MALOS TIEMPOS PARA EL PROGRESISMO

Vamos a cerrar un año 2025 deplorable. Los peores augurios, de forma sostenida, se han ido haciendo realidad. El progresismo, tanto a nivel político como social, está en uno de sus momentos más críticos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es más, los avances sociales no solo caen en barrena si no que retroceden.    

Dado que, en un espacio necesariamente reducido como es una columna periodística, resulta imposible hacer una reflexión más o menos completa sobre el asunto que al que me he referido más arriba, voy a exponer aquí tres situaciones que, en mi opinión, corroboran el enunciado que he hecho como introducción.

La segunda llegada de Donald Trump a la casa Blanca, hace ahora once meses, ha ido socavando todo lo que ha hecho que EE UU   funcione: Loa inmigrantes, las libertades civiles, las universidades, la libertad de prensa, los medios, los reguladores independientes, la ayuda al desarrollo o la financiación de servicios básicos como, por ejemplo, el Medicaid (programa de seguros de salud del Gobierno de Estados Unidos para la gente necesitada), solo por citar algunos objetivos recientes.

En este tiempo, el hastío y la angustia han ido apoderándose de la ciudadanía. La frustración domina ya a buena parte de los votantes que apoyaron a Trump para reflotar una economía que creían en crisis cuando funcionaba razonablemente bien, pero que ahora presenta serios síntomas de enfriamiento. En cambio, cuestiones como la complicidad en el genocidio en Gaza se cuestionan poco, mientras que la deshumanización del diferente, como estrategia política, ha encontrado en los inmigrantes su particular enemigo interior y ya hace mella en el conjunto de la sociedad.

Empieza a percibirse un cierto hartazgo ante decisiones arbitrarias (cuándo no ilegales) que pone en práctica la Administración Trump. La angustia no para de crecer, incluso entre aquellos que han decidido retirarse a sus torres de marfil a esperar a que, con un poco de suerte, amaine en las elecciones de medio mandato, que serán en noviembre de 2026.

En ese contexto, muchos líderes del mundo político y empresarial y de la alta tecnología han preferido congraciarse con el mandatario estadounidense en lugar de defender la democracia. Parece que piensen algo así como: con más caos sacaremos más tajada. De hecho, estamos soportando a un grupo de superricos, sin más interés que agrandar su beneficio caiga quien caiga. Ahí está Elon Musk, que ha utilizado su red social para difundir mentiras y calumnias con el objetivo de perjudicar a los demócratas hasta el punto de convertir X en un órgano informal al servicio de Trump.

A nivel internacional, en este segundo mandato, Trump está provocando una auténtica revolución geopolítica. No hay certezas sobre lo que hará —dada la imprevisibilidad del personaje y la ambigüedad de algunas de sus iniciativas—, pero se está produciendo un impacto profundo en las relaciones internacionales. Este ocurre en distintos ámbitos, pero el comercial es el más relevante. Hay cuatro asuntos a través de los cuales ese impacto puede resultar trascendental y duradero. Esto es, una guerra en marcha: Ucrania, una zona especialmente tensionada: Oriente Próximo que, a pesar del alto el fuego en Gaza es un polvorín que puede estallar en cualquier momento y otros dos potenciales: Taiwán y Corea.

Por si no teníamos bastante desbarajuste en el orden mundial con las políticas erráticas de Donald Trump, el triunfo incontestable del pinochetista confeso, José Antonio Kast, en las recientes elecciones chilenas, viene a confirmar malos tiempos para el progresismo en América Latina.  En este 2025, otros tres países de la región se han decantado por opciones conservadoras en sus respectivos comicios. Son los casos de Bolivia, Ecuador y Honduras. En esos lugares, personajes como Rodrigo Paz, Daniel Noboa o Narsy Asfura, de claro perfil ultra, han borrado del mapa a las opciones, más o menos izquierdistas, que venían gobernando en los últimos años. 

Estas victorias, sumadas a las protagonizadas por otros dirigentes de signo derechista como Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina o Santiago Peña en Paraguay, consolidan un giro reaccionario en la región, cuyas consecuencias no son fáciles de prever, pero que no auguran movimientos positivos de progreso ni nuevas conquistas sociales; más bien todo lo contrario: Latinoamérica ha entrado en una fase de retrocesos que ya se empiezan a ver en forma de pérdida de derechos, libertades y progreso social. Si alguien tiene alguna duda, que eche un vistazo a lo que se está viviendo en Argentina.

Por lo que respecta a España, las perspectivas de futuro no son demasiado halagüeñas. Después de siete años de Gobierno progresista, durante los que se ha avanzado más que nunca en cuestiones sociales, el PSOE está viviendo su particular annus horribilis. Los socialistas se han metido en un laberinto en el que cada día se le complican más las cosas: tienen a sus dos últimos secretarios de Organización y un asesor común en la cárcel (uno de ellos en libertad provisional) porque presuntamente se repartieron cientos de miles de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas. Y cuando parecía que la tormenta empezaba a escampar salen a la luz diversos casos de acoso sexual, algunos llevados a cabo por individuos muy próximos al presidente; y eso, que haya ocurrido en un partido que ha hecho del feminismo su bandera, ha conmocionado a la ciudadanía, dejando seriamente tocada la credibilidad del partido y del Gobierno.

Ese estado de cosas hace que la continuidad de la legislatura esté en el aire y, lo que es peor: la posibilidad de repetir mandato tras las próximas elecciones generales es lo más parecido a una quimera. Lo que significa: apriétense los cinturones porque la derecha y la derecha extrema están enfilando la recta para llegar a la Moncloa.

Huelga decir que eso equivale a que vienen malos tiempos para el progresismo y los avances sociales. Más vale que estemos preparados.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 22/12/2025

 

NUEVO CICLO ELECTORAL

 

El próximo domingo, 21 de diciembre, con las elecciones autonómicas que se celebrarán en Extremadura, iniciaremos, en nuestro país, un nuevo ciclo electoral. Tras los comicios extremeños vendrán, en el mes de febrero, los de Aragón, en marzo serán los de Castilla y León y, luego, en junio, las elecciones andaluzas.

Este ciclo debería cerrase en 2027 con otra serie de autonómicas, municipales y generales, pero esas últimas, nadie sabe cuándo van a ser. Seguramente, en estos momentos, ni el propio presidente del Gobierno tiene idea de cuándo las va a convocar porque, aunque está decidido a agotar la legislatura, con las cuitas internas que está atravesando el PSOE, cada vez se mueve más el suelo bajo sus pies, y la situación puede llegar a ser insostenible.

Si alguna actividad humana es proclive a la especulación, esa es, sin duda, la política. Por eso en los cenáculos políticos se manejan diversas posibilidades de cuando Pedro Sánchez convocará elecciones generales. En ese contexto, una de las teorías que tiene más adeptos es la de que en el próximo mes de junio tengamos un “súper domingo” electoral, es decir, elecciones autonómicas en Andalucía y generales en España. Hay, incluso, quién va más allá y apunta que podría haber también comicios en Cataluña, pero, ante esa hipótesis, me atrevo a afirmar que el Govern de la Generalitat no caerá en esa tentación, entre otras cosas, porque sería tanto como autocalificarse de españolista y eso, ya sabemos que aquí no tiene buena prensa. Aunque ya se sabe: especular, al fin y al cabo, es gratis.

Con todo mi cariño y respeto para los ciudadanos extremeños, la realidad es que Extremadura nunca ha tenido ni tiene un gran peso específico en la política nacional. Sin embargo, en estos momentos, debido a las circunstancias de polarización y crispación que estamos viviendo, estas elecciones adquieren una resonancia especial.

