu es un tipo sin escrúpulos y sin límites, que ha hecho suya —en parte por convicción y en parte para mantener los apoyos necesarios para seguir en el poder— la agenda en Gaza de sus aliados de la extrema derecha nacionalista israelí. Después de infinidad de crímenes de lesa humanidad, la semana pasada ordenó desalojar la ciudad de Gaza y el traslado de centenares de miles de civiles. También atacó a la diezmada cúpula de Hamas que estaba en Qatar preparando una cumbre para la paz.

El objetivo último de tanta barbaridad es el establecimiento de asentamientos y la limpieza étnica de la población de la Franja. Y es posible porque Donald Trump ve con buenos ojos la expulsión de los palestinos de su tierra, primer paso para llevar a cabo el proyecto de construir una Riviera de lujo en esa parte del mundo.

Para los socios ultras de Netanyahu, que dan voz al movimiento radical de colonos israelíes, la religión es uno de sus ejes vertebradores. Por eso es irrenunciable apoderarse de Cisjordania, la Judea y Samaria bíblicas, que consideran el corazón de la tierra de Israel que creen prometida por Dios a los judíos. Una vez más, las creencias religiosas marcan el tempo de la política, o si se prefiere de la vida y de la muerte.

El Consejo de Exteriores de la UE celebrado el 23 de junio y el Consejo Europeo llevado a cabo pocos días después constataron con diversos documentos la matanza perpetrada por el ejército israelí a las órdenes de Benjamín Netanyahu. Existen, también, informes basados en testimonios de militares israelíes a los que se les exige el uso de armas de fuego contra palestinos desarmados para mantener el orden durante la recogida de alimentos, distribuidos ahora por una fundación patrocinada por Israel y Estados Unidos. Dichas órdenes de los mandos militares, desmentidas por el Gobierno, explican el elevado número de muertes civiles entre quienes buscan comida y agua.

Ante esta insoportable situación la UE decidió mirar hacia otro lado; y esa actitud tan timorata es lamentable porque la Unión tiene herramientas de sobra para presionar al Gobierno israelí. La UE y sus Estados miembros son el principal socio comercial, inversor y de intercambio de personas de Israel, así como su principal proveedor de armamento. En el año 2000 la UE e Israel firmaron unos acuerdos que son los más favorables para terceros países firmados nunca por la Unión. Esos pactos, entre otras cuestiones, contemplan la exención de derechos de aduana a las exportaciones de bienes, servicios y de visados para sus ciudadanos.

Pues bien, después de que el Consejo de Asuntos Exteriores constatase que Israel no respeta los derechos humanos, los dirigentes de la UE tienen la obligación jurídica, política y moral de suspender ese acuerdo. No hacerlo, como está ocurriendo, equivale a ser colaboradores de Netanyahu y lo que es peor, no tomarse en serio lo más preciado que puede tener un colectivo: la dignidad.

Ahora, sin embargo, el pleno del Parlamento Europeo, por iniciativa de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von de Leyen, ha propuesto la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, en su apartado sobre comercio. No obstante, hay que recordar que la Eurocámara no tiene capacidad ejecutiva y deberán ser los gobiernos de los Estados miembros los que lleven a cabo la iniciativa.

Por todo esto, la decisión del Gobierno de España de poner en práctica medidas, entre las que destaca un embargo total de compra y venta de armamento a Israel, además de otras como, por ejemplo, evitar que barcos o aviones que puedan llevar combustible o apoyo al ejército israelí puedan atracar o aterrizar en España, tiene, más allá de su importante valor real, una dimensión simbólica incalculable poque nuestro país se coloca de esta modo, como defensor de los derechos humanos, muy por delante del resto de ejecutivos de la UE.

Con todo, no sería bueno maximizar esa iniciativa del Gobierno. Hemos de ser realistas y el efecto real va a ser más bien limitado porque las armas que no venda España al ejército israelí las comprarán a otro país y los barcos o aviones que por su cargamento no puedan atracar o hacer escala en nuestros puertos o aeropuertos si lo podrán hacer en Rota o Morón, porque están bajo jurisdicción de los EE UU. Por consiguiente, la importancia de esa acción no lo es tanto por sus consecuencias reales, sino por la denuncia y la carga moral que ante la comunidad internacional está teniendo ya esa batería de medidas.

