DISTOPÍA POLÍTICA

 

La prepotencia y la soberbia desmesuradas de Donald Trump nos están llevando a un escenario de la política internacional desconocido, al menos, en los últimos ochenta años. No hace ni dos meses que el mandatario norteamericano regresó a la Casa Blanca y ya ha desmantelado los frágiles equilibrios que sostienen las   relaciones entre los países soberanos, basadas en el respeto mutuo y las alianzas

Durante mucho tiempo y en muchas ocasiones esas relaciones han estado prendidas de alfileres, pero la cosa ha funcionado. Y eso nos ha permitido, con algunas excepciones, ir avanzando, hacia un mundo más seguro, con más progreso y más interrelacionado. Sin embargo, desde el 20 de enero de este año —día de la toma de posesión de Donad Trump—, el guion ha sufrido un giro muy sustancial.

Pero no solo nivel internacional, también en cuestiones internas. Siempre se había considerado a EEUU como uno de los paladines de las libertades. Sin embargo, eso ya no es así, en especial desde 2016, cuando Donald Trump ganó por primera vez las elecciones; pero es que ahora, envalentonado por su contundente victoria y azuzado por una cohorte de aduladores, ha declarado la guerra a las libertades civiles: están estigmatizando la libertad de expresión, hasta el punto que niegan la entrada en la Casa Blanca a miembros de Associated Press por hablar del golfo de México y no del de América. Asimismo, han prohibido utilizar en documentos oficiales expresiones como “diversidad”, “género” o “justicia ambiental”. También prevén deportar a millones de personas, despiden a miles de trabajadores en las administraciones federales y han cerrado la oficina de cooperación internacional, además de otros muchos disparates que su equipo de adlátares tiene entre manos.

Da la sensación que el líder yanqui se considera mandatado por alguna fuerza de orden superior y ha vuelto al Despacho Oval para ser el sheriff del planeta. Por consiguiente, tanto da que sean sus vecinos de México o los de Canadá, los habitantes de la Franja de Gaza o Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, todo el mundo ha de hacer lo que dice el inquilino de la Casa Blanca: Trump no negocia, Trump ordena.

Quizás lo único bueno que tiene (si es que tiene algo) es que no se anda con rodeos. Ya anunció en su campaña electoral que quiere anexionarse Groenlandia y recuperar el canal de Panamá. También advirtió que usaría el ejército contra los cárteles de la droga mexicanos.

Uno de los anclajes sobre los que ha evolucionado la geopolítica en las últimas décadas era considerar que el comercio internacional es la mejor vía para aumentar la prosperidad y de esa forma, en algún momento, China se iría pareciendo más a Occidente. Además, no importa qué parte de la producción se haga fuera del propio país mientras el PIB siga creciendo. Sin embargo, Trump no comparte ese punto de vista y todo indica que el proteccionismo que nos llega de EEUU y la política industrial serán la corriente dominante.

Todas las alarmas saltaron cuando se vieron las imágenes de desprecio y falta de consideración de Donald Trump y su lugarteniente en defensa J.D. Vance hacia Vlodomir Zelensky el día que éste acudió a la Casa Blanca a buscar un aliado para negociar una paz justa y duradera. Esa actitud ha hecho que La Comisión Europea planteé un plan de rearme europeo (Rearm Europe) que incluye varios canales. El primero es la creación de un nuevo “instrumento financiero” para proporcionar préstamos a los Estados miembros —respaldados por el presupuesto europeo— con una dotación de hasta 150.000 millones de euros, en una primera fase que podría llegar a los 800.000 millones.  

Pero es que casi sin solución de continuidad EEUU ha dejado de pertenecer a la zona de libre comercio.  Donald Trump ha decidido saltarse el tratado que él mismo negoció y firmó para regir las relaciones comerciales con sus dos vecinos: México y Canadá. Estados Unidos impone aranceles del 25% a las importaciones de productos provenientes de esos países —aliados y amigos—, y algo menores, del 20%, a los productos de su gran rival geoestratégico: China. De esa manera, Trump levanta un muro arancelario contra la integración económica de Norteamérica y abre una era de incertidumbre muy mal recibida por el mercado. Warren Buffett, el inversor más prestigioso de Estados Unidos, se ha referido a los aranceles como “un acto de guerra” y Wall Street sufrió su peor sesión del año y las bolsas más importantes del mundo cerraron con importantes pérdidas.

El caso es que para Europa durante mucho tiempo EEUU ha sido la solución, tanto en el ámbito comercial como en cuestiones de defensa. Sin embargo, ahora Trump se ha convertido en el problema. La economía europea está gripada. Las mayores economías de la UE —Alemania y Francia—son muy dependientes del comercio exterior y, por tanto, vulnerables a la amenaza arancelaria de la nueva Administración estadounidense. Pero al margen del riesgo comercial, el modelo de crecimiento europeo se halla inmerso en una crisis política, social e industrial cuya deriva no parece capaz de corregir. Frente al crecimiento del 2,8% previsto por el FMI para Estados Unidos en 2025, la zona euro apenas alcanzará un 0,8%.

Aunque resulta muy complicado hacer predicciones con personajes de la catadura política de Donald Trump. Se empieza a tener la certeza que estamos entrando en una nueva era y que será con una visión imperial del mundo. No es casualidad que Vladimir Putin esté callado y muy probablemente frotándose las manos porque su adversario de siempre le está haciendo el trabajo sucio, mientras que China aguarda expectante ante el temor de que Trump sea un elemento distorsionador entre el gigante asiático y Rusia.

Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Me gustaría equivocarme, pero me parece que la distopía geopolítica es con lo que vamos a tener que lidiar en los próximos tiempos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 10/03/2025

LA QUITA DE LA DEUDA AUTONÓMICA Y EL MANIQUEISMO POLÍTICO

La posibilidad de pedir dinero barato al Estado, por parte de las CCAA, se puso en práctica en 2012 con los mecanismos extraordinarios de financiación, creados para que las comunidades no tuvieran que financiarse en el mercado a unos intereses entonces exorbitantes. De aquellas herramientas ahora quedan solo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dirigido a las autonomías que no cumplen con las reglas fiscales e incompatibles con cualquier otra fuente de financiación, y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que se reserva a las regiones que respetan los límites presupuestarios y es compatible con el mercado. Estas líneas hubieran tenido que desaparecer con la vuelta a la normalidad, pero siguen funcionando. Entre 2012 y 2023, los mecanismos extraordinarios aportaron unos 417.240 millones a las arcas regionales. Cataluña es el territorio que más se ha beneficiado de ellos (135.000 millones en la última década), seguida por la Comunidad Valenciana (99.267).

La deuda de las comunidades autónomas anda sobre los 325.000 millones de euros. La mayor parte de ese pasivo está en manos del Estado que es el principal acreedor de los gobiernos regionales. Tiene en su poder un 60% de la deuda autonómica, equivalente a unos 200.000 millones. Cataluña, Valencia y Andalucía acaparan las tres cuartas partes de esta importación, que han acumulado a lo largo de los años a través de los préstamos baratos que el Tesoro empezó a conceder a las autonomías a partir de la crisis financiera de 2008. Ahora, el Gobierno ha decidido abrir el melón y buscar una solución a ese último en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, una vez más, el tacticismo político es posible que se imponga al sentido común.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Hacienda convocó para el pasado 26 de febrero al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso en la reunión que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinaria del Estado.