Para empezar, venimos de un pacto en Valencia, donde el PP, tras la vergonzante salida de Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat valenciana, ha doblado la rodilla y agachado la testuz delante de Vox para evitar ir a las urnas. Y eso ha hecho ver a los de Abascal —por si ni lo tenían claro— que tienen más fuerza de la que quizás ellos mismos imaginaban. Por eso, a partir de ahora es fácil prever que apretarán muchos más las tuercas a los populares porque ya no se conforman con un trozo de pastel, quieren el pastel entero. Y la misma táctica que han utilizado en Valencia la continuarán utilizando siempre que el PP necesite sus votos para gobernar.

Los comicios extremeños van a ser un buen banco de pruebas para ver cómo está la puesta a punto de las diversas formaciones políticas. Porque si algún partido los puede abordar con fundadas expectativas, ese es Vox; para los demás el futuro no se plantea muy esperanzador.  Según varios estudios demoscópicos los populares obtendrán unos resultados muy similares los de 2023, que, aun siendo objetivamente buenos, no dan para gobernar en solitario  por lo que tendrán que decidir ente repetir elecciones o volver a cortejar a Vox y ya sabemos lo que eso significa.

El PSOE está en unos de sus momentos anímicos y electorales más bajos y haber apostado por un candidato con una mochila judicial cargada no parece un buen reclamo electoral. Además, no sería de extrañar que el candidato socialista tuviera que empezar a pagar por los pufos que estos días vamos conociendo. Ante esa situación, poco puede hacer el bueno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra por más que se empeñe en loar al presidenciable socialista a los cuatro vientos.

Y después está la izquierda que se sitúa a la izquierda de la izquierda. A priori las previsiones no les auguran nada bueno: en Extremadura se espera que reciban un serio varapalo, en Aragón no parece que vayan a ser decisivos para nada, algo similar puede suceder en Castilla y León, mientras que en Andalucía el gran objetivo será evitar que el PP obtenga mayoría absoluta, lo que equivale a que llegue a pactos con Vox para gobernar. Sin duda, un gran aliciente para movilizar al personal.

Este es, a grandes rasgos, el paisaje político que tenderemos a partir del próximo 21 D. En este contexto, hay quien piensa que el previsible ascenso de Vox en toda España, debilitará al PP, y también puede provocar que los ciudadanos reaccionen y se repita el fenómeno de 2023, cuando la llegada de Vox a los gobiernos autonómicos catapultó lo que un poco más tarde sería el Gobierno de coalición.

Mientras tanto, los casos de corrupción y acoso en el partido socialista están emponzoñando aún más la situación y la tensión electoral ya impregna todo el ámbito político. En ese contexto, los partidos están redefiniendo sus estrategias y poniendo a punto su maquinaria electoral más allá de Extremadura por lo que pueda venir, a la vez que no dejan de mirar de reojo las encuestas; y así resulta muy difícil llegar a acuerdos, por lo que hacer política será casi misión imposible.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 15/12/2025

ESPEJISMO EN GAZA

 

Hace ahora dos meses, Donald Trump anunciaba, a bombo y platillo, que Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo y firmaban la primera fase de un plan de paz para Gaza que se había gestado en la Casa Blanca. 

Desde entonces, el interés informativo por la situación en esa parte del mundo ha ido decreciendo. Gaza ya no ocupa las portadas de los periódicos ni encabeza los titulares de los informativos de las cadenas de televisión. Si queremos saber cómo van las cosas por allí, nos hemos de ir a las páginas interiores de los diarios y, a veces, ni eso. Ahora la atención mediática tiene otras prioridades: un hipotético plan de paz para Ucrania que solo existe en la mente de Trump y en los portafolios de sus acólitos, que más parece un escarnio para el pueblo ucraniano y un desprecio a Europa o la amenaza de invasión a un país soberano para “acabar con esos hijos de perra”, en referencia a supuestos narcotraficantes, según dijo el sheriff de la Casa Blanca, en una indisimulada amenaza a Venezuela. Pero como que Venezuela debe ser poca cosa para el afán imperialista de los halcones norteamericanos, ya han puesto el ojo en Colombia y así invaden dos países por el precio de uno.

Pero en Gaza, han seguido muriendo personas (se calcula que han sido más de 400 los civiles asesinados a manos del ejército durante esos dos meses de supuesta paz), la asistencia sanitaria es muy escasa y la ayuda humanitaria, a todas luces, insuficiente. Las tropas israelíes, con total impunidad, siguen restringiendo el suministro más básico y solo autorizan la entrada a un tercio de los 600 camiones diarios a los que les obliga el acuerdo. Además, nada más han habilitado dos de los seis pasos fronterizos con el enclave, impidiendo el acceso directo hacia el norte de la Franja y manteniendo cerrado el paso de Rafah con Egipto.

Es cierto que los bombardeos son casi inexistentes. Pero no se permite el paso a la prensa y tan solo unas cuantas oenegés pueden hacer, no sin dificultades, su trabajo, estrechamente vigiladas por el ejército israelí. No obstante, aunque con suma lentitud, se va conociendo la dimensión de la catástrofe y las barbaridades que en los dos años de guerra se han cometido, a pesar de la censura y ocultación impuestos por el gobierno israelí y el nihilismo de la comunidad internacional.

Tal vez la guerra haya terminado en Gaza, pero no ha llegado la paz. Media Franja sigue ocupada. Israel ejerce un control absoluto y se ha sacado de la manga una Línea Amarilla y tras ella ha concentrado a dos millones de personas. En realidad Gaza es una cárcel al aire libre en condiciones inhumanas. Durante el conflicto armado murieron más de 70.000 gazatíes, ahora siguen muriendo por ataques indiscriminados del ejército, porque alguien traspasa esa maldita Línea Amarilla o, desesperados por el hambre, protagonizan algún altercado cuando van a recoger algo para comer. Y por si no había bastante con la brutalidad militar, los colonos se han venido arriba y, desde la más absoluta impunidad, acosan a los palestinos sin ningún recato.

Más pronto o más tarde, las partes implicadas deberán afrontar la segunda fase de la hoja de ruta de Trump que, desde la ambigüedad, aborda asuntos tan espinosos como la futura gobernanza del enclave, que prevé que supervise una Junta de la Paz presidida por el propio Trump, además del desarme de Hamás o la retirada de las tropas israelíes. El plan vincula el avance de esas cuestiones con la aparición de una fuerza internacional (ISF, por sus siglas en inglés) que, hasta el momento, carece de integrantes.

A mediados del pasado mes de noviembre, El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba una resolución inspirada en el plan de paz para Gaza promovido por Donald Trump, El respaldo de la institución multilateral representa un espaldarazo para el presidente norteamericano para forjarse una imagen de hombre de paz, aunque esté matando, en el mar del Caribe de forma arbitraria a tripulantes de supuestas narcolanchas.

La resolución 2803 (basada en el plan original estadounidense de veinte puntos —incluido en ella como un anexo—), prevé —como ya se ha comentado— el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en la Franja Esa fuerza de paz tendrá como misión asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto. También deberá proteger a los civiles y los corredores humanitarios dentro de la Franja, así como capacitar a una futura fuerza de policía palestina. Pero el texto de la resolución no explica si la ISF llevará a cabo uno de los puntos clave del plan de paz: el desarme de la milicia radical palestina Hamás. Y en caso afirmativo, cómo, dado que el grupo islamista rechaza entregar las armas.

La resolución de la ONU, a pesar de sus luces y sombras, es muy loable. Pero la historia nos enseña que esas resoluciones, con demasiada frecuencia, se quedan en una simple declaración de intenciones. Sobre todo de un tiempo para acá en el que la Organización está mostrando su extrema debilidad. 

Está claro que la paz en Gaza es un espejismo porque los israelís siguen matando gazatíes, aunque sea con baja intensidad, y los que logran sobrevivir pasan frío, hambre y carecen de las prestaciones mínimas que debería recibir cualquier ser humano. Esa es la realidad. Pero, seguramente, algunos mamarrachos pensarán que ese es el precio de la paz.