Lamentablemente, una vez más, la política y el deporte se han cruzado. El pasado domingo se celebraba en Madrid la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Allí acudieron muchos ciudadanos a manifestarse a favor de Palestina, los derechos humanos y la paz. Sin embrago, un puñado de agitadores se saltaron todas las medidas de seguridad e invadieron la calzada poniendo en riesgo la integridad de los participantes. Ante tal situación de descontrol los organizadores optaron por cancelar la etapa y dar la carrera por finalizada. En definitiva, un final de carrera bochornoso. Y claro, a los líderes del PP les ha faltó tiempo para decir que Sánchez es el responsable de todo el fiasco por decir en un mitin celebrado por la mañana que: “sentía profunda admiración por la sociedad española que se moviliza contra la injusticia”. 

No soy partidario de mezclar los temas. Este artículo va del genocidio en Gaza, la reacción de la UE y la actitud de nuestro Gobierno. Nada más. No obstante, ante la estulticia y las críticas falaces y sin ningún fundamento que Feijóo y sus palmeros hacen de forma sistemática a las iniciativas del Ejecutivo, me enervan por su memez, frivolidad y falta de visión de Estado. Miedo me da cuando pienso que esa panda de descerebrados y carroñeros de la política algún día nos pueda gobernar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 15/09/2025

 

LA CLAUDICACIÓN DE LA UE Y LOS MBROLLOS DE DONALD TRUMP

 

Quizás Donald Trump no es tan patán como creemos. Lo que sucede es que el presidente estadounidense utiliza unos códigos de conducta, por lo menos, en la política exterior, muy diferentes a los cánones preestablecidos hasta ahora para las relaciones entre los mandatarios a nivel internacional y, lamentablemente, le funcionan.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca ─eso fue en enero de 2025─, con aire de chulo de discoteca, se ha dedicado a amedrentar y a amenazar con la diplomacia del chantaje y con el espantajo de la subida de los aranceles a la práctica totalidad de los países que tienen relaciones comerciales con EE UU. Tan solo Rusia, en un principio, parece librarse de esa estrategia. Putin ─dice Trump─, es mi amigo. Sin embargo, el líder ruso, bastante más bregado políticamente y mucho más astuto que el norteamericano ha ido haciendo y deshaciendo a su antojo, de manera especial, en el conflicto que mantiene en Ucrania.

El presidente empezó con amenazas a sus vecinos, México y Canadá y como surgieron efecto, aunque luego suavizó sus exigencias, se lanzó a una caza de brujas a lo largo y ancho de todo el mundo, en forma de aranceles desmesurados.

Fijémonos en lo ocurrido a finales del pasado mes de julio, en el encuentro que mantuvieron Donald Trump y Úrsula von der Leyen, para evitar la guerra comercial entre EE UU. y la UE, en una finca que la familia del mandatario tiene en Escocia.

En política las formas suelen ser tan importantes como el fondo. Por eso, la presidenta de la Comisión no debió nunca admitir entrevistarse con Donald Trump en un club de golf privado. Como tampoco debió tolerar que por primera vez en la historia la bandera de Europa se izase como si fuese la de un club deportivo más. Para más inri, eso ocurrió en el Reino Unido, el país que plantó a la UE en 2016 y que había firmado con Estados Unidos un acuerdo favorable. Úrsula von der Leyen parece haber olvidado que ella es la máxima representante de la UE, que nos representa a todos y eso imprime carácter y estatus.

De todas maneras, si se hubiese logrado un acuerdo equitativo el protocolo hubiese pasado a un segundo plano, pero es que la  presidenta de la Comisión claudicó y firmó un acuerdo muy desigual que en nada nos beneficia a los europeos ni a las empresas europeas. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a la UE han pasado del 2% al 15%, sin reciprocidad alguna. Esa es la cruda realidad.

Pero lo peor de todo es que el acuerdo no se acaba ahí: von der Leyen se comprometió a que los europeos comprarán a Estados Unidos energía por valor de 750.000 millones de dólares en los próximos años. Sin embargo, nadie ha explicado las consecuencias que eso tendrá para los objetivos de la UE en materia de soberanía energética, costes y descarbonización.

Por si ese dislate no fuera suficiente, Von der Leyen acordó con Trump que desde la UE se invertirán 600.000 millones de euros en Estados Unidos, durante los próximos cinco años. Eso claudicación hace plausible que Estados Unidos imponga sanciones en el caso de que no se cumplan los compromisos. Para el canciller de Alemania (país que vende muchos automóviles y bienes de equipo a Estados Unidos) este es un buen acuerdo. Es curioso que un hombre tan sensato como Merz no haya pensado en la posibilidad de una nueva andanada de sanciones estadounidenses. Y resulta paradójico que la Comisión Europea no dedique sus esfuerzos a animar a los inversores europeos a invertir en Europa.