El objetivo de esta propuesta, que había sido remitida con anterioridad a las comunidades autónomas, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y que quiere implementar el apoyo que recibió del Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania. Con esa quita se podrán destinar a servicios sociales lo que ahora se reserva para pagar los intereses de la deuda. 

Ahora, el Gobierno ha propuesto extender la quita que ha pactado con ERC para Cataluña a todas las comunidades y eso ha puesto en un brete a los barones del PP y es que algunos dirigentes autonómicos populares lo admiten en privado que, si esa iniciativa se confirma, será difícil negarse.

Ante el riesgo de que la unidad de los populares pudiese resquebrajarse en la reunión (CFF) decidió echar mano del más burdo maniqueísmo político; todos los consejeros del PPon un paripé y abandonaron el encuentro una hora después de su inicio.   “No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo”, dijo a la salida la titular de Hacienda andaluza, Carolina España, que comparó ante la prensa con el resto de consejeros de su partido; aunque a preguntas de los periodistas, los consejeros no descartaron aceptar la quita en sus respectivas comunidades.

El numerito montado por los populares fue un brindis al sol porque el Gobierno cuenta con la mitad de los votos en el órgano de coordinación fiscal y con el apoyo de Catalunya, Asturias y Castilla La Mancha, el Ministerio de Hacienda sacó adelante el acuerdo de condonación de deuda. Ahora el Ejecutivo tendrá que batir el cobre para aglutinar una mayoría suficiente en el Congreso que valide esa iniciativa para ponerla en práctica.

 

Con todo, la cuestión de fondo es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo vigente caducó en 2014. Sin embargo, una vez años después no se ha tocado ni una coma, pero con la propuesta de financiación singular, lanzada desde Cataluña quién más y quine menos aguarda expectante. El asunto es tan complejo que ni siquiera en el PP tienen una única opinión. Mientras que comunidades como Galicia o Aragón sostienen que la distribución de recursos se calcula teniendo en cuenta la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, otras comunidades como Andalucía, Valencia, la Región de Murcia o Madrid, presionan para dar mayor peso a la población. Si a esta situación añadimos que existe escasa o nula voluntad para sentarse a negociar, pactar y acordar, no nos debería extrañar que, se haga alguna excepción para Cataluña, y el sistema en vigor se mantiene sine die. 

Ya lo vamos a ver pero, en cualquier caso, la bronca política está garantizada.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalumya Press 03/03/2025

LA GLOBALIZACIÓN EN RETROCESO

Hay ocasiones en que las situaciones se encadenan de tal forma que hacen colapsar un hecho concreto. Es el caso de la globalización: empezó a flaquear con la crisis financiera de 2008, aún no nos habíamos recuperado y llegó la pandemia de la Covid, un poco más tarde la invasión de Ucrania y ahora las políticas ultra proteccionistas de Donald Trump van a poner en jaque al espacio logrado por el libre comercio y la libre circulación de bienes y personas; y eso hará que vayamos hacia un modelo de transacciones comerciales más fraccionado y compartimentado que el impulsado en décadas anteriores.

La globalización, como todo, ha supuesto beneficios, oportunidades, y también desafíos. La UE lo tuvo bastante claro desde un principio porque supo aprovechar las oportunidades que brindaba el nuevo paradigma y, a la vez, disminuir sus efectos negativos.

El régimen comercial europeo y los numerosos acuerdos comerciales que se han ido negociando por la Unión hacen que sea, con toda probabilidad, la mejor región del mundo para hacer negocios. Es el principal socio comercial de unos 80 países. Eso da como resultado que la UE sea uno de los principales actores del comercio internacional. Asimismo, es el segundo exportador mundial de mercancías después de China y el tercer importador tras EE.UU. y China. Además, la UE es el primer comerciante de servicios.

En 2022, unos 38 millones de empleos (uno de cada cinco) de todos los existentes en la UE, tuvieron que ver con las exportaciones a países de fuera de la Unión. En España, el 12% del empleo depende de las exportaciones extracomunitarias. Además, la mayoría de los puestos de trabajo españoles relacionados con la exportación son trabajadores altamente cualificados.

Los grandes beneficios de la globalización y el comercio para el consumidor provienen de las importaciones. Los acuerdos comerciales significan que los importadores pagan derechos reducidos. Junto con una mayor competencia, esto significa precios más bajos para productos (ropa, teléfonos inteligentes, televisores, software, automóviles, etc.) y servicios. De igual manera, Los consumidores también pueden beneficiarse de una mayor oferta de productos y servicios.

Se calcula que los precios más bajos han supuesto un ahorro de unos 24.000 millones de euros anuales para los consumidores. Además el nivel de riqueza y la comodidad están aumentando, al tiempo que mejora el nivel de vida.

Algunos expertos en la materia anticipan que la desglobalización puede tener efectos profundos e impredecibles. Es posible que el comercio mundial se desplome en los próximos meses y las transacciones comerciales se verán severamente reajustadas en busca de una mayor autosuficiencia, una dinámica que ya se inició con la pandemia.

Sin duda alguna, la globalización, tal como la hemos conocido, tiene aspectos negativos, no hay por qué negarlo. Ahora bien, su retroceso y/o congelación puede ser peor. El impacto que puede tener esa desaceleración sobre la huella de carbono, con toda probabilidad, será considerable porque va a primar la producción de proximidad y eso pasa por reducir la penalización por emisiones en el transporte. También es posible que, con este nuevo panorama se tienda a recuperar parte de la producción que se había externalizado a terceros países; por lo general, segmentos de la producción de poco o nulo valor añadido.

Es probable que los aranceles que ya ha empezado a aplicar Donald Trump a China sean, algo así como un torpedo en la línea de flotación de la globalización. En este contexto, no deberíamos esperar muchas diferencias de trato entre aliados y adversarios.

El proteccionismo estadounidense está acelerando un cambio estructural en la globalización.  Por eso, empresas chinas, en previsión a lo que pudiese venir, ya hace tiempo que empezaron a trasladar su producción a regiones con menores restricciones comerciales. De hecho, están en una nueva fase de conquista global. Sus compañías tecnológicas vinculadas a la transición verde han empezado a sembrar semillas por infinidad de territorios. Cada poco se anuncia un acuerdo para colocar la primera piedra de una planta de producción de vehículos eléctricos, de baterías, de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde o de paneles solares. Mientras tanto, Europa enfrenta un dilema: o proteger su industria automovilística o avanzar en la descarbonización, de manera individual frente a la competencia de los vehículos eléctricos chinos.

Las políticas de Donald Trump están transformando las dinámicas económicas y políticas internacionales. Sus iniciativas, aunque centradas en fortalecer a Estados Unidos, redefinirán las reglas del comercio global y de la cooperación internacional. Los efectos de este cambio estructural, tanto positivos como negativos, se harán más evidentes en los próximos años, marcando un punto de inflexión en la historia económica global.