 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 09/112/2025

DILEMA ÉTICO

José Ricardo de Prada, es juez miembro de la Audiencia Nacional (AN) designado como magistrado-presidente del tribunal, que ha de juzgar a la familia Pujol. El día de la apertura de la vista oral decidió que el expresident, a pesar de su deterioro cognitivo, afronte el juicio desde su domicilio, aunque puede ser apartado de la causa si empeora su estado de salud. Y eso, me planeta un serio dilema ético.

Por una parte, lamento profundamente que un nonagenario que, según diversos informes médicos, tiene mermada su capacidad intelectual, deba someterse al escrutinio de un tribunal de la AN.

Por otra, sin embargo, como ciudadano comprometido con la sociedad en que vivo, quiero y necesito saber cuan honesta fue o dejo de ser la acción de los diversos gobiernos constituidos bajo el mando, casi omnímodo, del gran patriarca de la Cataluña del último cuarto del siglo XX y, para alcanzar esa verdad, es imprescindible la participación del protagonista de esa larga y complejísima historia: Jordi Pujol i Soley.   

De hecho, la maquinaría judicial la puso en marcha la AN al practicar diligencias para investigar las posibles trapacerías de los Pujol a raíz de unas declaraciones realizadas en diciembre de 2012, por Victoria Álvarez, que fue amante del primogénito del clan: Jordi Pujol Ferrusola.  Álvarez explicó que había visto como el joven Pujol movía importantes sumas de dinero en efectivo entre Cataluña y Andorra.

Un tiempo después, el 25 de julio de 2014, Jordi Pujol hizo público que, durante más de tres décadas, había mantenido en el extranjero una gran suma de dinero sin regularizar que era la herencia que le había dejado su padre, Florenci Pujol, algo que, más allá de su entorno, casi nadie creyó.

De todas maneras, quién primero puso el dedo en la llaga fue Pasqual Maragall cuando en un pleno del Parlament en el mes de febrero de 2005 le dijo a Artur Mas aquella frase que acabaría haciéndose famosa: Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%". (Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%), el desenlace de aquella escena es recordado por todos: gran enojo de los convergentes, amenazas de hacer descarrilar la legislatura y abandono de la comisión que estaba redactando el nuevo Estatut, con lo que el proyecto estrella del maragallismo hubiese embarrancado; por lo que se retiró la querella y, aunque las aguas volvieron a su cauce, la onda expansiva de la declaración hizo que el oasis catalán se convirtiese en algo muy parecido a una ciénaga que ya nunca recuperaría la calma que había gozado con el pujolismo en el poder y así se acabó quebrando el statu quo establecido, hasta llegar a la implosión del partido fundado por Jordi Pujol en 1974, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), unos años después, taladrada por la corrupción hasta el tuétano.

Resulta evidente que, utilizando las posibilidades que da el poder, CDC fue utilizada como una herramienta para trapicheos y corruptelas de todo tipo. Desde cobrar mordidas a cambio de adjudicador de obra pública, el medrar de muchos cargos intermedios cambalacheando al borde de la legalidad, hasta el enriquecimiento personal de no pocos altos dirigentes.

A estas alturas, nadie con un mínimo de objetividad puede negar que en CDC hicieron de la corrupción su divisa. Eso es algo que lo han acreditado los tribunales de justicia con sendas sentencias en casos como el del 3% el caso Palau o las ITV, pero también en otros como en el affaire BIMSA, el Consorci d'Educació de Barcelona, ​​las mordidas del túnel de las Glorias o los chanchullos teledirigidos desde la presidencia del puerto de la ciudad; además de otros asuntos que siguen esperando turno en alguna carpeta, casi olvidada, en los estantes de cualquier juzgado.

Una idea de esa realidad tan compleja como poco virtuosa, nos la puede dar el volumen de gente implicada en la causa: una vez que los empresarios se sentarán con los Pujol en el banquillo y está previsto que declaren más de 250 testigos. Por todo lo explicado no resulta creíble que el gran patrón que fue Jordi Pujol no estuviese al corriente de los tejemanejes que desde sus ejecutivos se organizaban y tenían como elemento transmisor y/o receptor el partido que él fundó. La cuestión está en saber si de todas esas mordidas y comisiones el clan Pujol se llevaba una parte y/o como movían los hilos.

Es cierto que el juicio llega después de una inacabable instrucción del caso que empezó después de la confesión de Pujol hace ya más de 11 años. Aunque justo es decir que esa tardanza no es solo atribuible a la lentitud de nuestra justicia; También han tenido que ver, y mucho, las maniobras dilatorias de los Pujol que han utilizado todos los instrumentos a su alcance para prolongar el tiempo dedicado a retirar posible documentación sensible ajena a la causa que constaba en el sumario.

Este litigio tiene todo el sentido si con él se clarifican responsabilidades y se nos dan a conocer los entresijos de una manera muy particular de ejercer el poder del que fue el gran patriarca de la Cataluña democrática: Jordi Pujol. Se equivocan aquellos que creen ver en este juicio de revanchismo político o una oportunidad para ajustar cuentas. Nada más lejos de la realidad.

Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, esta frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador Séneca, tiene hoy más vigencia que nunca. No seré yo quien ponga en tela de juicio el acierto de la sentencia del gran filósofo cordobés, pero la verdad siempre es reparadora y, en esta ocasión, además, una necesidad democrática. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 01/12/2025

 

EL DIFÍCIL PUZLE DE LA FINANCIAICIÓN AUTONÓMICA

Dentro de pocos meses, la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que dejar su sitio en el Ejecutivo para irse a Andalucía a encabezar la candidatura del partido socialista en las elecciones autonómicas en esa comunidad que, muy probablemente, se celebrarán el próximo mes de junio. Y parece que, para antes de su marcha, Montero quiere dejar la reforma de la financiación autonómica, si no resuelta, sí, por lo menos, encarrilada.

En un áspero Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 17 de noviembre, en Madrid, en el último punto del orden del día y con el título “Estado de la situación de la reforma del sistema de financiación autonómica”, María Jesús Montero puso sobre la mesa la necesidad de abordar la reforma del modelo que lleva estancado desde 2014, así como las grandes líneas generales del futuro sistema de financiación, pero sin entrar ni en detalles, ni en cifras. La ministra se comprometió a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica, como muy tarde, el próximo mes de febrero. Según explicó Montero, en el esquema sobre el cual están trabajando los técnicos del ministerio de Hacienda, se contemplan tanto las singularidades de Catalunya como las de otros territorios. La idea es que el nuevo patrón incorpore, entre otros factores, la financiación de las competencias homogéneas en todos los territorios de régimen común, a la vez que la bilateralidad para aquellas autonomías que disponen de competencias propias.

Montero apuntó que, además de los principios de suficiencia y corresponsabilidad fiscal que ya existen, con el nuevo sistema se incorporarán otros factores para que ninguna comunidad salga perjudicada y todas cuenten con recursos adicionales y suficientes para poder sufragar los servicios en los que tienen competencias, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia. El nuevo modelo será aplicable en las 15 comunidades de régimen común sin excepción, lo que “no impedirá tener en cuenta singularidades o particularidades territoriales”, dijo la ministra en clara alusión a Cataluña. Por eso se abordarán determinadas materias de manera bilateral “sin que compita con los recursos del resto de comunidades”, añadió sin entrar en detalles.

Hacienda tiene prevista una ampliación del porcentaje de cesión de algunos impuestos, como, por ejemplo, el IRPF o el IVA, cuya transferencia a las comunidades se modularía al alza. La propuesta incluirá, también, el fin de las entregas a cuenta para crear un nuevo modelo en el que los recursos de los impuestos citados lleguen a las autonomías en un periodo mucho más reducido, y no en dos años o más como sucede en la actualidad.

