Nunca
he sido partidario de echarle agua al vino. Quizás, por eso, cuando se anunció
el pacto PSC ERC, con el beneplácito del Gobierno central para dotar a Cataluña
de una financiación singular, en mi fuero interno, decidí darle un voto a la
esperanza, esperando alcanzar el objetivo. Poco después, la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que todas las autonomías que lo
quisieran se podrían acoger al mismo sistema; eso hizo que me sintiera reconfortado
porque mis ideas sobre la equidad y la redistribución de la riqueza quedaban a
salvo.
La
financiación autonómica es un asunto sumamente complejo; así se refleja en un
estudio publicado por el centro de estudios Fedea, elaborado a partir de los
datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, Madrid recibió del sistema de
financiación autonómica 3.363 euros per cápita en 2023, 22 euros por debajo de
la media nacional (3.390 euros). Cataluña, sin embargo, percibió en el mismo
año 66 euros más por habitante que la media. Sea como sea, en ningún caso, ni
para Madrid ni para Cataluña han sido diferencias sustanciales con la media
nacional.
No se puede decir lo mismo de autonomías
como Valencia o Murcia que en 2023 tuvieron una financiación muy por debajo del
promedio, pero es que llevan ancladas en la parte baja del ranking desde la
última reforma del sistema, es decir, desde 2009. En este contexto, las diferencias entre
algunas comunidades son notables. Así, por ejemplo, mientras que por un
ciudadano de Murcia el sistema otorgaba 3.120 euros en 2023, por uno de
Cantabria el gobierno de la comunidad recibía 4.077 euros.
Por lo que respecta a los residentes en
la Comunidad Valenciana no les fue mucho mejor que a los murcianos: 3.141 euros
por habitante, una cifra que supone 249 euros menos que la media y 936 euros
por debajo de lo que recibieron los cántabros.
Por eso es lógico que desde esas dos autonomías se exija solucionar el
problema de la infrafinanciación. Según sus dirigentes, una parte considerable
de su deuda tiene como principal causante el desigual reparto del sistema, pues
para prestar los servicios públicos en condiciones similares a los otros territorios
tienen que endeudarse.
Andalucía y Castilla-La Mancha son las
otras comunidades que suelen situarse a la cola del reparto, aunque su
situación no es tan grave. Los recursos per cápita de la primera fueron inferiores
a la media en 182 euros, la brecha fue de 178 euros en el caso de Castilla-La
Mancha. En el otro plato de la balanza se encuentra Cantabria (como ya se
ha comentado) que recibió 687 euros más que la media por habitante en 2023, seguida
de La Rioja (3.848 euros por cabeza), Baleares (3.825) y Extremadura (3.808).
Esta miscelánea de números viene dada
por el complejo funcionamiento del sistema de financiación de las CC AA, basado
en un alambicado entramado de fondos que se reparte según distintos criterios.
El más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales;
una cesta común que se nutre de transferencias estatales y del 75% de los
ingresos tributarios cedidos a cada autonomía o, mejor dicho: de lo que
obtendrían si no se aplicaran rebajas o subidas fiscales.
El dinero se reparte conforme a una
fórmula de necesidades de gasto, es decir, lo que precisa cada comunidad para
prestar los servicios públicos tales como la sanidad, la educación y los
servicios sociales. Se trata de garantizar un nivel uniforme en todo el país.
La variable es lo que se denomina la población ajustada; o sea, el número de
habitantes ponderados por factores como el envejecimiento, el número de niños
en edad escolar o la dispersión demográfica. Aquí es donde debería producirse
una nivelación para que se adjudicase una cantidad similar a cada ciudadano más
allá de su lugar de residencia, pero eso no siempre ocurre y mucho menos con la
puntualidad deseable.
Hasta aquí la mayoría de los expertos
coinciden en que el sistema funciona de forma razonable. Los problemas surgen
después, con la intervención de los otros fondos ―en particular los de
cooperación y convergencia―, que causan distorsiones en el reparto y que muchos
economistas tachan de arbitrarios y poco transparentes. Además, el modelo en
vigor data de 2009 y desde entonces no ha habido actualización que recogiera
los cambios económicos y demográficos, pese al compromiso de reformarlo a los
cinco años, lo que ha agrandado las disparidades.
De nuevo Cataluña está jugando el papel
de palanca de cambio en el complejo asunto de financiación autonómica y es, a
la vez, punta de lanza. En otras
ocasiones, lo defendido por la Generalitat en sus negociaciones con el Gobierno
central fue duramente criticado por otros actores territoriales y políticos
como supuesto trato de favor. Sin embargo, acabó siendo adoptado por el resto
de las comunidades. Y ahora todo indica que se va a repetir esa parte del
guion.
La negociación entre Gobierno y
Generalitat brinda la oportunidad de desbloquear la reforma del sistema de
financiación para todas las comunidades de régimen común, que lleva encallada
10 años. Al menos, esa parece ser la idea del Ministerio de Hacienda, que
supervisa las deliberaciones entre el ministerio de Política Territorial, la
Generalitat y ERC.
Se trata de que el Estado ceda más
competencias y financiación a Cataluña y, a la vez, que las mismas competencias
que consiga la Generalitat puedan extenderse a las comunidades que lo requieran.
Ahora bien, debemos ser conscientes de la polarizada situación política que
vivimos porque implantar este nuevo modelo significa importantes modificaciones
legislativas y no parece que las Cortes Generales estén para muchos pactos y
acuerdos. Además, para forjar un sistema fiable, duradero y que no genere
recelos, debe hacerse con transparencia y la lealtad institucional. Y ya
sabemos que el papel lo aguanta todo, pero la realidad suele ser mucho más
prosaica.
Todo esto, sin perder de vista las
cuestiones técnicas del sistema de financiación, que no son pocas ni menores.
Tampoco estaría de más que las dos comunidades que rigen su financiación por el
sistema foral (País Vasco y Navarra) hicieran alguna aportación al sistema
común; aunque mucho me temo que ese será un melón que nadie querrá abrir.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press 22/09/2025
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