La cuestión es que las perspectivas son muy poco halagüeñas, más bien todo lo contrario. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Club Còrtum 25/02/2025

 

LA CONQUISTA SILENCIOSA

A diferencia de EE.UU, que tras la Segunda Guerra mundial se expandió por el planeta haciendo ostentación, casi constante, de su poderío militar y su vocación intervencionista, China hace tiempo que puso en marcha una intensa actividad diplomática implementada con acuerdos comerciales, de financiación y soporte tecnológico con países emergentes o con posibilidades de serlo, haciendo gala de su potencial armamentístico en muy contadas ocasiones. Hace tiempo que la cúpula del Partido Comunista Chino se fijó el objetivo de convertir a su país en la primera potencia mundial en el siglo XX, y para lograrlo, lleva a cabo una conquista silenciosa, mediante una estrategia de penetración en diversas partes del mundo sin levantar polvo ni hacer ruido.

Hace tiempo que entramos en una nueva fase de la conquista global. Por eso, el gigante asiático, en previsión de posibles turbulencias, inició la deslocalización de sus empresas hace más de 30 años.  Es el caso del gigante de los electrodomésticos Haier, que empezó su internacionalización en los años 90. En aquella época las inversiones se hacían en fábricas de zapatos, de manufacturas textiles y productos similares.

Ahora Donald Trump ha puesto en práctica la “diplomacia del chantaje” y está desatando una guerra comercial que nadie sabe adónde nos va a llevar. Sin embargo, China lleva la delantera. Hace años que las empresas del gigante asiático vinculadas a la transición verde se expanden por casi todo el planeta, son punteras en el desarrollo y fabricación de productos tecnológicamente avanzados que tiene una fuerte demanda mundial para combatir el cambio climático o llevar a cabo la transición energética.

Cada dos por tres se inaugura una nueva planta para la fabricación de coches eléctricos, de baterías, de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde o de paneles solares, puede ser en España, Alemania, México, Turquía, Brasil o Vietnam, tanto da, es prácticamente seguro que detrás hay una empresa china.

En opinión de Julien Chaisse, profesor especializado en Derecho económico internacional y arbitraje en la City University de Hong Kong, la expansión china va más allá de una reacción ante los aranceles” (…) “Refleja una respuesta estratégica a la fragmentación mundial en las cadenas de suministro” (…) “El plan lleva en marcha más de una década”. (…) “Las empresas chinas se están convirtiendo en actores globales, estableciendo centros de producción fuera de China para evitar aranceles y asegurarse puntos de apoyo económico a largo plazo en regiones como África y América Latina”.

Chaisse considera que las barreras comerciales de la UE y de EE UU están pensadas para “reducir el dominio mundial de China en industrias clave” y cree que, en parte, pueden frenar al gigante asiático. “Pero también empujan a sus empresas a ser más ágiles e integrarse globalmente”. Las compañías estarían mostrando su capacidad de adaptación y planificación estratégica “a menudo subestimada por los analistas occidentales”. Reconfiguran sus operaciones para esquivar aranceles, mantener el acceso a los mercados esenciales, al tiempo que amplían sus relaciones con las economías emergentes. Mitigan riesgos geopolíticos y amplían sus esferas de influencia. Su presencia crece en lugares donde la occidental se desdibuja. Y, al mismo tiempo, establecen sus fábricas en el corazón mismo de Occidente. En 2022, más de 270.000 personas no chinas trabajaban en la UE para empresas chinas. Es muy probable que la cifra siga creciendo.

Para Pekín la exportación de sus tecnologías es la respuesta a las restricciones comerciales que imponen la Unión Europea y Estados Unidos, pero es, también, una herramienta de penetración geopolítica para diseñar un nuevo mapa de relaciones amistosas, de manera preferente, con los países emergentes y el Sur global.

Una de las joyas de la corona en esta expansión masiva es un enorme conglomerado tecnológico del gigante del automóvil Greely en Malasia, se prevé una inversión de unos 9.000 millones de euros para fabricar coches enchufables.

El pasado mes de septiembre se celebró la macrocumbre China-Africa. Asistieron más de cincuenta líderes del continente en la capital del gigante asiático. El presidente chino, Xi Jinping, inauguró el encuentro con un discurso en el que pidió impulsar una modernización respetuosa con el medio ambiente. “China está dispuesta a ayudar a África a construir motores de crecimiento verde”, señaló. Los líderes africanos le reclamaron inversiones que permitan ascender en la cadena de valor. Y el secretario general de la ONU, António Guterres, otro de los invitados, proclamó: “La alianza entre China y África puede impulsar la revolución de la energía renovable. Puede ser un catalizador para transiciones clave en los sistemas alimentarios y la conectividad digital”.

Pocas semanas después era el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quién aterrizaba en Pekín con la idea de atraer inversión china para nuestro país. Desde luego, no se vino de vacío, pues logró cerrar un acuerdo para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde de 900 millones de euros del gigante Envision; y hay otros aún pendientes, como una posible fábrica de baterías de CATL, el mayor productor del mundo, en Zaragoza; y otra de coches enchufables de SAIC en Galicia. En China, Sánchez dejó un mensaje de amistad, tendió puentes y reclamó a la Unión Europea que reconsidere su posición de imponer aranceles de hasta el 47,6% a los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático (después fueron revisados a la baja, hasta un 46,3%). “No necesitamos otra guerra comercial”, dijo Sánchez. “Tenemos que buscar un acuerdo entre la Comisión Europea y China en el marco de la OMC [Organización Mundial del Comercio]. Todos estamos reconsiderando nuestra posición”.

Estamos ante ese nuevo paradigma y nadie sabe hacia dónde vamos. Sin embargo, parece razonable pensar que la propuesta de colaboración que nos hace Pekín, sin estar exenta de riesgos, es mucho más atractiva y sensata que el todos contra todos y sálvese quien pueda que nos propone el actual inquilino de la Casa Blanca.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/02/2025

 

 

APUNTES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

El Ministerio de Hacienda ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 26 de febrero. En esa reunión, el tema inmediato a tratar será la quita de parte de la deuda autonómica, algo que las CCAA esperan como agua de mayo, por mucho que algunos finjan mirar hacia otro lado. No obstante, la cuestión que todos esperan con el cuchillo entre los dientes es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo vigente caducó en 2014, sin embargo, once años después no se ha tocado ni una coma, pero ahora, con la propuesta de financiación singular, lanzada desde y para Cataluña quién más y quine menos aguarda expectante.

El actual sistema de financiación tiene su punto de arranque en la Constitución del 78. No obstante se ha ido modificando con el paso de los años y los gobiernos centrales. Desde un principio, se acordó que el País Vasco y Navarra recaudasen los impuestos que se generaban en su demarcación; entonces eran muchas las cuestiones urgentes e importantes que había que afrontar y la financiación autonómica no era de las más relevantes. No obstante, desde la perspectiva actual, no parece muy razonable que un gobierno central, ya sea de un país federal o no, ceda la llave de la caja a otras administraciones de rango inferior, a cambio de nada, para que recauden los impuestos en el territorio. Por lo tanto, no es descabellado considerar los sistemas forales de Euskadi y Navarra como anomalías de nuestro sistema.

Tanto el País Vasco como Navarra son lugares con renta y capacidad tributaria por habitante superiores a la media. Sin embargo, las cuantías que aportan a la caja común son sensiblemente inferiores que la de las comunidades que se rigen por el régimen común y eso genera importantes agravios comparativos.