La vicepresidenta anunció, con cierta cautela, que el nuevo modelo podría abordar la puesta en marcha de mecanismos que combatan las bajadas fiscales de determinadas comunidades que practican dumping fiscal. “Soy partidaria de que se contemplen determinado desincentivos, pero es algo que tenemos que discutir con las comunidades autónomas”, dijo Montero. La titular de Hacienda criticó que algunos gobiernos regionales bajen impuestos y pierdan recaudación, a la vez que piden más recursos a la Administración Central. “La relación del Gobierno de España con las comunidades autónomas no puede estar basada en que es gratis pedir y reprochable no dar”, puntualizó.

La fuerte polarización política que estamos viviendo ha sido uno de los motivos, aunque no el único, para que, en mucho tiempo, no hayan habido contactos entre el ministerio y representantes de las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña. No obstante, los técnicos de Hacienda, en colaboración con los equipos del Govern de la Generalitat y ERC, han hecho los deberes y, todo indica que tienen un borrador, sobre el nuevo modelo de la financiación autonómica, bastante completo y avanzado.

Guste o no, Catalunya vuelve a liderar las negociaciones y es la referencia para el resto de autonomías. En este contexto, hay que reconocer el baño de realidad que se están dando los republicanos catalanes, más allá de las declaraciones para el consumo de sus parroquianos, al participar en la elaboración de un modelo que ha de ser válido para todas las comunidades. En esos trabajos, el escollo más considerable está siendo respetar el principio de ordinalidad, esto es: que una comunidad autónoma mantenga su posición en el ranking autonómico después de que se hayan aplicado los mecanismos de solidaridad; de ahí que, para evitar esa posibilidad se estén buscando fórmulas que puedan compensar ese posible decalaje. Asimismo, se ha dejado para el próximo año el compromiso de que sea la Generalitat la que recaude íntegramente el IRPF porque es una cuestión que requiere de una modificación legal y, por consiguiente, deberá ser validada en el Congreso.

Con el difícil puzle de la financiación autonómica sobre la mesa, lo más lógico sería que el ministerio llevase a cabo una serie de encuentros con los responsables de Economía de las diferentes comunidades para ir perfilando la implementación del sistema. Pero con la crispación a que estamos sometidos y los puentes del dialogo entre el Gobierno y la oposición volados cualquier cosa es posible.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/11/2025

 

JUNTS ROMPE, PERO ROMPE PERO POCO

 

Han transcurrido ocho años desde aquel 2017, de triste recuerdo, y parece que a algunos se les ha parado el reloj y no se han dado cuenta que la vida sigue, o quizás sí, y constatar que, en la realidad, nada es como ellos habían soñado, les está llevando una crisis existencial que les genera una preocupante miopía política.

Tal vez por eso y para recordarnos que aún existen, hace un par de semanas, en una comparecencia ante los medios, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, con la afabilidad que la caracteriza anunció la ruptura total de su grupo parlamentario con el Gobierno, destacando que no existe ningún tipo de comunicación ni negociación con ellos. "Romper, para nosotros, quiere decir romper. No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación, no hay absolutamente nada", quiso dejar claro la "juntaire".

La aritmética parlamentaria no le permite al Gobierno relajarse y se han de dejar la piel en cada votación para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Por eso, mientras en Junts se jactan de bloquear la legislatura y afirman que así Pedro Sánchez no podrá gobernar, desde el Ejecutivo ponen al mal tiempo buena cara y, haciendo de la necesidad virtud, tienden la mano a los de Puigdemont para seguir negociando y llegar a acuerdos.

Si en la escudería de Puigdemont deciden ejecutar la amenaza anunciada por Nogueras, entre otras iniciativas, paralizarán casi una cincuentena de proyectos de ley que están en proceso de tramitación o que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo al Congreso en los próximos meses; entre ellos los Presupuestos Generales del Estado que deben servir para aumentar la calidad de los servicios públicos y, por consiguiente, el bienestar de los ciudadanos de España, incluidos los catalanes. 

El dislate de Junts es de tal envergadura que, de seguir adelante con su planteamiento, también se verá afectada la quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el futuro de la financiación singular, reformas legales que necesitan la mayoría del Congreso. Se calcula que la condonación de la deuda andará sobre los 83.000 millones de euros, que el Estado está dispuesto a asumir para reducir parte del endeudamiento de las CCAA. El problema es que se necesitan los siete votos de Junts para sacar adelante esa iniciativa porque pensar en el soporte de PP o Vox es, sencillamente, ilusorio. En el supuesto de que esa quita prosperase la Generalitat de Catalunya rebajaría un 19,9% de su deuda, es decir, más de 19.000 millones de euros.

Otro de los asuntos que está en riesgo de quedar en el varadero es el acuerdo entre PSC y ERC para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña, con el fin de que se pueda recaudar el IRPF y que se vaya ampliando su capacidad de gestión hasta hacerse cargo de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Una iniciativa que también podrían poner en práctica otros territorios. Fijémonos que todo esto son acciones que atañen directamente a Cataluña, si a esto Junts vota en contra, qué no harán con las leyes ajenas a los intereses catalanes, porque, aunque pocas, haberlas hay las.

Los “juntaires” ya nos tienen acostumbrados a los giros súbitos de guion como ocurrió, por ejemplo, hace unos días en el pleno del Congreso: no habían pasado ni veinticuatro horas del enfrentamiento entre Miriam Nogueras y Pedro Sánchez, en el que la diputada, con su empatía habitual, llamó hipócrita y cínico al presidente, cuando los siete diputados de Junts salieron al rescate del Gobierno absteniéndose en una votación  para impedir que se aprobara una enmienda del PP con la que se pretendía suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Asco I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

La cuestión de fondo en todo este affaire es que los pos posconvergentes se ponen muy nerviosos cuando leen las encuestas que auguran un crecimiento exponencial de Alianza Catalana, un subidón que según la demoscopia se va a producir, sobre todo, a base de ganarle votos a los “juntaires”. Y es que, según dicen algunos, Silvia Orriols es la heredera política de Marta Ferrusola y para los convergentes de “toda la vida”, la alcaldesa de Ripoll encarna los valores más profundos de la formación desaparecida. 

Ante esa situación tan poco halagüeña, en Junts han querido ver una ventana de oportunidad para resituarse en Cataluña y no perder el paso electoral rompiendo con el Gobierno de coalición. Los nacional independentistas asumen que, de la mano del PSOE en el Congreso, resulta muy complicado hacer una oposición efectiva al PSC de Salvador Illa en el Parlament. Tampoco les resulta fácil enfrentarse a ERC por sus vínculos con los socialistas. Los pupilos de Puigdemont también buscan neutralizar las críticas que les lanzan desde el partido ultra de Orriols que les acusan de ser incapaces de poner en marcha medidas contra la multirreincidencia, la ocupación de viviendas o la llegada indiscriminada de inmigrantes, además de practicar un independentismo light.

La falta de un proyecto político, sin una línea de actuación clara y con su líder más preocupado por su futuro que por el del país, están haciendo que el desasosiego se instale entre los alcaldes y cuadros medios del partido que ya notan el aliento de Alianza Catalana en el cogote.

Desde que en Junts decidieron poner fin al Govern de coalición con ERC, perdieron la alcaldía de Barcelona, se quedaron fuera de las cuatro diputaciones y no gobiernan en ninguna de las capitales de provincia catalanas, iniciaron un lento pero sostenido camino hacia la irrelevancia: Ahora dicen que han finiquitado su relación con el Ejecutivo de Sánchez, pero acercarse a PP y Vox puede suponer su suicidio político y, de momento, no parece viable que voten con los de Feijóo una moción de censura. Por consiguiente, es razonable pensar que seguirán haciendo lo que han hecho casi siempre: rodear de suspense cada votación.