Parece que Trump se ha creído que es el sheriff del planeta y va sembrando el caos donde pone el ojo. Así, por ejemplo, ha impuesto unos aranceles a los productos suizos del 39% y del 50% a la India por comprar petróleo a Rusia. Ahora amenaza a Europa con nuevos aranceles como respuesta a la multa de casi 3.000 millones euros que la UE ha impuesto Google por prácticas abusivas.

La cuestión de fondo que subyace en todo este asunto es que el auténtico objetivo de Trump es crear un orden mundial autoritario y antiliberal. Quiere desmantelar el Estado democrático de su país; forjar alianzas transaccionales con los principales regímenes autárquicos del mundo, y crear una fortaleza norteamericana inexpugnable, estableciendo la soberanía estadounidense sobre Canadá, Groenlandia y el canal de Panamá. Y para lograrlo está dispuesto a utilizar todo lo que esté a su alcance, fuerza militar incluida.

En este contexto, algunos mandatarios europeos se aferran a la idea de que todo esto sea pasajero y que las elecciones legislativas de 2026 o las presidenciales de 2028 en EE. UU. pongan las cosas en su lugar. Pero resulta muy arriesgado y de poco rigor basar la estrategia europea en esa idea.

La capacidad de Trump para inclinar en forma permanente a Estados Unidos hacia la autocracia es mayor de lo que muchos pensaban. El antieuropeísmo de la Administración estadounidense no sale de la nada. Estados Unidos lleva mucho tiempo con la mirada puesta en Asia y tratando de desvincularse de Europa. Lo pusieron de manifiesto decisiones como las del entonces presidente Barack Obama al no oponer resistencia firme a la invasión rusa de Crimea en 2014.

Estos días hemos visto como China constituía con otras potencias, que tienen problemas de relación con los EE UU, una enorme plataforma euroasiática, mostrando así, músculo comercial. Pues bien, por duro que sea, es el camino: plantar cara y no arredrarse. 

Quizás, en muchos sentidos, China nos queda muy lejos; pero Europa debería mirar a Canadá porque su flamante nuevo primer ministro, Mark Carney en su comparecencia tras la victoria electoral afirmó que: “Nuestra antigua relación con Estados Unidos, una relación basada en una integración cada vez mayor, se acabó. Es una tragedia, pero es nuestra nueva realidad”. Aceptar que hay un problema es el primer paso para llegar a la solución, y Carney no solo lo acepta, sino que propone soluciones. De hecho, su campaña se basó en un plan para hacer la economía canadiense “resistente a Trump”, proponiendo reducir su dependencia de EE UU. y convertirla en una de las más potentes del G7. Es decir, Carney busca no sólo defenderse ante los ataques actuales, sino reforzarse para afrontar crisis futuras con más garantías. Resolver el presente y mejorar el futuro.

Claudicar, ante el gobernante norteamericano, como hizo Úrsula von der Leyen, no es una opción. Por lo tanto, Europa haría bien en seguir la estela marcada por el primer ministro canadiense, Mark Carmey. Porque Trump y sus conmilitones son una panda de engreídos maleducados que solo entienden de fanfarronerías y lenguaje patibulario y así no se puede andar por el mundo. Alguien tiene que pararles los pies.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de Còrtum 09/09/2025

A TODA MAQUINA

Todo cambia. Tiempo atrás el curso político comenzaba de forma sosegada para ir cogiendo ritmo y ya, bien entrada la segunda quincena de septiembre, alcanzar velocidad de crucero. En Cataluña, el pistoletazo oficioso a la agenda política solía coincidir con el 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya. Pero eso es historia, ahora casi no hay descanso estival, lo hemos vivido y padecido este verano con los incendios forestales y las fuertes polémicas que los partidos políticos han mantenido a cuenta de esos fuegos y, sin solución de continuidad, nos hemos encontrado inmersos en la vorágine del nuevo curso que ha comenzado a toda máquina.

El pasado lunes 1 de septiembre, el presidente del Gobierno central propuso un pacto de Estado para luchar contra el cambio climático; al PP le faltó tiempo para rechazar cualquier posibilidad de acuerdo tal y como ya había hecho cuando, en el mes de agosto, Pedro Sánchez anunció que haría la propuesta a todas las fuerzas vivas de la sociedad. Por la noche, Sánchez concedió, en horario de máxima audiencia, una entrevista en la primera cadena de televisión, allí, entre otras muchas cosas, reafirmó su voluntad de agotar la legislatura con o sin Presupuestos.