Esa especificidad, les permite disponer de muchos más recursos per cápita para financiar sus servicios públicos. Además, con el paso del tiempo hemos visto que las haciendas forales someten a una presión fiscal algo inferior a la media a sus contribuyentes; tanto las personas físicas como las empresas (he ahí las polémicas "vacaciones fiscales" y las denuncias de competencia fiscal de los territorios limítrofes). De hecho, los dos principales desajustes que reflejan las balanzas fiscales que publica el Ministerio de Hacienda son los de esos territorios. Dada su renta per cápita y necesidades de gasto relativas, deberían contribuir mucho más a la nivelación y la solidaridad interterritorial, como lo demuestran numerosas investigaciones aplicadas y publicadas en los últimos años.

Ante esta situación, lo primero que hay que poner sobre la mesa es la equidad en el sistema de financiación autonómica y el grado deseable de nivelación interterritorial. No se pueden obviar las grandes ventajas financieras que proporciona la metodología con la que se computan los flujos fiscales de las haciendas forales a la hacienda central. Una metodología que, por cierto, no se concreta en la Constitución cuya reforma no exige, pues, cambios constitucionales.

Desde luego, estamos ante un asunto de una tremenda complejidad política que no se puede afrontar desde la ingeniosidad. Pero lo que está claro es que no es de recibo que se tache a los catalanes de tacaños e insolidarios y, sin embargo, corramos un tupido velo con nuestros vecinos del norte.

El sistema de financiación autonómico vigente para las regiones de régimen común, de las que forma parte Cataluña, es complejo y casi inteligible para la mayoría de los mortales. Veamos, por ejemplo, que sucede con el principio de ordinalidad: Cataluña es la segunda comunidad que más aporta, solo por detrás de Madrid, según el estudio “La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, publicado por Fedea. Sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy lógico pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la segunda en aportar que sea la cuarta o la quinta en recibir, ¿pero la décima? Parece excesivo. Y eso no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Ante esta situación de evidente agravio comparativo, parece muy sensata la propuesta que ha puesto sobre la mesa Salvador Illa: crear un Consorcio Estado-Generalitat encargado de recaudar y gestionar los impuestos generados en Cataluña. Posibilidad contemplada en el Estatut de autonomía y que tiene el visto bueno del Tribunal Constitucional.

Con esa fórmula, tendríamos un órgano paritario entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria catalana para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos del Estado recaudados en Cataluña, al margen de los propios de la Generalitat. Además, ese organismo sería clave para resolver algunas discrepancias recurrentes entre la Generalitat y el Gobierno como, por ejemplo, la demora de las entregas a cuenta o la falta de información sobre la recaudación. Administraciones similares ya funcionan en Alemania, donde los länder gestionan todos los tributos mediante sus agencias, también las del Estado federal.

En una cosa coinciden todas las partes: hace falta más dinero para dar cobertura a los servicios que prestan la CCAA. Habrá que ver si el modelo propuesto por Cataluña es en exclusivo para esa comunidad o es exportable a otras autonomías, y si es así a cuales. El tema es de calado. Por consiguiente, ocasiones tendremos para seguir tratándolo con detalle. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 18/02/2025

 

BLANQUEAR A JORDI PUJOL Y RESUCITAR CONVERGÈNCIA

El nacionalismo catalán no anda sobrado de referentes. De ahí la prisa por reivindicar el legado político de Jordi Pujol y blanquear su nombre, aunque se dejan al margen cuestiones tan escabrosas, como la ‘deixa de l’avi Florenci´, que están en manos de la justicia.

Eso explica que, a finales del pasado mes de noviembre, aprovechando que se cumplían 50 años de la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y 70 de la muerte de Enric Prat de la Riba, presidente de la Mancomunitat y líder de la Lliga Regionalista, se rindiera, en Castellterçol (provincia de Barcelona),  el enésimo homenajea Jordi Pujol.

Allí estaban los convergentes de toda la vida: desde Xavier Trias a Artur Mas, desde Magda Oranich a Feilp Puig, pasando por Núria de Gispert de Unió, expresidenta de Parlament, Josep Rull, actual presidente de la Cámara catalana y un largo etcétera de nacionalistas ilustres, es decir, el “pinyol” del conservadurismo catalán. 

Como es lógico, en el acto no podían faltar los parlamentos y si alguien había pensado que el viejo patriarca se iba a conformar con un discurso de trámite, se equivocaba. Cuando Jordi Pujol tomó la palabra no se anduvo por las ramas ni se dedicó a explicar batallitas. Fue en corto y por derecho. El expresident dejó varios mensajes muy claros. El primero, un baño de realidad para el secesionismo: "Sabemos que Cataluña no será independiente" (…) “se ha visto en los últimos años que esto de la independencia es muy difícil” (…) “Aún hay quien sigue teniendo esas ideas (independentistas), pero sabemos que no lo seremos, como mínimo ahora, ni en diez ni en quince años y ya no podemos pensar más allá”. Lástima que Pujol no dijera eso públicamente en los momentos álgidos del procés, seguro que algún disgusto nos hubiésemos ahorrado. Luego habló de la inmigración que, en su opinión, es un "problema" pues puede poner en "peligro" la lengua, elemento central de la identidad catalana. Ya en clave de partido regañó a los suyos: a su juicio, fue un error 'matar' a Convergència cuando en 2014 confesó la fortuna andorrana. "Tuvimos un gran partido", recordó con nostalgia. "Hicimos política positiva, tanto en Cataluña como en España", señaló. Para el fundador de CDC, hubiera valido la pena mantener el partido vivo y "superar un trauma" del que se siente "responsable". “Me podíais repudiar, pero el proyecto debía seguir” y lamentó que CDC ya no exista, aunque instó a que el hilo convergente continúe, desde otras siglas, sean o no las de Junts, aunque en ningún momento citó a la formación de Puigdemont.

Buena parte del nacionalismo conservador catalán y diversos sectores de la sociedad civil echan de menos a CDC. Aquel partido que tenía capacidad para negociar a derecha e izquierda sin perder ni la compostura ni las buenas relaciones con unos y con otros. CDC en coalición con Unió (CiU) supo llegar a acuerdos con UCD, el PSOE y el PP; esa predisposición, facilitó en diversas ocasiones la gobernanza de España.

Hoy las cosas han cambiado y mucho. Durante un tiempo se pensó que Junts podría ser la continuación de aquel proyecto, pero Carles Puigdemont, con sus palabras incumplidas, sus golpes de timón y su afición a los perfomances ha dilapidado el capital político que acumuló en 2017. El punto de inflexión se produjo en las elecciones al Parlament del pasado mes de mayo. Allí se vio que ni había proyecto ni había más programa que no fuese llegar a la plaza Sant Jaume para ostentar el poder.

Como escribía Milagros Pérez Oliva en un brillante artículo publicado en El País (19/01/25) “Su relación con la política es tormentosa, narcisista e imprevisible. Como Trump, con el que tiene más en común de lo que pudiera parecer. Está demostrando una idea de las relaciones políticas basadas no en la confianza, el respeto por las leyes y la lealtad institucional, sino en la fuerza, incluido el chantaje, y en el recurso permanente a la argucia y la teatralización para colocarse en el centro del tablero”.