En definitiva, Junts rompe, pero rompe poco.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 17/11/2025

EL HOMBRE QUE CONFUNDIÓ A SU PAÍS CON UN PARVULARIO

A mediados de los años ochenta, el profesor de Neurología Clínica, Oliver Sacks, (1933-2015), publicó un libro titulado “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”, en el que recopilaba una veintena de historiales médicos de pacientes perdidos en el desconocido mundo de las enfermedades neurológicas.

Hace ya tiempo que leí con sumo interés esas narraciones. De entre todas, me llamó poderosamente la atención el relato que da nombre al libro. Allí, Sacks nos explica que el doctor P es un prestigioso músico que con el paso del tiempo empieza a tener algunos problemas de relación con sus alumnos como, por ejemplo, no reconocer a algunos de ellos o no identificar sus caras. Sin embargo, en cuanto el estudiante habla el profesor lo reconoce por su voz. Con el paso del tiempo, la situación se fue deteriorando, hasta que un día en la consulta de Oliver Sacks, a la hora de marchar y con la mayor naturalidad, cogió a su esposa por la cabeza e intentó ponérsela como si fuese un sombrero.  

Pues bien, he traído a colación ese libro y me ha parecido oportuno parafrasear su título para dar nombre a esta columna porque he creído ver muchas similitudes entre el doctor P, protagonista de “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero” y el talante político de Carlos Mazón. 

En efecto, Mazón que obtuvo el soporte de Vox para ser investido, a cambio de asumir como propios buena parte de los postulados de la derecha extrema, tenía todas las cartas de la baraja para desarrollar una legislatura tranquila y de provecho para los valencianos. Sin embargo, las grandes negligencias cometidas antes, durante y después de la dana del 29 de octubre del año pasado han hecho descarrilar su proyecto, sumir a Valencia en el drama y poner de manifiesto la incompetencia más absoluta de algunos individuos para estar a la altura de las circunstancias cuando la situación lo requiere.

Carlos Mazón ha encadenado mentira tras mentira para mantenerse en el cargo. Empezó a falsear la verdad para no desvelar dónde estaba el día de la tragedia, justo cuando más se le necesitaba y lo ha seguido haciendo hasta el mismo momento en que presentó su dimisión un año más tarde, cuando dijo sentirse acorralado por la instrucción judicial por la gestión de la riada, las investigaciones periodísticas, la pérdida de apoyo electoral de su partido en la región y la demoledora imagen del funeral de Estado. ¿Pues qué esperaba?

El actual president en funciones de la Generalitat valenciana no tuvo ni dignidad para anunciar su marcha. Utilizó su declaración institucional para hablar de apagón informático de las agencias estatales de meteorología y de la falta de comunicación y colaboración del Gobierno central, pero sin mostrar, en ningún momento, la más mínima empatía ni con las víctimas ni con los familiares. Se va sin haberse reunido una sola vez con las asociaciones que en este tiempo se han constituido para honrar a las víctimas y defender sus legítimos derechos. Soberbio hasta el último suspiro.

Con todo, Mazón no es el único responsable de este desgraciado affaire porque si el Govern de Valencia hubiese estado organizado como debía, aunque el president hubiera estado en la Cochinchina, los mecanismos previstos para las emergencias se hubieran tenido que activar. 

A pesar de su renuncia al cargo de president, Mazón no renuncia a su acta de diputado y así continuará como aforado y, por consiguiente, parapetado ante la más que plausible imputación judicial. Además anunció que acudiría a una consulta médica y si le dan la baja médica podría ahorrase la comparecencia en las comisiones de investigación que se han constituido en la Cortes valencianas, en el Congreso y en el Senado.

En medio de toda esa lamentable situación, una vez más, Alberto Núñez Feijóo ha demostrado que no tiene ni el cuajo político ni la catadura moral suficiente para ser el líder del partido más votado de España. Debería haber sido él quién indicase al president valenciano el camino de salida y no lo hizo ni después de la dana ni en todo el año transcurrido ni siquiera tras los bochornosos abucheos en el funeral de Estado. Al contrario, cuando Feijóo y Mazón hablaron, la idea del primero era arrancarle el compromiso de que no se volvería a presentar, fue Mazón el que decidió tirar la toalla porque, según dijo, ya no podía soportar tanta presión. Y ahora, en vez de exigir a Mazón que convoque elecciones antes de dimitir, el líder de los populares se abraza, sin rubor, a la extrema derecha para no acudir a las urnas.

De la misma manera que el Doctor P, junto con su señora establecieron una serie de códigos y normas para que pudiese seguir con su vida y ocultar, tanto como les fuera posible la enfermedad. Carlos Mazón creyó que con su sarta de mentiras, acomodando la realidad a su visión y centrifugando responsabilidades a otras instancias salvaría el pescuezo. Se equivocó de nuevo, porque los valencianos, como la inmensa mayoría de los ciudadanos de España, son gente madura y responsable a los que no resulta ni fácil ni gratis engañar, no unos niños que, en su santa inocencia, se lo creen todo. Y, como le sucedió al doctor P, con su señora y un sombrero, el expresidente en funciones confundió a su país con un parvulario.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 10/11/2025

 

LA ESPERANZA RESUCITA EN NUEVA YORK

Después de un año lleno de desplantes, amenazas, malas caras, aranceles desorbitados y memeces varias, por fin, desde los EE UU, nos ha llegado una muy buena noticia: Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York ha logrado encarnar en un tiempo récord la esperanza de un cambio en los Estados Unidos de Donald Trump. A sus 34 años, Mamdani se ha convertido en el primer socialista que regirá los destinos de la capital mundial del capitalismo y en el primer alcalde musulmán de la ciudad que sufrió los ataques terroristas del 11-S. El más joven que lo ha conseguido en los últimos cien años.

Mamdani ha roto moldes. En 2018 era un activista que se declaró en huelga de hambre durante 15 días para mejorar las condiciones de las licencias de taxi. Desde entonces su evolución ha sido meteórica. El joven político socialista se ha revelado como un todo terreno de la comunicación. Maneja como pocos las redes sociales, pero también tiene un carisma especial en las distancias cortas, no se incomoda cuando le paran por la calle o le piden selfis.

Hace tan solo un año que se presentó para alcalde. Entonces pocos le conocían en Nueva York. En enero, los mercados de predicción le concedían un 8% de posibilidades de ganar. Sin embargo, el 25 de junio le sacaba más de 12 puntos de ventaja al segundo en las primarias demócratas. Hoy, cuenta con un ejército de unos 100.000 voluntarios, algo nunca visto en unas elecciones en las que en 2021 votaron 1,15 millones de personas.

Para no faltar al rigor informativo, hay que decir que la falta de fuste político de los otros candidatos ha facilitado el camino del joven socialdemócrata. Ahora bien, eso no desmerece ni un ápice el éxito de Mamdani. Su candidatura se ha visto favorecida por los extravagantes rivales que ha tenido enfrente. Cuomo, su principal contrincante, se presentaba como independiente tras perder en junio las primarias demócratas. Fue gobernador del Estado de Nueva York durante una década, heredero de una dinastía política italoestadounidense, era el candidato de los millonarios y tenía el apoyo del establishment demócrata. Hasta Donald Trump dijo que le votaría.

Los otros candidatos eran el conservador Curtis Sliwa −político un tanto pedestre al que no apoya ni el Partido Republicano ni el trumpismo, y que ha preferido no retirarse pese a los llamamientos de que lo hiciera— y el expolicía Eric Adams. Alcalde saliente, cuyo paso por la alcaldía será recordado por su escaso acierto y por las salpicaduras de corrupción que lo llevaron a arrimarse a Donald Trump para librarse de la justicia. Días antes de las elecciones, Adams un poco más avispado que Curtis Sliwa se retiró de la carrera y anunció su apoyo a Cuomo.

Mamadani ha basado su programa electoral en tres ejes básicos, quizás muy simples, pero tremendamente eficaes: congelar los alquileres, autobuses gratis para los padres y guarderías, también, gratis para los niños hasta los cinco años.