El mismo día, a primera hora de la mañana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciaba un inminente encuentro con Carles Puigdemont en Bruselas, aunque los pos posconvergentes se mostraron displicentes con el encuentro.   La entrevista se produjo el martes, en la sede que la Generalitat tiene en Bruselas y, aunque no se ha revelado el contenido de las conversaciones, hay que enmarcarla en el propósito de Illa de dar plena normalidad a la política catalana y, de paso, por qué, ¿no? Tender puentes para posibles negociaciones a nivel nacional. Eso ha incomodado a los “juntaires” porque la actitud de Illa, en buena medida, desbarata su estrategia de oposición, basada en la excepcionalidad de la situación y en señalar al presidente como corresponsable de que su líder siga domiciliado en el extranjero.

Las disputas internas en los partidos políticos suelen trasladarse a la política institucional. Es el caso de ERC. Los republicanos catalanes cerraron su último congreso en falso y ahora la inestabilidad orgánica del partido de Junqueras amenaza con afectar a los acuerdos que tienen con el PSC y debilitar aún más de lo que ya lo es la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez.

ERC no podía perder pie y su líder, Oriol Junqueras, en una entrevista en la Cadena SER, el mismo lunes 1, en tono de sacristán de pueblo anunciaba que su grupo parlamentario en el Congreso presentaría una proposición de ley que pretendía dar forma al nuevo modelo de financiación singular de Cataluña, y remachaba: "Nosotros queremos que haya Presupuestos y que los Presupuestos sean lo posible mejor. Desgraciadamente, mientras no haya un buen modelo de financiación y no haya un buen modelo de recaudación fiscal los presupuestos no serán tan buenos como nuestro país necesita y merece”. Sí. Nunca se sabe, ya lo mejor los republicanos catalanes ya han alcanzado acuerdos con PP y Vox para que den apoyo a su iniciativa legislativa. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que unen sus votos a los de la derecha, ¿quién no recuerda el voto de ERC en contra del Estatut de 2006? En efecto, igual que el PP.

En el primer Consejo de Ministros del mes se aprobaba la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas por una importación de 83.252 millones de euros, con la garantía de una quita mínima del 19% para todas las regiones. Era un compromiso alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y extensible a las comunidades autónomas; aunque en opinión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Es una trampa y es una mentira, la deuda no desaparece, la deuda se mantiene, y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas”. Sin embargo, hasta Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha y verso suelto del PSOE le parece bien la quita, así que debe ser excelente.

En principio, con matices, los barones regionales populares se han manifestado en contra, pero está por ver si no cambian de criterio porque según cálculos del Gobierno, las autonomías podrían ahorrar entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses, por lo que, en palabras de la ministra de Hacienda, las comunidades “no tienen argumentos para renunciar” a dicha quita.

Para completar el cuadro y seguir con el enfrentamiento total con Pedro Sánchez y su Gobierno, el PP no dudó en montar un rifirrafe e implicar a jueces y fiscales por si el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que está procesado por una supuesta filtración sobre Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, debía asistir o no a la cita institucional presidida por Felipe VI, como cada septiembre, en el Tribunal Supremo. Feijóo dio plantón al Rey escudándose en que se había comprometido previamente con una mitin de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la misma jornada ya la misma hora.

Por si no teníamos bastantes cuestiones sobre la mesa, Vox ponía en marcha unas jornadas esperpénticas y vergonzantes de ideología de género y denuncias falsas en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, para mayor escarnio. Un acto en línea con el discurso habitual de la ultraderecha respecto a esta cuestión: antifeminista y negacionista de la violencia de género.

La legislatura ha comenzado a toda la máquina. Por eso, no nos debería extrañar que con todo este trajín lleguemos al próximo parón, que será para las fiestas navideñas, agotados y pidiendo la hora, pero quedan más de tres meses y nos tocará sudar la camiseta. No nos queda otra.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 08/09/2025

FLECA O TAHONA

Tengo la firme convicción de que el catalán es un idioma que proteger y potenciar porque durante la dictadura franquista fue severamente perseguido. Y eso cercenó la evolución lógica de la cultura catalana.