Esa situación ha hecho que no pocos nacionalistas catalanes, ubicados en la zona templada del mapa ideológico, piensen que Puigdemont y su núcleo duro son más una rémora que un activo para asumir un rol determinante en la política de Estado. Los giros bruscos de guion no suelen ser bienvenidos y con Junts ya nos estamos acostumbrando a ver como al partido de Puigdemont cambia de bando con suma facilidad en el Congreso de los diputados, sin que les importe sumar sus votos a la derecha y a los ultras.  Tal vez, las alianzas de los “juntaires” con PP y Vox deberían servirnos para recordar que el alma de esa derecha (española o catalana, da igual) está en plena sintonía con la tormenta reaccionaria que sacude Europa.

No me gusta echarle agua al vino, y si como dijo Pujol en el homenaje de Castellterçol hay que mantener vivo el hilo de Convergència que se mantenga, pero que sea el de aquella CDC que negociaba, pactaba y llegaba a acuerdos razonables y beneficiosos para la ciudadanía. No la Convergència del caso Casinos, ni la del 3%, tampoco la del caso Palau de la Música, ni la de las ITV, que de todo hubo en los 23 años en los que el pujolismo fue hegemónico, y ahora algunos quieren presentarlo como modélico.

Las coas por su nombre. Por eso, al pan, pan y al vino, vino.

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 17/02/2025

 

ARANCELES: ARMA DE DOBLE FILO

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, como presidente electo de EE UU, ha recordado mucho a la entrada de un elefante en una cacharrería: lo ha puesto todo patas arriba. 

Más allá de las barbaridades y majaderías que ha dicho y hecho, de buenas a primeras ha puesto en marcha la “diplomacia del chantaje” y ha declarado la guerra comercial a sus vecinos y a China. Un recargo del 25% a los más próximos y el 10% a los asiáticos, mientras que Europa está en el punto de mira, como ha dicho el presidente republicano.

De momento, la estrategia de Trump ha surtido efecto y, tanto Méjico, como Canadá se han doblado a sus intereses. A cambio, el republicano ha suavizado sus presiones. Es el caso de Méjico, tras una conversación con la presidenta mejicana, Claudia Sheinbaum, Donald Trump ha suspendido la aplicación de aranceles durante un mes. No obstante, Méjico deberá desplegar 10.000 agentes de la Guardia Nacional en su frontera con EE UU para prevenir el tráfico de drogas y personas indocumentadas.

Cómo era de esperar, la respuesta china ha sido muy distinta. Ante la subida de un 10% adicional a la importación de productos chinos, el Gobierno, que preside Xi Jinping, ha presentado una batería de medidas en diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, Pekín, impondrá a partir del 10 de febrero, gravámenes adicionales del 15% al carbón y al gas natural licuado procedente de Estados Unidos, y de un 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. Las autoridades del país asiático también han anunciado una investigación antimonopolio a Google y la imposición de controles a la exportación de varios productos relacionados con recursos críticos como el wolframio y el telurio, elementos claves en sectores tecnológicos, indispensables para la fabricación de chips y baterías.

El Gobierno chino ha presentado además una demanda contra las medidas estadounidenses ante el mecanismo de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha decidido incluir a dos empresas estadounidenses, PVH Corp. (dueña de marcas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein) e Illumina Inc., dedicada a la biotecnología, en la lista de entidades no fiables del país, lo que da vía libre para imponer medidas punitivas.

Desde el ministerio de Comercio de China, a través de un comunicado han anunciado que los aranceles adicionales estadounidenses “constituyen un acto de unilateralismo y proteccionismo comercial”; además, ya han adelantado que se elevará el caso a la OMC. “Estas acciones dañan el sistema multilateral de comercio, socavan las bases de la cooperación económica y comercial entre China y EE UU y alteran la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales”, ha dicho un portavoz del departamento.

Donald Trump ha empezado amenazando con la subida de aranceles a aquellos países que más venden a EE UU. La idea que subyace en todo esto es proteger la producción nacional de sus productos. Normalmente, el importador paga el sobrecoste en la aduana y luego lo repercute en el comprador final. Por consiguiente, acaba castigando al consumidor. Por eso, el arancel puede ser un arma de doble filo y volverse contra los que lo imponen porque, de alguna manera, limita la libre capacidad de elección del ciudadano.

Todos recordamos que la Unión Europea estableció aranceles para los coches eléctricos fabricados en China, recargando con un impuesto del 7,8% esos automóviles, incluidos los Tesla. Así pues, si un coche cuesta 30.000 euros, el concesionario que lo trae a Europa pagará 2.340 euros extra en aranceles (además de otros gastos). Si no quiere perder dinero, tendrá que repercutir ese coste sobre el comprador, que, tras la imposición del impuesto, pagará más. De hecho Elon Musk, dueño de Tesla, denunció a la UE ante los tribunales por ese impuesto. Curioso.

Más pronto que tarde llegará el turno de “imposición-negociación” con la UE. La balanza comercial entre EE UU y la Unión es netamente favorable a la UE. De hecho, Europa es su principal suministrador desde los años 70, ya que les compramos por valor de un 13% de su PIB a los norteamericanos. En cambio, según los últimos datos del Eurostat, que corresponden a 2023, la UE vendió a EE UU por un valor de 155.800 millones de euros, un 19,7% de la ventas europeas a todo el mundo. Para Alemania, Italia o Irlanda, eso significa algo así como el 10% de su PIB y un 5% para Francia, los productos españoles se quedan en un 2% del PIB hispano. No obstante, hay sectores para los que EE UU es un mercado clave. Es el caso del aceite de oliva puro, el segundo producto que España más vende allí y el arancel puede perjudicar mucho. Ya, en 2019, los exportadores españoles sufrieron una fuerte caída de las ventas, perdiendo competitividad frente a otros países. Según datos de la Cámara de Comercio española, el aceite de oliva perdió un 60% en ese mercado.

Resulta difícil hacer un pronóstico fiable de la nueva situación a nivel mundial. Ahora bien, ese cambio de rumbo y la ruptura del marco de liberalización que han regido el comercio mundial, en las últimas décadas, está llegando a su fin y eso puede suponer una contracción tanto del comercio como del crecimiento mundial.

Este nuevo escenario, afectará, necesariamente, a las relaciones internacionales. El consenso para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ya había apuntillado Trump, será de todo punto imposible. Veremos la capacidad de resiliencia de instituciones tan prestigiosas como el Fondo Monetario Internacional (FMI) de ahora en adelante. También habrá que ver qué ocurre con foros que habían surgido más recientemente, como el G-20, que tuvo un papel relevante en plena crisis financiera, y ahora está seriamente en peligro.

Por si acaso, abróchense los cinturones que vienen curvas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 10/02/2025

 

¿QUÉ SON LOS BRICS?

 

Apenas han pasado quince días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y ya resulta muy difícil cuantificar las barbaridades que ha dicho o hecho en ese corto espacio de tiempo el flamante mandatario estadounidense. 

Uno de los desatinos que más me ha sorprendido, no tanto por su importancia, pero sí porque pone de manifiesta su ignorancia supina, es el de calificar a España como un BRIC. Algo que en un ciudadano de un pie de cualquier latitud alejada de nosotros no tendría más relevancia, adquiere signos de gravedad cunado el que se pronuncia es el político con más poder del planeta. No dudo que los lectores de estas columnas conocen sobradamente la existencia de ese club de países que colaboran bajo el nombre de Brics. No obstante, me ha parecido que no estaría mal implementar esos conocimientos y que sepamos, si es posible, un poco más de que son y para qué sirven. Quizás con un poco de suerte le llegue alguna campana al señor Trump que le ayude a documentarse.

