En el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, celebrado a finales de septiembre, acordó exigir al Gobierno central que agilice y permita “de forma inmediata” que se regule el alquiler en Cataluña, tal y como prevé la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril. .
No le quiero echar agua al vino, pero el problema de la vivienda es común al de otras grandes ciudades como pueden ser París, Roma Lisboa o Nueva York, solo por poner algunos ejemplos y dudo mucho que con la regularización de los alquileres se arregla.
De hecho, en nuestra ciudad este problema lo venimos arrastrando, como mínimo, desde hace un siglo. En abril de 1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas como l'Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras el final de la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.
Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.
Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden.
Es evidente que cada población tiene su propia idiosincrasia y el hecho de “copiar y pegar”, no siempre da los resultados esperados. No obstante, no sería de más que ante un problema de tanta magnitud como es el de la vivienda buscásemos, como ciudad, algún referente y, en mi opinión, Viena podía ser un buen ejemplo a seguir.
La capital
de Austria, según el censo de 2021, está habitada por 1.900.000 personas,
mientras que Barcelona tenía 1.600.000, atendiendo al censo de 2022, es decir
una diferencia de unos 300.000 habitantes. Sin embargo, en el ámbito de la
vivienda las diferencias son siderales. Para empezar, en Viena existen unas
220.000 viviendas municipales y sobre 200.000 apartamentos construidos en
régimen de cooperativa. Los alquileres de este tipo de viviendas no superan los
500 euros mensuales. Es cierto, no obstante, que para optar a eses tipo de
residencia hay una lista de espera de unos dos años. En cualquier caso, el
hecho cierto es que, alrededor, del 50% de los vieneses viven en régimen de
alquiler.
A diferencia de muchas otras
capitales, desde el Ayuntamiento de Viena siempre se han resistido a la
privatización del parque inmobiliario público. El Consistorio nunca ha cedido a
la presión, especialmente fuerte a finales de los ochenta y en los noventa,
para crear propietarios; quizá movidos por la consciencia de que, una vez
realizada la transacción, el municipio perdía toda capacidad de regular los
alquileres. “Además, la vivienda social se distribuye por todos los distritos”,
destaca Barbara Laa, investigadora especializada en planeamiento urbano de la
Universidad Técnica de Viena. “Comparada con otras ciudades, Viena es bastante
mixta”, opina, en referencia a la diversidad socioeconómica de los barrios de la
urbe. “No se han creado guetos”, remarca. Considera que ha habido un enfoque
“sólido y constante” en las políticas públicas que, además de desincentivar la
segregación urbana, ha ayudado a controlar los precios del alquiler.
Si echamos un vistazo a nuestro
entorno, veremos qué Países Bajos es líder (con el 30%) de viviendas en
alquiler seguido de Austria, donde son públicas una de cada cuatro viviendas;
mientras que el Reino Unido mantiene casi un 18% de su parque de vivienda como
pública y Francia roza el 17%,
En
contrapartida, en España La vivienda social representa un
escueto 2,5% del parque inmobiliario unas 290.000 casas, gestionadas por
comunidades autónomas (72%) y ayuntamientos (27%), según detalla en un informe
(Observatorio de Vivienda y Suelo: vivienda social 2020) el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muy por debajo de la media europea,
que se sitúa en el 9%.
En este
contexto, se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración
entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Además, la
cuestión ha de plantarse no sólo a nivel de ciudad, que también, pero, sobre
todo, a nivel metropolitano. Y eso significa repensar el actual modelo
urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los
centros de atención primaria (CAPs); sin echar en el olvido la oferta de
enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible. Es decir, las
administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades poli céntricas que
tan en boga estuvo en los años noventa.
En el
último año la renta mensual de los alquileres se disparó un 20% en 01 barrios
de Barcelona y eso es sencillamente insostenible. Por eso hace bien el Gobierno
de la ciudad en buscar medidas de choque. Ahora bien, si se quiere ir a la raíz
del problema hay que construir un parque público de vivienda, con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a
la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.
Eso sería
una muy buena política social y de redistribución de rentas.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 12/10/2023
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