La propuesta de congelar durante cuatro años los alquileres en los pisos de renta controlada parece que ha sido la iniciativa que más votos le ha proporcionado. Como no puede ser de otra manera, hay quien desconfía de su meteórico ascenso y lo acusan también de inexperiencia para gestionar una de las mayores ciudades del mundo. Además, le afean su absentismo laboral, ya que cuando trabajaba en la Asamblea de Albany, fue uno de los empleados que más faltó al trabajo en el tiempo que estuvo allí.

Zohran Mamdani no es de los que se muerden a lengua, denunció el “genocidio” en Gaza. Por ello recibió fuertes críticas ya que Nueva York es una urbe conocida por el poder de su comunidad judía, y eso se convirtió en el principal flanco de ataque de sus adversarios al principio de la campaña. No obstante, con su victoria en las urnas, se ha puesto de manifiesto como ha cambiado la opinión pública sobre la masacre israelí desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuya brutal respuesta ha llevado a Mamdani a prometer la detención de Benjamín Netanyahu si pisa la ciudad. Por todo eso, a los sectores proisraelís, tras la victoria del político musulmán, les ha faltado tiempo para pedir a los judíos neoyorquinos que abandonasen la ciudad y marchasen a Israel.

La victoria de Mamdani en Nueva York es incontestable.  Pero es que además, los demócratas han ganado en, prácticamente todas las elecciones que se celebraron el pasado 4 de noviembre en Estados Unidos. Las candidatas del partido demócrata en los Estados de Virginia y Nueva Jersey, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, se impusieron también con rotundidad en sus respectivos feudos. Estos comicios se interpretaban en los medios de comunicación como un plebiscito a los diez meses que lleva Trumo en la Casa Blanca; a la vez que un test para saber si los demócratas tienen opciones en las elecciones de medio mandato del año que viene, una cita en la que estará en juego el control del Congreso. De ahí que la presidenta del comité de campaña del Partido Demócrata, Suzan DelBene, declarase por el contrario en un comunicado: “Los resultados de esta noche son una clara señal de que los demócratas están listos para recuperar la Cámara de Representantes el próximo año.”

Es muy pronto para echar las campanas al vuelo y ahora conviene dejar reposar la situación para que los demócratas acrediten con su gestión el acierto que supone otorgarles la confianza. Pero todo indica que la esperanza resucita en Nueva York.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en la web de CÒRTUM 10/11/2025

 

EL DIARIO DE SESIONES NO MIENTE

Tras las elecciones generales de julio de 2023, con el objetivo de seguir desarrollado su programa de progreso y transformaciones sociales en nuestro país, el PSOE tuvo que poner en marcha toda su capacidad negociadora y de convicción para lograr que diversos grupos parlamentarios del Congreso dieran su voto para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno

En noviembre de 2023, tras unas largas y escabrosas negociaciones se firmó el “Acuerdo de Bruselas” entre el PSOE y Junts. Según ese pacto, los siete diputados del grupo catalán votarían la candidatura de Pedro Sánchez, a cambio de la aprobación de una Ley de Amnistía, la oficialidad del catalán en la UE y el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, entre otras cuestiones de menor calado.

Poco después, se constituyó una mesa de negociación en Ginebra, presidida por un mediador internacional, para hacer un seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos.

Los socialistas lograron su propósito. La legislatura echó a andar, pero muy pronto se vio que aquello no iba a ser un camino de rosas. La debilidad parlamentaria del Gobierno ha facilitado que, en estos dos años de legislatura, el Ejecutivo haya tenido que hacer concesiones a los grupos de la investidura que, en circunstancias normales, no se hubieran producido. No hay nada que objetar. Eso es algo que forma parte del juego parlamentario. Pero todo tiene sus límites y desde el minuto uno quedó claro que a Junts la gobernabilidad de España le importa un pimiento, lo único que les interesa es hacer valer sus votos y poner al Gobierno contra las cuerdas, cuantas más veces mejor.

La realidad es que los dos años que llevamos de legislatura han sido un auténtico vía crucis para el Gobierno que ha tenido que sudar la camiseta en cada votación y los de Junts han dejado en la estacada al Ejecutivo para unir sus votos a los del PP y Vox, en más de una ocasión, sin ruborizarse.

No voy a entrar a valorar si el Gobierno ha sido todo lo diligente que debía para cumplir los pactos acordados o no. El hecho cierto es que, contra la voluntad de muchos militantes socialistas, se llevó al Congreso el proyecto de Ley de Amnistía y se aprobó, si después el Tribunal Constitucional está valorando si la malversación es amnistiable o no es por qué en nuestro país, afortunadamente, existe separación de poderes, como mandan los cánones más elementales de la democracia parlamentaria. De la misma manera, el Ejecutivo puso en la agenda europea la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. Para saber porque el tema se ha encallado los “juntaires” harían bien preguntándole al PP por sus maniobras en la oscuridad para frenar la propuesta. Y, por último, los de Puigdemont deberían recordar que la no aprobación del traspaso de las competencias en materia de inmigración fue una decisión de Podemos, por temor —dijeron— a que esas competencias cayeran en manos fascistas si algún día Junts gobierna en Catalunya.

Según consta en el Diario de Sesiones del Congreso, Junts ha participado casi en el 70% de las derrotas parlamentarias (incluyendo en el cómputo todo tipo de tramitaciones legislativas, de mayor o menor rango) del Gobierno. Desde la constitución del Parlamento hasta el pasado mes de septiembre, los “socios” de Junts han ejercido un papel relevante como oposición al PSOE, impulsando o contribuyendo en varios descalabros del Ejecutivo.  Según los recuentos de votaciones consultados hasta mediados del mes de mayo, Junts ha estado detrás de 52 derrotas del Gobierno de coalición. Han votado directamente en contra en cerca de 40 ocasiones y se han abstenido en otras 13. Mientras que solo han respaldado al Ejecutivo en 18 de esas derrotas. Un recuento al que hay que agregar el 'no' al decreto antiapagones del Pleno de julio; aunque, sin duda alguna, el rechazo a la reducción de la jornada laboral haya sido el más sonado.

Con el anuncio de que Junts rompía sus acuerdos con los socialistas se ha hecho visible algo que ya se daba de facto: que los de Puigdemont hacían más de oposición que de mayoría. El Diario de Sesiones no miente y los datos ahí están.

Ni Carles Puigdemont ni nadie de su equipo se han molestado en explicar cono nos va a beneficiar esa ruptura a los catalanes. En Junts han antepuesto sus temores a un sorpasso de Aliança Catalana al progreso y los avances sociales tanto en Catalunya como en España. Con su decisión los post postconvergentes ponen una alfombra roja para que en nuestro país se instale un gobierno de ultraderecha. Quizás porque todavía acarician aquella idea estrambótica de cuanto peor mejor.

El órdago de los de Puigdemont pone al Ejecutivo de Sánchez a los pies de los caballos, sin mayoría parlamentaria, sin poder presentar una moción de confianza porque los números no dan y sin presupuestos la continuidad de la legislatura se complica.

Está por ver el rol que juegan los diputados de Junts. Lo más probable es que sigan nadando entre dos aguas. Sea como sea, esta ruptura va a suponer un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno. Porque va a resultar, prácticamente, imposible sacar adelante asuntos fundamentales, si no se compensa de forma espléndida a los de Puigdemont. 

Veremos cuál es el alcance real de todo este asunto, pero hay ocasiones en la vida en las que hay que decir: “hasta aquí hemos llegado” y tomar decisiones drásticas, quizás una de esas ocasiones está a punto de llegar. Por eso el PSOE haría bien en tener la maquinaria electoral a punto. En situaciones convulsas, como la actual, todo es posible.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 03/11/2025

 

TERRITORIOS A CAMBIO DE PAZ

 

Donald Trump no se besa porque no se llega, pero se gusta mucho.  El presidente estadounidense está pletórico y se ve estupendo, después de lograr un frágil alto el fuego en Gaza. Ese acuerdo de mínimos le ha hecho subir la autoestima y se cree capaz de todo. Una de las primeras cosas que anunció, cuando regresó a la Casa Blanca, el pasado mes de enero, fue que acabaría con la guerra de Ucrania en unas semanas. Sin embargo, la realidad es que, diez meses después, el conflicto está lejos de concluir.