Los BRICS+, es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El “más” representa a los nuevos miembros: Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita va camino de incorporarse en breve. También hay varios países más semiasociados a este club. Juntos, los BRICS+ representan el 35,4% de la economía mundial. El Grupo de los Siete países súper industrializados avanzados supone el 29,6%. La diferencia es aún mayor en lo que respeta a la población: mientras que esos países aglutinan el 45% de la ciudadanía, nosotros nos quedamos en un modesto 10%.

Algunos economistas y estrategas políticos occidentales consideran que el talón de Aquiles de ese grupo es la carencia de una moneda propia ya la vez sea sólida.   Desde luego, es un hecho poco cuestionable que el dólar domina el comercio mundial. Y eso permite que Estados Unidos ejerza un poder casi omnimodo para imponer su voluntad a los demás. El dominio del dólar otorga al Gobierno estadounidense el privilegio de sancionar a los países a través del sistema financiero. Prácticamente todos los bancos occidentales dependen de una u otra forma de los mercados estadounidenses.

Que nadie se llame a engaño, los BRICS+ no tienen intención de crear una moneda única. Tal vez la UE ha sido un aviso para ellos, pues hemos visto cómo una moneda común puede acabar aumentando las divisiones políticas entre sus miembros. Los BRICS+ van en otra línea, su idea es que los flujos financieros funcionen entre ellos evitando así entrar en el universo del dólar. Su sistema de pago es el llamado Brics Pay, un sistema de pago basado en cadenas de bloques que utiliza la misma tecnología subyacente que Bitcoin y otras criptomonedas. Sobre esos sistemas no acostumbra a salir nada en la prensa ni en las revistas especializadas porque son tremendamente tediosos. No obstante, forman parte de la fontanería de los sistemas financieros mundiales. Ciertamente son soporíferos, pero en el mundo actual se han convertido en un instrumento geopolítico esencial porque permiten a los países que los utilizan defenderse de las sanciones occidentales.

Los BRICS+ gestionan entre el 35 y el 40% del comercio mundial, pero todavía dependen en exceso de Estados Unidos porque gran parte de sus intercambios los realizan aún en dólares estadounidenses. Según el economista francés Jacques Sapir los BRICS+, van camino de abandonar el dólar estadounidense para un 80% de los intercambios comerciales en los próximos cinco años. Eso tendrá un enorme impacto en el equilibrio del poder financiero mundial. Alrededor del 60% de las reservas mundiales de divisas se mantienen actualmente en dólares. Con el nuevo sistema de pagos, el BRICS+ podría superar al dólar en unos cinco años, según los cálculos de Sapir. Quizás esa previsión sea un poco exagerada, pero Sapir está en lo cierto en cuanto a la tendencia. Los BRICS+ no necesitan una moneda única para independizarse del dólar estadounidense. Todo lo que necesitan es tecnología del siglo XXI.

Algunos analistas consideran que otra de las debilidades de los BRICS+, además de no tener una moneda propia, es que no están cohesionados políticamente como lo solemos estar en occidente. Pero es que desde su punto de vista no necesitan el mismo grado de integración política que nosotros tenemos en el G-7, la OTAN o la UE. A excepción de China y Rusia, el resto de países que forman el club no están interesados en un enfrentamiento con Estados Unidos. Quieren comerciar con todo el mundo y no formar parte de un bloque. Rusia, Corea del Norte e Irán han acercado posiciones. Xi Jinping, presidente de China, ha formado una alianza estratégica con Vladímir Putin, pero mantiene las distancias. Los BRICS+ son un grupo muy heterogéneo, pero su fuerza radica en centrarse en las cosas que tienen en común. Y, sin duda alguna, el denominador común es su deseo de reducir su dependencia de Estados Unidos.

No sé si con esta breve reflexión habré sido capaza de aportar algo de luz a ese complejo mundo de la geopolítica y donde los BRICS+ están llamados a asumir un rol fundamental. Me daría por satisfecho con que algún mensaje, por sencillo que sea, le sirva al señor más poderoso del mundo para tener ideas un poco más ajustadas a la realidad.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Còrtum 04/02/2025

¿COALICIÓN EN CIERNES?

Después de unas negociaciones al borde del precipicio, Gobierno y Junts han llegado a un acuerdo para aprobar las medidas sociales (subida de las pensiones, subvención al transporte de cercanías, ayudas a los afectados por la DANA y otras iniciativas sociales) que por tacticismo había tumbado la derecha en el último pleno del Congreso. A cambio, los “juntaires” han obtenido unas compensaciones que nada tienen que ver con las prestaciones al conjunto de la ciudadanía. En fin, bien está lo que bien acaba. Ante ese giro de guion, al PP le ha faltado tiempo para decir que apoyará el decreto que presente el Ejecutivo y, cómo es lógico, esa falta de criterio ha descolocado a buena parte de sus barones que temen sufrir un desgaste innecesario frente a los pensionistas. .

No obstante, por si había alguna duda, es evidente que la mayoría de la investidura cada vez es menos mayoría y, además, es más frágil. No es la primera vez que Junts cambia de bando sin que les tiemble el pulso. Y, mucho me temo, que eso va a ser bastante habitual de ahora en adelante.

En realidad, a Junts, la gobernabilidad de España les importa entre poco y nada. El objetivo de los de Carles Puigdemont (quizás el único) es volver al Palau de la Generalitat. Por eso, pactaran con quién sea, lo que sea, si piensan que eso les allana al camino a la plaza Sant Jaume.

En el supuesto de que Pedro Sánchez tuviese que convocar elecciones anticipadas, la victoria de las derechas es bastante probable y eso haría que el Govern Illa perdiese uno de sus apoyos más sólidos: el soporte del Gobierno central, un acicate más para que los neoconvergentes busquen la caída del presidente. Tal vez ese sea el escenario soñado por Puigdemont y sus acólitos.

En algunos conciliábulos políticos se empieza a contemplar como muy plausible, la formación de un gobierno PP-Vox con apoyos externos de Junts. Al fin ya al cabo, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Carles Puigdemont comparten el credo neoliberal, es decir, rebajar la presión fiscal a las grandes empresas, limitar cuando sea posible los derechos sociales y desregularizar el mercado laboral son algunos de los ejes. vertebradores de sus políticas, las cuestiones identitarias que les separan parece que, en estos momentos, no son determinantes. Además, es un hecho que a nivel internacional soplan vientos favorables a ese tipo de alianzas.

Al PP no le iría nada mal un pacto con Junts, porque más allá de las coincidencias ideológicas. Los acuerdos con el partido catalán les servirían para blanquear sus pactos con Vox, ya que les daría un barniz de fuerza dialogante capaz de acordar con diversas fuerzas políticas a la vez. 

Según algunos expertos en cuestiones legales, es muy posible que el Tribunal Constitucional decida sobre la ley de amnistía en el próximo otoño. Sí eso es así y la resolución es favorable a Carles Puigdemont, quizás habrá llegado la hora de dejar caer a Pedro Sánchez.