Con la llegada de la democracia la situación, de forma lenta pero sostenida, se ha ido normalizando, aunque se han encendido algunas alarmas que advierten del retroceso del catalán en el ámbito social, sobre todo entre los jóvenes.

De todas formas, nunca, como ahora, había habido tantos medios de comunicación escritos y/o hablados en catalán. Tenemos periódicos para todos los gustos y tendencias, son legión las emisoras de radio que emiten exclusivamente en lengua catalana y la televisión pública de Cataluña (TV3), con diversos canales, encabeza, prácticamente, todas las parrillas de audiencia y lo más importante: el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza desde el 18 de abril de 1983 cuando se aprobó en el Parlament la Ley de normalización lingüística de Cataluña. Pero, en mi opinión, la utilización de esa herramienta se ha hecho con poca finezzza, menos cintura y ninguna habilidad. Veamos.

Según recoge el Estatut de Autonomía, El idioma catalán es el oficial de Catalunya, así como también lo es el castellano. oficial en todo el Estado español. Y aquí es, a mi modo de ver, dónde empieza el problema. Es muy razonable que, dada la situación histórica del catalán se haga una discriminación positiva a favor de esa lengua; pero eso no implica que se tenga que ir en contra de nada ni de nadie. Está muy bien que el catalán sea el idioma vehicular en la enseñanza, pero eso no supone que se deba marginar la castellano como en realidad sucede con frecuencia. Como tampoco lo es que familias, bien porque estén de paso en Cataluña o, porque están aquí, circunstancialmente, por cualquier motivo no puedan decidir que sus hijos aprenden en el idioma oficial del Estado. En qué lugar del mundo desarrollado los niños no pueden estudiar en la lengua oficial del lugar. Yo no conozco ninguno.

No es mi intención reabrir el debate sobre si escritores que escriben en castellano como, por ejemplo, Joan Goytisolo, Juan Marsé o Eduardo Mendoza forman parte de la cultura catalana, para mí está claro que sí. Pero si quiero traer a colación el análisis que el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán hace en su libro, Otra Cataluña. Seis siglos de cultura en castellano, ahí pone de manifiesto que la cultura catalana se ha expresado siempre en ambas lenguas. En contrapartida, sería lógico que en la Historia de la literatura española se incluyesen las obras en catalán, euskera o gallego. Eso enriquecería mucho la cultura de Estado en su conjunto.

“Las dos culturas lingüísticas -señala Vila-Sanjuán- forman un patrimonio y quienes minimizan la importancia de la producción en castellano no tienen en cuenta que alguno de los textos que definen la identidad catalana. Así, el carácter catalán se considera que es realista, pragmático, comercial, muy sensato, y esta idea surge de textos de Feliu de la Peña, Antonio de Capmany o Jaime Balmes. Los tres son muy identitarios y sin embargo toda su obra es en castellano. Y lo mismo el federalista Pi y Margall, que no publicó nada en catalán”.

Incluso dentro del campo del independentismo, el ex secretario de Cultura de la Generalitat, y activista cultural, Eduard Voltas, ha argumentado que para alcanzar la meta deseada de crear un nuevo Estado será imprescindible que el castellano sea vivido y considerado como una lengua propia de los catalanes: “No digo respetarlo, sino convertirlo en un activo, tratarlo como un elemento definitorio de la Catalunya de hoy y de mañana” (Diario Ara 26/02/2012).

En un interesante artículo (Diario Ara 23/03/2024), el periodista Albert Branchadell sostiene que: “El bilingüismo entendido como el uso alternativo del catalán y del castellano también es bueno para el catalán. Los tiempos en que las personas utilizaban una sola lengua para todo ya pasaron y no volverán. El hecho de que personas que en otros tiempos hubieran usado sólo el castellano ahora incorporen el catalán a su repertorio lingüístico sólo puede tener un efecto positivo. Todavía hay una cuarta parte de catalanes que dicen que nunca utilizan el catalán, pero el 75% restante son catalanousuarios en algún grado (en términos absolutos, son la mayor cifra de la historia). Es en ese 75% que hay que fijarse, y en sus posibilidades de crecimiento, y no tanto en el 36% que dicen tener el catalán como lengua habitual”.

Sin embargo, desde hace un tiempo se vienen sucediendo enfrentamientos por cuenta del idioma utilizado. Tanto en algún centro educativo como en diversos establecimientos comerciales.