Trump está convencido de poder aplicar con Putin la misma receta que le ha funcionado con Netanyahu para parar el genocidio gazatí. Craso error porque las condiciones de uno y otro son diametralmente diferentes.

Veamos: para empezar Vladimir Putin no depende en nada de EE UU, mientras que Benjamín Netanyahu tiene una dependencia directa de Washington en cuestiones tan decisivas como el armamento, la diplomacia o la financiación, Putin no depende de los lobbys judíos, pero es evidente que Netanyahu, sí. Rusia ha tejido sus alianzas políticas militares y económicas con países que están fuera de la órbita de la influencia norteamericana. Es el caso, por ejemplo, de la India que está siendo severamente castigada con unos aranceles brutales, aplicados por Trump, por comprar petróleo ruso. Un petróleo que, por cierto, refinan y luego venden, incluso a países europeos. Por el contrario, Israel está cada vez más aislada internacionalmente y eso hace que dependa directamente del Tío Sam.

Con la idea de poner fin al conflicto en Ucrania, Donald Trump convocó en el Despacho Oval a Volodomir Zelenski, para sondear al presidente ucraniano, hablar con Putin y reunirse con él poco tiempo después e intentar llegar a un acuerdo que pare la guerra.

El ucranio entró en la Casa Blanca con, al menos, dos ideas claras. La primera, que Putin no quiere la paz, y la segunda, tener el armamento necesario para atacar a los rusos dónde más daño les puede hacer: la retaguardia. Para ello, nada mejor que los misiles de largo alcance Tomahawk de fabricación norteamericana.  Sin embargo, por una vez, y sin que sirva de precedente, Donald Trump se mostró sensato y descartó esa opción por lo que puede suponer de aumentar peligrosamente la escalada del conflicto.

Ante esta situación, el dictadorzuelo extremista húngaro, Víctor Orban, vio una ventana de oportunidad para ofrecer Budapest como ciudad para el encuentro. Hungría es el país más pro ruso de la UE, en la próxima primavera tiene elecciones y, de momento, las encuestas no le auguran nada bueno a Orban.

Sin embargo, desde el Kremlin no tardaron en hacer saber que no están interesados en negociar un alto el fuego en Ucrania. Por eso, tuvo que salir el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y, poniendo al mal tiempo buena cara, anunciar que “no hay planes” para una cumbre en Budapest en las próximas semanas.

En esta ocasión la displicencia habitual de Putin no ha sentado nada bien en la Casa Blanca y el emperador republicano no ha tardado en imponer duras sanciones al sector petrolero ruso, motor de la economía del país. Y, aunque desde el Kremlin reconocen que esa decisión será un duro golpe para sus interese económicos, también advierten que no van a variar sus planes respecto a Ucrania.

La realidad es que el líder ruso no tiene ningún interés para negociar con el presidente estadounidense. Mientras Putin controle Rusia no parece verosímil una derrota militar rusa. La resistencia ucraniana es admirable, pero todo tiene un límite y si los ucranianos aguantan es gracias al apoyo logístico de la OTAN. Pero la asimetría es tal que la diferencia en motivación no es suficiente para inclinar la balanza. Habrá ofensivas y contraofensivas con un enorme costo humano. Pero Kiev no tiene la capacidad económica ni militar de Moscú. Cuando Putin lo considere oportuno incorporará a filas a miles de hombres que, aunque no vayan al frente, asumirán otras tareas liberando tropas para el combate­.

La actitud esquiva de Putin para negociar, hace que, por las cancillerías europeas haya empezado a extenderse el temor de que, en algún momento, se llegue un acuerdo sobre Ucrania, sin Ucrania ni sus socios europeos. Si eso sucede, supondría un fracaso sin paliativos para Europa porque después de más de tres años de apoyo incondicional ni los ucranios ni los europeos estarían en la mesa de negociación ni como convidados de piedra.

Parece que en la reunión que Trump y Putin mantuvieron en Alaska, el pasado mes de agosto, llegaron a un principio de acuerdo para poner fin a este desgraciado conflicto y que, en esencia, sería: territorios a cambio de paz, es decir, Ucrania cedería la región del Donbás y Rusia retiraría el control que ejerce en la actualidad sobre Jersón y Zaporiyia. Además de la destitución de Zelenski y del compromiso formal de que Ucrania no entrará en la OTAN. Crimea anexionada por Rusia en 2014 de forma ilegal ni entraría en la ecuación.

Lo que busca Putin es lograr una mayor ocupación de territorio ucranio y asentarse de forma incuestionable en el país vecino. Entonces y solo entonces, el líder ruso se sentará a negociar de verdad, pero antes necesita ofrecer a su gente una victoria clara y sin paliativos. No le vale ninguna otra opción. Todo lo demás para él es teatro: puro teatro. 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 27/10/2025

LA DERECHA DESNORTADA

Todas las encuestas publicadas, desde la vuelta de las vacaciones de verano, anuncian que Vox le está recortando las distancias al PP a marchas forzadas. En la calle Génova saben que tienen una vía de agua abierta por donde se les están escapando los votos a borbotones, y si no encuentran rápidamente un antídoto, esos votos acabarán yendo al zurrón de Santiago Abascal.

Ante esta situación tan poco halagüeña para los intereses electorales de los populares, Alberto Núñez Feijóo y su grupo de colaboradores más cercanos han decidido bajar a la arena y enfrentarse abiertamente a la derecha extrema, pero en vez de hacerlo con un proyecto propio y con propuestas que refuercen el Estado del bienestar, han decidido ponerse a rueda de los de Abascal imitando sus políticas.  

Y claro, es casi imposible que eso funcione. Algunos expertos en demoscopia sitúan el trasvase de votos del PP a Vox en cerca de un millón, es decir, una barbaridad.

Salvando las distancias —que son siderales—, la actitud del PP me recuerda a la de la izquierda catalana en general y del PSC en particular de años atrás, cuando los progresistas se acomplejaban ante las iniciativas nacionalistas y pensaban que la solución era imitarlas. Craso error como quedó demostrado porque el personal siempre prefiere el original a la copia. 

Uno de los ejemplos más evidentes de esa deriva de Feijóo es el plan sobre inmigración presentado hace unos días en Barcelona. El líder del PP aseguró que la nacionalidad española es “un regalo”, cuando la mayoría de extranjeros han de esperar 10 años y pasar un examen para acceder a ella. En su opinión, “No puede ser un mero trámite administrativo. Ser español no es solo vivir en España: es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino. Por eso proponemos reforzar los requisitos de acceso a la nacionalidad. Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional”, dijo en su intervención. Sin embargo, según Marcelo Belgrano, abogado con 35 años de experiencia en extranjería, coordinador de los servicios de extranjería y asilo del  Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)  a la vez que vocal de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),  explica que: “Para acceder a la nacionalidad española, los extranjeros de la mayoría de países [el ”caso general" para la Administración] han de acreditar, según el Código Civil, 10 años de residencia legal y continuada; dos si son de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal u origen sefardí y uno si están casados o casadas con un español o española". Además, se les exige un certificado de antecedentes penales y haber pasado el llamado examen de españolidad para demostrar el conocimiento del castellano y de la estructura política y legal española.  O sea, resulta evidente que ni Feijóo ni sus asesores más próximos están al día en cuestiones de leyes. 