Nada de lo que pueda ocurrir nos debería sorprender. Los nacionalindependentistas acostumbran a dar giros inesperados al guion. Quién no recuerda a Artur Mas acudiendo al notario para dejar constancia, por escrito, de que él nunca pactaría con los populares. Sin embargo, en cuanto llegó al Govern, le faltó tiempo para acordar a discreción con el PP de Alicia Sánchez Camacho. Luego, como, a pesar de todo, le resultaba imposible tapar las vergüenzas de Convergencia se echó en manos del independentismo.

Si Aznar hablaba catalán en la intimidad, no nos ha de extrañar que cualquier día, amnistía mediante, Puigdemont se marque un chotis con Díaz Ayuso de pareja. ¿Por qué no? Más verdes han madurado. Demos tiempo al tiempo.

Soy poco partidario de hacer predicciones a medio o largo plazo porque vivimos en la época de la inmediata y cualquier imponderable puede echar al traste el análisis más riguroso que se pueda hacer. No obstante, en esta ocasión me parece bastante obvio que hay una coalición de derecha y extrema derecha en ciernes. No por casualidad en las altas esferas del poder político y económico, de rango abolengo, ya se frotan las manos, aunque la sabiduría popular nos dice que no conviene vender la piel del oso antes de cazarlo.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 03/02/2025

 

MALA GENTE

Quizás el calificativo que he elegido como título de este artículo a algún lector le puede parecer demasiado grueso. Lo siento, pero cómo calificar sí no a unos grupos políticos que con su voto en contra hacen que más de doce millones de pensionistas pierdan poder adquisitivo o que se congele la subida del Salario Mínimo interprofesional (SMI). Con ese voto en contra se han bloqueado las ayudas del Gobierno al transporte, así que para ir a trabajar, a estudiar o llevar los niños al colegio los ciudadanos se tendrán que rascar un poco más el bolsillo; también se quedan en un cajón un paquete de medidas para los afectados por la DANA de octubre y la protección a personas vulnerables. Eso es lo que hicieron el último pleno del Congreso PP y Junts, con la inestimable colaboración de Vox, al votar en contra del decreto ómnibus 2025 del Gobierno. Si esa actitud no es de mala gente que alguien me lo explique.

Cuando se habla de un decreto o ley ‘ómnibus’ se hace referencia a un texto legislativo que recoge medidas de distintos ámbitos que no guardan relación entre sí. Es lo que ya ocurrió con el real decreto –ley 9/2024 del 24 de diciembre de 2024, y tumbado en el Congreso, que incluía reformas en materia económica, de transporte y de Seguridad Social. 

Desde 2022, se han aprobado hasta ocho paquetes de medidas, cada uno de ellos con reformas de todo tipo que se han ido adaptando a la evolución de la situación económica y social. Algunos de esos decretos incluían ayudas para afrontar las consecuencias de España en la guerra de Ucrania, ayudas para la isla de La Palma tras la erupción volcánica de 2021 o bonificaciones para el transporte, cuando la inflación originada por la invasión Rusia de Ucrania estaba en su punto más álgido.

Tanto en el PP como en Junts se han liado a la hora de intentar explicar su voto y es que es muy difícil explicar lo inexplicable, pero la primera justificación que dio la portavoz de Junts, Miriam Noguera, fue para nota. Según la señora de verbo irrespetuoso y grosero, que tiene la sensibilidad social en salva sea la parte, el voto en contra de su grupo fue porque no quieren que suba el IVA del aceite o del pan, entre otros (Sic) 

La cuestión es que con la polarización política que estamos viviendo, del PP no cabe esperar nada. Los populares están ansiosos por llegar al poder, creen que la estancia de Pedro Sánchez en la Moncloa empieza a tener fecha de caducidad y, además, está muy próxima. Por eso, han decidido que al Gobierno ni agua.

Sin embargo, la actitud de Junts es, hasta cierto punto, desconcertante. ¿Quizás piensan que con un gobierno del PP y Vox las cosas irán mejor para Cataluña? ¿Qué pretende Carles Puigdemont? Tal vez piensa que debe empezar a construir puentes para que cuando le llegue la amnistía ya esté en disposición de negociar, pactar y acordar con aquellos con los que comparte el ideario económico y social, y de los que tan solo le separan las cuestiones identitarias y Eso, a estas alturas, a quién le puede importar. En mi opinión lo que subyace en todo este culebrón es la lucha a muerte por la supervivencia y hegemonía en el mundo independentista y Junts ha escogido la vía de la confrontación con ERC, pero con enemigo interpuesto, aunque dudo de la efectividad de la estrategia cuando se ponen por medio cosas tan delicadas como las pensiones.

De todas formas, Puigdemont haría bien en recordar que hace ahora un año el PP presentó en el Congreso una propuesta que planteaba la disolución de los partidos que promuevan declaraciones de independencia o referéndums sobre esa posibilidad. Asimismo, Feijóo ha solicitado en más de una ocasión la detención del político catalán. Así pues, que cada cual sepa con quién se juega el futuro.

En definitiva, es lógico que los partidos utilicen las armas que tienen a su alcance y les parecen adecuadas para desgastar al adversario, pero, como en todo, hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar y las pensiones, el SMI, las subvenciones al transporte. o las ayudas a los afectados por la DANA, forman parte de las cosas de comer y con eso no se juega, no vayamos a tener un disgusto.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 27/01/2025

 

FINAL FELIZ

Por una vez, y sin que sirva de precedente, los lectores me van a permitir que aparque las cuestiones políticas y sociales, que suelen constituir el núcleo duro de mis escritos, para que comente el culebrón económico-jurídico que nos ha brindado en las últimas semanas el F.C. Barcelona.

Cuando el pasado mes de agosto, el presidente del Barça, Joan Laporta firmó los contratos de Dani Olmo y Pau Víctor, se sabía que, para poder seguir jugando en 2025, deberían ser inscritos, en La Liga, de forma definitiva, como  muy tarde el 31 de diciembre. Dada la delicada situación financiera del club, la opción más viable era vender los ingresos futuros de unas 200 localidades de los palcos más VIP del nuevo Camp Nou Spotify. Y eso equivalía a un escrupuloso proceso de presentación de documentos en La Liga: los contratos firmados de la operación, una auditoría que confirmara las valoraciones y los correspondientes comprobantes de ingresos como prueba de que la transacción se había ejecutado.

En La Liga hace tiempo que se sienten ninguneados por los dirigentes blaugrana, entre otras cosas, por el affaire que con el Barça Studios montaron, simulando una venta que resultó falsa para ampliar su margen de inscripciones. De ahí que, al faltar el último día del año pasado las correspondientes acreditaciones conforme se había hecho la venta y recibido el dinero, se negaron a tramitar las inscripciones.

Ante la negativa de La Liga y la Federación de fútbol de inscribir a los dos jugadores, el F.C. Barcelona presentó, ante el Consejo Superior de Deportes, un recurso para que se suspendiera de forma cautelar la resolución de La Liga y ha así ha sido: El Consejo estima el recurso del F.C. Barcelona y devuelve las inscripciones a Dani Olmo y Pau Víctor. Por consiguiente, los futbolistas vuelven a tener licencia con carácter provisional, hasta que se resuelva el fondo del asunto, aunque La liga y algunos clubs ya han anunciado que acudirán a la justicia ordinaria para impugnar esa decisión.

Esta vez, de momento, el culebrón ha tenido un final feliz, pero no siempre es así. Por eso, me permito sugerir a los socios culés que no se dejen embaucar por cantos de sirena. Porque Joan Laporta es un ilusionista al que le gusta sacar conejos de la chistera, pero eso casa mal con la realidad cuando se está al frente de una entidad en la que hay que gestionar centenares de millones de euros cada año.