Quizás, buena parte de las raíces del problema haya que buscarlas en la escasa claridad de los redactados de la Ley de Política lingüística de 1998 y del Código de Consumo de Catalunya de 2010. Pues, aunque ninguno de los textos obliga a los dependientes de un comercio hablar en catalán si exigen la capacidad para atender a sus clientes en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Y ahí empieza la polémica: ¿deben garantizar las empresas disponibilidad lingüística para no negar el derecho del consumidor a ser atendido en el idioma que elija?

Esa ambigüedad legal está siendo aprovechada por algunos independentistas hiperventilados que montan en cólera cuando no les atienden en la lengua que ellos utilizan de forma habitual y entonces a través de las redes sociales criminalizan al establecimiento y proponen boicotear el establecimiento; generando así el caldo de cultivo necesario para que descerebrados radicalizados los vandalicen con pintadas insultantes en sus puertas y fachadas. O sea, lo que en otro tiempo y en otro lugar se llamaba terrorismo de baja intensidad ¿Recuerdan? Pues que nos valgan aquellas historias de triste memoria, para no romper la convivencia que tanto ha costado construir. Utilicemos el seny (sentido común) y la cordura en la relación con los otros porque, al fin y al cabo, ni es tan difícil ni complicado relacionarse y entenderse en dos idiomas que son hermanos. Estoy convencido que con un poco más de tolerancia todo sería más fácil.

Cómo decía un viejo compañero luchador, al que hace muchos años perdí la pista: “no me importa que ponga fleca o tahona, lo que me preocupa es que la gente pase hambre”.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 01/09/2025

 

INICIO DEL NUEVO CURSO POLÍTICO

Comenzamos el nuevo curso político de la misma manera que acabamos el anterior: con muchas dudas, casi ninguna certeza y un paisaje de fondo marcado por la crispación. Dos cosas, sin embargo, podemos dar por seguras. Una, la determinación del presidente Pedro Sánchez para agotar esta XV Legislatura. La otra, el empecinamiento de la derecha y derecha extrema para demonizar todo lo que haga y/o diga el Gobierno. Eso hace que la política del país esté instalada en una gran nebulosa, en la que todo es posible y cualquier cosa puede suceder.

A raíz de la gravísima ola de incendios que nos han aislado este mes de agosto, Pedro Sánchez anunció que propondría un pacto de Estado con todos los agentes políticos y sociales para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, a los populares les ha faltado tiempo para rechazarlo. Así evitan evaluar sus posibles responsabilidades y seguimos instalados en la polarización y el negacionismo absurdo.

Sea como mar, para lograr su propósito, de agotar la legislatura, Sánchez necesita apuntalar la mayoría parlamentaria que le dio la investidura. Pero en estos momentos, eso es poco menos que una misión imposible. Aunque una excepción del PP y Vox en el resto de las formaciones políticas cruzan los dedos para que no haya un adelanto electoral, existe un asunto que puede acabar decidiéndolo todo. Se trata del affaire del trío tóxico de Cerdán & CIA. Si queda encapsulado y no hay contaminaciones ni en la calle Ferraz ni en las altas instancias del Ejecutivo, el gobierno podrá seguir adelante; De lo contrario, más pronto que tarde tendremos que ir a las urnas.

En estas circunstancias parece imposible que se puedan aprobar los Presupuestos para 2026, y presentarlos sin la seguridad de sacar las cuentas adelante, abriría la puerta a una convocatoria electoral. Con todo, el calendario se presenta muy cargado. Los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) marcan el terreno de juego de las cuentas públicas y los compromisos con Bruselas deben ser ratificados por el Congreso, lo que ya supone un primer escollo. Ese trámite es farragoso y requerirá varias semanas. Por lo que es fácil suponer que su paso por la Cámara no será como mínimo hasta finales de septiembre. Luego deberá informarse a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, también, a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local. Tras esos pasos, el Consejo de Ministros remitirá el documento a las Cortes con el techo de gasto presupuestario y de ahí pasará al Senado, que los debe avalar, de no ser así volverían al Parlamento.

Entre una cosa y otras el equipo del presidente tiene previsto poner en marcha una potente agenda social y ralentizar cuanto sea posible el ritmo parlamentario, porque cada iniciativa legislativa que se quiera sacar adelante en el Congreso, tendrán que hacerse mediante concesiones que, con toda probabilidad, en circunstancias más favorables no se harían.

En la Moncloa dan por descontado que algunos grupos, como pueden ser Podemos o Junts, exigirán al Gobierno más de lo habitual, pero también están seguros de que no tanto como para dejar caer a Pedro Sánchez porque es evidente que nadie quiere a Feijóo al frente del Ejecutivo, al menos, mientras no marque una línea roja a Vox.