Otro de los asuntos donde al PP siempre le han chirriado las bielas es con el aborto. Ahí los populares tienen que hacer martingalas invertidas para no enervar a su parroquia. Por eso no se entiende la actitud del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, cuando semanas atrás, teniendo mayoría absoluta, dio la orden a su grupo municipal de apoyar una iniciativa de Vox para que sea obligatorio informar a las mujeres que quieren abortar de las supuestas consecuencias del síndrome posaborto. A menos, claro está, que lo que buscase Almeida fuera desestabilizar a la dirección nacional de su partido.

Decía Winston Churchill que “Los adversarios están delante y los enemigos detrás”, y eso es justo lo que le sucede a Núñez Feijóo con Isabel Díaz Ayuso. La lideresa madrileña es una trumpista castiza que va por libre y desautoriza a su líder cuando le conviene. La presidenta de la Comunidad de Madrid se permite el lujo de decir que leyes se cumplen en la Comunidad y cuáles no. Así pues, como que ella no es partidaria del aborto, en Madrid no se confeccionará la lista de médicos que se niegan a practicar la interrupción del embarazo en la sanidad pública y como que la ley de la vivienda no es del agrado de la señora presidenta pues en Madrid no hay ley estatal de vivienda, que es aquella que justamente busca garantizar ese derecho, regular el mercado del alquiler, proteger a los colectivos vulnerables y promover la vivienda asequible. La norma también establece medidas como la posible declaración de zonas de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler. A todo esto, Feijóo, de vez en cuando, hace alguna matización, pero moderada, no sea que alguno de los suyo se pueda molestar, pero lo más habitual es que calle y ya se sabe que el que calla otorga.

Estos son, tan solo, algunos apuntes sobre la deriva en que está inmerso el PP. Podría anotar bastantes más, como el caos en la gestión de Moreno Bonilla en Andalucía o las salidas de tono de Miguel Ángel Rodríguez sin que nadie le llame al orden, pero me parece que como muestra es suficiente.

Es evidente que la derecha de nuestro país anda desnortada porque carece de un proyecto político propio, pero también por la falta de carisma y cuajo político de su líder Alberto Núñez Feijóo. Y eso no es una buena noticia, porque en democracia los contrapoderes son imprescindibles.

Dicen que cada sociedad tiene los políticos que se merece. No lo sé. Pero, de ser cierta esa afirmación, podemos estar tranquilos porque entonces Feijóo nunca será presidente del Gobierno de España. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 20/10/2025

 

RPENSAR EL FUTURO

 

La esperanza de vida que tenemos en España es una de las más largas del planeta. Eso significa un gran desafío para los poderes públicos y, a la vez, una oportunidad de negocio para el sector privado. El envejecimiento de nuestra pirámide demográfica de aquí a 2050 generará importantes retos sociales y económicos. Las necesidades de cuidados de larga duración de la población crecerán exponencialmente en las próximas décadas, sobre todo lo que tiene que ver con la dependencia. Ante esta situación, conviene repensar el modelo socio sanitario y adecuarlo a las necesidades para que no se quede obsoleto.

En nuestro país no se destina ni el 1% del PIB a cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social), mientras que en otros países de la OCDE, ese gasto representa el 1,5%. Estas cifras ponen de manifiesto que no estamos a la altura en inversión que nos correspondería por ser uno de los países con una de las esperanzas de vida más longevas. Los Estados que más aportan son Países Bajos, donde esta partida alcanza el 4,1% del PIB, y Noruega, donde supone el 3,7%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el gasto en cuidados se duplicará e incluso triplicará en 2050, impulsado por el envejecimiento de las poblaciones. La cuestión es: como atención encontrar el equilibrio para ofrecer acceso a una buena calidad con un sistema económicamente sostenible.

La mayoría de expertos consultados opinan que hasta 2050 el gasto público en nuestro país en cuidados debería crecer más del 2% del PIB, ya que el número de mayores de 65 años beneficiarios de ayudas a la dependencia podría duplicarse, hasta llegar a 1,6 millones de personas. Por otra parte, el gasto público en pensiones podría aumentarse hasta cinco puntos de PIB (ahora supone el 12% de ese índice) y el gasto sanitario podría aumentar en más de un punto. Una factura que, de un modo u otro, tendremos que pagar. Por lo tanto, conviene ir buscando soluciones: aumentar las cotizaciones y prolongar la vida laboral, al menos determinados sectores, reduciría el gasto en pensiones y no tendría por qué ir en detrimento del empleo de los jóvenes si se hace con la suficiente destreza.

Una mayoría de la población española considera que hasta los 74 años su estado de salud es bueno o muy bueno. No obstante, es evidente que a más años más dependencia. El responsable técnico de la Unidad de Cambio Demográfico y Envejecimiento Saludable de la OMS, De la Fuente-Núñez, sostiene que: “El envejecimiento de la población aumentará considerablemente el número absoluto de personas mayores dependientes de cuidados”, También considera que serán más las enfermedades y dolencias crónicas. Actualmente, “una de cada cuatro personas mayores de 65 años en España está libre de discapacidad o enfermedad crónica”; María Luisa Carcedo, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y exministra de Sanidad, apunta que: “Cardiopatía, diabetes, enfermedades pulmonares obstructiva crónica, accidentes cerebrovasculares, demencia, deficiencias sensoriales, trastornos depresivos o artrosis provocan la pérdida de años de vida saludable”.

El sector público juega aquí un papel protagonista, pero la iniciativa privada es indispensable, puesto que el sistema de dependencia se desarrolla mediante un esquema mixto de financiación. Mientras que la valoración, la prescripción y el seguimiento de la dependencia son públicos, la provisión de los servicios es privada. “El sector de cuidados a la dependencia está en un 80% u 85% en manos privadas. La Administración compra en el mercado los servicios que procura a la sociedad”, explica Luis Alberto Barriga, director general del IMSERSO.

Solo el sector de la tele asistencia y ayuda a domicilio facturó 1.755 millones de euros en 2020 —año de los confinamientos y restricciones—, tras registrar un crecimiento del 2% respecto a 2019, año en el que la facturación aumentó un 7,5%. “La actividad empresarial relacionada con los cuidados formales —gestión de residencias, tele asistencia y ayuda a domicilio— representa en torno al 0,5% del PIB español”, sostiene Benigno Lacort, consejero delegado de Atenzia, una de las empresas que ofrece tele asistencia domiciliaria y líder en el sector.

La bomba demográfica está aquí y no solo pondrá contra las cuerdas a nuestro Estado de bienestar. Barrerá el planeta. “Las personas de 60 años o más ya superan a los niños menores de cinco años y para 2050 una de cada cinco personas estará en esa franja de edad”, señala De la Fuente-Núñez. El número de mayores de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. Aunque es importante tener presente que “la pandemia ha modificado demográficamente algunos países, con índices de mortalidad más alta en la población de más de 80 años”, reseña Mercedes Abades Porcel, profesora de Enfermería Geriátrica y directora de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creo i Sant Pau.

En esta situación, no es casualidad que uno de los segmentos de negocio que más está creciendo son las distintas fórmulas para convertir la vivienda en dinero y seguir viviendo en ella hasta el final. No olvidemos que la casa es considerada por los mayores de 65 años como su mejor plan de pensiones. Es el lugar en el que quieren residir. El colectivo de edades más avanzadas no tiene acceso a financiación bancaria; y, ante una dependencia severa, lo más probable es que el flujo de renta sea insuficiente. Según un estudio de Seguros Santalucía, el coste económico de los cuidados de la dependencia de grado III representa 1,6 veces el importe medio de la pensión pública por jubilación entre las personas de 80 y 84 años, aumentando hasta 1,8 veces entre la población de 85 y más años. Ese déficit es mayor en el caso de las mujeres, ya que el importe medio de las pensiones contributivas por jubilación es menor que el que reciben los hombres.

Nos guste o no esto es lo que hay. Así que, por nuestro bien, repensemos el futuro y vayámonos preparando.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CÒRTUM 16/10/2025