Hace tiempo que la gestión financiera del club inició una deriva errática difícil de explicar. Resulta que mientras nos decían que el Barça era más que un club, el mejor equipo del mundo y tenía la mejor plantilla, la entidad se sumergiría en el proceloso mundo de los números rojos y la bancarrota era el islote más inmediato dónde la institución hubiera ido. a recordar de haber sido una empresa con ánimo de lucro. Si se salvó de una quiebra necesaria fue por ser una institución con profundas raíces en Cataluña y un símbolo de hondo significado. No obstante, todo eso, no nos ha librado de asistir a una demostración bochornosa de falta de capacidad, previsión y rigor en la gestión por parte de su actual presidente: Joan Laporta.

Dice el refrán que “segundas partes nunca fueron buenas”, algo de verdad debe haber en esa afirmación porque justo es reconocer que en el primer mandato de Joan Laporta, como presidente del FC Barcelona, ​​aunque las finanzas no fueron el capítulo más brillante, si Tuvimos el mejor Barça de la historia. Un equipo de fútbol que enamoraba e invitaba a soñar.

Sin embargo, desde que Laporta se hizo cargo del club, por segunda vez, en marzo de 2021, su actuación al frente de la institución ha sido caótica y perturbadora. Es cierto que el anterior presidente, Josep María Bartomeu, dejó al club desnortado y en la UCI financiera —algo que no se ha investigado lo suficiente y por lo que nadie ha asumido responsabilidades—, pero en los ya tres años que Joan Laporta lleva al frente la entidad no está claro que la situación haya mejorado y todo indica que, con sus famosas palancas, está hipotecando el futuro del club.

Este segundo mandato está jalonado de asuntos, tan poco brillantes, como la marcha de Messi, los incumplimientos reiterados de los plazos en las obras del Nou Camp, el sueño de la súper liga que se ha evaporado sin dejar rastro, la defenestración de Xavi como Entrenador, el bochornoso vodevil del jugador de básquet, Heurtel y una veintena de ejecutivos han abandonado el proyecto, mientras que los intermediarios y comisionistas han ganado peso específico a la sombra del organigrama del club. 

La situación del club es delicada, se ha puesto el prestigio de la entidad a los pies de los caballos, mientras que el desbarajuste en la dirección es notorio. Con este panorama de fondo, se debería afrontar la situación con humildad y realismo, pero para eso se hay que proceder con sentido común.   Sin embargo, eso es una quimera porque Joan Laporta entró en el palco de autoridades del estadio Jawhara, donde se disputó la semifinal de la Supercopa entre el Athletic y el Barça, haciendo butifarras, dando golpes y gritando “hijos de puta” “cobardes”. y “sin vergüenzas”, y no se le pueden pedir peras al olmo.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 16/01/2025

 

NO REPITAMOS LA HISTORIA

 

 

Hace poco más de un siglo, algunos países, incapaces de afrontar los graves problemas sociales, en especial el paro, eligieron el camino de la barbarie y el fascismo. Es el caso de la República de Weimar en Alemania; la necedad e incompetencia de sus dirigentes hizo posible la llegada al poder de Hitler y sus adlátares en las elecciones de marzo de 1933. La difícil situación social que se vivía en Europa favoreció el efecto dominó y otras naciones del continente viraron hacia el autoritarismo.

De forma simultánea, algunas democracias liberales supieron impulsar políticas públicas eficaces para afrontar la delicada situación social y conectar con la ciudadanía. De ese modo, países como Estados Unidos, Suecia o Reino Unido se libraron de la barbarie totalitaria y pudieron lograr un nuevo contrato social para alcanzar una prosperidad compartida.

Aquel gran acuerdo fue posible porque se priorizaron las similitudes a las diferencias y se supieron conjugar distintas sensibilidades. Para lograrlo hubo que concitar amplios consensos sociales y hacer renuncias. La experiencia sueca fue singular y sirvió como punto de referencia. En el caso norteamericano fue determinante el discurso de las “cuatro libertades” (libertad de expresión, libertad religiosa, libertad para aspirar a una vida mejor y libertad de vivir sin miedo) del presidente Roosevelt del año 1941. La gran novedad política fueron las dos últimas libertades: aspirar a vivir mejor y vivir sin miedo a la inseguridad económica. Aquella propuesta concitó el apoyo mayoritario de la población. El siguiente paso en la arquitectura definitiva de ese nuevo contrato social para el crecimiento y la prosperidad compartida lo dio el Reino Unido al final de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el pilar económico, inspirado por el economista británico John M. Keynes, con la aceptación de la responsabilidad del Estado en la gestión del gasto agregado de la economía para mantener el pleno empleo y el impulso a las inversiones públicas para estimular el crecimiento económico. Por otro, el pilar social, inspirado por William Beveridge, economista y político liberal británico, con su defensa de nuevos bienes públicos orientados a garantizar una educación y una sanidad pública universal y gratuitas y seguros públicos de desempleo y jubilación.

En el siglo XIX, entre diciembre de 1851 y marzo de 1852 Karl Mark escribió “El 18 brumario de Luís Bonaparte” que comienza con la conocida frase: “La historia siempre ocurre dos veces, la primera como tragedia y la segunda como miserable farsa”. Por nuestro bien, espero que no tengamos que repetir la historia, pero entre los años treinta y cuarenta del pasado siglo XX y la actualidad existen unas similitudes evidentes.

En estos inicios de 2025, el panorama que se nos presenta no es nada halagüeño. Nos rodean diversos conflictos bélicos que, en cualquier momento, pueden hacer saltar por los aires el delicado statu quo que ha imperado en los últimos setenta años. El inminente retorno a la Casa de Blanca de Donald Trump acompañado, en esta ocasión, por su lugarteniente de facto, un tipo tan arrogante y prepotente, como Elon Musk,   genera inquietud y es muy posible que intensifique su relato y ponga el acento en las políticas sectarias y divisivas que anunció en la campaña electoral; basta con ver los nombramientos para su próximo gabinete y comprender que el margen para el optimismo es escaso. Además, personajes como Javier Milei, Giorgia Meloni o Víctor Orban se sienten más legitimados con un personaje como Trump en el despacho Oval. Y eso es terreno abonado para que los nacional populismos que están surgiendo en Europa, se legitimen y adquieran velocidad de crucero para su expansión.

Por si todo eso fuera poco, Europa tampoco está en su mejor momento. Para empezar el modelo de crecimiento europeo está inmerso en una crisis política, industrial y social a la que no se le ve salida. Las dos grandes economías europeas, Alemania y Francia, están gripadas, solo nos faltaría que las amenazas de Donald Trump de subir los aranceles se hagan realidad. Entonces, en muchas zonas del planeta podríamos pasarlo francamente mal.

Con todo, no quisiera concluir este escrito, sin dejar alguna puerta abierta a la esperanza, al menos, entreabierta: parece que la inflación está bastante bien controlada, los carburantes, a pesar del polvorín que es Oriente Medio, mantienen sus precios de manera razonable y, según los expertos, los intereses seguirán a la baja.

Algo es algo. De momento, quedémonos con eso.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM club de debat 13/01/2025