Tampoco se debería descartar una remodelación gubernamental para empezar el curso con un ímpetu renovado, y ahí Grande Marlaska aparece en todas las quinielas como ministro amortizado, a pesar de la gran confianza que siempre le ha demostrado el presidente.

A todo esto, habrá que ver cómo evolucionará en las próximas semanas el caso Montoro que quedó en el aire con la pausa estival y las causas judiciales que tendrá que afrontar el PP en los próximos meses.

Si cambiamos de escenario y ponemos el foco a nivel más local veremos que, aunque a priori no lo parezca, la situación política en España y Cataluña van muy parejas. Para empezar, la interrelación política entre España y Cataluña es más evidente que nunca, a pesar de que eso irrita a los indepes más hiperventilados. Es cierto, sin embargo, que la polarización a nivel del Estado es muy elevada, mientras que, en Cataluña, al menos en apariencia, el ambiente político es bastante más sosegado. Sin embargo, ambos Gobiernos están respaldados por unas mayorías parlamentarias muy inestables y en cualquier momento, pueda saltar la chispa que lo eche todo a rodar. Valga con recordar aquí que ninguno de los dos Ejecutivos ha tenido Presupuestos en 2025 y, en ambos casos, los de 2026 son más que dudosos.

La situación es muy compleja y difícil. Pero tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa, desde que llegaron a sus respectivos cargos de presidentes, han puesto en marcha sendos proyectos netamente socialdemócratas. Los avances sociales impulsados ​​desde el Gobierno en España, si se observan con ecuanimidad, no son cuestionables; mientras que, en Cataluña, después de muchos años, estamos volviendo al eje derecha izquierda, mientras que se va minimizando el debate identitario y eso hace posible que la política de las cosas puede volver a tener el protagonismo que nunca debió perder, porque es la que hace que la calidad de vida de la ciudadanía mejore. Pero es que, además, desde la plaza Sant Jaume se están sentando las bases para que Cataluña vuelva a ser el motor económico de España y una de las regiones más prósperas de Europa.

Esos proyectos están en pleno proceso evolutivo y cuanto más ambiciosos serán más tiempo necesitarán para su desarrollo y consolidación. En consecuencia, sin renunciar a ser exigentes, deberíamos ser comprensivos y dar margen de confianza para que la situación mejore de forma sostenida, y cuando tengamos dudas echemos la vista atrás para recordar de dónde venimos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado el 25/08/2025 en Catalunya Press

 

CAFÉ PARA TODOS, PERO AL GUSTO

Por lo menos en una cosa coinciden los dos grandes partidos de nuestro país (PP y PSOE): la infrafinanciación que padecen las comunidades autónomas (CCAA), a pesar de que son las administraciones que más servicios prestan a la ciudadanía. Sin embargo, la polarización política y la crispación que estamos viviendo son de tal magnitud que resulta imposible llegar a algún acuerdo para solventar el problema.

El actual sistema de financiación de las CCAA está vigente desde 2009, no tiene una fecha de caducidad explícita, pero lleva esperando una reforma desde 2014. Y, aunque no hay una fecha límite, el modelo actual está obsoleto y necesita una actualización.  Porque han pasado 11 años, en ese tiempo se han sucedido los gobiernos y los ministros de Hacienda, pero nadie ha querido abrir ese melón.

Ahora, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero, han tenido que hacer de la necesidad virtud, asumir los acuerdos que firmaron PSOE. PSC y ERC, para hacer a Salvador Illa president de la Generalitat, y abordar la financiación singular de Catalunya que fue el tema estrella de aquella negociación.

De ahí que días atrás se reuniese, en Barcelona, la Comisión Bilateral Estado Generalitat para tratar el asunto. En esa reunión, no solo se pusieron las bases para el nuevo sistema de financiación autonómico para Catalunya, sino que también se estableció el marco para la reforma del sistema común. En el documento de trabajo presentado se argumenta que el esquema podrá ser generalizable a las comunidades que lo deseen con una visión “federal”.  O sea, cada gobierno autonómico podrá decidir qué parte del peso de la gestión tributaria asume, y la Agencia Tributaria Estatal velará por la coordinación de todas ellas.

Me parece importante señalar que lo que subyace en este principio de acuerdo es que propone una fórmula de financiación a la medida, a la vez que extrapolable a otras comunidades. La idea fuerza es que sean los gobiernos autonómicos quienes decidan el nivel de corresponsabilidad tributaria que desean asumir y, en consecuencia, recauden los impuestos correspondientes.

De momento, solo cinco autonomía tienen Agencias Tributarias propias, siendo la catalana la más desarrollada, pero sin el músculo suficiente para asumir en el corto plazo el 100% de la recaudación y gestión de los impuestos. La Agencia Tributaria de Catalunya recauda unos 5.000 millones de euros al año y para llegar al nivel de lo que recauda el Estado, deberá alcanzar unos 30.000 millones de euros. En opinión de algunos entendidos en la materia, el traspaso de competencias es sumamente complejo y no se prevé que esté listo, en el mejor de los casos, antes de cinco años.

Una de las grandes novedades del nuevo sistema es que Las comunidades tendrían la llave de la caja, pero se pactarán dos contribuciones al Estado: una por los servicios que este ejecuta en cada territorio y otra por concepto de solidaridad territorial. El cálculo de a cuánto ascenderían esa aportaciones está por decidir. El modelo establecerá el porcentaje y qué impuestos estatales han de sufragar esas dos partidas; también cuánto se debe dedicar para pagar las competencias homogéneas (por ejemplo, educación o sanidad) y las que son específicas de cada territorio, como son en Cataluña los Mossos d’Esquadra o las prisiones.

En el documento consensuado queda claro que tanto Cataluña, como las comunidades que adopten el sistema tendrán que contribuir para nivelar las prestaciones, es decir, para que los servicios públicos básicos que prestan las comunidades tengan una calidad parecida. Lo que se busca con esta nueva financiación es simplificar las condiciones del modelo actual. Ahora, la nivelación se hace a través de tres mecanismos diferentes. De salir adelante este sistema se haría en uno solo.

 Uno de los puntos que ha quedado menos claro es el principio de ordinalidad, es decir que quien más aporta no quede en peor posición relativa después del reparto de los recursos del sistema. En la actualidad, Catalunya es la tercera comunidad en aportar al sistema, pero baja hasta el décimo lugar tras el reparto, cuando lo razonable sería que con los nuevos parámetros la situación en el ranquin sea idéntica “antes y después” de aportar la cuota de solidaridad.

En principio la música de este acuerdo suena bien, ahora se tendrá que leer la letra pequeña y las concreciones de aquellos temas que han quedado abiertos para poderse pronunciar con conocimiento de causa. Quizás, por eso, ERC que en un principio optó por un perfil bajo, a la espera de conocer con más al detalle el documento. Pero los de Junqueras a la rueda de Junts y apretados por las corrientes internas, ya han amenazado con no aprobar los próximos presupuestos ni de Catalunya ni de España, si la nueva financiación catalana no es auténticamente singular. Por su parte, a los de Puigdemont les faltó tiempo para decir que ellos rechazaban todo lo que no fuera algo muy similar al Concierto Vasco.   

El independentismo más hiperventilado se opone a este nuevo modelo de financiación, en buena medida, por su visión supremacista hacia el resto de CCAA. No soportan que otros territorios se sitúen al mismo nivel que Cataluña. Pero es que, en realidad, este nuevo sistema se puede interpretar como una versión 5.G del “café para todos” de la Transición, eso sí, al gusto de cada cual.

Mientras tanto, para el Partido Popular, la financiación singular va a suponer una “asfixia” para el bolsillo de todos los españoles. Aunque admiten que “Catalunya necesita tener mejor financiación”, pero mantienen que “no se puede hacer en una sala, de espaldas a todos los españoles, mediante parches o atajos” (?). De nuevo, es lamentable la actitud de los populares. No se dan cuenta que esta propuesta puede ser una buena oportunidad para corregir unos cuantos errores que presenta un modelo de financiación que ha sido útil durante mucho tiempo pero que está necesitado de una profunda reforma.

Aprobar este nuevo sistema no va ser ni fácil ni rápido. Para empezar, el próximo otoño tendrá que ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera quién dé el primer visto bueno. A continuación se deberá iniciar la reforma legislativa necesaria para que el modelo salga adelante. Habrá que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la norma que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009) y la ley 16/2010, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña.  Y no perdamos de vista cual es la aritmética parlamentaria.

Pero no nos precipitemos. Tiempo habrá para debates intensos y reflexiones profundas. De momento, aprovechemos estos días de verano y seamos razonablemente felices que bien merecidos lo tenemos.

 

  

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 21/07/2025